El espacio público como punto de encuentro de la protesta social y la política

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

El desarrollo de las tecnologías de comunicaciones le ha aportado al ejercicio político masivo de las sociedades, un agregado importante: La omnipresencia del mensaje sobre el que las personas pretender crear cohesión social.

Si bien es cierto que la irrupción de las redes sociales de internet, le ha aportado unos elementos importantes a la movilización social, en lo atinente a la convocatoria o la propagación instantánea del discurso social sobre el que se quiere crear solidaridad, también lo es, el hecho verificado de que fenómenos como el de los Indignados en España, la primavera Árabe, o las protestas sociales de los pueblos ancestrales colombianos, siguen demostrando la importancia del encuentro o la toma de algún espacio público determinado, que ponga en el centro de la opinión pública; el o los asuntos sobre los que algún grupo determinado de la sociedad quiere ejercer su derecho a publicitar dicho interés político.

Convocatoria Paro en Colombia 2021, tomada de perfil facebook.

La sociedad se encuentra ahora en medio de dos “espacios públicos”; el históricamente buscado y aún hoy vigente, representado en las espacialidades físicas (plazas, parques, calles, carreteras) y el virtual ubicado en los medios masivos de comunicación y las redes sociales de internet. Ambas espacialidades han configurado otros tipos de movilización social, que no requieren de la convocatoria permanente a asambleas informativas y motivacionales de tal o cual grupo social, puesto que usa las herramientas comunicativas de las tecnologías de la comunicación para difundir el discurso central; que convoca a la acción política que se desea, tal como lo demostraron el M15 (indignados) en España, la Primavera Árabe o las protestas sociales en Latino América, que terminaron en la presencia de estos grupos sociales en los espacios públicos físicos de Madrid, El Cairo o en las carreteras del Sur-Occidente de Colombia.

Es claro apreciar que la movilización social es un fenómeno que, si bien tiene infinidad de motivaciones, en su conjunto; es la expresión política de cualquier sector de la llamada Sociedad Civil. El espacio público, como ya se anotó, deja de ser un elemento accesorio de dichos fenómenos, para convertirse en el elemento fundamental de estas expresiones sociales, ya que sigue siendo fundamental a la hora de visibilizar de manera presencial la adhesión que tiene cualquier discurso reivindicativo de la comunidad, no obstante, la irrupción de las redes sociales de internet a la hora de convocar y visibilizar estos fenómenos sociales.

La acción política siempre opera en la movilización social, cuando en determinado espacio público, este ente social movilizado desplaza su cuerpo, del lugar que se le ha asignado o cambiando el destino de dicho espacio, en la búsqueda de que ese  espacio físico de acción política, permita la posibilidad de que todos los sujetos de la movilización que se encuentren en calles, carreteras, plazas o incluso barricadas, sean considerados como sujetos de derechos que merecen la oportunidad de ser vistos y oídos.

Imagen de uno de los llamados Puntos de Resistencia (Calipso) en Cali-Valle-Colombia, Abril 2021- perfil de facebook

Movimientos como el 15M en España, la Primavera Árabe, las marchas de los indígenas en Colombia o los paros de Chile y Colombia, se han constituido en hitos sociales de búsqueda de apertura y decisión en lo político; en el seno de espacios públicos históricamente hegemonizados por la institucionalidad. De alguna manera la aparición y desarrollo de estos fenómenos sociales, intentó y logró cambiar la codificación estatal que ordena cómo y dónde podían expresarse las voces de la sociedad, qué es lo que se puede expresar y hasta cómo pueden los medios de comunicación mostrar lo que acontece en el espacio público.

En resumen, se puede afirmar, sin riesgo a equívoco, que la protesta social, la movilización o la convocatoria virtual en las redes sociales de internet buscan generar acciones que cambien en alguna forma el estado de las cosas, alterando momentánea o permanentemente, el orden urbano o rural normalizado institucionalmente, es decir; la protesta es una acción política premeditada.

 

 

Colombia entre el romanticismo comunitario y el fascismo individualista

Imágenes: ciudadanos del sur del Cali armados junto a la Policía Colombia y marcha del silencio convocada por empresarios en Cali, mayo 2021- Perfil Facebook - El Tiempo

Colombia entre el romanticismo comunitario y el fascismo individualista

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Por estos días de conflictividad social, en los que la indignación, pero sobre todo el desespero que expresan las mayorías en calles, carreteras y redes sociales, ha puesto en evidencia la verdadera realidad de Colombia, de cantidades inmensas de ciudadanos empujados sin remordimiento alguno hacia la pobreza y la miseria, con tal de mantener la confianza inversionista y las groseras ganancias del empresariado amigo del uribismo, se ven a sus voceros, los de los gremios, en noticieros, informativos  y hasta programas de variedades de radio, televisión e internet, llamando, ahora sí, a la búsqueda de consensos y de solidaridad, con ellos, los gremios; por parte de la comunidad hambrienta y desesperada que protesta.

Imagen Paro nacional Colombia 2021 de CLARO

La cosa, descrita así, no debería pasar de una irritante anécdota protagonizada por los voceros de la institucionalidad gremial. El problema con estos llamados a la solidaridad y a los acuerdos, es que éstos se hacen junto con la manipulación oportunista de las llamadas encuestas de opinión, a partir de la alteración de la verdad, por medio de piezas de propaganda oficial, hecha y difundida por los medios amigos del uribismo, en las que la justificada indignación y la constitucional protesta de la ciudadanía, termina siendo señalada como la culpable de todos los males de la nación.

La estrategia de tergiversación de la realidad social que padecen la mayoría de los colombianos, siempre ha tenido como finalidad, la construcción de un relato social, artificialmente consensuado, en el que lo realmente importante, es mantener una normalidad, así sea la mal llamada nueva normalidad de la peste, en la que a toda costa se debe resguardar, ya no la integridad física de la sociedad en su conjunto, sino la integridad del mercado, especialmente el sector comercio de la economía, para lo cual, el sacrificio mayor, incluso el de la vida misma, debe ser puesto por el ciudadano común, confiado depositario de las libertades de movilizarse, pero sobre todo de comprar, así no tenga con qué.

Dentro de esta lógica del mercado, situaciones de dislocación de la nueva normalidad de consumo, tales como la protesta social y las interrupciones de la movilidad, ponen en serios aprietos a poderosos sectores de la economía, que ven como su grosero incremento de ganancias, se ve interrumpido por la acción aleve, según ellos y algunas ellas, de vándalos desadaptados, que se rehúsan a mal vivir en el mundo de ensoñación consumista al debe, que gobierno y medios les venden y les imponen a través de las redes masivas de información.

Ya en este punto, en el que las mayorías de viejos y nuevos pobres, se han dado cuenta de la verdadera realidad económica, en la que la prosperidad es patrimonio exclusivo de unos pocos y la miseria es socializada entre las grandes mayorías, es en el que, de manera desesperada, la elite corporativista que gobierna Colombia, acude a la reconstrucción de su relato de búsqueda de consensos y de solidaridad, no necesariamente en búsqueda de más y mejores oportunidades y garantías de bienestar para todos, sino de más y mejores garantías de mantener el esquema en el que unos pocos siguen siendo beneficiarios de todas las gabelas del estado, a costa de la salud, la educación, el empleo y el buen vivir del resto de la sociedad.

Ante la imposibilidad de seguir con el meta relato del enemigo nacional del castro chavismo, o de un todo poderoso Gustavo Petro, como maestro titiritero del mal, tanto gremios como su gobierno, se han dado a la tarea de la construcción de otra narrativa en la que, el nuevo enemigo termine siendo la protesta social, que socaba las libertades del individuo y atenta contra el bienestar general, un enemigo de múltiples cabezas, pero que se pueden personalizar en los vándalos de primera y segunda línea, ahora declarados objetivos de alto valor para las FF.MM. y las auto defensas ciudadanas.

Imagen: Indígenas son atacados por ciudadanos armados del sur de Cali durante protestas 2021. Perfil Facebook.

Si bien es cierto que a la hora de escribir estas notas, ya se vienen dando, así sea a marchas forzadas, los primeros pasos para el esperado encuentro entre el gobierno nacional y las distintas expresiones de la protesta social, la desconfianza que siente la mayoría de los colombianos hacia la institucionalidad gremial y estatal, así como la intransigencia de sectores de la ultra derecha en el poder, no han permitido que se avance en la ruta de una negociación, en la que las justas reclamaciones de millones, acompasen el desaforado deseo de ganancias de unos pocos.

Este desencuentro no es cosa diferente que la expresión pública de una vieja contradicción social, no solo presente en Colombia, sino en muchas otras latitudes, en la que se enfrenta el romanticismo social alrededor de lo realmente comunitario y el individualismo extremo, devenido en la justificación del fascismo como mecanismo para mantener los privilegios de una minoría. Tal cual.

 

 Yo apoyo el Paro; pero ...

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Foto: Marcha del Silencio, mayo 25721/ El Pais de Cali

No obstante, el mayoritario y abrumador respaldo que han alcanzado las jornadas de protesta, iniciadas el pasado 28 de abril de 2021, tal y como se puede constatar en los resultados de los sondeos de opinión, publicados recientemente, incluso por empresas consultoras afines al actual gobierno nacional de Iván Duque, aún subsiste y empieza a crecer, un sector de la sociedad colombiana que aún no se convence o ha dejado de creer en la justeza y necesidad de las protestas. Este sector corresponde al de aquellas personas, cuya opinión sobre la protesta se resume en la expresión: Yo apoyo el paro; pero…

Es normal que jornadas de protesta de tan larga duración, sufran un desgaste, bien sea por el cansancio físico y mental de los protestantes, por las incomodidades que la alteración de la cotidianidad (movilidad, orden público, acceso a bienes y servicios, etc.) ocasiona en la población que no protesta activamente en las calles, por la percepción de impotencia de protestantes y ciudadanía en general, frente a los abusos y desmanes ocurridos durante las jornadas o por la desconfianza frente a una institucionalidad alcahueta con la violencia e ineficiente a la hora de negociar con quienes están protestando. En todo caso, sea cual sea la causa, la protesta también desgasta y se desgasta.

Minga es atacada al sur de Cali - Imagen tomada de perfil Facebook

Pero, más allá del análisis de las dinámicas propias de la protesta social y del manejo institucional que se le dé, en estas notas se pretende hacer un muy somero examen a las motivaciones que tienen sectores de la sociedad colombiana, frente a unas jornadas de movilización social, que, si bien es cierto, encuentran  justificadas, no terminan por motivarlos a participar directamente en ellas, e incluso, terminan por satanizar, al no encontrar en ellas, relación directa con su realidad socio económica, su ideología o por la incomodidad que les causan.

En primer lugar, habría que señalar que, este sector de la población que dice apoyar las jornadas de protesta, pero que también las cuestiona, corresponde, en términos generales, a personas mayores de 35 años, de los estratos socio económicos 3 en adelante, con escolaridad de nivel tecnológico y profesional, religiosamente activos, que tienen trabajos mas o menos estables y se auto definen como emprendedore(a)s, de tendencia política de centro. También es posible encontrar personas de estratos 1 y 2, mayores de 50 años, con baja escolaridad, religiosamente activos, de ideología política conservadora. Ambos grupos, corresponden a personas que viven en cascos urbanos.

Este particular grupo poblacional de la sociedad colombiana, refleja en mucho, una concepción, más bien conservadora del relacionamiento entre el Estado colombiano y la llamada sociedad civil, mucho más afín a la concepción de Estado de Derecho, correspondiente al planteado en la Constitución Política de Colombia de 1886, que aquella planteada por el Estado Social de Derecho, establecida en la Constitución de 1991. En términos muy sucintos, este grupo poblacional cree y siente que gobierno y Estado son la misma cosa y que ambas son entidades superiores, a las que se les debe respeto reverencial y que cualquier intento de subversión de su orden, es asimilable a un pecado capital.

Ante una concepción instaurada en la psique colectiva de la sociedad colombiana desde hace muchos años, en la que protesta social es sinónimo a subversión del orden establecido, es fácilmente comprensible que ciertos grupos poblacionales, como los anteriormente descritos, crean firmemente en las bondades de un sistema socio político de este tipo (conservador-capitalista) que, si bien es cierto, posee falencias, estas pueden ser subsanadas a través de las peticiones, quejas y/o reclamos, debidamente gestionados por el conducto regular o por el enlace electrónico dispuesto para ello por la institucionalidad oficial.

Vicepresidenta Ramírez, Álvaro Uribe, Iván Duque-Imagen perfil facebook

Sin embargo, ante la demostrada ineficiencia del actual gobierno nacional de Iván Duque, el desgaste y falta de salidas del modelo socio económico que, durante los últimos veinte años, ha exacerbado el paulatino empobrecimiento de este grupo poblacional específico (capas medias urbanas y pequeños y medianos propietarios rurales), se presenta una especie de fractura en ese reverencial respeto a la dupla Gobierno-Estado y se encuentra, así sea momentáneamente, que las quejas y modos de tramitarlas, que plantean otros sectores de la sociedad colombiana (campesinos, afros, indios, lgbtiq, mujeres, animalistas, estudiantes, artistas, profesores, sindicatos, políticos alternativos, etc.), bien valen la pena ser apoyadas, en tanto no alteren la falsa sensación de bienestar que el sistema le ha vendido a este sector poblacional, ni mucho menos, que vaya afectar sus emprendimientos o capacidad de ingreso constante; que les permita mantener su ritmo y niveles de consumo.

Desafortunadamente, esta deformación de la realidad colombiana, atribuible, en buena parte, al modelo educativo replicado por siempre por generaciones y generaciones de educadores, también formados en este mismo modelo, ha producido un grupo de personas que, ante el dilema de apoyar unas reclamaciones que consideran justas o proteger su aparente normal estilo de vida de supuesto bienestar económico; terminan por justificar el uso de la violencia, en contra de aquellos que pelean por eso que este grupo considera justo y deseable, pero cuya lucha, molesta su cotidianidad y su posibilidad de continuar yendo al gimnasio, al Éxito o a Mac Donald´s.

EXIGENCIAS DE GARANTÍAS PARA LA PROTESTA Y PARA LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN

Minga entrando a Cali, Abril 2021
Imagen de Facebook

EXIGENCIAS DE GARANTÍAS PARA LA PROTESTA Y PARA LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN -COMITÉ NACIONAL DE PARO

 – 16 de mayo de 2021-

I. GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DE LA PROTESTA 

Imagen Facebook

A. Medidas inmediatas que deberán adoptarse para garantizar el libre ejercicio de la protesta social y detener la violencia contra los manifestantes: 

1.Abstenerse de adoptar cualquier medida que, de tratamiento de orden público al ejercicio del derecho a la protesta social, entre ellos la declaratoria del Estado de Conmoción Interior. Retirar al Ejército y al ESMAD completamente del control de las protestas y ordenar a la Policía que se abstenga de utilizar armas de fuego y otras que puedan producir heridas en las acciones de control de las protestas como el caso de la Venom. Adoptar medidas que detengan de inmediato los asesinatos y los ataques que están realizando grupos de civiles armados contra los manifestantes. La Policía Nacional deberá abstenerse de realizar detenciones indiscriminadas y masivas contra las personas que participan en la protesta. Ordenar a todas las autoridades públicas que respeten, protejan y garanticen la labor de las personas defensoras de Derechos Humanos, así como de los periodistas y los medios de comunicación. 

 2. El Presidente de la República como jefe de Estado, y comandante de las fuerzas armadas debe condenar de manera explícita y contundente los abusos de la Fuerza Pública y comprometerse a que esos actos no serán tolerados y serán investigados y sancionados. Y reconocer que existe responsabilidad de la fuerza pública en la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, reunión y manifestación pública. De igual manera el Ministro de Defensa deberá presentar disculpas públicas por las el uso excesivo de la fuerza cometidas por el ESMAD y la fuerza pública en el marco de las protestas. Y como consecuencia deberán ser retirados del servicio los mandos de la fuerza pública que comprometidos en estos abusos. 

3. Ordenar a todas las autoridades públicas que se abstengan de continuar estigmatizando a la movilización ciudadana, y rectificar públicamente las calificaciones de “vandalismo criminal”, “terrorismo vandálico”, con que el gobierno nacional y la fuerza pública se refieren a quienes nos encontramos protestando. El presidente de la República debe condenar los discursos de odio y declaraciones estigmatizantes que han promovido funcionarios y figuras públicas sobre los y las manifestantes y las protestas sociales, y de manera particular las realizadas contra la Minga Indígena, la población afrodescendiente y los sectores populares. 

4. Se deberán adoptar de inmediato medidas específicas para detener la violencia sexual ejercida por la fuerza pública contra las mujeres en el marco de las protestas, empezando por la prohibición expresa de la violencia sexual como mecanismo de control de orden público. Establecimiento de una ruta que prevenga cualquier tipo de detención o privación de la libertad de las mujeres, pero en caso de realizarse que no se haga por hombres, no esté bajo la custodia de policías hombres, no sea trasladada en vehículos de la policía ni a estaciones o instalaciones en qué hay predominantemente hombres. Las mujeres deberían ser trasladadas a lugares que estén protegidas por autoridades civiles, mujeres, informar cualquier detención de manera inmediata a la delegada de mujer y genero de la Defensoría y de las secretarias de la mujer para que procedan al acompañamiento y representación de sus derechos. También se debe informar a la oficina de ONU DDHH para que pueda ejercer vigilancia. Establecer un mecanismo de seguimiento en que participen la institucionalidad de género (delegadas de mujer, secretarias de la mujer) y las organizaciones de mujeres para el seguimiento y acompañamiento de los casos ocurridos, su análisis y definición de mecanismos para la protección de los derechos de las víctimas sobrevivientes.

5. El gobierno Nacional deberá establecer un mecanismo expedito para que las personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos en el marco de las protestas puedan acceder a la reparación de sus derechos. Se deberá además garantizar el restablecimiento pleno de la salud de quienes han sufrido heridas en el marco de las protestas. 

B. Mecanismos de verificación de las medidas para garantizar el libre ejercicio de la protesta social y para detener la violencia contra los manifestantes, con el acompañamiento y asistencia técnica de la OACNUDH. 

 1. Que el gobierno nacional acepte de inmediato el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para realizar una visita de trabajo en Colombia para observar en terreno la situación de derechos humanos en el entorno de las protestas sociales que dieron inicio el 28 de abril. Y acepte el pedido de visita de los siguientes relatores especiales de naciones unidas: derecho de protesta, libertad de expresión, violencia contra las mujeres, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, defensores de derechos humanos y tortura. 

 2.Implementar el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación”, tanto en el nivel nacional como municipal, y con pleno funcionamiento de sus instancias: Mesas de Seguimiento, Puestos de Mando Unificado (PMU) y Comisiones de Verificación de la Sociedad Civil. 

 3.Crear de inmediato en la Fiscalía General de la Nación una unidad especial de alto nivel, y con toda la autonomía, para que se encargue de abrir y adelantar la investigación de todos los hechos de violencia (asesinatos, lesiones personales, violaciones a mujeres, torturas, desapariciones y detenciones ilegales, etc.) cometidos por la fuerza pública en contra manifestantes en las movilizaciones realizadas en todo el país desde el pasado 28 de abril, aplicando la directiva 008 de 2016, y por tratarse de delitos claramente contrarios a la función constitucional de la Fuerza Pública, debe ir a la justicia ordinaria, conforme a la jurisprudencia constitucional. Se deberán presentar públicamente los avances de investigaciones. 

 4. La Procuraduría General de la Nación deberá ejercer el poder preferente para asumir la competencia de todas las investigaciones disciplinarias contra los miembros de la fuerza pública involucrados en violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas. La Defensoría del Pueblo en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales deberá verificar que no se cometan actos de tortura, violencia sexual, vulneraciones al debido proceso y otras violaciones a los derechos humanos de las personas que son detenidas en el marco de las protestas. Bajo la coordinación de la Defensoría del Pueblo, con la asistencia técnica de la OACNUDH, y con participación delegados de organizaciones de derechos humanos que participan en el Comité Nacional de Paro, se deberá crear de inmediato un mecanismo que permita el acopio de la información sobre los hechos violatorios de los derechos humanos en el marco de las protestas, todas las instituciones públicas competentes deberán remitir permanentemente la información, y se producirían y difundirán públicamente informes diarios  

 5. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas deberá de inmediato activar un dispositivo de rendición de cuentas sobre los mecanismos de búsqueda que se han activado, el número e identidad de las personas encontradas con vida y las investigaciones que se han abierto por las agresiones sufridas por estas personas. 

C. Medidas para acordar ajustes normativos e institucionales permanentes que garanticen el libre ejercicio de la protesta, con el acompañamiento y la asistencia técnica de la OACNUDH

 1. Acatar sin reparos todas las órdenes de la sentencia de tutela decida por la Corte Suprema de Justicia el pasado 22 de septiembre de 2020 y en tal sentido responder el incidente de desacato presentado por las organizaciones accionantes. 

 2. Establecer una Comisión de Trabajo para acordar las medidas de garantías de la protesta, retomando los lineamientos construidos en el proceso de consulta previsto en el punto 2.2.1 y 2.2.2 del acuerdo de paz para la terminación del conflicto armado. 

 3. Establecer un proceso amplio de discusión sobre la reforma a la Policía Nacional, para que no se repitan los hechos de violencia durante las protestas del 21 noviembre de 2019, del 9 y 10 septiembre de 2020 y los ocurridos desde el 28 de abril de 2021, que congregue las voces de la academia, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales, expertos internacionales, dirigido a una reforma de la doctrina y las prácticas de la Policía Nacional. 

II. GARANTÍAS PARA LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN 

Iván Duque y Cúpula militar de Colombia
Imagen Facebook

1. El primer punto, o punto previo con el Comité Nacional de Paro, será las garantías que permitan detener la violencia estatal y paraestatal contra quienes venimos protestando pacíficamente, para que una vez sea acordado y verificado su cumplimiento se pueda dar inicio a las diferentes negociaciones. El proceso de negociación con el Comité Nacional de Paro, será sobre el pliego de emergencia presentado el pasado 19 de junio de 2020, y por las nuevas exigencias que se expresaron en la convocatoria del Paro Nacional del 28 de abril, esto es, retirar el proyecto de ley 010 sobre reforma a la salud, retiro del proyecto de reforma del ICETEX, derogar el decreto 1174 de 2020. El gobierno nacional deberá suspender el impulso de proyectos de ley o decretos relativos a los temas que se estén discutiendo en los procesos negociación, como la reforma a la justicia. El Comité Nacional de Paro articula 26 sectores sociales del nivel nacional, 29 comités departamentales, y más de 300 comités municipales, se deberá acordar los temas y metodología de los procesos de negociación con los sectores sociales y territoriales insular y continental articulados en el Comité Nacional de Paro. 

2.Se debe acordar una mesa de negociación con las y los jóvenes y las diversas ciudadanías movilizadas, que no están representadas en las organizaciones sociales. Se debe por tanto acodar un diseño específico de una Mesa de Negociación que permita la participación directa de los voceros de estos procesos de movilización. 

3. El inicio del proceso de negociación no implica la suspensión las movilizaciones y protestas convocadas por el Comité Nacional de Paro o por otros sectores sociales. 

4.Continuaremos acordando corredores humanitarios que permitan el paso de la misión médica, de insumos médicos y alimentos esenciales, combustibles, para mitigar los impactos del Paro en la salud y la seguridad alimentaria de la población. 

5. Todo el proceso de negociación deberá contar con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal con Monseñor Héctor Fabio Henao, del jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, de la jefa en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Julieth de Rivero. 

6.En el evento de llegar a un acuerdo sobre las garantías para el ejercicio de la protesta y para las mesas de negociación, este debe ser protocolizado con la presencia del presidente de la República en la Mesa de Negociación. 

¡A PARAR PARA AVANZAR – VIVA EL PARO NACIONAL! 
COMITÉ NACIONAL DE PARO …CNP

 

VANDALISMO COMO NUEVO CLICHE DEL PODER

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Imagen tomada de: El Español Digital

Declarar que el lenguaje, también es un instrumento de guerra, es lo mismo que descubrir que el agua moja o que el fuego quema. De hecho, lingüistas, filósofos, sociólogos y profesionales de la comunicación social, han desarrollado un amplio compendio de esta, no tan noble característica del lenguaje, a través del estudio de la pragmática.

Ya desde mediados del siglo XX, estudiosos del lenguaje como Austin, Wittgenstein, Kraus, entre otros más, ya venían analizando el uso del lenguaje como mecanismo social de manipulación del inconsciente colectivo, para alcanzar fines políticos de exaltación de supuestos valores patrióticos como la supremacía de una raza o clase, la defensa de la nación o la patria, e incluso de una idea o ideas de conveniencia para sostener el Statu Quo de quienes detentan, momentáneamente el poder, en una determinada sociedad.

A propósito de las recientes jornadas de protestas en Colombia, con motivo del rechazo generalizado al proyecto de ley de reforma tributaria, presentado a destiempo y mantenido a fuego y sangre por Duque en el Congreso colombiano, vale la pena hacer notar cómo, efectivamente, desde hace unos veinte años para acá, el uso del lenguaje como herramienta de guerra, ha sido uno de los elementos principales de la estrategia para mantenerse en el poder, utilizados por la derecha colombiana.

Foto Facebook

Rafael Núñez Florencio[1], en su reseña del ensayo Lenguaje y Guerra de Kovacsics, plantea que: “…el medio de propaganda más eficaz del hitlerismo no eran los discursos ni los símbolos, ni nada que se registrase a nivel consciente, sino las palabras aisladas y expresiones que se repetían y se terminaban por adoptar de forma mecánica e inconsciente.”, en ese mismo sentido, tal como lo plantea Núñez, el uso de algunos términos, o mejor, adjetivos, para señalar, etiquetar, descalificar, denostar o insultar a los adversarios políticos, también ha sido una práctica acostumbrada por los poderosos en Colombia.

Al empleo denostativo de palabras como: “indio”, “negro”, “marica”, “puta”, para referirse de manera ofensiva a una persona o para indicar que su comportamiento no concuerda con el que se supone deben tener las llamadas “Gentes de bien”, también se sumo la adjudicación de palabras, ya no tan “vulgares” y más correctas, políticamente hablando, para señalar el supuesto mal comportamiento de aquellas personas, salidas del esquema oficial de conducta, impuesto por quienes han detentado y ejercido el poder durante años recientes, tales como “Chusmero”, “pájaro”, “Guerrillo”, “comunista”, “cachiporro”, “terrorista”, “traqueto”, “narco” o “narco-terrorista”.

En este mismo orden de ideas, el uso repetitivo de unos nuevos términos, con una fuerte intención política de descalificación social; ha permitido que esta acción ilocutiva de la derecha, haya posicionado en el inconsciente colectivo de la sociedad colombiana, expresiones como, “castro-chavista”, “mamerto” y “vándalo”, como sinónimos o equivalentes de “terrorista”, “guerrillero”, “comunista”, “satánico”, cuando son utilizadas para describir a esos “indios”, “negros” o “guaches”, o cualquier otra persona, que se empecine en demostrar su inconformidad de manera pública, bien sea, a través de las redes sociales, prensa tradicional o, lo que es peor, protestando en la calle.

Vándalo se ha convertido en el más reciente calificativo, utilizado por la derecha, en su estrategia comunicacional, para señalar a todas aquellas personas que públicamente se rehúsen a ceñirse a los mandatos de un nuevo marco de convivencia, convenientemente diseñado, no para la defensa de bienes, honra y vida de TODOS los colombianos, sino para la defensa de los bienes, la honra y la vida de unos POCOS colombianos, cercanos al poder. Se usa Vándalo y vandalismo, para no usar Terrorista y terrorismo, debido a las fuertes implicaciones jurídicas que usar tales calificativos, podría acarrear a quien lo haga, sobre todo, en las cortes internacionales.

Imagen tomada de: El Periódico

El hecho es que, así como el aparato propagandístico de la derecha colombiana, puso de moda, eso si con intención de manipulación, términos como “mermelada”, “pos verdad” y “polarización”, para señalar en la oposición “mamerta” y “castro chavista”, todos los malos comportamientos, nacidos y practicados en el seno de la cofradía del epítome de la ultra derecha colombiana; el Centro Democrático y sus apéndices, los partidos de la coalición duqista; así mismo, ha venido tratando de imponer, a punta de descarada repetición, en los medios de comunicación propios y aliados, al término Vándalo, para tratar, por un lado, de estigmatizar y hasta judicializar a la oposición y a quienes ejercen el derecho a la protesta, y por el otro, justificar, la decisión de imponer una especie de dictadura, para reprimir, los actos vandálicos de la “mamertería” nacional.

En todo caso, y para concluir, es preciso retomar a Núñez, cuando, citando a Kafka, afirma del uso del lenguaje como instrumento de guerra: “Cuando la palabra se convierte en vasalla de la voluntad política, supeditada a unas decisiones establecidas de antemano, su rol deviene “absolutamente accesorio y servil””. Amén.

 

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[1] RAFAEL NUÑEZ FLORENCIO, Guerra y lenguaje- Adan Kovacsics, 28 febrero, 2008, tomado de: Guerra y lenguaje | El Cualltur

 

La Reforma Tributaria; la reciente jugadita del Uribismo

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Imagen tomada de: https://facebook.com/laconversafindesemana/

Al igual que las mutaciones del SarCov2, corresponsable, junto con la indisciplina social y la ineficiencia de Duque, de la crisis que padece Colombia; el uribismo sorprende todos los días, al ciudadano promedio, con sus mutaciones políticas.

La última variante del uribismo, consistente  en mostrarse  ante el paisano de a pie, bajo el esquema policía bueno-policía mano, le ha servido al encargado de la presidencia de Colombia, para presentar su última creación con el pomposo y descresta calentanos nombre de: "… infraestructura de equidad fiscalmente sostenible para fortalecer la política de erradicación de la pobreza, a través de la redefinición de la regla fiscal, el fortalecimiento y focalización del gasto social y la redistribución de cargas tributarias y ambientales con criterios de solidaridad… ". 

Y aunque el mamotreto en sí mismo ha dado y dará para escribir miles y miles de palabras, la mayoría de ellas, dedicadas a descalificarlo, la intención de esta nota, está más bien dirigida a intentar poner sobre aviso a toda aquella desprevenida y, sobre todo, desesperada ciudadanía, acerca de la agenda, ya no tan oculta, del uribismo, diseñada para sostener sus mayorías parlamentarias, vía untuosa, aunque vituperada, mermelada presupuestal, proteger a sus patrocinadores y jefes, los poderosos empresarios y de paso, legalizar uno que otro entuerto pendiente, de este deplorable ejercicio de gobierno de Duque.

La presentación oficial del texto oficial de la Reforma, ha dejado, ahora sí, en claro, que un muy alto porcentaje de la opinión pública de base, está absolutamente en contra de tan inconveniente esperpento tributario, sin embargo, y aunque parezca increíble, existe un sector, por ahora minoritario, que cree, defiende y defenderá las bondades de la Reforma de rimbombante nombre y aterradoras consecuencias. Es acerca de este, por ahora minoritario, sector de la opinión pública, sobre el que esta nota pretende que el ciudadano desprevenido, centre su atención.

Esta deliciosa minoría que defiende y defenderá la Reforma Tributaria del uribismo, es aquella conformada, en primera instancia, por el séquito de lambiscones y lambisconas amistades del mismo Iván Duque, hoy bien ubicados en los ministerios y altas consejerías presidenciales.

Linea de defensa de Duque. Imagen tomada de : Semana.com

Una segunda línea de defensa de la famosa Reforma, la conforman, un número indeterminado de recién graduados de economía, y otros que no lo son, pero se creen, que andan por ahí en los medios y las redes sociales, aún medio atarantados y super convencidos de las bondades de la escuela de Chicago y de la justeza de los postulados de Hayek y compañía, que comparten junto con el Ministro de Hacienda, Don Carrasquilla, una visión monetarista de la vida, en la que los pobres para lo único que sirven, es para enriquecer a los que tienen y que también cree que la especie humana se debe dividir entre los que tienen y los que pueden, ya que los demás son prescindibles.

Y en medio de este mínimo ejercito de defensores de la Reforma y del uribismo, se encuentran los llamados a ser jueces del proyecto de ley de estrambótico nombre y funestas consecuencias; los congresistas afines y colaboracionistas al uribismo, quienes, desde ya, en cabeza de sus prestigiosas direcciones (Álvaro Uribe, por el C.D., Dilian por la U, Vargas Ll. por Cambio, Gaviria por Liberales, John Milton por las iglesias protestantes, los demás y Manguito), se presentan ante el sufrido y horrorizado pueblo colombiano como sus futuros defensores (policías buenos), ante el oprobioso ataque de los policías malos (Duque, Carrasquilla, los amigotes y amigotas de Duque en la burocracia y los Castro chavistas de la oposición).

Por ahí se los oye y se los ve donde Don Julio W, Don Néstor M. Blu, Don Vélez R.C.N.,  Doña Vicky Semana, Don Jorge Alfredo Caracol Noticias y Don Lozano RCN Noticias, diciendo que sí, que la Reforma es odiosa, que es inconveniente, que es inoportuna, que los gremios la rechazan y que ellos mismos y mismas también, pero que mire que sostener los gastos del Estado no es fácil y que el pobre Duque ya no tiene de donde echar mano para seguir ayudando a los pobres, a los emprendedores, a los estudiantes, que lo del Ingreso Solidario, lo de los Subsidios a la Nómina, los auxilios a las MiPyme, las matrículas cero, las tablets y los datos de internet para la semi presencialidad, las bonificaciones de los Héroes y Heroínas de la salud, los auxilios a los discapacitados, los eventos virtuales de los artistas y demás ayudas, no se pagan solos y que por tanto hay que dialogar y negociar la Reformita Sostenible y Solidaria.

Ni que hablar de los Honorables Representantes a la Cámara, que tan mal les fue con el proyectico de alargar el periodo presidencial, de gobernaciones y de alcaldías, ellos y ellas que por la noche firman los proyectos y a la mañana dicen no estar de acuerdo, o que no sabían o que no los leyeron o que les ordenaron o que fue, que fue; ahí andan otra vez, de la mano de Fedemunicipios y Fededepartamentos, junto con los gremios, poniéndose a la orden para “humanizar” y “ablandar” la Reformita, porque tal y como ya le han planteado a alcaldesas y alcaldes, gobernadores y gobernadoras amigas, la platica hace falta, mucho más ahora que estamos en campaña, no vaya y sea que las obritas se queden sin hacer y los contraticos sin otorgar.

Ahí está la reciente jugadita del Uribismo, en su interpretación adaptada del Doctor Jekyll y el Señor Hyde, en buen chibchombiano: Policía bueno-policía malo. Ahí es donde deben poner sus ojos las Ciudadanías Decentes, no en los descaches del precio de una docena de huevos, si no en la vigilancia extrema de las andanzas de Representantes y Senadores, de directores y directoras de partidos y movimientos políticos, que se presten para secundar la reciente jugadita del uribismo, puesto que, la decencia, pero sobre todo, el sentido común, indican que la tal Reforma no debe ser ni siquiera discutida, debe hundirse de una, por lo que cualquier otra acción; debe considerarse como una alta traición y una grosería en contra de las buenas gentes de Colombia.

OJO CON LA TERCERA OLEADA DE LA PESTE

Imagen: Fundspeople

Por: Omar Orlando Tovar Toches -ottroz69@gmail.com-

Sin dejar de lado las, ya abundantes y generalizadas, críticas al muy deficiente manejo que el gobierno nacional, en manos del uribismo, le ha dado a la crisis sanitaria ocasionada por la peste del Covid19, es urgente alertar a la comunidad, sobre el muy serio riesgo de una tercera oleada de contagios y de decesos ocasionados por el Sarscov2 o Covid19, que llaman, y que pondría en serios aprietos al, aún enclenque, sistema hospitalario con el que cuentan los colombianos.

Colombia actualmente se ubica entre los primeros 20 puestos a nivel mundial, de contagios y muertes ocasionadas por el Covid19, debido a las medidas que han asumido los titulares de los cargos de Presidencia de la República y Ministerio de Salud de Colombia, en cuanto al manejo de la pandemia, las cuales, distan mucho de haber sido las más eficientes, no obstante que sus anuncios al respecto, hayan recibido uno que otro elogio de académicos y comunicadores afines.

La tardanza en tomar decisiones de cierres de fronteras, la aplicación de pruebas diagnósticas, la falta de apoyos económicos reales para que la ciudadanía más pobre no tuviera que exponerse al contagio y una apresurada re apertura de la actividad económica, así como el oscuro manejo de la muy improvisada adquisición de las vacunas, han puesto a la sociedad colombiana, en su conjunto, en un estado de vulnerabilidad aterrador frente a la peste.

Foto: Semana.com

A pesar de que el ciudadano colombiano del común, está más o menos informado de las aterradoras cifras de apestados y finados que el virus de marras está cobrando nuevamente, en lo que los expertos han llamado la tercera ola o tercer pico de contagio, parece ser que una especie de irresponsable desinterés por la vida propia y la de los demás, hubiera reemplazado a la sindéresis, el buen juicio o a la cordura que debería asumir la mayoría de colombianos, frente a este mortal riesgo, aún latente en el mundo entero, y que según reportes oficiales, ya ha obligado a muchos gobiernos a retomar medidas restrictivas de la movilidad y de las demás actividades cotidianas de sociedades, que incluso, han avanzado grandemente en sus procesos de vacunación.

Sin embargo, también es claro que, este irresponsable comportamiento de ignorar las mínimas medidas de auto cuidado y de bio seguridad, asumidas por un buen numero de paisanos y paisanas, obedece también a la inhumana presión que sobre ellos han venido ejerciendo, tanto los gobiernos nacional, como los locales, presionados a su vez, por los todopoderosos gremios de la producción, específicamente Fenalco, Cotelco, Acodres y algunas Cámaras de comercio, para que unas mayorías desesperadas, cansadas y sumidas en unas profundas crisis económicas, salgan desordenadamente a las calles y sitios de consumo, no tanto a producir, como a gastar los escasos recursos que aún tienen, empujados por la codicia de los amigos empresarios del Uribismo.

Ante una muy preocupante perspectiva de ocurrencia de una tercera ola de contagios masivos , con su secuela de fallecimientos, que cada día es más evidente en términos de cifras oficiales de la OMS, es urgente que los generadores de opinión pública, así como los demás actores sociales de Colombia, llamen la atención de los gobiernos nacional y locales, para que tomen las medidas necesarias que permitan, si no evitar el tercer pico, al menos que éste no alcance las dimensiones de los anteriores, a fin de impedir la ocurrencia de una catástrofe humanitaria. Para ello, se requiere, ahora sí, que las muy controvertidas Federaciones de Municipios y de Departamentos, le exijan al gobierno nacional, las facultades para sus asociados, de modo que puedan tomar de manera autónoma, las medidas urgentes para salvaguardar la vida de sus comunidades.

Foto: El Tiempo

De otra parte, la opinión pública de base, debe manifestarse con fuerza, para obligar al gobierno de Duque y su Ministro de Salud, a dejar de estar haciendo propaganda, pasando de los anuncios a los hechos reales, por ejemplo, cumpliendo con las medidas establecidas por la Ley Estatutaria 1761 de 2015,  que obligan al Estado a “respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud”, de manera  que su famoso Plan Nacional de Vacunación, deje de ser ese listado de buenas intenciones y pase a ser una realidad eficiente, que beneficie a toda la ciudadanía.

Es urgente que al gobierno nacional deje, así sea en este momento de gran riesgo para la vida de los colombianos, su marcado interés de ayudar a sus patrocinadores del sector privado, corrigiendo, por ejemplo, el manejo que le han dado las EPS a la peste, cuyas bases de datos son exactas para cobrar, pero incompletas y borrosas para el agendamiento de citas de vacunación y así mismo,  debe Duque y demás miembros del Uribismo, dejar de seguir intentando el involucramiento del empresariado, en la adquisición y distribución de las vacunas, hecho este que a todas luces, genera gran desconfianza en la equidad y eficiencia del también recelado;  proceso de vacunación.

Ya Chile, mucho más adelante en el proceso de vacunación, se vio obligada a decretar nuevos cierres y demás medidas restrictivas, ante la aparición del tercer pico de la peste. A estas horas, no se sabe que están esperando los mandatarios (as), locales, regionales y el nacional, para tomar fuertes medidas preventivas para evitar más muertes, teniendo en cuenta la absoluta indisciplina social que su deficiente manejo de la peste ha promovido, la proximidad de un largo feriado (semana santa) y la lejanía en el tiempo, de una masiva vacunación, que pudiera acercarnos a la tan cacareada inmunidad de rebaño.  Ojo con la tercera oleada de la peste; está muy cerca.

 

 

 

#YoTambiénMePongLasBotas

 #YoTambiénMePongoLasBotas

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Foto tomada de: Facebook

Imposible dejar pasar de largo, uno de los más recientes hechos de prejuicio racista y político en contra de las comunidades indígenas de Colombia, protagonizado por algunos miembros de la Policía Nacional del municipio norte caucano de Santander de Quilichao, cuando de manera brusca, desconocieron los mínimos principios de legalidad que la Constitución, las leyes ordinarias y la decencia; les exigen a estos agentes del estado, a la hora de tratar a cualquier ciudadano colombiano, mucho más, cuando estos ciudadanos pertenecen a un grupo poblacional especialmente protegido, al menos en el papel, por el marco jurídico nacional e internacional.

Este bochornoso episodio se suma a la ya larguísima lista de atropellos sufridos por las comunidades étnicas de este país, protagonizada por agentes del Estado, dizque, obligados a protegerlos. En esta ocasión la excusa argüida por los agentes del orden, era la apariencia sospechosa de unos indígenas que aguardaban en uno de los improvisados terminalitos de Santander de Quilichao, a que llegaran documentos y pertenencias que estaban en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, para seguir rumbo a su territorio, luego de una jornada de recorrido humanitario por la convulsiva región del Naya.

A los efectivos de la Policía Nacional, que llegaron en asombroso número para, supuestamente, requerir la cédula a estos sospechosos personajes mal vestidos, con botas de caucho y embarrados hasta el apellido, no les basto que uno de ellos se identificara como Autoridad Tradicional Indígena y que los demás lo hicieran como miembros del grupo de paz, conocido como guardia indígena, tampoco les basto observar que llevaban sus bastones de mando, reconocidos internacionalmente. Querían ver el documento físico, no obstante, que la ley que ellos, supuestamente, están obligados a obedecer y hacer cumplir, hace rato dijo que tal requerimiento no es necesario, para eso, basta con verificar el número en la base de datos. No, estos agentes del orden requerían el bendito pedazo de plástico, si o sí, dizque para identificar a estos sospechosos.

Autoridad y Guardia Indígenas Arrestados ilegalmente. Foto: Facebook

Luego del rifirrafe entre las autoridades ancestrales y el comandante de policía, el resultado fue un comunero indígena herido y conducido a la Fiscalía, por supuesta agresión a un policial. Al ser consultados sobre la causa última del incidente, algunas fuentes consultadas, coincidieron en indicar que los policiales afirmaron, sin rubor alguno, que todo empezó por parecerles sospechosa la apariencia física, la vestimenta y las botas embarradas de los indígenas. Tras la indignada reacción de las comunidades indígenas y de un buen número de ciudadanos quilichagüeños, la alcaldesa municipal de Santander de Quilichao, propuso una mediación que concluyo con la propuesta de unos cursitos para que los indígenas y policías aprendieran quien era cada quien y quien era autoridad.

Reunión Alcaldía, Policía y Autoridades Indígenas. Foto: Alcaldía de Santander de Quilichao

Asombra, pero, sobre todo aterra; comprobar que agentes del Estado, desconocen impunemente la Constitución y la Ley colombiana. No puede salir la alcaldesa de Santander de Quilichao, con que todo se soluciona con unas charlitas para que sus subordinados (la policía de este municipio) conozcan sus obligaciones y, sobre todo, reconozcan a otras autoridades. Lo que debió haber hecho es haber salido públicamente a ofrecer disculpas ante sus iguales, las autoridades ancestrales indígenas del municipio, por el oprobioso hecho protagonizado por sus subalternos, esa era su responsabilidad política. Sin embargo, optó por seguir el ejemplo del uribismo, revictimizando a los agredidos, igualándolos en el “castigo pedagógico”.

Lo que queda claro, no sólo por este reciente hecho de atropello, sino por la larga cadena de maltrato que han protagonizado miembros de las FFMM e incluso altos funcionarios de este gobierno, encargados de interactuar con los indígenas, es un patrón de prejuicio político y de racismo en contra de los grupos étnicos colombianos, en el que, no sólo se desconoce el marco jurídico colombiano, que reconoce la autonomía, la jurisdicción y la autoridad, propia de las naciones indígenas de Colombia; sino que ha sembrado un discurso público que reproduce este patrón al interior de un buen numero de colombianos que, aún en pleno siglo XXI, creen a pie juntillas que los indios no deberían tener derechos, autonomía, ni menos autoridad.

En las redes sociales del Cauca, ya se viene proponiendo un día en el que todos salgamos con botas y ojalá embarradas para protestar por este acto de persecución política y de racismo, efectivamente: #YoTambiénMePongoLasBotas.

 

ELÍAS, ELÍAS… ¿POR QUE NOS HAS HABANDONADO?

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

En días recientes, el Gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, publicitó con bombos y platillos la firma del llamado Pacto por la vida, los Derechos Humanos, el Territorio y la Paz, documento en el que, por enésima vez, se repite el compromiso de la institucionalidad de cumplir los principios básicos establecidos en la Constitución Política de Colombia y demás normas nacionales e internacionales, respecto al cuidado de la vida, honra y bienes de todos y todas.

Gobernador del Cauca-Elias Larrahondo
durante la firma del Pacto por la vida, los Derechos Humanos, el Territorio y la Paz 

Entendiendo la intencionalidad de llamar la atención de la opinión pública caucana, pero sobre todo la del gobierno nacional, sobre la, ya endémica, situación de crisis humanitaria que ha vivido y vive el departamento del Cauca, no se puede dejar de lado la poca eficiencia que respecto a esa misma crisis ha demostrado, al menos públicamente, la actual administración departamental del Cauca, en cabeza de Elías Larrahondo.

Llama mucho la atención, que solo hasta estos días, cuando ríos  de sangre han corrido por todo el territorio del Cauca, cuando los señores de la guerra nuevamente se pasean por caminos y veredas caucanas, al señor gobernador, Don Elías, se le haya escuchado, de manera apenas audible, algún tipo de pronunciamiento dirigido hacia la institucionalidad nacional, para reclamar su acción en este rico territorio, saqueado, excluido y olvidado por los políticos tradicionales del Cauca y de Colombia, finalmente emparentados, en esa endogamia de la incompetencia y la corrupción.

Causa curiosidad, que solo hasta después de completar la horrorosa cuota de víctimas del conflicto que registra el Cauca, en el que casi todas corresponden a firmantes del Acuerdo de Paz Estable y Duradero, pertenecientes a la desmovilizada guerrilla FARC-EP, defensores de derechos humanos, ambientalistas, lideres de comunidades étnicas y campesinos, el flamante representante del norte del Cauca, territorio sobre el que confluyen todas las formas de exclusión y violencia sobre las comunidades étnicas y campesinas, se haya decidido, ahora sí, a llamar a esos mismos sectores, que él mismo desdeño durante su campaña electoral, cuando decidió ir a engrosar las filas de los políticos de siempre, causantes muchos de ellos de esta situación, para hacerse elegir gobernador; a  que acudan a su auxilio.

Claro que el acto político de la firma del Pacto por la vida, los Derechos Humanos, el Territorio y la Paz, debe ser ese primer paso para lograr movilizar a toda la sociedad caucana, en defensa de la vida y del territorio, pero, para que tal convocatoria pueda surtir el efecto deseado, se hace necesario que el accionar de Don Elías, sea más contundente. Se necesita, en primer lugar, que se decida, de una vez por todas, a sacudirse de la odiosa burocracia clientelista heredada de tiempos de sus antecesores en la gobernación, el uno, flamante senador de Cambio Radical y el otro, precandidato a lo que sea, para que pueda empezar a gobernar, como esperaban sus electores y el resto de la sociedad caucana.

Afiche de campaña electoral del Gobernador Elías Larrahondo

También se espera que el llamado a los sectores sociales, que el abandonó en campaña para ir a engrosar las filas del senador Ortega, no sólo corresponda a una acción publicitaria en tiempos previos a elecciones de congreso, en las que su nueva casa política tiene intereses de renovar la curul de uno de sus antecesores y asegurar una nueva para el otro, sino que corresponda a un nuevo estilo de gobierno, en el que el mandatario departamental del Cauca, lidere con decisión, y sobre todo con dignidad, el urgente y justo reclamo de real inversión social, así como de cumplimiento de los múltiples acuerdos firmados con esos sectores que está llamando a la unidad, por parte del gobierno central, hoy en manos de la extrema derecha colombiana.

Si. Muy bueno el simbolismo político de la firma del Pacto por la vida, los Derechos Humanos, el Territorio y la Paz, encabezado por el Gobernador, Don Elías Larrahondo, pero lo que realmente esperan los sectores sociales ajenos a su nueva casa política y a la institucionalidad, son muestras reales de ese compromiso por la defensa de la vida y los derechos humanos. Las mayorías caucanas, ya se están cansando de los discursos demagógicos de paz, acostumbrados por el Titismo, las promesas de interlocución con el gobierno nacional del liberalismo oficial o del partido de la U. Este Cauca, lo que necesita es que el primer gobernador negro que ha tenido el norte del Cauca, se apropie de su papel de representante de los eternos excluidos y abusados del Cauca y que no sólo se acuerde de ellos para frustradas coaliciones electorales o para reconocimientos fatuos, por una representatividad que al parecer sólo es de papel, ya que en realidad muchos de ellos a esta hora, parecieran estar viviendo el viacrucis eterno de los olvidados, y reclamando del gobernador: ¡Elías, Elías, ¿por qué nos has abandonado?!

P.S. Por si alguno de los escasos lectores de estas líneas tiene acceso al Gobernador del Cauca: Por favor recomiéndele que hable con el Pollo López y le recuerde que es muy difícil publicitar un pacto por la vida y por los derechos humanos, si se manda al odioso ESMAD a golpear jóvenes caucanos, frente a la gobernación y la alcaldía de Popayán, en el lustrosísimo Parque Caldas, de la Blanca y Señorial Popayán.

 

DE ESPALDAS AL PACÍFICO

La respuesta de este gobierno, al igual que la de sus predecesores de derecha y de extremo centro, ha sido la misma, más consejos de seguridad, más anuncios de recompensas, de inversiones y más pie de 

fuerza.

Fuente: eltiempo.com

Por: Omar Orlando Tovar Troches – ottroz69@gmail.com

Con tristeza, no de opinador, sino de colombiano, tengo que decir, que me apena, reitero, no por mi ego, sino por las comunidades afectadas, tener que reiterarme en un mismo tema: La horrible crisis que afrontan las buenas personas que habitan el litoral pacífico colombiano.

Después de algo más de tres años, es deplorable tener que retomar una columna sobre la misma tragedia: el olvido, el racismo, la exclusión, la manipulación, el saqueo y la corrupción que se han tomado a sangre y fuego la vida de chocoanos, vallunos, caucanos y nariñenses.

En mis líneas de 2017 (ESE TAL PAZIFICO NO EXISTE – Proclama del Cauca), me atrevía a tomar palabras de algún pensador Pacífico, quien dijo alguna vez sobre el Departamento del Chocó, que éste era un territorio de cara al Océano Pacífico y con la espalda de Colombia a sus espaldas, o algo así, como diría el Chapulín Colorado.

Cuatro años más tarde, me toca, con desconsuelo, pero  con la misma indignación, apropiarme de las palabras de un líder social de Buenaventura, para señalar el desconocimiento, el olvido, la exclusión, o el desprecio, con el que algunos personajes de la otra Colombia, miran a las personas del pacífico, cuando al contestarle a una periodista de un medio afín al poder, Leonard Rentería dijo: “A ustedes les debería dar vergüenza decir eso que están diciendo, les debería dar vergüenza que cómo vamos a perjudicar a 50 millones de colombianos, cuando los 50 millones de colombianos no piensan en nosotros, que somos los que hacemos posible que a ustedes les llegue la mercancía y les llegue todo lo que les llega a su casa. Debería darles vergüenza y deberían sentir empatía por un pueblo que le ha dado tanto a este país y este país no ha hecho más que desconocerlo, que comportarse de forma racista y tratarnos como nos tratan”

Casi que decir o escribir algo más sobra. Lástima que no es así.

A pesar de la inmensa solidaridad que despertó en las redes sociales la digna respuesta de Leonard Rentería, uno de los tantos Bonaverenses cansados de su tragedia, la verdad es que todavía persiste en buena parte de la opinión pública de Colombia, esa cierta indiferencia, esa cierta incomodidad por la protesta de las personas del pacífico colombiano, debida quizás, a la constante estigmatización racista y política, con la que un gran sector de la élite centralista de Colombia, se refiere a esta zona del País, que es esa misma seudo aristocracia criolla, representada por periodistas como Paola Ochoa, Ricardo Ospina y demás congéneres de su casa periodística, que hacen eco de una minoría que cree que el ombligo del mundo está en Bogotá, cuando no, a los pies del poder.

Foto de Contagio Radio

En ese triste orden de ideas, se hace necesario recordarle a esa otra Colombia, la que está de espaldas al pacífico, que la posibilidad de otro paro en Buenaventura o incluso la reactivación de la Minga Social del suroccidente colombiana, está más que justificada. Cuatro años después de los paros del Chocó, de la Minga y de Buenaventura misma; la tragedia social que los originó sigue siendo la misma, sólo que ahora con los ilegales patrullando, amenazando y asesinando a la vista de todos, incluso la de los agentes del estado, encargados de defender la vida, honra y bienes de sus paisanos.

La respuesta de este gobierno, al igual que la de sus predecesores de derecha y de extremo centro, ha sido la misma, más consejos de seguridad, más anuncios de recompensas, de inversiones y más pie de fuerza. Hace cuatro años, hace veinte años, hace cien años, las exigencias del pacífico a ese centro blanco de Colombia, enriquecido a costillas del pacifico indio y negro eran y son las mismas: techo, pan, salud, educación, trabajo, paz y vida, nada más, pero nada menos, así lo constatan los historiadores al hacer mención en sus trabajos acerca del pacifico: “Las regiones del litoral pacífico experimentaron efectivamente un desarrollo al margen del país, … Los asentamientos, casi exclusivamente negros, están distribuidos en caseríos y pueblos pequeños o veredas alineados a lo largo de los ríos y constituidos por parentelas, y dieron lugar a una organización cultural, social y política original alejada de los esquemas elaborados por las sociedades coloniales – y después independientes- del centro del país.” (Hoffman, 2007, pág.21) ^*

Pareciera ser que, salvo en periodos de elecciones, a los que resultan ser elegidos, no en representación de los indios, negros y mestizos campesinos del pacífico, sino de los poderosos gremios de la producción, lo único que les interesa de estas gentes, es su apoyo, sus votos y su aquiescencia para acabar de saquear las riquezas de los erarios municipales y departamentales, pero sobre todo; para autorizarles a sus jefes de Bogotá, Miami, Washington y Europa, la explotación de las riquezas naturales de este incómodo, pero abundante pacífico y claro, ¿cómo no?; la autorización para entrar por el moderno puerto de Buenaventura, dirigida al centro blanco, aristocrático o de clase media que se cree igual; las mercaderías que les permiten vivir bien y criticar la haraganería de los revoltosos del pacífico.

Cuatro años y lo único que le interesa a algunos líderes y lideresas de opinión, es que puedan entrar al país el calzado, la ropa, los electrodomésticos, la comida y demás chécheres que les permita reafirmarse como gente bien, así sus tarjetas de crédito permanezcan en aterrador saldo rojo, del mismo color de los trapos de la pobrecía, a la que esas exportaciones ha dejado sin trabajo, los mismos trapos rojos de hambre de los campesinos que salen a regalar sus productos a la carretera, el mismo rojo de la sangre de los jóvenes del pacífico, que no han encontrado otro camino que el de matar o ser víctimas de esos nuevos-viejos patrones y matronas del mal, que encuentran en su enriquecimiento, la justificación suficiente para mantener a 50 millones de colombianos y colombianas de espaldas al pacífico.

 

* Hoffman, Odile, Comunidades negras en el pacífico colombiano, Innovaciones y dinámicas étnicas, 2007, CONACYT (Méjico), Ediciones Abya – Yala, Quito-Ecuador, ISBN 978-9978-22-694-0 Recuperado de: https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1038&context=abya_yala