GOLPE DE ESTADO DE LA DERECHA
EN EL CONGRESO
No es un juego de palabras, no es un vaticinio, no es
una campaña de desprestigio; simplemente es la constatación del deseo de la
derecha colombiana, de perpetuarse en el poder, cooptando para si los entes de
control, por medio de una reforma a la Constitución Política de Colombia,
agenciada a través de los proyectos de Actos legislativos: PAL 13-21; “Por medio del cual se
establece la forma de elección del Contralor General de la República, el
Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Fiscal General de
la Nación” y el PAL 320-2021C; “por medio del cual se
reforma la justicia”.
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| Imagen tomada perfil facebook del autor |
Mientras
muchos de los colombianos del común, sobre todo, aquellos que siguen pensando
que la política no les interesa, porque no sirve para nada o aquellos otros que
hicieron campaña por el Referendo Anticorrupción, no obstante, seguir votando
por los mismos; están por ahí entretenidos, viendo a los esfuerzos de adorables
mayores, para alcanzar una última oportunidad de fama en un concurso de
televisión, discuten si Ospina ha sido o no el mejor arquero de la selección
Colombia de Futbol de todos los tiempos, o celebran alborozados, la obra y
gracia de una nueva santa paisa; esa política que no les interesa, está a punto
de asestarle un mortal golpe a la democracia y la vida civil de Colombia: Gol
caracol ...¡Se metioooo!
De manera
sigilosa, casi que, a escondidas, los emisarios de las élites económicas y
políticas del país; han puesto en movimiento, al interior del congreso
colombiano; toda una estrategia de derrumbamiento del sistema de contrapesos
institucionales, propio de las democracias liberales de occidente. El primer
paso consistió en la apropiación del congreso, a punta de alianzas no santas, con grupos
extremistas de derecha, de forma que, a punta de manipular el miedo de los
ciudadanos, como consecuencia de una guerra iniciada por las mismas élites casi
dos siglos atrás; lograron posicionar en el congreso, todo un conjunto de
dilectos agentes políticos a su servicio, capaces de instaurar una especie de
dictadura constitucional, disfrazada de democracia, durante los últimos veinte
años de régimen uribista.
Apalancados
en la llamativa arquitectura institucional del estado, plasmada en la
Constitución Política de 1991, los políticos tradicionalistas, adscritos a los
partidos de derecha en el Congreso de la República colombiana, en complacencia
conveniente con el espíritu mesiánico de la ultraderecha colombiana,
personalizada en Álvaro Uribe Vélez y vuelta ideología en el uribismo, se han
dado a la tarea de nombrar, periodo tras periodo, en los entes de investigación
y control, a personas afines a su línea política, o al menos, dispuestos a
tranzar impunemente, favores políticos, por frondosas nóminas, en Procuraduría,
Contraloría, Fiscalía, Defensoría y Registraduría. Así lo han hecho durante el
tiempo, aunque no de manera oculta, sino a la vista de todos, en vivo y en
directo por unos medios de comunicación, alguna vez el cuarto poder
fiscalizador de la opinión pública, convertidos desde tiempo atrás, en tribunas
propias de los poderosos. Gol, gol, gol...gol caracol ... ¡Se metiooo!, Una vez
más.
Con la
complicidad de una inmensa mayoría de colombianos, con serios problemas de
educación política, mal informados, pero, sobre todo, manipulados; la derecha
colombiana, ha venido dando los pasos necesarios para retener el poder del
estado colombiano; así lo ha venido demostrando, con los múltiples intentos de
reelección de su jefe supremo, el ex presidente, ex senador e imputado; Uribe
Vélez. Contando con la venia de las federaciones de municipios, capitales y
departamentos y con las organizaciones de juntas comunales; recientemente, el
uribismo, intento una vez más, en medio de la peste del Covid19, prolongar el
periodo del que dijo Uribe, hoy encargado de la presidencia de Colombia y por
ahí derecho, el de alcaldes y gobernadores, agremiados en las mencionadas
federaciones, dirigidas por controvertidos personajes, también afines al
uribismo; intentando cambiar un articulito, a petición de Toro, Tavera y Ordosgoitia.
Ahora,
envalentonados, o quizás, un tanto nerviosos, por los recientes levantamientos
populares, iniciados en el 2018 y exacerbados por la ineptitud y la corrupción
del actual gobierno nacional; los emisarios de la derecha en el congreso,
después de haber nombrado en los entes de control, registro e investigación a
fichas afines al uribismo, dedicados a torpedear el proceso de paz, pero sobre
todo, a obstruir cuanta investigación se inicie en contra de los miembros del
uribismo; pretenden completar su sutil estrategia de Golpe de Estado
Institucional, intentando “flexibilizar”, aún más, algunos requerimientos para
el nombramiento de personas idóneas, en la dirección de estas entidades, pero
sobre todo, y he ahí el horror; intentando brindarle impunidad institucional, a
los titulares de Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y otros funcionarios de alto
nivel, trasladando la competencia de su investigación y juzgamiento, de la
Honorable Corte Suprema de Justicia, a la muy controvertida e inane Comisión de
Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Esta
promesa de impunidad, ofrecida a quienes están encargados de investigar y
sancionar la agobiante carga de violencia y de delincuencia que se cierne sobre
todos los ciudadanos, de velar por el buen comportamiento de los funcionarios,
sancionar sus abusos y ponerlos al recaudo de la justicia, o de dar fe del
estado civil y de llevar a cabo y garantizar los procesos de elecciones; no
permite creer en un buen futuro para uno de los países, con mayores índices de
desigualdad económica, con serias sospechas de degradación del conflicto e
irrespeto total por los derechos humanos y con una corrupción que asusta, como
Colombia.
Esta
intentona de asegurarse sí o sí, el poder político, pero sobre todo, el poder
sancionatorio, ante un futuro político incierto, en el que la izquierda y los
movimientos progresistas y alternativos a la derecha tradicional colombiana,
tienen serias posibilidades de hacerse con el gobierno nacional y aumentar el número
de curules en el congreso; es una apuesta muy riesgosa, en un ambiente de
inseguridad y terror, que ya tiene agobiada a una sociedad cansada de la falta
de acceso a la justicia y que ve, como este intento de cambio de la
Constitución, nuevamente corroborará la percepción de que la sanción de la
justicia es únicamente para los de ruana.
La promesa
de impunidad para la actual clase dirigente, incluidos, sus amigos los
contratistas (centros poblados, etc.), podría estar gestando escabrosos hechos
de justicia propia, como el ocurrido con los niños de Tibú, mucho más, si como ha venido aconteciendo en los dos
últimos años, los excesos de la fuerza pública y los aberrantes casos de
corrupción, han puesto en entredicho, la eficiencia de estos mismos entes de
control, exacerbando aún más, los ánimos de una sociedad asustada y desesperada.
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