Latinoamérica en la mira

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Resulta patético y peligroso que sectores desinformados celebren una agresión que, aunque hoy afecte a Caracas, amenaza la soberanía de toda Latinoamérica. El peligro es regional.

La madrugada del 3 de enero de 2026 quedará marcada en la historia de América Latina como el día en que la doctrina imperialista de los Estados Unidos se despojó de su máscara de legalidad y civilidad para ejecutar su operación más descarada y criminal en el hemisferio: la intrusión ilegal de tropas especiales en territorio venezolano y el secuestro, ya que no hay otro término jurídico que lo defina, del Presidente constitucional, Nicolás Maduro, y la Primera Dama, Cilia Flórez.

Más allá de cualquier afinidad o rechazo legítimo hacia el gobierno del chavismo, este acto ordenado por Donald Trump constituye un crimen de proporciones históricas. Es una violación múltiple y flagrante de todo el ordenamiento jurídico que el propio occidente dice defender. Es ilegal bajo la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza y la violación de la soberanía e integridad territorial de los Estados (Art. 2.4). Es ilegal bajo el Derecho Internacional Humanitario, que califica el secuestro de autoridades civiles como un crimen de guerra. Es ilegal bajo la Carta de la OEA, y resulta una burla grotesca a la propia legislación estadounidense, como la Ley de Poderes de Guerra (War Powers Resolution), que restringe el despliegue militar sin autorización del Congreso. Este no es el “restablecimiento de la democracia”; es una agresión que el derecho internacional condenó después de 1945.

La narrativa con la que Trump y sus halcones intentan cubrir este atropello es tan cínica como transparentemente desprestigiada: la lucha antidrogas. Esta coartada, ya desmontada por académicos de seguridad y salud pública global por ser un instrumento de control geopolítico y represión racial, se desploma ante la evidencia de los motivos reales. Se trata, simple y llanamente, del robo a mano armada de los recursos naturales venezolanos, principalmente sus vastas reservas de petróleo, gas, oro y coltán. Es el paso final de una guerra híbrida de años, donde el cerco económico, el financiamiento de la violencia y la manipulación mediática no lograron su objetivo total. Cuando la presión indirecta falla, el imperio recurre a la fuerza directa y descarada, pasándose por alto todos los canales diplomáticos y multilaterales.

Esta operación violenta es, además, la cortina de humo definitiva para un Trump acorralado. En el plano doméstico, busca opacar los escándalos de corrupción, sus vínculos con organizaciones delictivas y los procesos judiciales que lo persiguen. En el internacional, es un acto de fuerza desesperado para compensar su pérdida de influencia ante el ascenso de China, la autonomía relativa de Europa y el fracaso de otras aventuras militares. Venezuela es el blanco elegido para mandar un mensaje de terror a todo el Sur Global: “la soberanía es un privilegio que nosotros concedemos, y podemos revocarla con un comando en la noche”.

Y aquí entra el otro pilar fundamental de esta agresión: la manipulación y el silencio de la prensa hegemónica internacional. Mientras el hecho ocurre, los grandes conglomerados mediáticos, aliados estructurales del poder imperial, no informan; fabrican un relato único. Reducen un secuestro a una “detención”, una invasión a una “intervención”, y un crimen de lesa humanidad a una “acción decisiva contra una dictadura”. Omiten el contexto del derecho internacional, invisibilizan las voces del pueblo venezolano y de la institucionalidad legítima que resiste, y presentan la versión de Trump como la única realidad posible. Este apagón y distorsión informativa no es un error; es un acto de guerra cognitiva que busca anestesiar la conciencia global, suprimir la indignación y dejar al mundo supeditado a la narrativa del agresor. Esta es la “libertad de prensa” al servicio de la dominación: un mundo que no sabe a ciencia cierta lo que sucede, solo puede reaccionar con confusión o pasividad.

Las reacciones internacionales y la resistencia del pueblo venezolano están por definirse. Pero este acto sienta un precedente monstruoso que amenaza a toda América Latina digna y soberana. Si hoy es Venezuela, ¿quién será mañana? Brasil, por sus recursos amazónicos? México, por su energía? ¿Cuba, por su desafío histórico? La alegría miope y las celebraciones de ciertos sectores desinformados, manipulados o con profundas deficiencias de análisis crítico, que festejan la violación de su propia soberanía potencial son tan patéticas como peligrosas. No ven que el cuchillo que hoy se clava en Caracas está afilado para toda la región. Latinoamérica está en la mira.

Por eso, hoy más que nunca, la solidaridad con Venezuela trasciende la ideología. Es una cuestión de principios básicos de convivencia internacional, de defensa de la soberanía como valor universal y de rechazo a la ley de la jungla que Trump pretende reinstaurar. Avergoncémonos de la complicidad mediática y de la ignorancia celebrante. Y alcemos la voz, con la certeza de que, en la defensa de la soberanía venezolana, se defiende el derecho de todos los pueblos a existir, a decidir y a vivir en paz, libres de los comandos de secuestro de las potencias decadentes, pero aún mortíferas.

La dignidad de Nuestra América está, una vez más, en la mira. Y solo la unidad y la claridad jurídica y moral podrán defenderla. ¡Larga vida al Bravo Pueblo venezolano!

 

El Salario Vital Familiar frente al dogma económico y la hipocresía de la derecha

Imagen tomada de: Crónica del Quindío

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Por primera vez, en mucho tiempo, la discusión en Colombia se centra en cómo distribuir mejor la riqueza y apalancar el crecimiento desde la base y no en cómo sacrificar los derechos de los muchos en el altar de los privilegios de unos pocos.

El anuncio de entrada en vigor del decreto presidencial que materializa la figura del Salario Mínimo Vital Familiar, prescrita en la Constitución Política de Colombia, pero postergada durante décadas, ha desatado una tormenta predecible de críticas por parte de los representantes de los grandes gremios económicos, junto con sus voceros políticos y periodísticos. 

Haciendo de lado un verdadero y necesario debate técnico sustentado, la virulenta reacción de la derecha colombiana desnuda, tanto la histórica mezquindad de una élite acostumbrada a privatizar las ganancias y socializar las pérdidas y los costos entre los más vulnerables, como la obstinada adhesión de sus círculos académicos a un dogma económico fracasado, hoy repintado con nuevos nombres, pero con la misma esencia regresiva. En torno a las denuncias de un pretendido error técnico, amplificadas por la prensa orgánica de los gremios, se puede advertir la incomodidad que ocasiona la materialización de este derecho constitucional entre quienes se aferran a unos postulados teóricos ya desmentidos por la realidad y los indicadores socioeconómicos.

La crítica central de la derecha colombiana está sustentada en un mantra heredado directamente de la Escuela de Chicago de Milton Friedman, según el cual, cualquier aumento salarial, especialmente uno estructural como este, genera inflación incontrolable y destrucción de empleo, apelando al simplismo de la rígida "curva de Phillips"  y a la teoría del "derrame" o de los "vasos comunicantes", esa noción mágica en la que por obra y gracia del credo neoliberal, al enriquecer a los más ricos eventualmente se beneficiaría a los pobres. 

Sin embargo, no obstante los esfuerzos de los círculos académicos de derecha, pero sobre todo, de la prensa  a su servicio por mantener a flote los postulados de la Escuela de Chicago; la evidencia empírica acumulada en las últimas décadas ha demolido este credo, demostrando que el esperado "derrame" de las migas de riqueza de los vasos comunicantes de los ricos hacia los pobres no ha ocurrido y que, por el contrario, donde más se aplicaron estas recetas (con ajustes, privatizaciones y flexibilización laboral), las brechas de inequidad se ampliaron de manera escandalosa, como lo vienen demostrando los informes anuales de Oxfam y el Laboratorio sobre la Desigualdad Global, en los que Colombia misma es un caso de estudio: tras años de políticas inspiradas en ese consenso, se consolidó como uno de los países más desiguales del mundo.

Contra este dogma, se alzan voces de enorme peso académico. Varios premios Nobel de Economía de los últimos años han cuestionado la relación mecánica entre salarios e inflación. Joseph Stiglitz, por ejemplo, ha argumentado repetidamente que la inflación actual en contextos como el global es multifactorial (disrupciones en cadenas de suministro, crisis energéticas, especulación en mercados de commodities, ganancias corporativas extraordinarias) y que culpar a los salarios es un argumento forzado de conveniencia para proteger los altísimos márgenes de rentabilidad de un mínimo porcentaje de la población. 

El También premio Nobel de Economía, el estadounidense Paul Krugman ha señalado que, en economías con subutilización de capacidad, como muchas tras la pandemia, un aumento del poder adquisitivo de las familias puede estimular la demanda agregada, impulsando la producción y generando un círculo virtuoso de crecimiento. La teoría keynesiana, relegada por el fundamentalismo de mercado, resurge con fuerza ante la evidencia de los indicadores que demuestran que una masa salarial robusta no es un costo, sino que es la base de un mercado interno dinámico. El gobierno de Petro, al aumentar los ingresos de las familias está inyectando combustible directo a la demanda de bienes y servicios básicos y no básicos, lo que puede dinamizar a miles de pequeñas y medianas empresas que abastecen ese consumo.

Frente a la crítica hipócrita soportada en una supuesta preocupación por la supervivencia de las PyMEs, la historia reciente desnuda la doble moral de la oposición en Colombia. Durante décadas, los mecanismos de subsidio, apalancamiento y alivio fiscal establecidos en la ley colombiana fueron sistemáticamente desviados hacia los grandes emporios económicos, amigos y patrocinadores de los gobiernos de turno, durante la hegemonía de una derecha que se esforzó en construir y reforzar un sistema clientelista para proteger a los grandes capitales, no obstante que, de paso, se dejó desamparados a los verdaderos destinatarios de la protección estatal. 

El reto legítimo para el gobierno de Petro es, precisamente, romper ese histórico patrón de desvío y garantizar que los mecanismos de apoyo (subsidios a la nómina, líneas de crédito blandas, asistencia técnica) lleguen efectivamente a los pequeños y medianos productores, no para eliminarlos, sino para integrarlos a una economía de mayor demanda.

El crecimiento económico colombiano, pese a un panorama internacional adverso (estancamiento del precio del petróleo y la incertidumbre arancelaria generada por políticas de Donald Trump), ha mostrado una resiliencia notable, con un impulso creciente del consumo interno. Medios económicos especializados internacionales, como Bloomberg y Reuters, han reseñado en 2024 y 2025 la fortaleza de los indicadores laborales colombianos y su sorprendente recuperación macroeconómica. Por primera vez, en mucho tiempo, la discusión en Colombia se centra en cómo distribuir mejor la riqueza y apalancar el crecimiento desde la base y no en cómo sacrificar los derechos de los muchos en el altar de los privilegios de unos pocos.

COLFUTURO y la farsa aspiracional de la centroderecha colombiana

 

Por: Omar Orlando Tovar -ottroz69@gmail.com-

Según las propias cifras de COLFUTURO, entre 2007 y periodos recientes, sólo el 1% de sus beneficiarios provenía del estrato 1, el 5% del estrato 2 y el 20% del estrato 3. Es decir, el programa ha servido predominantemente a quienes ya contaban con capital económico, social y cultural significativo.

La reciente decisión del gobierno nacional de replantear la intermediación de COLFUTURO en la asignación de becas para estudios en el exterior ha dejado al descubierto las verdaderas prioridades y los métodos de una coalición política y mediática. Políticos como la congresista Catherine Juvinao del Partido Verde, junto con una sección de medios que fungen como altavoz orgánico de los grandes gremios, han montado un espectáculo de indignación en defensa de una entidad que, bajo un barniz de meritocracia, ha operado históricamente como un mecanismo de reproducción de privilegios. Su estrategia no es novedosa, pero sí profundamente eficaz: capitalizar el “síndrome de doña Florinda (síndrome de clase aspiracional)” de algunos integrantes de la pobrería y la clase media colombiana, junto con la desinformación estructural de amplios sectores de la población para defender a una minoría realmente privilegiada.

Los datos son elocuentes. Según las propias cifras de COLFUTURO, entre 2007 y periodos recientes, sólo el 1% de sus beneficiarios provenía del estrato 1, el 5% del estrato 2 y el 20% del estrato 3. Es decir, el programa ha servido predominantemente a quienes ya contaban con capital económico, social y cultural significativo. Esta no es una falla logística; es un patrón clasista institucionalizado. La intermediación de una junta directiva dominada por la ANDI, Fenalco y Asobancaria (los mismos actores que hoy se indignan en redes sociales y prensa tradicional) garantizaba que los criterios de “mérito” y “potencial de impacto” estuvieran filtrados por una lógica corporativa y una visión del desarrollo que rara vez prioriza a las comunidades más vulnerables.

Olvidando que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la educación y  desmontar estos filtros que perpetúan la desigualdad; la congresista Juvinao y sus aliados mediáticos no defienden el acceso a la educación sino que defienden un modelo de subsidio público para la elite, similar en su esencia a los escandalosos auxilios de Agro Ingreso Seguro o al bochornoso caso del hijo de la senadora Fernanda Cabal, en los que, los recursos públicos terminaron financiando los privilegios de unos pocos. Este discurso apela de manera cínica al talante aspiracional de millones de colombianos con una movilidad social real estancada, para quienes la promesa de una beca en el exterior opera como un poderoso símbolo de ascenso.

La manipulación se sustenta en la “brecha de capital informacional” en la que muchos ciudadanos, abrumados por la saturación de noticias y la complejidad de los datos, no tienen herramientas cognitivas suficientes para contrastar la retórica emocional (“les quitan las becas a los jóvenes”) con la evidencia fría (el 74% de los beneficiarios son de estratos 4, 5 y 6). Los medios gremiales, a su vez, amplifican el relato de alarma presentando la defensa de los intereses de la ANDI, Fenalco y Asobancaria como si fuera la defensa del ciudadano común. Esta maquinaria corresponde a una campaña de desinformación preelectoral, que usa una cortina de humo fabricada con miedo y aspiración manipulada.

El patrón se extiende más allá de COLFUTURO. Programas como Ser Pilo Paga o iniciativas privadas conmovedoras como Vamos Pa’Lante de la W Radio, que ha recaudado miles de millones de pesos, tienen un sesgo estructural crucial: dirigen los recursos públicos y la filantropía ciudadana hacia el pago de matrículas en instituciones de educación superior privadas y de alto costo. Se crea así un círculo virtuoso para los dueños de estas universidades: el Estado o la caridad popular subsidian su clientela, mientras se consolida un modelo donde la “educación de calidad” sigue siendo un bien privatizado y muy costoso. Se abusa de la buena fe y el sentimentalismo del ciudadano y, en el caso de algunos los empresarios donantes, se facilita una elusión de impuestos socialmente aplaudida.

Lo que está en juego no es la educación de los jóvenes más talentosos, sino el control sobre un mecanismo clave de distribución de oportunidades y prestigio. La furia de la ANDI, Fenalco, Asobancaria y sus voceros políticos no es por la pérdida de becas, sino por la pérdida de un canal de influencia sobre la formación de las futuras élites técnicas y profesionales del país. El gobierno nacional, en cabeza del Pacto Histórico, al reclamar esta potestad para el Estado, busca reorientar el criterio hasta ahora mediado por la lógica del capital corporativo hacia la lógica del interés público y la justicia territorial. El debate, por tanto, es una pulseada entre una visión de la educación como bien común y otra que la ve como un instrumento de reproducción social y acumulación privada.

Desenmascarar esta farsa aspiracional es el primer paso para construir un sistema donde la verdadera excelencia, surgida de todos los rincones de la nación, sea apoyada sin filtros discriminatorios de clase social por parte de entidades estatales y no por los intereses capitalistas del sector privado.

 

Los uribistas tratan a los uribestias como lo que son: estúpidos e ignorantes*

 

Imagen tomada de La Silla Vacía.

Por: Hernán Riaño

Los uribestias, no contentos con no tener nada, tratan a sus compatriotas como enemigos, si pudieran, les darían bala, así lo han manifestado en muchos escenarios, hasta candidatos políticos y humoristas abogan por la desaparición física de quienes quieren que todos tengan una mejor calidad de vida.

Este juego de definiciones ha surgido en las redes sociales a propósito del papel de cada uno de ellos en nuestra sociedad. Veamos, Uribista es el narco ultraderechista, dueño de empresas, lavador de dinero, traficante de drogas, personas, armas, oro, o cualquier elemento que produzca dinero de forma ilegal, terrateniente, saqueador del Estado o miembro de partidos políticos que representen estas actividades. Tienen mucho dinero, y quieren muchísimo más, sobre todo, el dinero de todos los colombianos, el cual debería ser destinado a la salud, pensiones, educación, medicamentos, vivienda y en general cualquier cosa que beneficie a los pobres. 

En cambio, el uribestia, es aquel pobre estúpido, estrato 0, 1, 2 y 3 que no tiene empleo, salud, educación, vivienda ni, en general, lo que dignifica la vida del ser humano, porque el uribista se lo robó. Pero este miserable lo defiende a ojo cerrado, hasta con su vida, porque se siente rico como el primero.

En épocas de la esclavitud, los llamaron cipayos, hoy no se le conoce adjetivo destinado a esos seres que prefieren a sus verdugos que a sus pares. No dudan en atacar a quien levanta la voz para defender los derechos de todos, hasta los de esos mismos uribestias. Atacan hasta físicamente a quien protesta por el despojo de los derechos que ha hecho la oligarquía, antes conservadora-liberal y hoy unificada en torno a Álvaro Uribe Vélez como el gran mentor de los negocios ilícitos, del saqueo de los recursos públicos y de la violencia que, en los últimos 40 años, desde que él apadrinó las Convivir, madre de las autodefensas, hasta la fecha con todas sus secuelas. 

Estos personajes característicos, pero no exclusivos de la fauna colombiana son esclavos, sicarios y asesinos que cumplen los deseos sin chistar de quienes consideran sus líderes naturales, todos ellos reconocidos de la ultraderecha, el paramilitarismo y la corrupción.

Pero lo más llamativo es que los encopetados copartidarios del expresidente y él mismo no los respetan, solo los utilizan, tanto para que los elijan, como para les hagan el trabajo sucio de traficar, ser los mandaderos de la droga, asesinar, desaparecer, torturar, desplazar, violar, y hacer todo lo que las derechas no hacen directamente; para eso los tienen a ellos. Además, los tratan como lo peor, en sus caras les dicen que no tienen derecho a la salud, a pensionarse, o por lo menos a recibir una ayuda por parte del gobierno, a la educación, al acceso a los derechos que garantiza la Constitución Nacional ni a cualquier beneficio o subsidio que les otorgara el Estado. 

Lo hemos visto, primero, con el hundimiento de las reformas que pretendían solucionar muchas de estas falencias, luego con las demandas ante las altas cortes que esos mismos uribistas han interpuesto para que ningún, léase bien, ningún derecho llegue al pueblo colombiano, todo incluyéndolos a ellos, a los uribestias, los que le sirven de soporte al expresidente y sus socios. 

Y desde el “ex” Uribe hasta los funcionarios de más bajo nivel que profesan esa nefasta corriente, se lo dicen en su propia cara, que no tienen derecho a tener derechos, que son ciudadanos de quinta, que los únicos que pueden son ellos, los oligarcas. De todas las formas se lo hacen saber, esa es una de las banderas del Uribe, como campaña electoral, que les va a quitar todos los derechos recuperados por Petro y su gobierno, las horas extras, el pago completo de dominicales y festivos, la jornada nocturna vuelva a empezar a las 10 de la noche, que la salud siga en manos de las EPS, que los fondos de pensiones les sirvan para que ellos puedan hacer sus negociados, que se les devuelva la tierra a los despojadores o ladrones de baldíos de la nación, como es el caso de la misma familia de Uribe y demás yerbas, que se acabe el programa de salud a su casa, que no haya agua para los colombianos, que vuelvan los apagones y cobros abusivos a las comunidades que hoy tienen energías limpias, que vuelvan los empresarios que han explotado a los colombianos con muchos servicios que debiera prestar el Estado pero por el neoliberalismo de la ultraderecha se volvieron negocios muy lucrativos a costa de los colombianos. Ahora Uribe se destapó, no quiere aumentos en el salario mínimo con diferentes excusas, de que se van a quebrar los empresarios hasta que habrá desempleo masivo, falacias ya demostradas desde que asumió el gobierno Gustavo Petro.

Además, estos uribestias fanáticos son los que los han subido al poder para que nos exploten. Lo hemos visto en las elecciones regionales, por ejemplo, en la última atípica en Bucaramanga, en donde han padecido todo el cáncer producido por este sector político, ya no tienen ni transporte público, volvieron a elegir a un espécimen representante de este sector corrupto.  

Esos, los uribestias, no contentos con no tener nada, tratan a sus compatriotas como enemigos, si pudieran, les darían bala, así lo han manifestado en muchos escenarios, hasta candidatos políticos y humoristas abogan por la desaparición física de quienes quieren que todos tengan una mejor calidad de vida y unos derechos humanos y constitucionales para todos, ellos incluidos. 

Aquí es obligatorio preguntar nuevamente: ¿Cuál de las reformas que ha impulsado el gobierno del cambio no beneficia a los pobres, miserables y en general a todos los colombianos? Reto a algún uribestia a que me conteste, con argumentos, cual perjudica a la sociedad colombiana y el por qué. Obviamente, casi estoy seguro de ello, habrá un silencio muy incómodo para esos que quieren que vuelvan al gobierno Uribe y sus buenos muchachos.

Es muy embarazoso hacer este análisis de quiénes han perjudicado al país, pero es necesario ponerle cara a esos que tanto han perjudicado al país, los primeros, son multimillonarios y lo hacen para su beneficio, eso está muy claro y los otros, los que no tienen ni en qué caerse muertos, son los actores fundamentales, sin ellos, los mafiosos neoliberales nunca hubieran podido llegar al poder para poner en práctica sus políticas de saqueo y expoliación, han sido su soporte fundamental, pero pasan de agache y, peor, siguen alimentando a esa bestia de 7 cabezas que representa el uribismo con su violencia, despojo y saqueo del país.

Para terminar, destaco lo paradójico, entre peor los tratan sus patrones, entre más les quitan derechos, entre más les dicen que son unos brutos, ignorantes y estúpidos, más los ayudan, más están al servicio de ellos, más amenazan a quienes luchan por tener una sociedad más equitativa, más atentan contra sus conciudadanos y no quieren dejar de ser uribestias. Pero es necesario exigirles a los uribestias que asuman su responsabilidad histórica y su papel en la imposición del neoliberalismo en nuestro país, con el consecuente deterioro de la calidad de vida de los colombianos, la violencia, los asesinatos, desplazamientos, masacres y desapariciones que han representado cerca de 400 mil muertos, todo un genocidio a cuentagotas. No solo Uribe y sus cómplices directos son responsables, también los que lo apoyan y defienden a toda costa. No se trata de venganzas ni generar más violencia, solo que con el simple acto de que ellos asuman sus culpas avanzaremos en edificar una sociedad más justa y próspera. Claro que algunos me dirán que es una utopía y puede ser, pero soñar no cuesta nada.

*Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.  Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto.

Esta columna fué publicada originalmente en SoNoticias y es compartida con la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño.

Las revelaciones sobre Pastrana y el encarcelamiento de ministros de Petro. Avanza el Lawfare colombiano

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Las revelaciones sobre Pastrana y el encarcelamiento de ministros de Petro no deben leerse como una coincidencia; evidencian un patrón en la historia política: cuando figuras clave de la derecha enfrentan escándalos monumentales, el aparato judicial acelera procesos de impacto simbólico contra el gobierno alternativo.

La confirmación, mediante evidencias judiciales reveladas en Estados Unidos, de los vínculos del prominente líder político colombiano de derecha, Andrés Pastrana, con la red del pederasta Jeffrey Epstein, ha sacudido la opinión pública. Esta revelación, históricamente sospechada y ahora documentada, expone la naturaleza transnacional de ciertas élites y sus afinidades morales. De forma casi sincrónica, pero, muy conveniente en tiempos electorales en Colombia, una jueza de la República dictaba medida de aseguramiento intramural contra dos exfuncionarios de alto nivel del gobierno del presidente Gustavo Petro, en un caso que, independientemente de su mérito jurídico, ha sido leído en clave política por amplios sectores del país.

Esta coincidencia temporal no puede pasar desapercibida ni leerse en clave de mera coincidencia, puesto que demuestra, una vez más, un patrón recurrente en la historia política nacional: cuando figuras clave del espectro del centro y derecha (políticos y/o grandes empresarios) enfrentan escándalos de proporciones éticas monumentales, el aparato judicial doméstico acelera procesos de alto impacto simbólico contra el gobierno alternativo, operando como un poderoso cortina de humo y un mecanismo de equiparación artificial. El mensaje que se envía a una sociedad manipulada mediáticamente es claro: "todos son iguales". Esta operación descansa sobre un pilar, tristemente discutible: la supuesta neutralidad e independencia del poder judicial colombiano.

Es un principio democrático incuestionable que la justicia debe ser autónoma del ejecutivo. No obstante, en Colombia, ha estado amenazada por el uribismo en contubernio con la presión constante y secular del narcotráfico, el paramilitarismo y las élites económicas y políticas regionales. Durante décadas, estos actores han ejecutado una estrategia de infiltración y cooptación del sistema de justicia, aprovechando las fallas estructurales de un Estado con arquitectura clientelista. El resultado es que, hoy, en cargos claves de la Fiscalía, las altas cortes y los tribunales, se encuentran funcionarios cuyo criterio ha sido moldeado por la ideología conservadora más rígida o, lo que es más grave, por la influencia del gran capital legal e ilegal. El sistema de "yo te elijo y tú me eliges" (visible en la elección de magistrados por cooptación de las propias cortes) ha creado una cloaca de endogamia y una muralla contra la renovación ideológica y jurisprudencial.

Para transitar hacia una paz estable y una verdadera democracia, es imperativo no solo reformar leyes, sino rediseñar y reedificar el edificio jurídico colombiano. Esto implica desmontar el fetichismo positivista inoculado por la tradición santanderista de la derecha, una visión formalista y estrecha de la ley que ignora su espíritu y su función social. Este formalismo ha sido el caballo de Troya para que operadores judiciales, algunos incompetentes y otros abiertamente comprometidos con intereses espurios, ejerzan una justicia a la medida. Sus sentencias, apegadas a interpretaciones literales y convenientes, rondan peligrosamente el terreno del lawfare: el uso estratégico de procedimientos legales con fines de desgaste político, persecución y anulación de proyectos alternativos.

Este comportamiento es particularmente grave en las altas cortes. La teleología de la Constitución de 1991 es diáfana: Colombia es un Estado Social de Derecho, en el que la dignidad humana, la vida digna y la realización material de los derechos son su eje. Sin embargo, recientes fallos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado parecen haber inclinado la balanza, de manera sistemática, hacia la protección absoluta de privilegios económicos y la paralización de reformas estructurales. Se interpreta la ley no como herramienta para materializar la justicia social, sino como dique de contención contra cualquier cambio que afecte el statu quo. Se entorpecen, así, las políticas de un gobierno que, con todos sus errores y limitaciones, ha intentado precisamente que el imperio de la ley deje de ser sinónimo del gobierno de una oligarquía.

La privación de libertad de los exfuncionarios petristas, en este contexto, no puede analizarse como un hecho aislado. Es un movimiento dentro de una partida de ajedrez institucional más amplia. Mientras una evidencia judicial en el norte global señala las afinidades aberrantes de uno de los líderes de la derecha colombiana, la maquinaria judicial doméstica se activa para presentar una narrativa de "caída en desgracia" bilateral, con el objetivo de deslegitimar cualquier proyecto político que dispute el poder histórico de las élites, usando para ello las propias herramientas del Estado que lograron capturar.

La verdadera independencia judicial comenzará el día en que un magistrado pueda fallar, con la misma contundencia y celeridad, contra un poderoso económico o político tradicional, que contra un funcionario de un gobierno progresista.

P.S.: Así las cosas, el supraescripto descree (tristemente) en la evaluación constitucional del decreto de Emergencia Económica que hará una Corte Constitucional que ya ha mostrado su talante ultraconservador y su afinidad hacia los grandes gremios empresariales. La tarea quedará hecha, negarle al gobierno nacional los recursos para que no pueda cumplir el mandato popular, desprestigiando sus candidaturas al Congreso y la Presidencia de Colombia. ¡Buen Provecho!

La seguridad en Colombia: Más allá de la coyuntura

 

Por: Andrea B. Romero

Resulta cínico que algunos mandatarios regionales (todos ellos integrantes de partidos de derecha) carguen todas las responsabilidades sobre el gobierno nacional, evadiendo sus obligaciones constitucionales primarias.

La reciente escalada de violencia en varias regiones de Colombia ha motivado a numerosos mandatarios locales y departamentales a denunciar una supuesta “crisis de seguridad” y un abandono por parte del gobierno central. Si bien es innegable el impacto humanitario y el dolor que padecen las comunidades, es imperativo analizar esta situación no como un fenómeno aislado o exclusivamente atribuible al actual gobierno nacional, sino como la visibilización de males históricos como el abandono estatal, la corrupción sistémica y una arraigada politiquería que ha utilizado los territorios y sus poblaciones como moneda de cambio.

La ausencia de Estado, tras las firmas de acuerdos de paz creó el vacío que llenaron actores armados ilegales y economías criminales. Departamentos del suroccidente colombiano o el Catatumbo, estratégicos como corredores para el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas no se convirtieron en tales por casualidad reciente. Históricamente, en estas regiones, la institucionalidad fue cooptada o permeada por intereses oscuros.

La prensa nacional ha documentado por años la inquietante vinculación de figuras políticas tradicionales y de la fuerza pública con estas economías ilegales. Casos emblemáticos, como el de la llamada “parapolítica”, evidenciaron alianzas entre sectores políticos, narcotraficantes y grupos paramilitares. Más recientemente, se destaparon escándalos como el de la llamada “Construcciones El Cóndor”, que supuso investigaciones por presuntos vínculos entre el gobierno Uribe, contratistas y las desapariciones en la Comuna 13 y la Escombrera en Medellín [1]. Así mismo se han dado revelaciones sobre la vinculación de militares y el crimen organizado [2]. Estos son síntomas de una simbiosis histórica entre parte de la clase política tradicional, sectores de las fuerzas armadas y el crimen organizado.

Así las cosas, resulta cínico que algunos mandatarios regionales (todos ellos integrantes de partidos de derecha) carguen todas las responsabilidades sobre el gobierno nacional, evadiendo sus obligaciones constitucionales primarias. Un ejemplo claro es el de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Mientras realiza una campaña permanente de acusaciones al Gobierno del Pacto Histórico por un supuesto abandono de la región, omite mencionar los graves cuestionamientos sobre la gestión de los recursos a su disposición.

Se señala públicamente a la gobernadora del Valle de desviar el destino de fondos públicos de seguridad a actividades de proselitismo político a través de contratación de dudosa prioridad, mientras se niegan o diluyen transferencias críticas para el fortalecimiento de la fuerza pública local, intentando que se agudicen los problemas de seguridad para deslegitimar al adversario político en el nivel central.

La seguridad no se construye solo con operaciones militares; requiere una estrategia integral de paz y desarrollo territorial. Aquí, el fracaso de muchos mandatarios locales es aún más estrepitoso. El caso del Cauca, devastado por la violencia de disidencias, el ELN y bandas narcoterroristas es un referente apropiado. En este departamento existe una propuesta robusta y organizada de paz territorial emanada de las comunidades indígenas, un actor con legitimidad y arraigo. Sin embargo, esta iniciativa no ha sido abanderada, potenciada o articulada de manera decidida por la mayoría de los alcaldes ni por el gobierno departamental. Han optado por el rol cómodo de espectadores que culpan al centro, antes que el liderazgo complejo de constructores de soluciones desde lo local.

El gobierno nacional también tiene cuotas de responsabilidad. La estrategia de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro, hasta ahora, brilla más por su desarticulación y opacidad que por su eficacia convocatoria. Si bien la discreción es esencial en las negociaciones, esta no puede confundirse con la falta de comunicación estratégica, la aparente descoordinación entre mesas, y la percepción de mediocridad o falta de peso político en algunos equipos negociadores. La paz exige grandeza táctica y estratégica, y hasta ahora se percibe más reactividad que un plan conductor sólido.

Ante este complejo entramado de responsabilidades históricas evadidas, politiquería local y desarticulación nacional, surge una pregunta de profunda gravedad política: ¿Cuál es la intencionalidad de los recientes y brutales ataques terroristas perpetrados por el ELN y las disidencias? Más allá del objetivo militar inmediato, es legítimo preguntarse si estos hechos de violencia extrema no le están allanando, de manera consciente o no, el camino a un discurso y una campaña electoral de una derecha guerrerista. Una derecha cuya narrativa se nutre del miedo y cuya solución histórica ha sido la fuerza bruta, acompañada de cortinas de humo para ocultar su propia ineficiencia y los nexos de corrupción de sus miembros con el crimen organizado.

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[1] https://corrupcionaldia.com/construcciones-condor-y-la-oscura-connivencia-contratistas-y-gobernantes-complices-de-desapariciones/

[2] La prensa colombiana dio cuenta de los nexos del ex general y el excandidato a la gobernación del Cauca por el Centro Democrático, Leonardo Barrero, con el Clan del Golfo. Ver: General (r) Leonardo Barrero, excomandante de FF.MM involucrado con alias ‘Matamba’