Por: Omar Orlando Tovar -ottroz69@gmail.com-
Según las propias cifras de COLFUTURO, entre 2007 y periodos recientes, sólo el 1% de sus beneficiarios provenía del estrato 1, el 5% del estrato 2 y el 20% del estrato 3. Es decir, el programa ha servido predominantemente a quienes ya contaban con capital económico, social y cultural significativo.
La reciente decisión del gobierno
nacional de replantear la intermediación de COLFUTURO en la asignación de becas
para estudios en el exterior ha dejado al descubierto las verdaderas
prioridades y los métodos de una coalición política y mediática. Políticos como
la congresista Catherine Juvinao del Partido Verde, junto con una
sección de medios que fungen como altavoz orgánico de los grandes gremios, han
montado un espectáculo de indignación en defensa de una entidad que, bajo un
barniz de meritocracia, ha operado históricamente como un mecanismo de
reproducción de privilegios. Su estrategia no es novedosa, pero sí
profundamente eficaz: capitalizar el “síndrome de doña Florinda (síndrome
de clase aspiracional)” de algunos integrantes de la pobrería y la clase media
colombiana, junto con la desinformación estructural de amplios sectores de la
población para defender a una minoría realmente privilegiada.
Los datos son elocuentes. Según
las propias cifras de COLFUTURO, entre 2007 y periodos recientes, sólo el 1%
de sus beneficiarios provenía del estrato 1, el 5% del estrato 2 y el 20% del
estrato 3. Es decir, el programa ha servido predominantemente a quienes ya
contaban con capital económico, social y cultural significativo. Esta no es una
falla logística; es un patrón clasista institucionalizado. La
intermediación de una junta directiva dominada por la ANDI, Fenalco y
Asobancaria (los mismos actores que hoy se indignan en redes sociales y prensa tradicional)
garantizaba que los criterios de “mérito” y “potencial de impacto” estuvieran
filtrados por una lógica corporativa y una visión del desarrollo que rara vez
prioriza a las comunidades más vulnerables.
Olvidando que el Estado tiene la
obligación de garantizar el acceso a la educación y desmontar estos filtros que perpetúan la
desigualdad; la congresista Juvinao y sus aliados mediáticos no defienden el
acceso a la educación sino que defienden un modelo de subsidio público
para la elite, similar en su esencia a los escandalosos auxilios de Agro
Ingreso Seguro o al bochornoso caso del hijo de la senadora Fernanda
Cabal, en los que, los recursos públicos terminaron financiando los privilegios
de unos pocos. Este discurso apela de manera cínica al talante aspiracional de
millones de colombianos con una movilidad social real estancada, para quienes la
promesa de una beca en el exterior opera como un poderoso símbolo de ascenso.
La manipulación se sustenta en la
“brecha de capital informacional” en la que muchos ciudadanos,
abrumados por la saturación de noticias y la complejidad de los datos, no
tienen herramientas cognitivas suficientes para contrastar la retórica
emocional (“les quitan las becas a los jóvenes”) con la evidencia
fría (el 74% de los beneficiarios son de estratos 4, 5 y 6). Los
medios gremiales, a su vez, amplifican el relato de alarma presentando la
defensa de los intereses de la ANDI, Fenalco y Asobancaria como si fuera la
defensa del ciudadano común. Esta maquinaria corresponde a una campaña de
desinformación preelectoral, que usa una cortina de humo fabricada con miedo y
aspiración manipulada.
El patrón se extiende más allá de
COLFUTURO. Programas como Ser Pilo Paga o iniciativas privadas
conmovedoras como Vamos Pa’Lante de la W Radio, que ha recaudado
miles de millones de pesos, tienen un sesgo estructural crucial: dirigen
los recursos públicos y la filantropía ciudadana hacia el pago de matrículas en
instituciones de educación superior privadas y de alto costo. Se
crea así un círculo virtuoso para los dueños de estas universidades: el Estado
o la caridad popular subsidian su clientela, mientras se consolida un modelo
donde la “educación de calidad” sigue siendo un bien privatizado y muy
costoso. Se abusa de la buena fe y el sentimentalismo del ciudadano y, en el
caso de algunos los empresarios donantes, se facilita una elusión de impuestos
socialmente aplaudida.
Lo que está en juego no es la
educación de los jóvenes más talentosos, sino el control sobre un
mecanismo clave de distribución de oportunidades y prestigio. La furia
de la ANDI, Fenalco, Asobancaria y sus voceros políticos no es por la pérdida
de becas, sino por la pérdida de un canal de influencia sobre la formación de
las futuras élites técnicas y profesionales del país. El gobierno nacional, en
cabeza del Pacto Histórico, al reclamar esta potestad para el Estado, busca reorientar
el criterio hasta ahora mediado por la lógica del capital corporativo hacia la
lógica del interés público y la justicia territorial. El debate, por tanto, es
una pulseada entre una visión de la educación como bien común y otra que la ve
como un instrumento de reproducción social y acumulación privada.
Desenmascarar esta farsa
aspiracional es el primer paso para construir un sistema donde la verdadera
excelencia, surgida de todos los rincones de la nación, sea apoyada sin filtros
discriminatorios de clase social por parte de entidades estatales y no por los
intereses capitalistas del sector privado.
