Negociaciones laborales en Emquilichao: El Futuro del patrimonio público y el agua en Santander de Quilichao

 

Imagen tomada de: La negociación colectiva y el papel de los sindicatos • Trabajadores

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

El verdadero objetivo de la negociación laboral en Emquilichao debe ser la construcción de un Pacto Social por el Agua para modernizar la empresa, ordenar el territorio y asegurar que el agua de Quilichao sea un bien público, no una mercancía

El inicio, aunque aún informal, de las negociaciones laborales entre las organizaciones sindicales y la administración de la Empresa de Saneamiento Básico de Santander de Quilichao (Emquilichao) representa mucho más que un diálogo laboral rutinario; es un evento crucial de definición extrema para una empresa pública que, como el agua que gestiona, es vital para la ciudad y se encuentra en un estado de vulnerabilidad alarmante. Este proceso de negociación debe trascender la discusión salarial para convertirse en una reflexión estratégica, comunitaria y urgente sobre la supervivencia misma de Emquilichao como patrimonio público y la garantía futura de un derecho fundamental.

La importancia de este diálogo se entiende solo al dimensionar la difícil situación operativa y financiera que presenta la empresa. Esta crisis no es coyuntural; es el resultado acumulado de una histórica apatía en la planeación municipal, donde administraciones sucesivas (incluidas las dos del actual alcalde) han carecido de la voluntad o la visión para trazar una estrategia clara de corto, mediano y largo plazo. Emquilichao opera hoy como una entidad reactiva, atendiendo emergencias y cubriendo una demanda de crecimiento urbano caótico, pero sin los instrumentos técnicos básicos para hacerlo de manera sostenible. La ausencia de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) acorde a la realidad geofísica y la falta de un verdadero Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado son dos vacíos que condenan a la empresa a la improvisación.

Este desorden no es casual puesto que se alimenta de una dinámica de urbanización irresponsable, permitida y promovida desde la Secretaría de Planeación Territorial y Vivienda, que ha venido otorgando licencias de construcción y urbanismo, al parecer; atendiendo más a intereses particulares que a las capacidades reales de Santander de Quilichao, tales como su escasa disponibilidad hídrica y la ausencia de una dirigencia político-administrativa con una visión integral de sostenibilidad. 

A la expansión urbanística desbocada se le suma la crisis de la disposición final de residuos sólidos, formando una mezcla que presiona de manera insostenible la infraestructura sanitaria, forzando un escenario de servicio desmejorado para los usuarios y de incremento de tarifas. Resulta evidente que, en este particular escenario, cualquier negociación laboral que ignore este contexto de quiebre estructural sería un ejercicio de miopía colectiva.

Frente al panorama recién descrito, la responsabilidad comunitaria de ambos actores (administración y sindicatos) adquiere una dimensión crítica. Existe un pasado local reciente de coqueteos con lógicas privatizadoras, cercanas al manual ya conocido en Colombia [1], en el que se debilita a la empresa pública mediante la desinversión y la mala gestión, se estigmatiza a sus trabajadores presentando sus legítimos derechos salariales y prestacionales como la causa principal de los males y se crea un clima de opinión pública favorable para una “intervención” que termine en liquidación o venta. Frente a este guion, la histórica postura de compromiso de los trabajadores de Emquilichao con la empresa y la comunidad es un capital social invaluable. Su lucha no puede reducirse a la defensa legítima de su Convención; debe ampliarse a la defensa estratégica de la empresa como bien público.

Por todo lo anterior, estas negociaciones son una encrucijada, ya que, de las decisiones que se tomen, particularmente en materia de estabilidad, formación y condiciones laborales, dependerá la capacidad de Emquilichao para retener talento, mejorar su eficiencia y proyectarse. 

La dirigencia sindical tiene el desafío de ejercer su histórico buen juicio con visión de futuro, comprendiendo que la salud financiera de la empresa es el sustento de sus puestos de trabajo a largo plazo y de esta forma no darle oportunidad a funcionarios como el mismo Eduardo Grijalba, quien, en recientes declaraciones públicas, ya había mencionado su preocupación por los, según su opinión, “exagerados sueldos” de los trabajadores de Emquilichao. En este mismo orden de ideas, la administración municipal y la nueva gerencia de la empresa están llamadas a abandonar cualquier tentación cortoplacista o de sometimiento a presiones privatizadoras. Su deber es pensar en el fortalecimiento institucional del patrimonio de las y los quilichagüeños y no en su marchitamiento.

Santander de Quilichao tiene en sus manos una de las pocas empresas públicas de saneamiento básico que mantiene viabilidad en el país. Este es un patrimonio colectivo que no se puede malbaratar. La solución a los problemas históricos de des- planeación, cobertura y calidad del servicio no está en ceder Emquilichao a intereses privados, que priorizarán la rentabilidad sobre el acceso universal. La solución está, precisamente, en lo que este diálogo laboral podría germinar: Un Pacto Social Por El Agua, en el que los trabajadores y la administración, con el acompañamiento veedor de la comunidad, definan una hoja de ruta conjunta para modernizar la empresa, exigir y co-crear una planeación territorial seria y garantizar que el agua de Santander de Quilichao siga siendo un bien común, gestionado con eficiencia pública y sentido de pertenencia. 

[1] La privatización desbordada ... 

Tres Curules para dos millones de indígenas: Una deuda democrática

 

Imagen tomada del portal de DeJusticia

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Un millón de voces, si se articulan, no pueden seguir contentándose con solo tres escaños. La deuda no es solo con los pueblos indígenas, sino con la calidad misma de nuestra democracia

La Constitución de 1991 reconoció el carácter pluriétnico y multicultural de la Nación colombiana. En tal sentido, un pilar fundamental de ese reconocimiento fue la creación de circunscripciones electorales especiales, un mecanismo de acción afirmativa que permitió, por primera vez, que voces indígenas llegaran al Congreso de la República con sus propias banderas. Sin embargo, más de treinta años después, es imperativo señalar que este instrumento de inclusión étnica ha quedado estructuralmente obsoleto y es insuficiente para representar la realidad demográfica y política de los pueblos originarios colombianos.

El núcleo del problema es aritmético y demográfico, puesto que, mientras la población indígena en Colombia supera, según estimaciones conservadoras, los dos millones de personas (con un crecimiento más dinámico que el promedio nacional), su representación en el Capitolio Nacional se ha mantenido estática y minúscula: solamente Tres Curules (dos en el Senado, una en la Cámara). Esto significa que, demográficamente, cerca del 4% de la población nacional lucha por una representación que no llega ni al 1% de las sillas del legislativo.

Sumada a esta realidad demográfica-electoral, se tiene que la proyección del DANE y el subregistro reconocido por las organizaciones indígenas pintan una realidad en la que el potencial electoral indígena ronda el millón de votantes, un contingente que, de estar unificado, sería decisivo en cualquier contienda. No obstante, el actual sistema electoral colombiano los confina a disputarse migajas de representación.

Esta distorsión se traduce en vulnerabilidad política y manipulación ya que, por ejemplo, la misma arquitectura del sistema incentiva la fragmentación, tal y como puede advertirse para las elecciones de 2026, donde 14 organizaciones diferentes avalan listas para apenas tres curules, la dispersión es enorme: 24 candidatos para 2 senadores, 22 para un solo representante a la Cámara. En este orden de ideas, esta multiplicación de esfuerzos, lejos de reflejar una riqueza plural, diluye la fuerza electoral, debilita los programas unitarios y expone a las comunidades a las maquinarias políticas tradicionales. La pugna electoral entre AICO, MAIS, el CRIC, el Pueblo Zenú y otros, aunque legítima, termina jugando en favor de quienes ven en la división indígena una oportunidad para el clientelismo, el "trasteo" de votos y la cooptación de líderes. [1]

A esta fragilidad política se suma una desidia administrativa crónica, en la que la Registraduría Nacional, responsable de garantizar el derecho al voto, ha esgrimido históricamente el orden público como justificación para una presencia débil y una logística precaria en los territorios indígenas. Esta excusa se desmorona ante el hecho irrefutable de que son las guardias y autoridades indígenas quienes, con mayor frecuencia y eficacia, garantizan la seguridad y transparencia en sus propios territorios durante los comicios. La cifra oficial de la misma Registraduría de 974,563 votantes habilitados en circunscripciones especiales no es solo un número; es un síntoma de un Estado que no ha hecho lo suficiente para documentar, incluir y facilitar el ejercicio político de una parte vital de su ciudadanía. [2]

Esta falla del Estado y la sociedad colombiana ha sido advertida por la Corte Constitucional, al señalar, reiteradamente, el "Estado de Cosas Inconstitucional" que afecta a los pueblos indígenas. Parte de esa inconstitucionalidad radica, precisamente, en una participación política limitada, desproporcionada y llena de obstáculos. Los gobiernos posteriores a la entrada en vigor de la Constitución del año 1991 han sido miopes ante el dinamismo poblacional indígena y han carecido de la voluntad política para actualizar la representación.

Se requiere, por tanto, un gran acuerdo nacional, que tenga claro que no se trata de un regalo, sino de un ajuste democrático pendiente que posibilite el tránsito urgente y eficiente de dos caminos no excluyentes: primero, una reforma política que revise y amplíe el número de curules especiales con base en criterios demográficos reales y no en una fotografía de 1991. Segundo, un esfuerzo mayúsculo y autónomo al interior del pueblo indígena colombiano para construir una plataforma política unificada y estratégica.

Un millón de voces, si se articulan, no pueden seguir contentándose con solo tres escaños. La deuda no es solo con los pueblos indígenas, sino con la calidad misma de nuestra democracia, que no podrá llamarse plena mientras su representación en el Congreso siga siendo simbólica y no sustantiva. El avance normativo fue solo el primer paso; ahora toca la justicia electoral, pero, sobre todo; la unidad política del pueblo indígena colombiano.

 

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[1] Ver información detallada en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11thNGn7jtxKYiTQ8kAiU2dK9PlyR2Gbe/edit?usp=sharing&ouid=111874168460248519252&rtpof=true&sd=true  y   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R4DjnEGwFipBMkJylJP-Lh_5wl1VPLSU/edit?usp=sharing&ouid=111874168460248519252&rtpof=true&sd=true

[2] Ver: Así ganó el voto indígena emberá en las pasadas elecciones - Dejusticia

 

Cretinos gobernando *

Por: Germán Navas Talero

Editora: Deisdre Constanza Vargas Sanabria

EE.UU. actúa como matón de barrio con los países pequeños, pero cuando Rusia y China exigen sus derechos sobre el petróleo venezolano que financiaron, retrocede. El "trampas" imperial no se atreve a desafiar a quienes pueden responder con igual fuerza. 

Hay gente que cree que los cretinos son los oriundos de Creta. Hay que explicarles que no. Que los oriundos de Creta son los cretenses. Cretinos son ciertos individuos que gobiernan el mundo. Un ejemplo, así para no molestar, un cretino, entendido en el sentido del mal uso de una inteligencia negativa, es el presidente de los Estados Unidos. Es el cretino más grande que usted pueda imaginarse.

Pero es el que manda en Gringolandia. Obviamente, la mentalidad del gringo es bastante deslucida. La cultura del gringo no es como la cultura de un francés o un alemán. El gringo sabe manejar un carro, sabe cambiar dólares y meter coca entre las narices. Eso es lo que saben los gringos. Pero cuando uno tiene la oportunidad de estar allá y se da cuenta de lo poco, de lo poco, de lo poco intelectuales que son.

Es cierto que han tenido unos dos, tres o cuatro que vale la pena destacar. Pero los demás, olvídese señor. Por eso les insisto, si quieren educarse, vuelvan a Europa. Allá está la cuna de la educación. Si quieren maleducarse, vayan y vivan como bien todos arrimados allá en los Estados Unidos. Un poco de colombianos desarrapados que se van a los Estados Unidos a que los maltraten y los escupan.

Todos los días critican la violencia en los Banana Banana República, como dicen los gringos para referirse a nosotros. ¿Qué dicen ustedes de esa democrática colonia? Porque eso fue una colonia de los ingleses. Que hoy en día mata sin contemplaciones a la gente de la calle.

Raptan a esa ciudadana que iba en su carro y se dirige en buen tono, a un enarme de esos, un asesino (ICE) uniformado gringo, y la mataron. La mataron de dos balazos y listo. Pero lo más infame es que las protestas fueron del común de la gente, pero el resto de la gente le dio lo mismo, un muerto más. Y antier mataron a otro mexicano en igualdad de condiciones. Le pusieron la rodilla en el cuello y lo estrangularon. Y a otra señora la arrasaron, y eso se lo vimos en televisión, por el piso uno de esos guardias. Esa es la cultura gringa. Ellos enseñan a matar, enseñan a estafar, pero nunca enseñan a respetar.

Los derechos humanos se desconocen en los Estados Unidos. Allá eso no se usa. Allá es la ley del más fuerte. Pónganse a revisar la prensa. ¿A cuánta gente han matado en lo que va corrido de este año esa policía de inmigración (ICE)?  Miren a ver a cuántos han matado. Si hubiera sido un muertico nuestro, uy, el escándalo.

Que Petro es un asesino. Pero como los muertos dos de ellos por gente de allá, nadie dice nada. Les parece tremendo lo que pasa en Irán, donde se agarran la policía y los manifestantes, pero las manifestaciones en los Estados Unidos, donde maltratan al ciudadano. Ahí vimos una toma que hace de una señora que se le atraviesa a un asesino de esos, disfrazado de policía allá. Y por ese hecho la botan al suelo y la cogen a patadas. Eso es, eso es. Si usted quiere que lo cojan a patadas, que le ofendan su dignidad, que le quiten sus cosas, vaya a los Estados Unidos.

Pero otra cosa, para quienes ejercen el periodismo. En los Estados Unidos, libertad de prensa no hay. Se ha llegado en los últimos días al extremo de que han llegado a las oficinas de los periodistas, les han robado los computadores para extraer la información que ellos tienen.

Y el argumento es que hay muchos periodistas que en esa información tienen secretos que afectan a la seguridad nacional. Eso que llaman ellos seguridad nacional. Nunca pude saber qué era la seguridad nacional. Porque la seguridad nacional es soportar a un presidente como ese que tienen. Y entonces van a las oficinas de los periodistas les quitan los computadores, les quitan las USB, todo para averiguar qué grabó, a quién le grabó y esa información de ese tipo. Porque según ellos, según el país de la libertad de prensa, no se pueden publicar informaciones que puedan afectar la seguridad nacional.

De manera, que, si usted como periodista se entera que el presidente de la República tiene una mosaica en otro país, eso no lo puede contar, porque eso afecta a la seguridad nacional. Porque eso indica que si tiene su mosaica en otra parte tendrá que ir a verla y cuando tenga que ir a verla tendrá que desplazarse en el avión 001. Eso no lo puede saber nadie porque es seguridad nacional.

Son unos ridículos. Cuando yo vi esa información quedé aterrado. ¿Hasta dónde ese país llegó? ¿Hasta dónde lo que llamaban democracia se acabó? Si usted quiere conocer la democracia vaya a un país comunista.

En serio, no es mentira. Yo he estado en los dos regímenes, y les quiero contar la atención que he recibido cuando he ido a los regímenes comunistas, han sido muy amables, muy atentos con uno, nadie me ha maltratado ni me han requisado en la calle, nada, nada, nada. Usted presenta su visa, entra y listo.

Mientras no cometa ninguna contravención nadie lo molesta, nadie le está averiguando a usted si va a comer o no. En cambio, en los Estados Unidos desde que usted llega ya le están averiguando donde va a vivir, qué va a hacer, cuanta plata trae, a mí nunca me preguntaron.  En países que en la época del comunismo duro nunca me lo preguntaron. Pasé con mi progenitor al antiguo Berlín comunista, a la Alemania oriental, pasamos, fuimos, hicimos compras, nadie nos molestó.

Había que hacer un chequeo en la frontera, nos dieron un permiso, ¿cuántos días van a estar? Dijimos tres días, no más preguntas, no más. Señores, feliz día. Cuando regresamos, ¿cuál fue su visita? Señores, no nos molestaron para nada, mi papá aterrado, se ha visto el trato que le dieron y esto dice que es un régimen comunista porque él había tenido aquí a los Estados Unidos y ha tenido que sacar visa.

Nosotros nada, llegamos allá al check point ¿qué van a hacer? No, queremos conocer aquí, ¿cuántos días están listos? Pasaportes y entramos y salimos, pero nadie nos maltrató, ni nos ofendió, ni nos dijo capitalistas, nada de eso, nada de lo que a usted le dicen cuando intenta cruzar la frontera de la antidemocrática de Estados Unidos. Señor, si usted tiene respeto por su patriotismo, por su patria, por su familia, no vaya a esa tortura que llaman Estados Unidos.

Yo admiro mucho al presidente Petro, lo aprecio, lo admiro fui su elector, fui su compañero de banca en el Congreso, pero sí lo creo muy ingenuo cuando se atreve a ir a encontrarse con el tramposo, perdón, el Trump allá en Estados Unidos. Ese inescrupuloso no tiene ningún empacho de si está Gustavo Petro en los Estados Unidos hacerlo capturar. Él no tiene respeto por los derechos humanos, ni el derecho internacional, ese sujeto no sabe qué es el derecho internacional. Lo demostró cuando hizo lo que hizo en Venezuela.

Me pareció fabulosa la jugada que hace ahoritica Rusia y China cuando le dicen, señores, ese petróleo que ustedes tienen ahí es nuestro, nosotros compramos esos derechos de explotación. China y Rusia habían hecho un acuerdo con el gobierno venezolano para la explotación de unos pozos con plata que había invertido Rusia y que había invertido la China y como los gringos quieren coger todo le dijeron un momentico. Eso sí no lo cogen porque eso no es de ustedes, eso es de nosotros, los chinos, y eso es de nosotros, los rusos.

Nosotros pagamos derechos por eso. Aquí están los contratos, quiten las manos de ahí que ese petróleo es nuestro. Y así se la hicieron y le tocó al señor Trump que es alzado con todo el mundo achicarse junto a los grandes y los barcos rusos llegaron hasta puerto y los chinos y sacaron el petróleo y se fueron, en las narices de los gringos, porque ellos son valientes con el pequeño al grande le tienen miedo, le tienen pánico.

Ellos no se atreven a hacerle una pilatuna a Rusia porque Rusia el día que coja un cohetico que se inventaron. Oiga hablando de inventos raros, impresionante, ese cañón de láser que acaban de fabricar los chinos, es un cañón que no dispara balas, dispara un rayo láser, un rayo láser que lógicamente va a la velocidad de la luz, o sea que si están chequeando para un avión extraño, basta simplemente oprimir el botón y el rayo láser llegará en lo que gasta un rayo de luz y llegará de un sitio a otro, es decir será indefectible para tumbarles todos los aviones que los gringuitos quieran si intentan asomarse por el lado de la China.

A la vuelta de 15 años el mundo estará manejado por los chinos y los prefiero a los gringos.

Bueno hasta la próxima.

Coletilla por Deisdre Constanza. La entrega de la medalla de paz a Donald Trump por parte de María Corina Machado constituye una ofensa abierta al sentido mismo de los galardones de paz. La señora Machado, que se presenta como defensora de la democracia y la ética pública, incurre así en una contradicción profunda, al entregar la medalla del nobel al presidente norteamericano. Este hecho no eleva el debate sobre la paz, ni cuestiona el uso político de los reconocimientos; por el contrario, lo constituye como una banalización. La paz no se decreta, ni se regala, se constituye con coherencia, responsabilidad y respeto por las instituciones que la representa. Este acto no dignifica a Trump ni fortalece ninguna causa democrática. Lo que deja es una herida simbólica en los galardones de paz y un precedente peligroso. Cuando el reconocimiento se entrega por conveniencia, la paz pierde su valor moral y se convierte en un simple trofeo político. La paz no se improvisa ni se regala por complacencia, es degradarla. Las reacciones oficiales y de opinión en Noruega han sido de crítica, incredulidad y rechazo. Recordando que el galardón no puede ser transferido ni compartido una vez otorgado por el Comité Nobel de Oslo. María Corina no defendió la paz, la convirtió en un obsequio para el ego de Trump.

* Esta columna fue publicada originalmente en SoNoticias y es compartida con la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño.

Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.  Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto.

Metróleo, la serpiente y la medalla

 

Por: Omar O. Tovar T.  -ottroz69@gmail.com-

La serpiente, en un último intento por congraciarse con el rey del norte, se despojó de su medalla, por la que sentía tanta adoración y herida en su orgullo, no tuvo más remedio que entregarla y retirarse

En Metróleo habitaban unos seres que solo veían su propia imagen. Vivían en altas torres de marfil y cristal, y su única ocupación era pulir sus riquezas y asegurar su comodidad. No había amistad, sino alianzas frías; no había confianza, sino vigilancia mutua. El aire en esa pequeña comunidad era denso y gris, cargado de susurros y recelos. Todos se inclinaban ante el más fuerte del momento, adulándolo con mentiras doradas, temiendo el día en que otro más poderoso los despojara de su sitio.

Así vivieron por años, hasta que un viento de cambio, empujado por el cansancio de aquellos a los que siempre habían despreciado, que se contaban por cientos de miles y hasta millones, derribó sus murallas de desdén. Cayeron en desgracia. Sus tesoros, egoísta y hasta violentamente conseguidos ya no eran suyos, sus cómodas almohadas lavadas con las lágrimas de millones se llenaron de espinas, y vieron, con horror, cómo aquellos a quienes llamaban "pordioseros" ahora disfrutaban de las plazas soleadas y los frutos que antes eran solo suyos. Los más poderosos recogieron lo que pudieron y huyeron, detrás de ellos, algunos despistados corrieron sin saber por qué ni para dónde.

Desesperados, los antiguos poderosos de Metróleo decidieron acudir al más poderoso de todos los poderosos, el que habitaba bien al norte, en una fortaleza de hielo y acero. Creían que, con su gran poder, él restauraría el orden natural: ellos arriba, los demás abajo. La delegación la encabezaba una serpiente de mirada fría, sonrisa permanente y eterna pose para prensa y redes; la más astuta de ellas.

Llegaron ante su trono y le suplicaron: "¡Oh, Gran Poder! Destruye a esos pordioseros insolentes. Devuélvenos algo de nuestro confort y nuestras riquezas, que por derecho nos pertenecen y quédate con todo lo demás".

El Poderoso del Norte los observó en silencio. Su mirada se detuvo en la serpiente, y en su pecho, donde brillaba una medalla de oro y jade, un trofeo que ella había arrebatado en un pasado juego de traiciones, una medalla que él siempre había codiciado para sí.

Una sonrisa helada se dibujó en sus labios. "¿Por qué habría de ayudaros?", dijo. "Vosotros solo ofrecéis lisonjas y baratijas, y hasta me habéis robado lo que ansiaba". Señaló con desdén la medalla en el pecho de la serpiente. "Allá afuera, los que lideran a esos 'pordioseros' son legión y tienen la llave de los tesoros. Ellos sí saben dar verdaderas riquezas: número y fuerza. A ellos ayudaré. A ti, serpiente, no te debo nada".

La serpiente, en un último intento por congraciarse con el rey del norte, se despojó de su medalla, por la que sentía tanta adoración y herida en su orgullo, no tuvo más remedio que entregarla y retirarse. No por la gran puerta principal, sino por una pequeña puerta trasera, baja y estrecha, por donde entraban y salían las mascotas del poderoso. Humillada, cruzó ese umbral como un animal doméstico más.

Al reunirse con los otros egoístas que aguardaban, frustrada y llena de rabia, se ajustó bien su máscara más valiosa: la de la alegría. Brilló una sonrisa falsa y declaró: "¡Todo está en marcha! El Poderoso medita su apoyo". Los otros, detrás de cámaras y luces, también portando sus propias máscaras de triunfo, asintieron, aunque en sus ojos grisáceos solo había el mismo miedo y la misma desconfianza de siempre. Cada uno, en su escondite, sabía la verdad: en la vieja y nostalgiada Metróleo, solo la farsa podía sostenerse.

Moraleja: Quien construye su mundo sobre el egoísmo, la desconfianza y la sumisión al poderoso, no solo labra su propia desgracia, sino que, al caer, no encontrará manos que lo levanten, sino el desprecio de aquellos a quienes imitó. Y aun en la derrota, preferirá la máscara de la mentira al rostro de la ruin verdad.

La normalización del engaño: artimañas jurídicas, crimen y política del ruido *

 

Imagen tomada de: Tertulias Defensor | Podcast on Spotify

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Abelardo De la Espriella no es una anomalía, sino un producto lógico del sistema de poder colombiano. Su ascenso refleja la normalización social del engaño y la desfachatez política. Su candidatura es la confesión de un régimen que, sin pudor, exige ser aplaudido y votado.

En Colombia, la política no corrige: recicla. No depura los residuos del poder, los reintroduce con nuevo empaque. Los procesos judiciales no expulsan a los protagonistas: los preparan. Los prontuarios no cierran carreras: las inauguran. Aquí el pasado no pesa como culpa, sino como experiencia; no funciona como límite moral, sino como capital simbólico. En ese ecosistema —donde la memoria estorba y la indignación se agota rápido— prospera Abelardo De la Espriella, figura que no irrumpe en la escena política como accidente ni como anomalía, sino como consecuencia lógica de un sistema que aprendió hace tiempo a gobernar desde el subsuelo.

De la Espriella no es simplemente un abogado cuestionado que decidió “dar el salto” a la política. Es un producto acabado de la gobernabilidad informal colombiana, ese régimen paralelo donde el derecho no regula el poder, sino que lo blinda; donde la ley no opera como límite ético, sino como lenguaje técnico de la impunidad; donde el expediente no busca verdad, sino desgaste; y donde el proceso judicial se convierte en una sofisticada administración del tiempo: tiempo para prescribir, negociar, fugarse o reciclarse. Su figura no nace en la plaza pública ni en el debate democrático, sino en el subsuelo: en los pasillos judiciales, las intermediaciones oscuras, los acuerdos invisibles y las defensas que no persiguen justicia, sino control del daño.

Por eso su entrada en la política electoral no constituye una ruptura, sino una continuidad natural. Cambia el estrado por la tarima, el alegato por la vociferación mediática, pero conserva intacto el método. Intimidar, saturar, confundir. Desplazar el conflicto desde el terreno de los hechos hacia la emocionalidad primaria. Convertir el grito en argumento y el enemigo en programa. Presentarse como encarnación del orden frente a un caos cuidadosamente exagerado. No es un outsider: es el insider perfecto de un sistema que siempre ha gobernado desde abajo, desde las cloacas que la institucionalidad se empeña en negar mientras se alimenta de ellas.

El caso de Diego Cadena no es, en este relato, un capítulo cerrado, sino una linterna. Su condena no clausura una historia: ilumina un ecosistema. Cadena fue el operador visible, el mensajero fanfarrón que visitaba cárceles y negociaba testimonios con la torpeza de quien actúa a plena luz. De la Espriella pertenece a otro nivel: el de los traductores, los legitimadores, los alquimistas que convierten el mundo criminal en lenguaje respetable, que hacen del delito un asunto técnico y del poder una cuestión de estilo. Cadena exhibe el método; De la Espriella encarna el modelo. No se trata de complicidades episódicas, sino de una identidad de campo, de trayectorias paralelas y clientelas compartidas, de una misma concepción del derecho como herramienta de administración de la impunidad.

Durante la desmovilización de las AUC, De la Espriella no fue un espectador ingenuo ni un asesor técnico marginal. Fue parte del engranaje simbólico que permitió al paramilitarismo reconvertirse discursivamente: lavar su historia con retórica jurídica, traducir crímenes masivos en causas defendibles y ensayar una respetabilidad de posguerra. La fundación FINPAZ no fue una anécdota juvenil ni un error de cálculo, sino una señal temprana de una constante: la moral como escenografía, intercambiable según la audiencia y la coyuntura. En ese teatro, la ética no es principio, sino utilería.

En Colombia, la biografía incómoda no estorba: habilita. No se asciende pese al pasado, sino gracias a él, cuando es lo bastante turbio para garantizar obediencia futura. El Espectador lo recordó el 6 de julio de 2009 al revelar que, durante el juicio contra David Murcia Guzmán, la Fiscalía presentó pruebas que vinculaban a Abelardo De La Espriella con la recepción de 760 millones de pesos para presunto lobby en el Congreso a favor de DMG. Las interceptaciones fueron directas: dinero urgente para “pisar a la gente”, con destino a la “oficina de Abelardo”, acompañadas de seguimiento oficial y registro fotográfico. El abogado admitió el ingreso, aunque lo rebautizó como honorarios. En el subsuelo del poder, cambian los nombres; las funciones, no.

Ese acceso no se exhibe: se ejerce. Colombia está llena de abogados ricos; pocos necesitan un jet privado para recordar quién manda. El Falcon 50 matriculado en Delaware —ese paraíso fiscal con modales jurídicos— no es un medio de transporte: es una declaración de jerarquía. El reloj Rolex, el maletín exclusivo, la pose calculada frente a la turbina no son extravagancias personales, sino una pedagogía brutal del privilegio. Cuando De la Espriella afirma que “no tiene que dar explicaciones”, no evade una pregunta: afirma una doctrina. Es la impunidad hablándose a sí misma, convertida en identidad política y ofrecida como modelo de éxito.

La licitación de El Dorado funciona como escena inaugural del mito. Una firma desconocida, honorarios obscenos, 800 mil dólares para un abogado joven con vestimenta y sin recorrido. Nadie pudo entonces —ni puede ahora— justificar ese pago desde la técnica jurídica. Pero en la república del subsuelo existen servicios que no figuran en los contratos: se pagan por lo que abren, por lo que conectan o por lo que silencian. Hay experticias que no se enseñan en las facultades, pero que se aprenden rápido allí donde la legalidad y la ilegalidad se separan por un hilo casi imperceptible. Es en ese territorio donde se aprende, con precisión cínica, cómo funciona realmente el poder.

La relación con Álex Saab termina de cerrar el círculo. Mientras hoy declama contra la dictadura venezolana con fervor impostado, los hechos muestran que asumió su defensa cuando ya era públicamente señalado como testaferro central del régimen de Maduro. No llegó tarde ni engañado: llegó sabiendo. Saab no fue un cliente incómodo descubierto a destiempo; fue un cliente estratégico. Defenderlo no fue un error, sino una toma de posición. Y cuando la estafa de los CLAP ya estaba documentada, De la Espriella eligió atacar periodistas antes que responder preguntas.

Su estrategia contemporánea es elemental y eficaz: saturar el espacio público. No refutar, sino ahogar. No explicar, sino intimidar. Convertir el ruido en cortina, el algoritmo en coartada y la indignación performativa en blindaje. Allí donde no hay argumentos, hay enemigos; donde no hay programa, hay venganza; donde no hay ideas, hay espectáculo.

Su candidatura no es solo un episodio electoral: es un síntoma histórico. La mutación final del abogado del subsuelo en caudillo lenguaraz de micrófono, alguien que convierte su pasado oscuro en promesa de ferocidad política y su falta de escrúpulos en oferta de orden. En un país atravesado por genocidios políticos, falsos positivos y violencias normalizadas, esa ligereza discursiva no es retórica: es advertencia.

Desde una mirada sociológica, Abelardo De la Espriella no es un desviado, sino un nodo funcional del campo de poder colombiano. Desde una mirada humanística, el verdadero drama no reside únicamente en su ascenso inflado, sino en la normalización del engaño social que lo hace posible y hasta deseable. Y desde una lectura política, su candidatura es la confesión involuntaria de un sistema que ya no disimula ni pide perdón: ahora exige aplausos y solicita el voto sin rubor.

El talante de De la Espriella no se presume ni se caricaturiza: se prueba. Basta escucharlo cuando, sin pudor ni rodeos, decide teorizar su propia ética en una entrevista radial, confiesa, con una franqueza que roza el cinismo: “Yo soy ateo, pero en Colombia hay muchos votantes creyentes, y si uno quiere esos votos, tiene que mentir. Nada más”. No fue un lapsus ni una torpeza verbal: fue la tesis de su política. La mentira erigida en herramienta electoral, la fe convertida en mercancía y el engaño asumido como método legítimo de poder. No un error moral, sino una estrategia explícita.

Su cercanía con el inframundo tampoco admite el refugio de la “invención periodística”. En un cara a cara radial con el narcotraficante conocido como el Mono Abello, ante la pregunta directa de Julio Sánchez Cristo sobre si alguno de sus bienes estaba en manos de políticos, la respuesta fue tan reveladora como impune: “Los bienes míos los maneja… detrás de bambalinas el señor Efraín Cepeda, el abogado Aniano Iglesias y el abogado orquesta Abelardo De la Espriella”. En la república del subsuelo los nombres no se esconden: se pronuncian. Lo escandaloso no es la red, sino la naturalidad con que se la administra.

Daniel Coronell terminó de afinar el bisturí. Contó cómo De la Espriella intentó perseguirlo judicialmente en Estados Unidos por una columna titulada El avión. El ímpetu judicial duró lo que tarda la justicia en hacer una pregunta incómoda: qué explicara el origen de su fortuna y nombrara a sus clientes. Ahí, el paladín del litigio descubrió los límites de su coraje procesal y se retiró en silencio. La justicia, cuando deja de servir para intimidar y empieza a exigir respuestas, suele volverse intolerable para quienes más la invocan.

Y entonces emerge su versión más reciente, tan simple como perturbadora: un gatico domesticado, enfundado en bandanas patrióticas, criado entre alfombras mullidas, aplausos comprados y sombras obedientes, se mira en un espejo deformado y se cree tigre. Eriza el lomo, ruge para las cámaras y promete selva donde apenas hay patio. No caza, no protege, no gobierna: imita.

El verdadero peligro no reside en quien ensaya rugidos sin haber salido del patio, sino en una sociedad que normaliza la impostura, tolera candidaturas sostenidas en artificios mediáticos y legitimaciones precarias, y que, entre encuestas funcionalmente arregladas y firmas infladas y dudosas, termina entregando el poder real, confundiendo la representación con liderazgo y la farsa con destino.

* Desde La Conversa de Fin de Semana, agradecemos las contribuciones de nuestros colaboradores. Cada opinión, que respetamos profundamente, es responsabilidad de su autor.

Gobernaciones y alcaldías uribistas arrecian sabotaje político

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Estas federaciones son el núcleo de un "gobierno paralelo" que busca mantener privilegios de un modelo agotado y defensa de intereses de la derecha colombiana. 

La llegada de la izquierda a la presidencia de Colombia no solo marcó un hito histórico, sino que también desató los mecanismos de contención más arraigados del establecimiento político de derecha. Más allá de la oposición en el Congreso y el ataque frontal desde los medios de comunicación de los grandes gremios de producción, se ha reactivado con ferocidad una herramienta gremial menos visible para el ciudadano común, pero profundamente poderosa, compuesta por: Fededepartamentos, Fedemunicipios y Asocapitales, entidades que lejos de su fachada técnica se han erigido, nuevamente, como el cuartel general operativo del uribismo para estrangular, desde las regiones, el proyecto de cambio.

Estas federaciones, que durante los gobiernos de Uribe, Santos y Duque funcionaron como una extensión burocrática del poder central y una eficiente red de pensamiento, propaganda y, según múltiples informes periodísticos y judiciales, financiación clientelista, hoy muestran su verdadero rostro: el de una oposición institucionalizada que raya en la sedición. Ante la imposibilidad de retener la Casa de Nariño, figuras clave de la centroderecha y la derecha se atrincheraron en gobernaciones y alcaldías de capitales estratégicas, respaldadas por un ejército de funcionarios de carrera o de confianza política enquistados en ministerios y entidades descentralizadas, para desarrollar una campaña sistemática de desprestigio, bloqueo y sabotaje que busca presentar al gobierno nacional como incompetente e ilegítimo.

La incoherencia es el sello distintivo de estos mandatarios, toda vez que, actuando como jefes políticos regionales del bloque opositor, ordenaron a sus tropas en el Congreso torpedear proyectos fundamentales para la sostenibilidad fiscal del Estado. Destacados afiliados de Fededepartamentos y Asocapitales lideraron una oposición sin argumentos sólidos y de manera casi automática, a iniciativas destinadas a crear recursos para programas sociales, seguridad y desarrollo para las regiones. La Ley de Presupuesto General de la Nación es el ejemplo más claro: su trámite fue obstruido por los mismos partidos que hoy, desde las gobernaciones y alcaldías, reclaman a voz en cuello más recursos para sus territorios. Gobernadores como el de Antioquia o las del Valle y Tolima, lo mismo que alcaldes como los de Bogotá, Medellín o Cali, prefirieron ahogar financieramente al Estado para dañar políticamente a Petro, antes que llegar a acuerdos consensuados en beneficio del país.

Ahora, la incoherencia de la derecha da un salto peligroso hacia la rebeldía institucional. Ante medidas legítimas del gobierno central, como la solicitud de aportes extraordinarios en un estado de emergencia económica, recursos que, se insiste, pudieron obtenerse por la vía ordinaria si la oposición no la hubiera bloqueado; estos mandatarios y sus federaciones han declarado abiertamente que no acatarán las normas. Es decir, se rebelan contra la obligación jurídica de cumplir las funciones que juraron ejercer. Victimizándose y apelando a la complejidad técnica de las finanzas públicas, manipulan la comprensión ciudadana para esconder su verdadero objetivo: desestabilizar.

En temporada electoral, la máquina se aceita con fines proselitistas. En este orden de ideas, Fededepartamentos y Asocapitales se convierten en plataformas de campaña. Sus declaraciones que aparentan ser técnicas; en realidad son consignas políticas que corean, al unísono con gremios económicos y grandes medios, insistiendo en un relato de caos y fracaso. Figuras polémicas como Dilian Francisca Toro, Andrés Julián Rendon, junto con candidatos con pobres índices de aceptación, utilizan estas agremiaciones para proyectarse nacionalmente, repitiendo falacias a pesar de que los indicadores macroeconómicos y sociales muestran resiliencia y avances en medio de una tormenta global y un sabotaje interno feroz.

El verdadero peligro no es la oposición política, vital en una democracia. El peligro es la utilización de estructuras estatales y seudogremiales, financiadas con los recursos de la ciudadanía, para hacer oposición desleal y sabotear al gobierno elegido popularmente. Estas federaciones son el núcleo de un "gobierno paralelo" que busca mantener los privilegios de un modelo agotado y la defensa de los intereses de la derecha colombiana por encima de la gobernabilidad, la institucionalidad y el bienestar general.

El país debe abrir los ojos: el conflicto político no se libra solo en el Capitolio o en los noticieros, sino en estas oficinas aparentemente grises donde se teje, con hilos institucionales, la estrategia del bloqueo que pretende hundir cualquier esperanza de cambio.