Davos: el lugar donde el poder decide y el mundo obedece sin mirar *

 

Protestas en Davos - Suiza. Imagen tomada de Yahoo-Finanzas

Por: Jhon Flórez

El problema no es Davos. El problema es un mundo que aprendió a mirar hacia otro lado mientras le escriben el futuro… y que, en un gesto final de obediencia agradece no haber sido invitado a decidirlo.

Cada enero, mientras la mayor parte de la humanidad sobrevive atrapada en deudas que se reproducen con más eficacia que cualquier política pública, bajo salarios licuados, trabajos fragmentados y angustias cuidadosamente privatizadas, las pantallas cumplen su función histórica: seducen, distraen y anestesian. Fútbol, farándula, guerras convertidas en espectáculo y crisis reducidas a titulares fugaces componen la vieja estrategia del pan y circo, ahora relanzada en 4K, interactiva y con patrocinio financiero. En ese paisaje de distracción administrada, un pequeño pueblo alpino se consagra como el auténtico kilómetro cero del poder global. Davos no es una postal suiza ni un foro más: es el retiro invernal donde las élites, envueltas en lana cara, cafés orgánicos y jerga tecnocrática, ensayan el rediseño del mundo con la serenidad de quien jamás pagará el precio de sus decisiones.

Lo que allí se acuerda no desciende como política, sino como destino. No llega como debate, sino como “realidad”. Se filtra luego sobre sociedades que apenas perciben el evento como ruido blanco, sin tiempo ni margen para preguntarse qué se decide, quién decide y —detalle sistemáticamente omitido— quién cargará, una vez más, con las consecuencias. Davos no convoca pueblos: administra daños. No gobierna Estados: calibra el perímetro de lo posible. Su éxito no reside en la visibilidad, sino en la opacidad funcional con la que convierte decisiones políticas en fatalidades técnicas.

El Foro Económico Mundial nació en 1971 como un discreto encuentro de ejecutivos europeos interesados en aprender las “buenas prácticas” del management estadounidense. Con el tiempo, mutó en una liturgia anual del poder global: jefes de Estado, altos ejecutivos, banqueros, burócratas transnacionales, gurús tecnológicos y fabricantes de opinión reunidos bajo un mismo techo, hablando de diálogo, cooperación, sostenibilidad e innovación, mientras el mundo real se fragmenta, se empobrece, se endeuda y se militariza sin invitación. Davos no representa a la humanidad: la gestiona simbólicamente. No expresa intereses universales: los sustituye por narrativas de consenso.

Su verdadero poder no radica tanto en decidir (que también se hace), sino en hacerlo sin votar, sin actas, sin control democrático y sin responsabilidad política directa. Allí no se gobierna, pero se orienta; no se legisla, pero se condiciona; no se despliegan ejércitos, pero se diseña el terreno donde estos se vuelven necesarios. El poder contemporáneo ya no necesita imponerse por la fuerza: le basta con hacer pasar lo decidido como inevitable. La ideología triunfa cuando se disfraza de sentido común.

En 2026, Davos llega atravesado por una tensión internacional extrema. La llamada “era de la competencia” dejó de ser una categoría académica para convertirse en experiencia cotidiana: guerras abiertas, disputas territoriales, chantajes energéticos, colapso climático y un orden internacional que se deshilacha a plena vista. El retorno de Donald Trump ya no aparece como anomalía histórica, sino como síntoma estructural: la amenaza sobre Groenlandia, el reciclaje explícito de la doctrina Monroe —ahora con branding renovado— y la confirmación tácita de que el derecho internacional es un adorno prescindible cuando incomoda a Washington. La legalidad global se tolera solo mientras no interfiera con la acumulación.

Gaza, Groenlandia, Ucrania, Taiwán, Venezuela y el Ártico no son episodios aislados, sino piezas de un mismo tablero. En Davos, incluso el despojo se formula con lenguaje técnico: la rapiña se presenta como “negociación racional”; la guerra se vuelve “ajuste geopolítico”; el saqueo, “optimización de recursos”. Tucídides sigue vigente: los fuertes hacen lo que pueden; los débiles sufren lo que deben. La diferencia es que ahora el cinismo se pronuncia en inglés corporativo y se aplaude en paneles patrocinados.

Klaus Schwab comprendió algo esencial: el capitalismo no sobrevive solo con ganancias; necesita relato. De ahí emergen fórmulas como “capitalismo participativo”, “economía social de mercado”, “desarrollo sostenible” o “Gran Reinicio”: oximorones cuidadosamente pulidos para maquillar una concentración de poder cada vez más obscena. La Cuarta Revolución Industrial avanza expulsando trabajadores, normalizando la vigilancia, privatizando datos y delegando decisiones humanas a algoritmos que nadie eligió y nadie controla. La promesa de eficiencia encubre una transferencia silenciosa —pero brutal— de poder.

El paso de Elon Musk por Davos fue una caricatura perfecta del momento histórico: bromas cínicas, confusión entre paz y pedazo, promesas de robots cuidadores y la fantasía de un mundo donde los vínculos humanos son un estorbo. La sátira se vuelve tragedia cuando se constata que el sistema ya ha producido sujetos suficientemente domesticados como para aceptar ese horizonte sin resistencia. El futuro ya no se discute: se consume como demo tecnológica.

Si Davos funciona como el laboratorio del nuevo orden global, América Latina comparece allí no como sujeto histórico, sino como objeto de administración. No delibera: es deliberada. No propone: es procesada. Su lugar no es el de la decisión, sino el de la ejecución. Y lo más grave es que esta condición no obedece únicamente a presiones externas, sino a una elección consciente de amplios sectores de las élites políticas y económicas regionales, que han convertido la subordinación en estrategia, la obediencia en virtud y la renuncia a la soberanía en proyecto político. La dependencia ya no se impone solo por la fuerza: se internaliza como racionalidad de gobierno.

En ese esquema, la regla es simple y brutal: los gobiernos dóciles son premiados; cualquier atisbo —incluso tímido— de autonomía es castigado. Argentina, Ecuador, El Salvador y el giro reciente de Chile encarnan la obediencia convertida en política de Estado. México, Cuba, Colombia y Brasil son periódicamente disciplinados cuando ensayan márgenes propios de decisión. La presión mediática, financiera, diplomática y jurídica opera como una pedagogía del sometimiento finamente calibrada. No persuade: adiestra.

Venezuela, sin embargo, no encaja del todo en ese libreto. No ha sido convertida en epicentro de disputa por la naturaleza de su régimen político, ni por la retórica selectiva de los derechos humanos, ni siquiera por el sufrimiento real de su población bajo un bloqueo económico prolongado. Su singularidad es más elemental y peligrosa: posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. En el orden global contemporáneo, esa riqueza no es un derecho soberano, sino una provocación geopolítica. Venezuela no es castigada por lo que hace, sino por lo que es. Su tragedia no es solo política ni moral: es material. Y revela una verdad incómoda del sistema internacional: la soberanía es tolerable hasta que se ejerce sobre recursos vitales; a partir de ahí, se convierte en amenaza.

Colombia, enclave histórico de Washington, enfrenta hoy con particular crudeza su dilema más persistente: profundizar su proyecto progresista que conciba la autonomía —política, económica y geopolítica— como condición material del desarrollo, o replegarse, una vez más, sobre la senda conocida de la dependencia administrada, presentada cínicamente como estabilidad. Cualquier intento de avanzar hacia la paz, la justicia social, la integración regional o una política exterior mínimamente no subordinada activa de inmediato los dispositivos del cerco político, mediático y financiero, verdaderos aparatos de corrección ideológica del orden hemisférico. No se trata de una anomalía coyuntural, sino de la reiteración mecánica de un libreto disciplinario largamente ensayado. En Colombia, como en buena parte del sur global, la autonomía nunca ha sido un problema técnico: es una falta moral imperdonable.

Si Davos es el laboratorio del orden global, sus réplicas regionales funcionan como salas de ensayo. No deciden el guion, pero aprenden a recitarlo. Bajo esa lógica debe leerse el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por la CAF en Ciudad de Panamá: una versión tropicalizada del ritual, con más calor humano, menos nieve y el mismo léxico cuidadosamente higienizado. Se habla de inclusión sin tocar acumulación; de crisis climática sin incomodar al capital fósil; de soberanía sin rozar el control real de los recursos. El foro no engaña: administra expectativas.

En ese escenario, la intervención de Gustavo Petro introduce una fisura incómoda. No rompe el dispositivo, pero lo tensiona. Petro no habla el idioma de la resignación tecnocrática: nombra la desigualdad como producto histórico, la crisis climática como consecuencia directa del capitalismo fósil y la deuda como mecanismo estructural de dominación. No ofrece recetas de manual ni promesas de “estabilidad macroeconómica” vaciadas de contenido social. Recuerda —con una obviedad casi subversiva— que la riqueza no nace del mercado, sino de la tierra y del trabajo vivo; que no hay transición energética sin justicia social; que no existe democracia viable bajo desigualdad extrema.

Por eso incomoda. Porque introduce política donde se esperaba gestión, conflicto donde se buscaba consenso, historia donde se exigía olvido. La reacción del foro es elocuente: escucha atenta, aplauso medido, archivo inmediato. La crítica es absorbida, neutralizada, convertida en “voz interesante”. Así opera el poder contemporáneo: no censura, encuadra; no reprime, diluye; no silencia, administra. Davos no es un lugar. Es un método. Un dispositivo que produce realidad mientras simula discutirla. Y su mayor triunfo no es concentrar poder, sino lograr que la mayoría no entienda cómo opera, ni dónde, ni para quién.

América Latina sigue entrando allí como proveedor, experimento o súbdita. El verdadero riesgo no es quedar fuera de Davos ni de sus sucursales tropicales. El verdadero riesgo es seguir entrando de rodillas, aceptar el guion como destino y llamar a esa renuncia “pragmatismo”.

Porque cuando la dominación ya no necesita esconderse, cuando el poder se presenta como consenso y la desigualdad como orden natural, el problema no es Davos. El problema es un mundo que aprendió a mirar hacia otro lado mientras le escriben el futuro… y que, en un gesto final de obediencia perfecta, incluso agradece no haber sido invitado a decidirlo.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

La arquitectura constitucional de 1991 y la crisis de la Justicia

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@Gmail.com-

La suspensión del decreto declaratorio del estado de emergencia impide al gobierno expedir nuevos decretos legislativos basados en esa figura. Sin embargo, los decretos legislativos ya dictados mantienen su validez y continúan produciendo efectos jurídicos. José G. Hernández – Ex magistrado de la C. Constitucional

Han transcurrido más de tres décadas desde que la Carta Política de 1991 ilusionó a una nación con un nuevo pacto social, fundado en la promesa de un Estado Social de Derecho, pluralista y con mecanismos robustos para proteger la democracia y los derechos fundamentales. Hoy, sin embargo, ese edificio constitucional muestra grietas estructurales profundas, evidenciando no solo inconveniencias, sino fallas sistémicas que comprometen su legitimidad y eficacia. El diagnóstico es claro: Colombia requiere, con urgencia, un profundo rediseño de la arquitectura de su Estado. Si bien, una Asamblea Nacional Constituyente es y debe ser objeto de un debate nacional serio y no exento de cautelas, la necesidad de una reforma estructural es cada día más ineludible.

El núcleo de la crisis actual reside en la perversión del esquema de pesos y contrapesos, específicamente en la cooptación política de las altas cortes y los órganos de control. El diseño de elección de magistrados para la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, basado en un sistema de listas y postulaciones en las que el Congreso colombiano tiene la última palabra, ha degenerado en la práctica nociva del “tú me eliges, yo te elijo”, una práctica política que, lejos de garantizar independencia, ha sembrado el clientelismo en el corazón del poder judicial. El resultado no es la selección de los más idóneos por su excelencia técnica o trayectoria intachable, sino la composición de cortes cuyos integrantes reflejan, con demasiada frecuencia, los pulsos y cuotas de poder de las coaliciones políticas dominantes en el legislativo.

Esta cooptación ha tenido un efecto corrosivo debido a que las decisiones de las altas cortes, que deberían ser faros de imparcialidad y rigor jurídico, están siendo observadas por la ciudadanía con una suspicacia creciente, al percibirse en ellas excesivos sesgos ideológicos, partidistas y clasistas. En este reiterado escenario, se ha diluido la línea entre la interpretación jurídica y la defensa de intereses políticos o económicos particulares. La independencia judicial, pilar fundamental de cualquier democracia, se ve así socavada desde su base, transformando a los máximos tribunales en arenas de disputa política por otros medios, desnaturalizando su función esencial en un Estado Social de Derecho.

Un ejemplo reciente y aleccionador de esta crisis es el manejo dado por la actual Corte Constitucional a los Decretos de Emergencia Económica, expedidos por el actual gobierno nacional de Gustavo Petro. Al abandonar una línea jurisprudencial de casi 30 años, que privilegiaba el examen de fondo sobre la constitucionalidad de las normas sometidas a su control, para enredarse en discusiones no tan indispensables, para ampliar, de manera cuestionable, la discusión exclusivamente constitucional de fondo; la Corte apareció ante la opinión pública no como el guardián abstracto de la Carta, sino como un actor político más. Esta actuación, interpretada por muchos como alineada con los intereses de la oposición política al gobierno nacional, erosiona la credibilidad de la institución.

A esta crítica funcional se suma una de carácter ético y moral relacionada con la sombra de desconfianza en la probidad de algunos magistrados. Casos como los de magistrados cuyos pasados están marcados por señalamientos de manejo clientelista, o aquellos envueltos en escándalos personales que comprometen su imagen de integridad [1], son una herida autoinfligida a una institución como la Corte Constitucional que debe estar compuesta por personas cuya vida pública y privada resista el escrutinio más severo.

Este panorama se agrava por las peculiaridades del modelo de justicia colombiano, que combina tradiciones del derecho continental con una enorme preponderancia de la jurisprudencia. Esta combinación puede generar inseguridad jurídica al favorecer interpretaciones volubles, debidas a que, el cambio de composición de una sala, a su vez, puede significar un giro abrupto en la jurisprudencia, generando escenarios más ligados a la correlación de fuerzas ideológicas al interior del tribunal que a una evolución doctrinal sólida y previsible.

La suma de estos factores (cooptación, sesgo, desconfianza en la probidad e inseguridad jurídica) configura una crisis de legitimidad de las altas cortes. Cuando estas dejan de ser vistas como instancias técnicas y se las percibe como apéndices del juego político, el sistema en su conjunto se resiente. El riesgo es que, ante esta debilidad, las cortes queden expuestas a nuevos y más graves ataques en el futuro, como los que ya padecieron en los periodos de gobierno uribista, en los que su independencia fue acosada y puesta en jaque.

Por todo lo anterior, el llamado a un rediseño profundo de la arquitectura estatal no es un capricho académico ni una maniobra política coyuntural. Es una necesidad imperiosa para salvar a las instituciones de sí mismas. Se requiere repensar, entre otros, los mecanismos de elección de magistrados para blindarlos de la cooptación partidista, fortalecer los criterios de mérito e idoneidad, establecer períodos que impidan la búsqueda de reelecciones politizadas y revisar el modelo de justicia para dotarlo de mayor coherencia y predictibilidad.

La Carta política de 1991 abrió puertas fundamentales en materia de derechos, pero falló en construir los diques suficientes para proteger la independencia judicial de la vorágine política. El momento es ahora, antes de que la erosión de la confianza en la justicia sea irreversible. Colombia merece unas instituciones que funcionen con armonía, independencia y, sobre todo, con una legitimidad inquebrantable. Lograrlo exige el coraje de reformar lo que, evidentemente, ya no funciona.

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[1] Carlos Camargo, el cuestionado por clientelismo, llega a la Corte Constitucional - Cuestión Pública /

Magistrado Jorge E. Ibáñez acatará fallo que le ordena retractarse por afirmaciones sobre la madre de su hijo

El Atraso Académico de la Derecha colombiana.

Poder, violencia y silencio: La realidad global que padecen las mujeres *

 

Por: Andrea B. Romero

La mujer asesinada a tiros por un agente federal de inmigración en la ciudad estadounidense de Minneapolis ha sido identificada como Renee Nicole Good, una madre de tres hijos de 37 años que acababa de mudarse a la ciudad. https://www.bbc.com/news/articles/c1jepdjy256o 

La comunidad educativa del norte del Cauca está de luto tras el fallecimiento de Lucely Villegas Ipia, reconocida profesora indígena, quien murió luego de resultar gravemente herida en un hecho de fleteo ocurrido en Santander de Quilichao. https://proclamadelpacifico.com/tristeza-por-muerte-de-docente-tras-fleteo-en-quilichao/ 

El dolor es inmenso y la indignación desborda el cuerpo, pero los escribo con nombre de mujeres: Lucely y Renee. Y me niego a que se disuelvan en el anonimato de las estadísticas. 

Soy una mujer que escribe con las manos temblorosas, no de miedo, sino de una rabia fría y lúcida. Una rabia que nace de leer, en un mismo día, dos historias sepultadas en la inmensa cantidad de información de dos países distintos, dos mundos que se creen distantes. En Minneapolis, Renee Good, una activista que documentaba los excesos del ICE, es hallada muerta. En el norte del Cauca, Lucely Villegas Ipia, una maestra que sembraba conocimiento en tierra fértil es arrancada de la vida por asaltantes. Dos mujeres. Dos luchadoras. Dos muertes que, lejos de ser casualidades aisladas, son las puntas de un mismo iceberg de horror que está hundiendo a nuestra humanidad.

Renee y Lucely no se conocieron, pero compartieron una enemiga común: la naturalización de la violencia como herramienta. La violencia del estado que, a través de agencias como el ICE ejerce un poder brutal y deshumanizante y que ahora parece ensañarse con quienes alzan la voz para denunciarlo. La violencia del crimen común, que en territorios como el Cauca ve en una profesora, no a un pilar de la comunidad, sino a un “blanco fácil”, en un cálculo macabro de poder territorial. Ambas violencias, la legal y la ilegal, beben de la misma fuente envenenada: la creencia de que el cuerpo del otro, especialmente si es mujer, si es pobre, si es indígena, si es migrante; es un territorio conquistable, desechable o silenciable.

Al conectar estos puntos en el mapa global, el patrón es aterrador. No es coincidencia, por el contrario; es el síntoma de un mundo donde el machismo no es solo un problema de relaciones interpersonales, sino la columna vertebral de un sistema de poder. El mismo desprecio por la vida que permite a un agente del ICE abusar de su autoridad o a un ejército lanzar bombas sobre escuelas en Gaza, es el que alimenta la decisión de un hombre de asesinar a su pareja, de reclutar a una niña para la guerra o de silenciar a una líder social. Es la lógica perversa que convierte la fuerza física, económica y militar, en el argumento supremo y la empatía en una debilidad.

Señalo con el dedo, consciente de que me acusarán de politizar el dolor; pero no puedo callar el hecho de que esta epidemia de violencia encuentra un caldo de cultivo fértil en aquellas ideologías que priorizan la riqueza individual, la acumulación desmedida y la libertad sin responsabilidad social. En ese espectro político que llamamos derecha, en donde el mercado se erige como dios único; la vida humana y, sobre todo, la vida de las mujeres, suelen reducirse a una ecuación de costo-beneficio. Allí, la defensa a ultranza de la propiedad y el orden suele justificar la violencia para mantenerlos, cerrando los ojos ante los abusos que esa “defensa” genera.

Y sí, en ese lado del espectro ideológico hay mujeres. Mujeres que han ascendido en estructuras pensadas por y para el poder patriarcal. Mujeres que, en su búsqueda de éxito, riqueza o prestigio, aprenden a guardar un silencio cómodo. Un silencio que es también una forma de violencia. Miran para otro lado cuando se denuncian tropelías, porque el precio de romper filas es muy alto en un mundo que premia la lealtad al sistema por encima de la lealtad al género. Son víctimas que a veces se convierten, por inercia y miedo, en cómplices de un fascismo que, aunque las use como bandera ornamental, nunca las verá como verdaderas iguales.

Renee y Lucely nos gritan desde su silencio forzado. Su sangre, pero, sobre todo, sus vidas se rebelan contra la normalización del horror. Nos recuerdan que cada vez que aceptamos un abuso menor, cada vez que justificamos el exceso en nombre de la seguridad o el progreso, cada vez que una mujer en una posición de poder calla ante la injusticia que no la toca directamente, estamos nutriendo la misma sombra que las mató.

El desafío no es solo llorarlas, el verdadero reto es reconocer que la batalla contra la violencia que las segó es la misma batalla contra un sistema económico que depreda, una política que oprime y una cultura que desprecia lo femenino. Es entender que nuestra liberación como mujeres está atada a la liberación de todos aquellos cuerpos considerados desechables por la maquinaria del poder. Hasta que no desmantelemos colectivamente la idea de que la fuerza es poder y que la vida es negociable, seguiremos escribiendo columnas sobre mujeres asesinadas cuyo único pecado fue existir, resistir o enseñar en un mundo que ha olvidado cómo ser humano.

El dolor es inmenso y la indignación desborda el cuerpo, pero los escribo con nombre de mujeres: Lucely y Renee. Y me niego a que se disuelvan en el anonimato de las estadísticas. Su memoria es ahora nuestra brújula en esta oscuridad que nos cobija a todas.

El mundial de futbol y la geopolítica un caramelo para la guerra. *

 

Por: Carlos Julio Medina Triana

¿Debería premiarse con la sede del mundial de fútbol a un gobierno con políticas hostiles hacia sus vecinos y aliados?

Vivimos en una era marcada por conflictos derivados de la disputa por recursos finitos y mercados globales. Lo que vemos hoy: el enfrentamiento entre Occidente y Oriente en suelo ucraniano es solo la antesala de tensiones mayores, tales como el control de Taiwán o el dominio del Medio Oriente a través de la alianza estratégica entre Estados Unidos e Israel. A esto se suma la persistente presión sobre los recursos de América Latina y la insólita aspiración expansionista sobre territorios como Groenlandia.

Este panorama ha deteriorado las relaciones exteriores de Washington, generando fricciones no solo con potencias europeas como Francia y Dinamarca, sino también con aliados históricos y naciones de África y Asia. En nuestra región, las provocaciones hacia países como México, Canadá, Brasil, Cuba y las amenazas directas contra Venezuela y Colombia subrayan una diplomacia de confrontación.

Bajo este clima de inestabilidad nos encontramos a las puertas de una Copa del Mundo con sede compartida entre Canadá, México y un Estados Unidos fracturado internamente. El país anfitrión enfrenta una lucha interna contra políticas xenófobas, racistas y una visión imperialista que parece priorizar el poder y el dinero por encima de la estabilidad global.

Para poder intentar alguna respuesta, primero debemos considerar que, por ejemplo, EE. UU. es una nación pluriétnica que alberga ciudadanos de todo el mundo; un conflicto externo podría trasladarse a las gradas. En ese orden de ideas ¿Debería premiarse con la sede a un gobierno con políticas hostiles hacia sus vecinos y aliados?

De acuerdo con las anteriores consideraciones y dada la volatilidad actual, ¿podría el panorama mejorar de aquí al 11 de junio o estamos ante un riesgo inminente?

Personalmente, considero que lo más sensato sería aplazar el evento o buscar sedes alternativas. De las actuales potencias globales y de liderazgos marcados por la ambición, poco podemos esperar que beneficie al espíritu de hermandad que supuestamente promueve el fútbol.

Antes de hablar de resultados deportivos o apuestas, es imperativo cuestionarnos: ¿Es prudente celebrar un Mundial en condiciones tan alteradas?

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

TEMPORADA 2026 DE LA CONVERSA DE FIN DE SEMANA

La Izquierda como antídoto contra la estupidización del capitalismo

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

La izquierda colombiana debe entender que no caben alianzas con operadores políticos oportunistas y camaleónicos, el avance electoral debe ser hacia una sociedad ética. Lo contrario; es más de lo mismo, con los mismos

Vivimos en una época de paradojas letales. Mientras la humanidad alcanza niveles de conocimiento tecnológico sin precedentes, asistimos a un proceso acelerado y paulatino de estupidización social, donde la banalidad, el pensamiento inmediatista y la renuncia al sentido crítico se normalizan como nueva cotidianidad. Como lo plantea Inger Enkvist (2006); el estúpido (tristemente en mayorías) actúa como un agresor social, al usar palabras sin atender su sentido, rechazar las razones ajenas, ignorar la realidad e imponer un “terrorismo intelectual” basado en lo irrelevante, la auto celebración constante y el elogio de la vulgaridad.

Esta patología social no es accidental; es el caldo de cultivo perfecto para un capitalismo mutante que ha transitado de la explotación industrial clásica a una nueva y más peligrosa fase: el Tecno Feudalismo (Yanis Varoufakis, 2024). Un modelo en el que una oligarquía minúscula, no solo acumula riqueza material, sino que, mediante plataformas digitales, algoritmos y financiarización extrema, secuestra la capacidad laboral, intelectual y creativa de la humanidad, al tiempo que depreda los bienes comunes naturales, mientras impone un modelo de sociedad en el que se naturaliza la violencia estructural, económica y simbólica como único lenguaje posible para resolver conflictos y además se promueven, como únicos objetivos vitales; el consumo compulsivo, la satisfacción de instintos primarios y un individualismo feroz que rompe todo lazo solidario.

Frente a esta crisis civilizatoria, las respuestas políticas disponibles parecen insuficientes o cómplices. El Progresismo, tal como lo observa Pablo Heller (2023), ha mostrado entre muchos de sus impulsadores y militantes, una tendencia profunda a la adaptación al régimen capitalista, evidenciando una orientación predominantemente electoralista y “democratera”, que solo busca, mediante el ejercicio electoral caudillista, acomodarse dentro del orden vigente para medrar y conseguir escaños, a menudo mediante alianzas con las mismas fuerzas de derecha que dice combatir.

Esta izquierda diluida, autodenominada como Progresista ha aprendido las formas y objetivos de sus adversarios de derecha, vaciándose de todo horizonte transformador, echando mano, para aparentar diferencia, de los discursos, e incluso, de las plataformas de movimientos político-culturales al margen de los partidos, que han logrado politizar cruciales agendas sociales (étnicas, ecológicas, de género, decoloniales, etc.) al introducir nuevos significados de ciudadanía en contextos como el colombiano; sobre todo el de las grandes ciudades en donde los avances emancipatorios en el imaginario social son escasos. A este respecto, Lilian Celiberti (2016) constata con amargura que la reproducción de lógicas corruptas, incluso en gobiernos progresistas, demuestran que la bandera de la democracia liberal, hoy, es con frecuencia un acto de hipocresía que oculta un vacío de proyecto.

Por ello, es urgente abandonar los eufemismos y la llamada corrección política que solo sirven para ocultar lo que debe ser reivindicado con claridad y orgullo: el socialismo como la única alternativa política, económica y ética integral capaz de enfrentar esta decadencia. No un socialismo de caricatura o de estado burocrático, sino uno releído desde la urgencia del siglo XXI. Un socialismo que entienda que la estupidización social no es un defecto intelectual, sino un fracaso moral que surge cuando el poder corrompe, liberando al individuo de la necesidad de pensar críticamente, tal como lo sugiere la teoría de la estupidez de Dietrich Bonhoeffer. Esta izquierda, salida del closet, debe asumir que contra el mal no basta la inteligencia discursiva, sino una acción ética decidida que enfrente la irracionalidad organizada del sistema, precisamente allí, en lo que el capitalismo tecno feudal busca erosionar.

El desafío, entonces, no es ganar elecciones para “administrar lo existente”, si no la disputa por la creación de nuevas institucionalidades desde abajo, desde la raíz y, como plantea Isabel Rauber (2024); reformular el Estado y la comunidad. Se trata de un proyecto de nueva civilización cuyo eje sea la defensa de la vida en todas sus dimensiones: en la relación sociedad-naturaleza, en los modos de producción, en las relaciones sociales despatriarcalizadas y descolonizadas, en la salud integral y en una educación basada en valores éticos solidarios. Esto implica recuperar y radicalizar la lucha estratégica por una transformación social profunda, una revolución social que, en términos de Heller; ponga fin a la dictadura del capital.

El socialismo, por tanto, debe dejar de ser un fantasma que se esconde tras el término “Progresista”. Debe emerger como una opción real de poder: un proyecto que ofrezca un horizonte político, económico, administrativo y cultural en el que se prioricen la ética y la coherencia entre el discurso y la acción, una propuesta en la que se sustituya el individualismo depredador por la organización comunitaria y que defienda la propiedad social de los recursos, la tecnología y los medios de producción. Debe avanzar en su consolidación como única alternativa política que plantea, de raíz, la superación de la lógica del beneficio privado como motor de la historia a costa de la miseria y la muerte de millones de seres humanos.

La izquierda colombiana tiene la tarea de construir ese camino, sin complejos, con la claridad de que, en esta disyuntiva histórica, no hay neutralidad ni acomodo posible, tampoco caben las alianzas de conveniencia con operadores políticos oportunistas y camaleónicos, el avance electoral, debe ser el avance hacia una sociedad ética y humanista. Lo contrario; es más de lo mismo, con los mismos.

Fuentes consultadas para la elaboración de estas reflexiones:

Inger Enkvist. (2006). Sobre la estupidez y los estúpidos. En: https://www.nuevarevista.net/sobre-la-estupidez-y-los-estupidos/

Isabel Rauber (2024). Izquierda Teoría y praxis. En: https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2024/06/V1_Izquierda-teoria-y-praxis_N8.pdf

Lilian Celiberti. (2016). Rescatar la esperanza. Más allá del neoliberalismo y el progresismo. En: https://www.ocmal.org/wp-content/uploads/2017/05/RescatarEsperanza_web.pdf

Pablo Heller. (2023). La lucha por el socialismo en el siglo XXI. En: https://revistaedm.com/edm/60/la-lucha-por-el-socialismo-en-el-siglo-xxi/ 

Yanis Varoufakis. (2024). Tecnofeudalismo. El sigiloso sucesor del Capitalismo. Editorial Deusto.

La economía de la culpa: salario mínimo, poder y domesticación social *

 

Imagen tomada de: negociacion salarial - Buscar con Google

Por: Jhon Jaiver Flórez G. 

El asalariado que apenas sobrevive con el mínimo ha sido entrenado para temer su propio aumento, para sospechar de cualquier mejora material, para aceptar que su derecho a vivir con dignidad constituye una amenaza para la economía.

Durante más de tres décadas, Colombia escuchó la misma consigna repetida con solemnidad técnica y tono de verdad revelada: contener el salario mínimo es la vía más segura para crear empleo. Se dijo en consejos gremiales donde la palabra “equilibrio” siempre pesó más que la palabra “vida”; se escribió en editoriales económicas que confundieron estabilidad con resignación; se estampó en documentos del Banco de la República como si se tratara de una ley natural y no de una opción política; y se repitió, año tras año, en mesas de concertación salarial donde la correlación de fuerzas rara vez fue justa. El salario debía ser prudente, moderado, responsable. El trabajador, paciente. La pobreza, un daño colateral transitorio.

Han pasado más de treinta años. El empleo prometido no llegó. Lo que sí llegó —y se quedó— fue la precariedad. El mito fundacional del modelo tuvo lema y escenografía. Con el eslogan “Bienvenidos al futuro”, el gobierno de César Gaviria lanzó una modernidad de vitrina: privatizaciones rápidas, apertura económica sin red y reformas que entregaron salud, pensiones y servicios públicos al gran capital, todo bajo el optimismo tecnocrático de la eficiencia. Mientras la Constitución de 1991 prometía un Estado Social de Derecho, el trabajo dejó de ser derecho y pasó a ser costo, y la modernización comenzó a medirse no por el bienestar creado, sino por los derechos recortados en silencio.

El salario, antes concebido como mecanismo de integración social, fue rebautizado como “costo laboral” y sometido a la lógica de la reducción constante, en nombre de la inversión extranjera y la disciplina macroeconómica. El futuro llegó, sí, pero llegó cobrando peaje: derechos sociales en liquidación, trabajadores a precio mínimo y un Estado que aprendió a llamar modernización a la renuncia sistemática de sus obligaciones.

Desde entonces, cada aumento del salario mínimo se negoció bajo amenaza. Si sube demasiado —advierten— se destruye empleo. Si acompaña la inflación, se disparará la informalidad. Si se atreve a crecer por encima de la productividad, vendrán las catástrofes anunciadas con tono apocalíptico y gráficos alarmantes. El resultado fue un salario mínimo que, año tras año, alcanzó apenas para sobrevivir, últimamente ni siquiera para eso, mientras el costo de vida sube con paso firme. La teoría justificadora es clara y persistente: primero crecer, luego distribuir. Pero ese “luego” nunca llega.

Las cifras no respaldan el dogma neoliberal; lo desnudan. Durante las últimas tres décadas, Colombia mantuvo uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina en relación con el costo real de la canasta básica, al tiempo que exhibió tasas de informalidad estructural superiores al 45%, desempleo crónico y una de las desigualdades más altas del continente. El salario precarizado no generó empleo masivo. Generó trabajadores empobrecidos.

Desde una perspectiva teórica, esta política se inscribe en lo que Karl Polanyi denominó la mercantilización del trabajo: tratar la fuerza laboral como una mercancía más, separada de las condiciones materiales de existencia. Cuando el salario deja de cumplir su función social —reproducir la vida— se transforma en frontera moral: señala hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado en su compromiso con la dignidad humana.

El empleo generado fue, en gran medida, informal, inestable y mal remunerado. El crecimiento económico, cuando ocurrió, no se tradujo en bienestar generalizado. La riqueza se concentró. La productividad no despegó. El modelo descansó más en la flexibilización laboral que en la innovación, más en el abaratamiento del trabajo que en la sofisticación productiva. La economía creció. La vida no.

En este contexto, el auxilio de transporte reveló su verdadera función: más que un derecho, un parche estructural. Concebido para cubrir la movilidad básica, terminó siendo la admisión silenciosa de que el salario mínimo no alcanza para vivir. Su incremento anual no amplía bienestar; administra carencias. No integra al trabajador a la ciudad ni a la vida digna: lo mantiene operativo, facilita llegar al trabajo, pero no sostenerse con él. Es un auxilio que garantiza presencia, no dignidad.

Durante décadas, los incrementos del salario mínimo fueron incipientes, casi siempre apenas por encima de la inflación. El argumento fue fiel al libreto heredado: proteger la competitividad, evitar presiones inflacionarias, preservar el empleo formal. En términos nominales, hubo aumentos. En términos reales, hubo retrocesos.

Salario mínimo más auxilio de transporte, medidos en dólares, el efecto es aún más revelador: la devaluación del peso diluyó buena parte de los incrementos. El ingreso mínimo colombiano perdió peso relativo en comparación internacional, reflejando no solo una política salarial incipiente, sino la fragilidad de una economía estructuralmente dependiente y vulnerable.

Los gobiernos antecesores al actual no rompieron nada: administraron la inercia. Ninguno cuestionó el modelo salarial heredado ni corrigió la estructura de desigualdad. El salario siguió siendo un instrumento de contención social, no de redistribución. El orden funcionó sin sobresaltos. La precariedad también.

El gobierno Petro no creo el conflicto salarial. Lo hizo visible. Al impulsar aumentos del salario mínimo de dos dígitos —especialmente en 2023, 2024 y 2025— rompió un consenso tácito que había operado como dogma durante décadas. El escándalo no provino solo del monto del aumento, sino del desplazamiento del eje moral del debate: ya no se discutía cuánto podía soportar la empresa, sino cuánto resistía la vida. Desde una lectura keynesiana y redistributiva, estos incrementos buscan recuperar poder adquisitivo, dinamizar la demanda interna y corregir, aunque de manera parcial, una injusticia histórica. 

Los detractores reaccionan con reflejos conocidos. Anuncian desempleo, inflación, fuga de capitales. Repiten un libreto que la historia ya ha puesto en evidencia. Porque si algo demuestran los últimos treinta años es que salarios sistemáticamente bajos no construyen economías fuertes, sino sociedades frágiles.

Desde la teoría del desarrollo humano —Amartya Sen— el ingreso no es solo un medio económico, sino una capacidad básica: permite elegir, participar y vivir con autonomía. Elevar el salario mínimo no garantiza por sí solo bienestar. Negarlo, en cambio, garantiza precariedad. 

El debate sobre el salario vital no es una extravagancia ideológica. Es la irrupción de una memoria histórica negada. Llamar vital al salario mínimo es cuestionar el corazón del modelo neoliberal colombiano: la idea de que la dignidad puede aplazarse indefinidamente en nombre de una competitividad que nunca llega a la mayoría. Las sociedades que pagan mal el trabajo pagan caro en otros frentes: violencia, inseguridad, deterioro institucional. Cada peso ahorrado en salarios reaparece como sobrecosto en salud pública, en seguridad, en fractura del tejido social. El salario precario no fue solo una política económica; fue una forma de administrar la exclusión.

Desde Marx hasta Polanyi, desde Sen hasta Piketty, la evidencia converge: la desigualdad no es un accidente del sistema, sino uno de sus productos cuando el trabajo se subvalora. Quizá el triunfo más profundo —y menos visible— de este modelo no haya sido económico, sino pedagógico. Durante décadas, el sistema no solo contuvo los salarios: educó la conciencia social. Enseñó que el trabajador debía sentirse culpable por existir y responsable, por anticipado, de cualquier fractura del orden económico. Si una empresa quiebra, no es por mala gestión o concentración del mercado, sino porque “el salario subió demasiado”. Si hay desempleo, no es por un modelo extractivo y desigual, sino porque alguien “pidió más de lo que merecía”.

Esta pedagogía de la culpa ha calado con especial crudeza en los sectores empobrecidos. El asalariado que apenas sobrevive con el mínimo ha sido entrenado para temer su propio aumento, para sospechar de cualquier mejora material, para aceptar que su derecho a vivir con dignidad constituye una amenaza para la economía. Se le ha convencido de que su salario no es una retribución justa, sino una concesión precaria; no un derecho social, sino un riesgo sistémico.

Desde la sociología crítica, esto no es accidental. Es lo que Pierre Bourdieu denominó violencia simbólica: una forma de dominación que no necesita imponerse por la fuerza porque logra que los dominados adopten como naturales las categorías del dominador. El trabajador internaliza el lenguaje de la escasez y la culpa, mientras los verdaderos centros de decisión —financieros, corporativos, rentistas— permanecen blindados frente al juicio moral y político.

Humanísticamente, el daño es aún más profundo. Cuando una sociedad consigue que quienes menos tienen se sientan responsables de la quiebra ajena, se rompe un principio elemental de justicia compartida. El salario deja de ser reconocimiento al trabajo y se convierte en carga moral. La dignidad se vuelve sospechosa. La vida, negociable.

Por eso, el debate sobre el salario mínimo no es una discusión técnica ni un pulso coyuntural entre gobiernos. Es una disputa por el sentido común, por la forma en que una sociedad decide quién merece qué, quién carga con las culpas y quién queda exento de responsabilidad. Mientras el asalariado pobre siga creyendo que su derecho a vivir mejor pone en riesgo al país, el sistema habrá ganado incluso cuando conceda aumentos.

Romper esta lógica exige algo más difícil que subir cifras: desaprender la culpa, recuperar la idea de que la economía existe para sostener la vida y no al revés, y comprender que ninguna sociedad es viable cuando pide a los más frágiles cargar con el peso de un modelo que nunca diseñaron ni se han beneficiado de él.

Treinta años después, la promesa neoliberal queda expuesta. No fue un error técnico: fue una elección política sostenida en el tiempo. La pregunta ya no es cuánto cuesta subir el salario, sino cuánto ha costado no hacerlo. Porque cuando la economía funciona sin dignidad, no produce desarrollo: produce supervivencia organizada. Y ninguna sociedad puede llamarse justa cuando condena a quienes la sostienen a vivir eternamente al borde de la vida.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Negociaciones laborales en Emquilichao: El Futuro del patrimonio público y el agua en Santander de Quilichao

 

Imagen tomada de: La negociación colectiva y el papel de los sindicatos • Trabajadores

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

El verdadero objetivo de la negociación laboral en Emquilichao debe ser la construcción de un Pacto Social por el Agua para modernizar la empresa, ordenar el territorio y asegurar que el agua de Quilichao sea un bien público, no una mercancía

El inicio, aunque aún informal, de las negociaciones laborales entre las organizaciones sindicales y la administración de la Empresa de Saneamiento Básico de Santander de Quilichao (Emquilichao) representa mucho más que un diálogo laboral rutinario; es un evento crucial de definición extrema para una empresa pública que, como el agua que gestiona, es vital para la ciudad y se encuentra en un estado de vulnerabilidad alarmante. Este proceso de negociación debe trascender la discusión salarial para convertirse en una reflexión estratégica, comunitaria y urgente sobre la supervivencia misma de Emquilichao como patrimonio público y la garantía futura de un derecho fundamental.

La importancia de este diálogo se entiende solo al dimensionar la difícil situación operativa y financiera que presenta la empresa. Esta crisis no es coyuntural; es el resultado acumulado de una histórica apatía en la planeación municipal, donde administraciones sucesivas (incluidas las dos del actual alcalde) han carecido de la voluntad o la visión para trazar una estrategia clara de corto, mediano y largo plazo. Emquilichao opera hoy como una entidad reactiva, atendiendo emergencias y cubriendo una demanda de crecimiento urbano caótico, pero sin los instrumentos técnicos básicos para hacerlo de manera sostenible. La ausencia de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) acorde a la realidad geofísica y la falta de un verdadero Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado son dos vacíos que condenan a la empresa a la improvisación.

Este desorden no es casual puesto que se alimenta de una dinámica de urbanización irresponsable, permitida y promovida desde la Secretaría de Planeación Territorial y Vivienda, que ha venido otorgando licencias de construcción y urbanismo, al parecer; atendiendo más a intereses particulares que a las capacidades reales de Santander de Quilichao, tales como su escasa disponibilidad hídrica y la ausencia de una dirigencia político-administrativa con una visión integral de sostenibilidad. 

A la expansión urbanística desbocada se le suma la crisis de la disposición final de residuos sólidos, formando una mezcla que presiona de manera insostenible la infraestructura sanitaria, forzando un escenario de servicio desmejorado para los usuarios y de incremento de tarifas. Resulta evidente que, en este particular escenario, cualquier negociación laboral que ignore este contexto de quiebre estructural sería un ejercicio de miopía colectiva.

Frente al panorama recién descrito, la responsabilidad comunitaria de ambos actores (administración y sindicatos) adquiere una dimensión crítica. Existe un pasado local reciente de coqueteos con lógicas privatizadoras, cercanas al manual ya conocido en Colombia [1], en el que se debilita a la empresa pública mediante la desinversión y la mala gestión, se estigmatiza a sus trabajadores presentando sus legítimos derechos salariales y prestacionales como la causa principal de los males y se crea un clima de opinión pública favorable para una “intervención” que termine en liquidación o venta. Frente a este guion, la histórica postura de compromiso de los trabajadores de Emquilichao con la empresa y la comunidad es un capital social invaluable. Su lucha no puede reducirse a la defensa legítima de su Convención; debe ampliarse a la defensa estratégica de la empresa como bien público.

Por todo lo anterior, estas negociaciones son una encrucijada, ya que, de las decisiones que se tomen, particularmente en materia de estabilidad, formación y condiciones laborales, dependerá la capacidad de Emquilichao para retener talento, mejorar su eficiencia y proyectarse. 

La dirigencia sindical tiene el desafío de ejercer su histórico buen juicio con visión de futuro, comprendiendo que la salud financiera de la empresa es el sustento de sus puestos de trabajo a largo plazo y de esta forma no darle oportunidad a funcionarios como el mismo Eduardo Grijalba, quien, en recientes declaraciones públicas, ya había mencionado su preocupación por los, según su opinión, “exagerados sueldos” de los trabajadores de Emquilichao. En este mismo orden de ideas, la administración municipal y la nueva gerencia de la empresa están llamadas a abandonar cualquier tentación cortoplacista o de sometimiento a presiones privatizadoras. Su deber es pensar en el fortalecimiento institucional del patrimonio de las y los quilichagüeños y no en su marchitamiento.

Santander de Quilichao tiene en sus manos una de las pocas empresas públicas de saneamiento básico que mantiene viabilidad en el país. Este es un patrimonio colectivo que no se puede malbaratar. La solución a los problemas históricos de des- planeación, cobertura y calidad del servicio no está en ceder Emquilichao a intereses privados, que priorizarán la rentabilidad sobre el acceso universal. La solución está, precisamente, en lo que este diálogo laboral podría germinar: Un Pacto Social Por El Agua, en el que los trabajadores y la administración, con el acompañamiento veedor de la comunidad, definan una hoja de ruta conjunta para modernizar la empresa, exigir y co-crear una planeación territorial seria y garantizar que el agua de Santander de Quilichao siga siendo un bien común, gestionado con eficiencia pública y sentido de pertenencia. 

[1] La privatización desbordada ... 

Tres Curules para dos millones de indígenas: Una deuda democrática

 

Imagen tomada del portal de DeJusticia

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Un millón de voces, si se articulan, no pueden seguir contentándose con solo tres escaños. La deuda no es solo con los pueblos indígenas, sino con la calidad misma de nuestra democracia

La Constitución de 1991 reconoció el carácter pluriétnico y multicultural de la Nación colombiana. En tal sentido, un pilar fundamental de ese reconocimiento fue la creación de circunscripciones electorales especiales, un mecanismo de acción afirmativa que permitió, por primera vez, que voces indígenas llegaran al Congreso de la República con sus propias banderas. Sin embargo, más de treinta años después, es imperativo señalar que este instrumento de inclusión étnica ha quedado estructuralmente obsoleto y es insuficiente para representar la realidad demográfica y política de los pueblos originarios colombianos.

El núcleo del problema es aritmético y demográfico, puesto que, mientras la población indígena en Colombia supera, según estimaciones conservadoras, los dos millones de personas (con un crecimiento más dinámico que el promedio nacional), su representación en el Capitolio Nacional se ha mantenido estática y minúscula: solamente Tres Curules (dos en el Senado, una en la Cámara). Esto significa que, demográficamente, cerca del 4% de la población nacional lucha por una representación que no llega ni al 1% de las sillas del legislativo.

Sumada a esta realidad demográfica-electoral, se tiene que la proyección del DANE y el subregistro reconocido por las organizaciones indígenas pintan una realidad en la que el potencial electoral indígena ronda el millón de votantes, un contingente que, de estar unificado, sería decisivo en cualquier contienda. No obstante, el actual sistema electoral colombiano los confina a disputarse migajas de representación.

Esta distorsión se traduce en vulnerabilidad política y manipulación ya que, por ejemplo, la misma arquitectura del sistema incentiva la fragmentación, tal y como puede advertirse para las elecciones de 2026, donde 14 organizaciones diferentes avalan listas para apenas tres curules, la dispersión es enorme: 24 candidatos para 2 senadores, 22 para un solo representante a la Cámara. En este orden de ideas, esta multiplicación de esfuerzos, lejos de reflejar una riqueza plural, diluye la fuerza electoral, debilita los programas unitarios y expone a las comunidades a las maquinarias políticas tradicionales. La pugna electoral entre AICO, MAIS, el CRIC, el Pueblo Zenú y otros, aunque legítima, termina jugando en favor de quienes ven en la división indígena una oportunidad para el clientelismo, el "trasteo" de votos y la cooptación de líderes. [1]

A esta fragilidad política se suma una desidia administrativa crónica, en la que la Registraduría Nacional, responsable de garantizar el derecho al voto, ha esgrimido históricamente el orden público como justificación para una presencia débil y una logística precaria en los territorios indígenas. Esta excusa se desmorona ante el hecho irrefutable de que son las guardias y autoridades indígenas quienes, con mayor frecuencia y eficacia, garantizan la seguridad y transparencia en sus propios territorios durante los comicios. La cifra oficial de la misma Registraduría de 974,563 votantes habilitados en circunscripciones especiales no es solo un número; es un síntoma de un Estado que no ha hecho lo suficiente para documentar, incluir y facilitar el ejercicio político de una parte vital de su ciudadanía. [2]

Esta falla del Estado y la sociedad colombiana ha sido advertida por la Corte Constitucional, al señalar, reiteradamente, el "Estado de Cosas Inconstitucional" que afecta a los pueblos indígenas. Parte de esa inconstitucionalidad radica, precisamente, en una participación política limitada, desproporcionada y llena de obstáculos. Los gobiernos posteriores a la entrada en vigor de la Constitución del año 1991 han sido miopes ante el dinamismo poblacional indígena y han carecido de la voluntad política para actualizar la representación.

Se requiere, por tanto, un gran acuerdo nacional, que tenga claro que no se trata de un regalo, sino de un ajuste democrático pendiente que posibilite el tránsito urgente y eficiente de dos caminos no excluyentes: primero, una reforma política que revise y amplíe el número de curules especiales con base en criterios demográficos reales y no en una fotografía de 1991. Segundo, un esfuerzo mayúsculo y autónomo al interior del pueblo indígena colombiano para construir una plataforma política unificada y estratégica.

Un millón de voces, si se articulan, no pueden seguir contentándose con solo tres escaños. La deuda no es solo con los pueblos indígenas, sino con la calidad misma de nuestra democracia, que no podrá llamarse plena mientras su representación en el Congreso siga siendo simbólica y no sustantiva. El avance normativo fue solo el primer paso; ahora toca la justicia electoral, pero, sobre todo; la unidad política del pueblo indígena colombiano.

 

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[1] Ver información detallada en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11thNGn7jtxKYiTQ8kAiU2dK9PlyR2Gbe/edit?usp=sharing&ouid=111874168460248519252&rtpof=true&sd=true  y   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R4DjnEGwFipBMkJylJP-Lh_5wl1VPLSU/edit?usp=sharing&ouid=111874168460248519252&rtpof=true&sd=true

[2] Ver: Así ganó el voto indígena emberá en las pasadas elecciones - Dejusticia

 

Cretinos gobernando *

Por: Germán Navas Talero

Editora: Deisdre Constanza Vargas Sanabria

EE.UU. actúa como matón de barrio con los países pequeños, pero cuando Rusia y China exigen sus derechos sobre el petróleo venezolano que financiaron, retrocede. El "trampas" imperial no se atreve a desafiar a quienes pueden responder con igual fuerza. 

Hay gente que cree que los cretinos son los oriundos de Creta. Hay que explicarles que no. Que los oriundos de Creta son los cretenses. Cretinos son ciertos individuos que gobiernan el mundo. Un ejemplo, así para no molestar, un cretino, entendido en el sentido del mal uso de una inteligencia negativa, es el presidente de los Estados Unidos. Es el cretino más grande que usted pueda imaginarse.

Pero es el que manda en Gringolandia. Obviamente, la mentalidad del gringo es bastante deslucida. La cultura del gringo no es como la cultura de un francés o un alemán. El gringo sabe manejar un carro, sabe cambiar dólares y meter coca entre las narices. Eso es lo que saben los gringos. Pero cuando uno tiene la oportunidad de estar allá y se da cuenta de lo poco, de lo poco, de lo poco intelectuales que son.

Es cierto que han tenido unos dos, tres o cuatro que vale la pena destacar. Pero los demás, olvídese señor. Por eso les insisto, si quieren educarse, vuelvan a Europa. Allá está la cuna de la educación. Si quieren maleducarse, vayan y vivan como bien todos arrimados allá en los Estados Unidos. Un poco de colombianos desarrapados que se van a los Estados Unidos a que los maltraten y los escupan.

Todos los días critican la violencia en los Banana Banana República, como dicen los gringos para referirse a nosotros. ¿Qué dicen ustedes de esa democrática colonia? Porque eso fue una colonia de los ingleses. Que hoy en día mata sin contemplaciones a la gente de la calle.

Raptan a esa ciudadana que iba en su carro y se dirige en buen tono, a un enarme de esos, un asesino (ICE) uniformado gringo, y la mataron. La mataron de dos balazos y listo. Pero lo más infame es que las protestas fueron del común de la gente, pero el resto de la gente le dio lo mismo, un muerto más. Y antier mataron a otro mexicano en igualdad de condiciones. Le pusieron la rodilla en el cuello y lo estrangularon. Y a otra señora la arrasaron, y eso se lo vimos en televisión, por el piso uno de esos guardias. Esa es la cultura gringa. Ellos enseñan a matar, enseñan a estafar, pero nunca enseñan a respetar.

Los derechos humanos se desconocen en los Estados Unidos. Allá eso no se usa. Allá es la ley del más fuerte. Pónganse a revisar la prensa. ¿A cuánta gente han matado en lo que va corrido de este año esa policía de inmigración (ICE)?  Miren a ver a cuántos han matado. Si hubiera sido un muertico nuestro, uy, el escándalo.

Que Petro es un asesino. Pero como los muertos dos de ellos por gente de allá, nadie dice nada. Les parece tremendo lo que pasa en Irán, donde se agarran la policía y los manifestantes, pero las manifestaciones en los Estados Unidos, donde maltratan al ciudadano. Ahí vimos una toma que hace de una señora que se le atraviesa a un asesino de esos, disfrazado de policía allá. Y por ese hecho la botan al suelo y la cogen a patadas. Eso es, eso es. Si usted quiere que lo cojan a patadas, que le ofendan su dignidad, que le quiten sus cosas, vaya a los Estados Unidos.

Pero otra cosa, para quienes ejercen el periodismo. En los Estados Unidos, libertad de prensa no hay. Se ha llegado en los últimos días al extremo de que han llegado a las oficinas de los periodistas, les han robado los computadores para extraer la información que ellos tienen.

Y el argumento es que hay muchos periodistas que en esa información tienen secretos que afectan a la seguridad nacional. Eso que llaman ellos seguridad nacional. Nunca pude saber qué era la seguridad nacional. Porque la seguridad nacional es soportar a un presidente como ese que tienen. Y entonces van a las oficinas de los periodistas les quitan los computadores, les quitan las USB, todo para averiguar qué grabó, a quién le grabó y esa información de ese tipo. Porque según ellos, según el país de la libertad de prensa, no se pueden publicar informaciones que puedan afectar la seguridad nacional.

De manera, que, si usted como periodista se entera que el presidente de la República tiene una mosaica en otro país, eso no lo puede contar, porque eso afecta a la seguridad nacional. Porque eso indica que si tiene su mosaica en otra parte tendrá que ir a verla y cuando tenga que ir a verla tendrá que desplazarse en el avión 001. Eso no lo puede saber nadie porque es seguridad nacional.

Son unos ridículos. Cuando yo vi esa información quedé aterrado. ¿Hasta dónde ese país llegó? ¿Hasta dónde lo que llamaban democracia se acabó? Si usted quiere conocer la democracia vaya a un país comunista.

En serio, no es mentira. Yo he estado en los dos regímenes, y les quiero contar la atención que he recibido cuando he ido a los regímenes comunistas, han sido muy amables, muy atentos con uno, nadie me ha maltratado ni me han requisado en la calle, nada, nada, nada. Usted presenta su visa, entra y listo.

Mientras no cometa ninguna contravención nadie lo molesta, nadie le está averiguando a usted si va a comer o no. En cambio, en los Estados Unidos desde que usted llega ya le están averiguando donde va a vivir, qué va a hacer, cuanta plata trae, a mí nunca me preguntaron.  En países que en la época del comunismo duro nunca me lo preguntaron. Pasé con mi progenitor al antiguo Berlín comunista, a la Alemania oriental, pasamos, fuimos, hicimos compras, nadie nos molestó.

Había que hacer un chequeo en la frontera, nos dieron un permiso, ¿cuántos días van a estar? Dijimos tres días, no más preguntas, no más. Señores, feliz día. Cuando regresamos, ¿cuál fue su visita? Señores, no nos molestaron para nada, mi papá aterrado, se ha visto el trato que le dieron y esto dice que es un régimen comunista porque él había tenido aquí a los Estados Unidos y ha tenido que sacar visa.

Nosotros nada, llegamos allá al check point ¿qué van a hacer? No, queremos conocer aquí, ¿cuántos días están listos? Pasaportes y entramos y salimos, pero nadie nos maltrató, ni nos ofendió, ni nos dijo capitalistas, nada de eso, nada de lo que a usted le dicen cuando intenta cruzar la frontera de la antidemocrática de Estados Unidos. Señor, si usted tiene respeto por su patriotismo, por su patria, por su familia, no vaya a esa tortura que llaman Estados Unidos.

Yo admiro mucho al presidente Petro, lo aprecio, lo admiro fui su elector, fui su compañero de banca en el Congreso, pero sí lo creo muy ingenuo cuando se atreve a ir a encontrarse con el tramposo, perdón, el Trump allá en Estados Unidos. Ese inescrupuloso no tiene ningún empacho de si está Gustavo Petro en los Estados Unidos hacerlo capturar. Él no tiene respeto por los derechos humanos, ni el derecho internacional, ese sujeto no sabe qué es el derecho internacional. Lo demostró cuando hizo lo que hizo en Venezuela.

Me pareció fabulosa la jugada que hace ahoritica Rusia y China cuando le dicen, señores, ese petróleo que ustedes tienen ahí es nuestro, nosotros compramos esos derechos de explotación. China y Rusia habían hecho un acuerdo con el gobierno venezolano para la explotación de unos pozos con plata que había invertido Rusia y que había invertido la China y como los gringos quieren coger todo le dijeron un momentico. Eso sí no lo cogen porque eso no es de ustedes, eso es de nosotros, los chinos, y eso es de nosotros, los rusos.

Nosotros pagamos derechos por eso. Aquí están los contratos, quiten las manos de ahí que ese petróleo es nuestro. Y así se la hicieron y le tocó al señor Trump que es alzado con todo el mundo achicarse junto a los grandes y los barcos rusos llegaron hasta puerto y los chinos y sacaron el petróleo y se fueron, en las narices de los gringos, porque ellos son valientes con el pequeño al grande le tienen miedo, le tienen pánico.

Ellos no se atreven a hacerle una pilatuna a Rusia porque Rusia el día que coja un cohetico que se inventaron. Oiga hablando de inventos raros, impresionante, ese cañón de láser que acaban de fabricar los chinos, es un cañón que no dispara balas, dispara un rayo láser, un rayo láser que lógicamente va a la velocidad de la luz, o sea que si están chequeando para un avión extraño, basta simplemente oprimir el botón y el rayo láser llegará en lo que gasta un rayo de luz y llegará de un sitio a otro, es decir será indefectible para tumbarles todos los aviones que los gringuitos quieran si intentan asomarse por el lado de la China.

A la vuelta de 15 años el mundo estará manejado por los chinos y los prefiero a los gringos.

Bueno hasta la próxima.

Coletilla por Deisdre Constanza. La entrega de la medalla de paz a Donald Trump por parte de María Corina Machado constituye una ofensa abierta al sentido mismo de los galardones de paz. La señora Machado, que se presenta como defensora de la democracia y la ética pública, incurre así en una contradicción profunda, al entregar la medalla del nobel al presidente norteamericano. Este hecho no eleva el debate sobre la paz, ni cuestiona el uso político de los reconocimientos; por el contrario, lo constituye como una banalización. La paz no se decreta, ni se regala, se constituye con coherencia, responsabilidad y respeto por las instituciones que la representa. Este acto no dignifica a Trump ni fortalece ninguna causa democrática. Lo que deja es una herida simbólica en los galardones de paz y un precedente peligroso. Cuando el reconocimiento se entrega por conveniencia, la paz pierde su valor moral y se convierte en un simple trofeo político. La paz no se improvisa ni se regala por complacencia, es degradarla. Las reacciones oficiales y de opinión en Noruega han sido de crítica, incredulidad y rechazo. Recordando que el galardón no puede ser transferido ni compartido una vez otorgado por el Comité Nobel de Oslo. María Corina no defendió la paz, la convirtió en un obsequio para el ego de Trump.

* Esta columna fue publicada originalmente en SoNoticias y es compartida con la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño.

Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.  Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto.