¿Renacen las Convivir?

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Al parecer, lo que resta del actual gobierno nacional, del encargado por Uribe Vélez; señor Iván Duque, no cambiará mucho en lo que tiene que ver con su visión y tratamiento militarista, a los problemas de convivencia e inseguridad que padece la sociedad colombiana y que se han visto exacerbados, por el pésimo manejo que les ha dado el uribismo a las relaciones con el vecindario, la crisis de la pandemia, la economía y al Acuerdo de Paz.

Imagen tomada de cuenta Twitter @Diego_Molano

Tal y como lo había hecho el jefe supremo de la derecha colombiana, cuando gobernó en Antioquia; el discutidísimo ministro de guerra, Diego Molano, anuncia que, ante la incapacidad, o más bien, la reticencia del uribismo a buscar salidas estructurales al endémico problema de delincuencia, de inobservancia de las normas e intolerancia que padece Colombia; la única salida es la “alianza solidaria entre la @PoliciaColombia y empresas de servicios de vigilancia privada para el intercambio de información y capacidades que permita hacer frente al delito en las ciudades.”[1]; palabras más o menos; la nueva reedición de las tristemente célebres “Convivir”, que dieron origen público al fenómeno del paramilitarismo, que tanto horror y dolor sembraron y siembran en Colombia.

Llama mucho la atención que, a sabiendas de las justificadas prevenciones que despierta este modelo de “seguridad democrática”, en sectores mayoritarios de la sociedad colombiana, el discutido Mindefensa Molano, no se haya tomado siquiera el trabajo de hacer una mejor paráfrasis del discurso con el que Uribe defendió y defiende el engendro de las Convivir cuando gobernó en Antioquia. Para la muestra; el botón: “Uribe Vélez precisa que: como gobernador de Antioquia la apoyé y la promoví porque creo en la colaboración ciudadana con la Fuerza Pública. Esta colaboración construye confianza institucional en los ciudadanos, evita su postración ante el crimen o que busquen salidas contrarias a la ley…”[2].

Este anuncio del ministro Molano, prende todas las alertas, no solo de las víctimas del horror paramilitar, sino de organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional, por lo que parece ser; uno más de los terribles desaciertos, que, en cuestión de orden público, ha cometido y sigue cometiendo el uribismo, en su afán de imponer su política pública de armar a los civiles y crear “frentes de seguridad ciudadana” que le permitan aplicar su estrategia de “mano dura” contra lo que el uribismo y sus aliados, ahora posiblemente armados, o al menos con poder de señalar, consideren o se imaginen es una amenaza o atente contra la integridad, vida y honra de las personas de bien, tal y como ya pasó con los primeros desbordes de las benditas Convivir.

Imagen tomada del portal Las 2 Orillas

La percepción que se tiene es que este anuncio del ministro Diego Molano, de reedición del modelo de seguridad democrática de los tiempos del ex gobernador, ex presidente y ex senador Uribe Vélez, hace parte de una estrategia mucho más amplia de control social, la cual, aprovechando el desespero por el clima de inseguridad y de criminalidad que perciben y padecen los colombianos; pretende instaurar vía decretos de excepción, un modelo de gobierno policivo, en el que, tras la intención de brindar seguridad, se esconde la criminalización de la oposición. Esta sospecha se soporta en la constatación casi que diaria de el sesgo con el que los órganos de control y de acusación, inician o no investigaciones, precluyen o apresuran procesos, dependiendo de la cercanía que tenga el implicado o implicada, con el uribismo, o su proximidad, así sea lejana, con lo que se vea o parezca oposición al uribismo.

En este sentido, es urgente hacer un llamado a la sindéresis, al aplomo y a la equidad, que en términos generales, siempre ha demostrado la rama judicial de Colombia, para que no caiga en la trampa de las presiones políticas y mediáticas del uribismo, que buscan que, por medio de sentencias judiciales, se vaya sentando una jurisprudencia conveniente a la visión de la derecha colombiana, según la cual, el derecho a ejercer las libertades de opinión, expresión, reunión, disenso, movilización y participación en política, sean considerados como actos terroristas o que “induzcan al terrorismo”, como lo ha planteado el actual Fiscal General, frente a los jóvenes participantes de las recientes jornadas de protesta o como, peligrosamente, al menos para este humilde servidor; hizo el tribunal superior de Bogotá, frente al caso de las señora Daneidy Barrera (“Epa Colombia”).

Lo cierto es que, anuncios como los del ministro Molano, las controvertidas actuaciones del Fiscal Barbosa, el increíble mutismo de la Procuradora Cabello, así como del Defensor del Pueblo y la anuencia de ciertos operadores judiciales; permiten tener la impresión de que el actual gobierno nacional esta tras la constitución de una sospechosa estrategia de persecución política y judicial de la oposición, que junto con la degradación de la seguridad ciudadana, quizás en manos de las nuevas Convivir; le permitan a la derecha colombiana, tener las justificaciones necesarias, bien sea, para convencer al colombiano desinformado y angustiado; de la necesidad de un gobierno de mano dura que “limpie” la sociedad de la delincuencia y los “vándalos” y/o la urgencia de un muy democrático golpe de Estado, tal y como ya lo han intentado.

Ojalá que estos temores frente a las actuaciones y declaraciones del gobierno de Uribe en el rostro de Duque, solo sean producto del estrés ocasionado por la pandemia del SarsCov2; sería increíble que, a la crisis sanitaria por culpa de la peste, lo mismo que al paulatino empobrecimiento de más colombianos, el aterrador incremento de las masacres y asesinatos selectivos de líderes y lideresas sociales, se le vaya a sumar el renacimiento oficial del esperpento de las malhadadas Convivir.

 

 

 

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[1] Tomado de: https://twitter.com/mindefensa/status/1429229082559098886

[2] Juan Diego Restrepo. (2013). Álvaro Uribe, entre las ‘Convivir’ y las AUC. Artículo, sección opinión, Revista Semana. Disponible en: https://www.semana.com/opinion/articulo/alvaro-uribe-entre-convivir-las-auc-opinion-juan-diego-restrepo/358144-3/

 

LA CONVERSA DE FIN DE SEMANA AGOSTO 21 DE 2021

LA CONVERSA DE FIN DE SEMANA AGOSTO 14 DE 2021

LA CONVERSA DE FIN DE SEMANA

La Conversa del 7 de Agosto de 2021 Análisis sobre Las Curules de La Paz

En La Conversa: El Covid19 ¿Un virus con horario de oficina? - Análisis

Cauca: sangre y cadáveres

Cauca: sangre y cadáveres: Un llamado despertar de la anestesia del fútbol, el ciclismo y los juegos olímpicos para poner la mirada a la grave situación que vive este departamento

Cauca: sangre y cadáveres - Las2orillas

La Conversa de Fin de Semana del 24/7/2021 Constitución Política 30 años

La gente de gris, la memoria histórica y la colectiva (II)

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

 Senadora Fernanda Cabal convocó a pintar de gris murales en Cali- Imagen: Las 2 Orillas

¿Tienen color la historia y la memoria? Claro que sí. Incluyendo el gris. Lo que acontece es que, de la misma manera en que algunos fenómenos de la física determinan que podamos distinguir tal o cual color, dependiendo de las frecuencias que este o aquel objeto reflejen y puedan ser percibidos por bastones y conos en nuestros ojos, los colores de la historia y de la memoria, también dependen de fenómenos externos a cada persona, que pueden determinar que un hecho, persona o fenómeno, pueda ser registrado y recordado de una manera específica. 

En la primera parte de esta nota (La gente de gris, la memoria histórica y la colectiva (I) - Las2orillas) se planteaba que algunos de los fenómenos asociados con la forma, color y hasta sabor, con los que las sociedades recuerdan su existencia, dependen de quién o quienes determinen lo que se debe o no recordar, cómo y hasta qué punto, a través de herramientas como la política y la economía, que sí o sí, hasta el día de hoy, definen la historia de las sociedades, esto es; los recuerdos oficiales que deberían compartir, atesorar y replicar cada uno de sus miembros, impartidos por los científicos del recuerdo: Los periodistas e historiadores. 

Afortunada o desafortunadamente, los mecanismos de almacenamiento de recuerdos que tiene cada ser humano, no dependen únicamente de los procesos de educación (entrenamiento) al que se somete durante su vida útil, sino que también están asociados a otros mecanismos, que en ocasiones, todas ellas, afortunadas, escapan al control de quien gobierne en un momento dado, tales como los sentidos y la cultura, sobre todo esta última, que depende de otras construcciones, mucho más afines a la ancestralidad y a los afectos, que al exceso de racionalidad y utilitarismo, con los que, convenientemente intentan manipular la percepción de la realidad, quienes detentan el poder. 

Los intentos de imponer un único color, un único olor, un único sabor, un único recuerdo o un único pensamiento, son característicos de sistemas socio económicos que pretenden controlar hasta el más mínimo detalle de las vidas de los miembros de las sociedades que dominan o desean dominar y que son conocidos como regímenes absolutistas, autoritarismos, dictaduras o fascismo, todos ellos dedicados a mantener un orden establecido que favorezca los intereses de unas minorías bastante homogéneas, que encuentran en la policromía de la diversidad, del disenso y la democracia, algo que no se debe permitir, so pretexto de mantener el orden y las buenas costumbres que protejan el emprendimiento, el éxito y el crecimiento económico, así solo sean; los de las minorías en el poder.

Esta tensión entre quienes intentan uniformar los recuerdos, la memoria y la historia y aquellos que le apuestan por una visión descentrada, multicolor, ruidosa y hasta caótica de la realidad, mucho más acorde con el carácter pluriétnico y multicultural de la sociedad colombiana; no es otra cosa que, el reflejo de las contradicciones que se presentan entre la memoria individual, la memoria colectiva y la memoria histórica. No obstante que las tres estén unidas a la noción de tiempo; cada una de ellas, al menos para el caso colombiano, está determinada por circunstancias especiales que dependen de la etnicidad, el estrato social y la posibilidad de acceso que estás le den a las personas a tal o cual cultura, lo que a su vez determinará la manera en que las experiencias vitales y los relacionamientos sociales, convertidos en los recuerdos individuales, se crucen con los comunitarios y con el registro que se elabore de tales experiencias. 

La actual disputa por imponer una determinada estética pública (unas determinadas estatuas, un determinado color y estilo de fachadas, un estilo uniforme de arte callejero, un particular género musical, un deporte nacional, etc.) sigue demostrando la importancia que tiene el encuentro o la toma de algún espacio público determinado, para poner en el centro de la opinión pública; el o los asuntos de interés artístico, económico o político, que algún grupo determinado de la sociedad, tiene el interés de reivindicar. Movimientos como el 15M en España, la Primavera Árabe, las marchas de los indígenas en Colombia o los paros de Chile y Colombia, junto con sus expresiones artísticas, se han constituido en hitos sociales de búsqueda de apertura y participación política en los espacios públicos, históricamente hegemonizados por la institucionalidad , en otras palabras; la irrupción de otras voces y otras estéticas, reclamando la participación de la memoria colectiva en la construcción de la llamada historia oficial.

Las discusiones sobre la validez o no de la defenestración de íconos de las llamadas épocas de la conquista, la colonia e incluso del republicanismo, junto con el forcejeo por echar el último brochazo sobre los murales de las ciudades y municipios de Colombia e incluso, sobre el derribamiento del arte popular (monumento a la Resistencia en Cali), por ser considerado ajeno a la estética oficial de las élites artísticas cercanas al poder; no es sino el cuestionamiento que amplios sectores de la sociedad le están haciendo al antiguo esquema psicológico, sociológico y político, impuesto desde hace más de doscientos años, según el cual, los recuerdos y la memoria de los individuos y las comunidades, debían ceder ante la historia oficial de los vencedores o de los poderosos. 

¿ESE TAL PARO NO EXISTE?

LA CONVERSA DE FIN DE SEMANA 17/07/21

ANALISIS: LA CONSTITUCIÓN DEL 91 30 AÑOS DESPUÉS Invitados: ÁLVARO E. MOLINA & CARLOS J, MEDINA del Sector social-sindical

LA CONVERSA DE FIN DE SEMANA

LA CONSTITUCION DE 1991, 30 AÑOS DESPUES. ANÁLISIS. Con: CARLOS JULIO ME...

 El Cauca y la regulación de la coca

Por: Omar Orlando Tovar Troches – ottroz69@gmail.com-

A pesar de que la llamada clase dirigente del Cauca ha tenido una prolongada presencia en el escenario de la política nacional, casi que desde el nacimiento mismo de Colombia como República independiente del imperio español y de que la existencia del atraso y la pobreza de esta región, coinciden con esta larga e inútil figuración; sólo hasta después de doscientos años, un representante de esta comarca, salido de las históricamente relegadas y discriminadas comunidades indígenas, ha tenido la sensatez de plantear una alternativa para sacar de la pobreza y de la guerra a todas sus comunidades.

Imagen: Feliciano Valencia - Senador del Cauca 

El senador caucano Feliciano Valencia (Movimiento Alternativo Indígena y Social –MAIS–) junto con el senador Iván Marulanda (Partido Alianza Verde), presentaron y han sacado adelante, al menos en su primer debate; un proyecto de ley que plantea un cambio de paradigma de la política de drogas en Colombia: el Proyecto de Ley “Por medio del cual se establece el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados y se dictan otras disposiciones.”

Si bien es cierto que esta proyecto ha tenido un histórico avance, todavía tiene un largo y azaroso camino para su consolidación, dadas las circunstancias de correlación de fuerzas en el congreso colombiano, puesto que las derechistas mayorías oficialistas, ya han planteado su férrea oposición a esta audaz propuesta de cumplimiento del Acuerdo de Paz Estable y Duradera, que busca ponerle freno a los graves problemas que el cultivo, transformación y comercio ilegal de los derivados de la hoja de coca, le han ocasionado al país y que han agravado los casi que tradicionales problemas de inequidad, exclusión, pobreza, violencia guerra y atraso de regiones como el departamento del Cauca.

La propuesta de regulación de la producción de la hoja de coca y de sus derivados, liderada por el senador indígena Feliciano Valencia y el  senador de la Alianza Verde Iván Marulanda, recoge, no sólo la visión de los saberes ancestrales de las comunidades indígenas del cauca, víctimas del actual esquema de guerra anti drogas, sino que también recoge los resultados de estudios y análisis de sectores científicos, académicos y políticos de Colombia y del mundo entero, que desde hace mucho tiempo atrás, han venido señalando el fracaso del actual esquema de lucha antidrogas, dados los pobres resultados en erradicación de sembradíos, disminución de producción de cocaína exportada, control del blanqueo de capitales, frente a los inmensos gastos de recursos económicos en armamento y logística para fumigaciones y erradicación forzosa, así como el grave daño ambiental, la nula disminución del consumo y la invaluable pérdida de vidas humanas.

Ahora que los sectores más acomodados de las sociedades del mundo, hablan de un sospechoso regreso a la normalidad, bien vale la pena evaluar con detenimiento, propuestas de cambio de algunos paradigmas  económicos, ambientales y sociales, como las que están planteadas en el proyecto de ley de los senadores del MAIS y la Alianza Verde, para empezar a transitar el camino del no regreso a esa normalidad de pobreza, exclusión, desplazamiento, guerra y muerte que quedó desnudada durante la actual crisis sanitaria y económica ocasionada por la peste del COVID19.

Teniendo en cuenta que, a la hora de escribir esta nota, aún se ven y se oyen las miles de voces inconformes con el pésimo manejo que tanto a la peste, pero sobre todo, a la economía y a la sociedad en general, le han dado los partidos de derecha que han gobernado a Colombia, durante estos últimos doscientos años y de los que han hecho parte nobilísimos representantes de la clase política caucana, es fácil caer en un razonable pesimismo, frente al futuro de esta iniciativa de regulación de producción de la hoja de coca y sus derivados, dado que; el uribismo, dueño de casi todos los entes del Estado colombiano, así como un, todavía, amplio sector de la opinión pública internacional, miran con un recelo doble moralista, proyectos de formalización del cultivo y transformación de productos como la coca, la marihuana e incluso la amapola, que antes de ser vistos como el origen del mal, deberían ser vistos como oportunidades de redención.

No obstante, el arduo camino que todavía tienen que transitar propuestas de control de los cultivos y procesamiento de la coca y la marihuana, hay que felicitar a los senadores Feliciano Valencia e Iván Marulanda, así como los demás congresistas que acompañan esta iniciativa, por su empecinamiento en avanzar en la búsqueda de la solución de los graves problemas que padecen el Cauca y otras regiones de Colombia. Es una lástima el poco tiempo que queda de este periodo legislativo y que les tocó luchar con la inutilidad, la torpeza y la doble moral de una derecha recalcitrante, dueña del poder económico y político en Colombia.

Amanecerá y veremos, que dicen los próximos elegidos frente al Cauca y la regulación de la coca.

Adenda: Para más y mejor información acerca del Proyecto de Ley “Por medio del cual se establece el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados y se dictan otras disposiciones.”; dirigirse a:

·         Acción Técnica Social | Proyecto de Ley para la Regulación de la COCA-ína en Colombia. (acciontecnicasocial.com)

·         ¿Qué ganaría Colombia si legaliza las drogas ilícitas? | Revista Pesquisa Javeriana

·         Coca y paz: el mito de Sísifo en el Cauca – Proclama del Cauca y Valle

 

RECORTANDO LA DEMOCRACIA EN COLOMBIA

Ultraderecha en Colombia y la psicopatía exitosa

Imagen: listennotes.com

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

 De vez en cuando, quienes nos hemos dedicado a hacer público nuestro humilde punto de vista acerca de los eventos y personas que generan opinión pública, tenemos la necesidad de intentar hacer un alto en el camino, para revisar con mayor detenimiento, el contexto histórico de todo aquello, sobre lo que recurrentemente expresamos nuestra percepción. Siguiendo acaso con una de las consignas de los muchachos y muchachas durante estas jornadas de protesta; “parar para avanzar”, este es el momento de parar para revisar lo que le está pasando a Colombia.

 Por allá, por el año 2015, este servidor planteaba una comparación entre el llamado síndrome de Estocolmo (identificación, justificación y hasta relacionamiento sentimental de las víctimas del secuestro con sus secuestradores) y la relación entre la sociedad colombiana con su clase dirigente, especialmente, la clase política. En ese comentario ya se planteaba la necesidad de revisar con detenimiento esta especie de patología comunitaria de Colombia, para emprender una terapia nacional (ver: EL SINDROME DE ESTOCOLMO DE COLOMBIA (proclamadelcauca.com))

 Entre auto complacido y frustrado por la continua constatación de las sospechas acerca de la presencia de una especie de desorden sicológico comunitario de la sociedad colombiana, quien estas líneas suscribe, se rehusó a creer que tal condición clínica, realmente existiera, de hecho, al igual que muchos otros opinadores, también se suscribió a la teoría de la falta de educación política o en términos generales, de educación de calidad, como causante de esa enfermiza relación de codependencia entre las mayorías abandonadas y excluidas de la sociedad colombiana y los políticos adscritos a los partidos y movimientos de la derecha tradicional.

Un tiempo después, con curiosidad, pero, sobre todo con asombro, este opinador, leyó con ávido interés la columna de Ricardo Silva en El Tiempo de septiembre de 2019, titulada ¿Será que Colombia necesita un Psiquiatra General de la Nación? (Ver: Ricardo Silva: Historia de la locura en Colombia - Música y Libros - Cultura - ELTIEMPO.COM), en la que Silva Romero, desarrolla, como lo hacen los que saben, aquella vaga idea que, quien les escribe, había alcanzado a garabatear tiempo atrás. En las líneas de Romero Silva, se sustentó de manera más completa, la sospecha de la presencia de una anomalía en la salud mental de la sociedad colombiana, pero ahora, involucrando, o mejor, replanteando el esquema del síndrome de Estocolmo, para ponerlo en términos, no de la enfermedad de la víctima, si no en términos de la enfermedad de los victimarios.

Imagen: estilonext.com

La sospecha de la presencia de algún tipo de desorden sicológico comunitario, o al menos en buena parte de la comunidad, se vio reforzada en tiempos recientes, al atestiguar la manera en la que la mayoría de quienes pueden votar en Colombia, elegían una y otra vez, a quienes representaban las propuestas políticas soportadas en un modelo socio económico de gobierno de exclusión, desamparo, olvido y violencia, aun cuando públicamente la mayoría de miembros de la sociedad expresaran su desespero por la constante crisis económica y el desempleo, así como su deseo de paz, así lo evidenciaron los resultados de la consulta anti corrupción y la re elección del uribismo en el gobierno nacional, no obstante que durante la campaña electoral, planteara su objetivo de hacer trizas el Acuerdo de Paz, recientemente alcanzado.

Al hacer un muy superficial y muy limitado análisis sobre las características sicológicas de la clase política colombiana, para este humilde opinador los victimarios (En el esquema del Síndrome de Estocolmo), siguiendo con el planteamiento de Ricardo Silva, es posible encontrar que, efectivamente, la dirigencia colombiana, cumple con los presupuestos sintomáticos de quienes padecen lo que se conoce como Trastorno Antisocial de la personalidad - TAP(psicopatía), tales como: “falta de remordimiento o empatía por los demás, la falta de culpa o la capacidad de asumir la responsabilidad de sus acciones, el desprecio por las leyes o las convenciones sociales y la inclinación a la violencia y una naturaleza engañosa y manipuladora.”[1]

Imagen: elcolombiano.com

Es claro que, aunque hace falta una verdadera aproximación científica al fenómeno aquí esbozado, no obstante que ya existan algunas en el plano internacional, en las que la presencia de los TAP en la clase dirigente está sustentada (ver: Trastornos de Personalidad y Violencia. Artículo de Reflexión Para el Posconflicto Colombiano en Enlace ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7495-0314  ), la afición de la dirigencia colombiana, al menos la de los últimos veinte años, por imponer por la fuerza sus puntos de vista, incluso con el abuso de la autoridad, irrespetando de paso, los derechos de las mayorías, evadiendo la responsabilidad e incluso, atribuyéndosela a las víctimas, confirma que la permanencia de la ultraderecha en el poder, es reafirmación de que en política, al menos en Colombia; la psicopatía en el poder es exitosa.

 

 

 

 

 

 

 

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[1]Alonso, María y Skodol, Andrew, en: ¿Qué diferencia a un psicópata de un sociópata? y Trastorno de la personalidad antisocial (TPA), respectivamente. Disponibles en: ¿Qué diferencia a un psicópata de un sociópata? | Psyciencia y Trastorno de la personalidad antisocial (TPA) - Trastornos psiquiátricos - Manual MSD versión para profesionales (msdmanuals.com)

¿DE REGRESO A LA NORMALIDAD? Análisis acerca de la incertidumbre social, política y económica, a raíz de las protestas sociales en Colombia.

La Conversa de Fin de Semana

 HAY QUE CONVENCER A LOS DEL CENTRO

Imagen: Ecured.cu

Por: Omar Orlando Tovar Troches ottroz69@gmail.com

Ahora que gracias al sistema de comunicación del uribismo, nos hemos dado cuenta que las movilizaciones sociales tienen objetivos políticos y hasta electorales, se hace necesario empezar a dar los pasos precisos para transformar todas esas expresiones de descontento y reclamo de cambio, en  mecanismo efectivos para lograr que esas masivas movilizaciones en las calles, carreteras y redes sociales, se transformen en los votos para elegir a un nuevo congreso y ojalá a un nuevo ejecutivo nacional, que garanticen la oportunidad de construir un país distinto a este, que hemos heredado y que les estábamos heredando a las generaciones futuras.

Contrario a lo que planteaban las nuevas castas de opinadores y periodistas al servicio del gobierno de Duque, la dispersión de coordinaciones del Paro Nacional, traducidas en primeras, segundas, terceras y cuartas líneas, a lo largo y ancho de Colombia, antes que ser un signo de debilidad, al que tanto le apuntó y le apuntan los voceros de Uribe, tal dispersión; se ha convertido en un valioso recurso, lleno de novedosas perspectivas y formas de hacer política, que antes que chocar con la vieja dirigencia social, ha empezado a refrescar esos tradicionales modos de pensar y hacer.

Sin embargo, tras una larga batalla, en la que, efectivamente se alcanzaron grandes avances en lo reivindicativo, en lo político, pero, sobre todo; en lo organizativo, es preciso, no quedarse solo en los triunfos, que, aunque valiosos, aún son insuficientes para lograr un gran cambio del modelo, que por más de doscientos años ha ordenado a la sociedad colombiana. En este punto, los nuevos escenarios del Paro, llamadas Asambleas Populares Permanentes, tienen que servir, en primer lugar, como verdaderos puntos de encuentro democrático, de los cientos de miles de colombianos, desencantados e indignados con el sistema y con sus gobiernos, de forma tal, que lo que allí se acuerde y se mandate, sea fruto de verdaderas representatividades y del consenso.

De otro lado, al realizar los urgentes balances, es menester analizar el futuro mediato de las movilizaciones, en el entendido de que, la derecha ya  viene implementando toda una estrategia de manipulación de la opinión pública, por medio de informaciones tendenciosas, verdades a medias y de señalamientos, tanto al paro como a sus coordinaciones, de forma tal, que dentro de la memoria colectiva, se vaya posicionando al paro y a su dirigencia, como los causantes de la exclusión, la miseria, la violencia y la muerte que padecen millones de colombianos de todas las edades y no, los malos gobiernos de los partidos tradicionales, que han gobernado durante toda la historia republicana de Colombia.

Es precisamente en este punto, el de la manipulación de la opinión, en el que las dirigencias sociales de base, tienen que prestar especial atención, puesto que, si bien es cierto que a momentos de escribir estas notas, los porcentajes de favorabilidad que tienen las movilizaciones sociales y el paro, sobrepasan el 70%, también lo es, el hecho, fácilmente constatable, del paulatino re alinderamiento hacia el statu quo, por parte de algunos miembros de los estratos medios (personas con trabajo estable, propietarios de pymes, profesionales independientes emprendedores, como se auto clasifican y pensionados) que poco a poco, vienen sucumbiendo a la constante manipulación, que de ellos hace, la derecha colombiana, a través de su  sistema informativo.

Imagen: Coalición centrista de Colombia. Tomada de Confidencialcolombia.com

Este segmento de la población, el de los estratos socio económicos 3,4 y 5, es el sector de la sociedad colombiana, que ha encontrado en las posiciones de centro o de “apoliticismo”, un conveniente refugio, para protestar cuando sus intereses particulares se ven seriamente afectados (principalmente impuestos y tarifas de servicios públicos) y a la vez, para no involucrarse en lo que muchos de sus miembros consideran, polarizaciones innecesarias, cuando de reclamar los derechos de los otros estratos se trata. Es a este particular grupo poblacional, los del centro, al que toda la dirigencia social de base, debe prestar especial atención, para poder traducir sus reivindicaciones y exigencias sociales en votos.

La empatía que despertaron las novedosas movilizaciones sociales, la indignación y el rechazo que provocaron los desmanes del uribismo, pero sobre todo, una especie de hermandad en el desamparo, causada por el mal gobierno de Duque, alcanzadas dentro de miles de ciudadanos y ciudadanos de las capas medias urbanas, son los puntos de partida para empezar a construir, nuevas rutas de acercamiento, pero sobre todo, de pedagogía, para acabar de convencer, a este sector, de que en el centro político, no es posible encontrar la salida al atolladero, en el que la derecha de extremo nos ha dejado y que ya los alcanzó a ellos y ellas.

Hay que insistir en que este avance de la protesta social, también es el triunfo de la gente que se refugia en el mal llamado centro político, que es por la ruta de estar juntos y no por la salida facilista de apelar a hacernos pasito en elecciones, por donde se puede lograr el fin de este modelo corrupto e inhumano que nos está exterminando.

 

URIBISMO Y CONGRESO COLOMBIA 2021

La Conversa de Fin de Semana

El espacio público como punto de encuentro de la protesta social y la política

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

El desarrollo de las tecnologías de comunicaciones le ha aportado al ejercicio político masivo de las sociedades, un agregado importante: La omnipresencia del mensaje sobre el que las personas pretender crear cohesión social.

Si bien es cierto que la irrupción de las redes sociales de internet, le ha aportado unos elementos importantes a la movilización social, en lo atinente a la convocatoria o la propagación instantánea del discurso social sobre el que se quiere crear solidaridad, también lo es, el hecho verificado de que fenómenos como el de los Indignados en España, la primavera Árabe, o las protestas sociales de los pueblos ancestrales colombianos, siguen demostrando la importancia del encuentro o la toma de algún espacio público determinado, que ponga en el centro de la opinión pública; el o los asuntos sobre los que algún grupo determinado de la sociedad quiere ejercer su derecho a publicitar dicho interés político.

Convocatoria Paro en Colombia 2021, tomada de perfil facebook.

La sociedad se encuentra ahora en medio de dos “espacios públicos”; el históricamente buscado y aún hoy vigente, representado en las espacialidades físicas (plazas, parques, calles, carreteras) y el virtual ubicado en los medios masivos de comunicación y las redes sociales de internet. Ambas espacialidades han configurado otros tipos de movilización social, que no requieren de la convocatoria permanente a asambleas informativas y motivacionales de tal o cual grupo social, puesto que usa las herramientas comunicativas de las tecnologías de la comunicación para difundir el discurso central; que convoca a la acción política que se desea, tal como lo demostraron el M15 (indignados) en España, la Primavera Árabe o las protestas sociales en Latino América, que terminaron en la presencia de estos grupos sociales en los espacios públicos físicos de Madrid, El Cairo o en las carreteras del Sur-Occidente de Colombia.

Es claro apreciar que la movilización social es un fenómeno que, si bien tiene infinidad de motivaciones, en su conjunto; es la expresión política de cualquier sector de la llamada Sociedad Civil. El espacio público, como ya se anotó, deja de ser un elemento accesorio de dichos fenómenos, para convertirse en el elemento fundamental de estas expresiones sociales, ya que sigue siendo fundamental a la hora de visibilizar de manera presencial la adhesión que tiene cualquier discurso reivindicativo de la comunidad, no obstante, la irrupción de las redes sociales de internet a la hora de convocar y visibilizar estos fenómenos sociales.

La acción política siempre opera en la movilización social, cuando en determinado espacio público, este ente social movilizado desplaza su cuerpo, del lugar que se le ha asignado o cambiando el destino de dicho espacio, en la búsqueda de que ese  espacio físico de acción política, permita la posibilidad de que todos los sujetos de la movilización que se encuentren en calles, carreteras, plazas o incluso barricadas, sean considerados como sujetos de derechos que merecen la oportunidad de ser vistos y oídos.

Imagen de uno de los llamados Puntos de Resistencia (Calipso) en Cali-Valle-Colombia, Abril 2021- perfil de facebook

Movimientos como el 15M en España, la Primavera Árabe, las marchas de los indígenas en Colombia o los paros de Chile y Colombia, se han constituido en hitos sociales de búsqueda de apertura y decisión en lo político; en el seno de espacios públicos históricamente hegemonizados por la institucionalidad. De alguna manera la aparición y desarrollo de estos fenómenos sociales, intentó y logró cambiar la codificación estatal que ordena cómo y dónde podían expresarse las voces de la sociedad, qué es lo que se puede expresar y hasta cómo pueden los medios de comunicación mostrar lo que acontece en el espacio público.

En resumen, se puede afirmar, sin riesgo a equívoco, que la protesta social, la movilización o la convocatoria virtual en las redes sociales de internet buscan generar acciones que cambien en alguna forma el estado de las cosas, alterando momentánea o permanentemente, el orden urbano o rural normalizado institucionalmente, es decir; la protesta es una acción política premeditada.

 

 

Colombia entre el romanticismo comunitario y el fascismo individualista

Imágenes: ciudadanos del sur del Cali armados junto a la Policía Colombia y marcha del silencio convocada por empresarios en Cali, mayo 2021- Perfil Facebook - El Tiempo

Colombia entre el romanticismo comunitario y el fascismo individualista

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Por estos días de conflictividad social, en los que la indignación, pero sobre todo el desespero que expresan las mayorías en calles, carreteras y redes sociales, ha puesto en evidencia la verdadera realidad de Colombia, de cantidades inmensas de ciudadanos empujados sin remordimiento alguno hacia la pobreza y la miseria, con tal de mantener la confianza inversionista y las groseras ganancias del empresariado amigo del uribismo, se ven a sus voceros, los de los gremios, en noticieros, informativos  y hasta programas de variedades de radio, televisión e internet, llamando, ahora sí, a la búsqueda de consensos y de solidaridad, con ellos, los gremios; por parte de la comunidad hambrienta y desesperada que protesta.

Imagen Paro nacional Colombia 2021 de CLARO

La cosa, descrita así, no debería pasar de una irritante anécdota protagonizada por los voceros de la institucionalidad gremial. El problema con estos llamados a la solidaridad y a los acuerdos, es que éstos se hacen junto con la manipulación oportunista de las llamadas encuestas de opinión, a partir de la alteración de la verdad, por medio de piezas de propaganda oficial, hecha y difundida por los medios amigos del uribismo, en las que la justificada indignación y la constitucional protesta de la ciudadanía, termina siendo señalada como la culpable de todos los males de la nación.

La estrategia de tergiversación de la realidad social que padecen la mayoría de los colombianos, siempre ha tenido como finalidad, la construcción de un relato social, artificialmente consensuado, en el que lo realmente importante, es mantener una normalidad, así sea la mal llamada nueva normalidad de la peste, en la que a toda costa se debe resguardar, ya no la integridad física de la sociedad en su conjunto, sino la integridad del mercado, especialmente el sector comercio de la economía, para lo cual, el sacrificio mayor, incluso el de la vida misma, debe ser puesto por el ciudadano común, confiado depositario de las libertades de movilizarse, pero sobre todo de comprar, así no tenga con qué.

Dentro de esta lógica del mercado, situaciones de dislocación de la nueva normalidad de consumo, tales como la protesta social y las interrupciones de la movilidad, ponen en serios aprietos a poderosos sectores de la economía, que ven como su grosero incremento de ganancias, se ve interrumpido por la acción aleve, según ellos y algunas ellas, de vándalos desadaptados, que se rehúsan a mal vivir en el mundo de ensoñación consumista al debe, que gobierno y medios les venden y les imponen a través de las redes masivas de información.

Ya en este punto, en el que las mayorías de viejos y nuevos pobres, se han dado cuenta de la verdadera realidad económica, en la que la prosperidad es patrimonio exclusivo de unos pocos y la miseria es socializada entre las grandes mayorías, es en el que, de manera desesperada, la elite corporativista que gobierna Colombia, acude a la reconstrucción de su relato de búsqueda de consensos y de solidaridad, no necesariamente en búsqueda de más y mejores oportunidades y garantías de bienestar para todos, sino de más y mejores garantías de mantener el esquema en el que unos pocos siguen siendo beneficiarios de todas las gabelas del estado, a costa de la salud, la educación, el empleo y el buen vivir del resto de la sociedad.

Ante la imposibilidad de seguir con el meta relato del enemigo nacional del castro chavismo, o de un todo poderoso Gustavo Petro, como maestro titiritero del mal, tanto gremios como su gobierno, se han dado a la tarea de la construcción de otra narrativa en la que, el nuevo enemigo termine siendo la protesta social, que socaba las libertades del individuo y atenta contra el bienestar general, un enemigo de múltiples cabezas, pero que se pueden personalizar en los vándalos de primera y segunda línea, ahora declarados objetivos de alto valor para las FF.MM. y las auto defensas ciudadanas.

Imagen: Indígenas son atacados por ciudadanos armados del sur de Cali durante protestas 2021. Perfil Facebook.

Si bien es cierto que a la hora de escribir estas notas, ya se vienen dando, así sea a marchas forzadas, los primeros pasos para el esperado encuentro entre el gobierno nacional y las distintas expresiones de la protesta social, la desconfianza que siente la mayoría de los colombianos hacia la institucionalidad gremial y estatal, así como la intransigencia de sectores de la ultra derecha en el poder, no han permitido que se avance en la ruta de una negociación, en la que las justas reclamaciones de millones, acompasen el desaforado deseo de ganancias de unos pocos.

Este desencuentro no es cosa diferente que la expresión pública de una vieja contradicción social, no solo presente en Colombia, sino en muchas otras latitudes, en la que se enfrenta el romanticismo social alrededor de lo realmente comunitario y el individualismo extremo, devenido en la justificación del fascismo como mecanismo para mantener los privilegios de una minoría. Tal cual.

 

 Yo apoyo el Paro; pero ...

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Foto: Marcha del Silencio, mayo 25721/ El Pais de Cali

No obstante, el mayoritario y abrumador respaldo que han alcanzado las jornadas de protesta, iniciadas el pasado 28 de abril de 2021, tal y como se puede constatar en los resultados de los sondeos de opinión, publicados recientemente, incluso por empresas consultoras afines al actual gobierno nacional de Iván Duque, aún subsiste y empieza a crecer, un sector de la sociedad colombiana que aún no se convence o ha dejado de creer en la justeza y necesidad de las protestas. Este sector corresponde al de aquellas personas, cuya opinión sobre la protesta se resume en la expresión: Yo apoyo el paro; pero…

Es normal que jornadas de protesta de tan larga duración, sufran un desgaste, bien sea por el cansancio físico y mental de los protestantes, por las incomodidades que la alteración de la cotidianidad (movilidad, orden público, acceso a bienes y servicios, etc.) ocasiona en la población que no protesta activamente en las calles, por la percepción de impotencia de protestantes y ciudadanía en general, frente a los abusos y desmanes ocurridos durante las jornadas o por la desconfianza frente a una institucionalidad alcahueta con la violencia e ineficiente a la hora de negociar con quienes están protestando. En todo caso, sea cual sea la causa, la protesta también desgasta y se desgasta.

Minga es atacada al sur de Cali - Imagen tomada de perfil Facebook

Pero, más allá del análisis de las dinámicas propias de la protesta social y del manejo institucional que se le dé, en estas notas se pretende hacer un muy somero examen a las motivaciones que tienen sectores de la sociedad colombiana, frente a unas jornadas de movilización social, que, si bien es cierto, encuentran  justificadas, no terminan por motivarlos a participar directamente en ellas, e incluso, terminan por satanizar, al no encontrar en ellas, relación directa con su realidad socio económica, su ideología o por la incomodidad que les causan.

En primer lugar, habría que señalar que, este sector de la población que dice apoyar las jornadas de protesta, pero que también las cuestiona, corresponde, en términos generales, a personas mayores de 35 años, de los estratos socio económicos 3 en adelante, con escolaridad de nivel tecnológico y profesional, religiosamente activos, que tienen trabajos mas o menos estables y se auto definen como emprendedore(a)s, de tendencia política de centro. También es posible encontrar personas de estratos 1 y 2, mayores de 50 años, con baja escolaridad, religiosamente activos, de ideología política conservadora. Ambos grupos, corresponden a personas que viven en cascos urbanos.

Este particular grupo poblacional de la sociedad colombiana, refleja en mucho, una concepción, más bien conservadora del relacionamiento entre el Estado colombiano y la llamada sociedad civil, mucho más afín a la concepción de Estado de Derecho, correspondiente al planteado en la Constitución Política de Colombia de 1886, que aquella planteada por el Estado Social de Derecho, establecida en la Constitución de 1991. En términos muy sucintos, este grupo poblacional cree y siente que gobierno y Estado son la misma cosa y que ambas son entidades superiores, a las que se les debe respeto reverencial y que cualquier intento de subversión de su orden, es asimilable a un pecado capital.

Ante una concepción instaurada en la psique colectiva de la sociedad colombiana desde hace muchos años, en la que protesta social es sinónimo a subversión del orden establecido, es fácilmente comprensible que ciertos grupos poblacionales, como los anteriormente descritos, crean firmemente en las bondades de un sistema socio político de este tipo (conservador-capitalista) que, si bien es cierto, posee falencias, estas pueden ser subsanadas a través de las peticiones, quejas y/o reclamos, debidamente gestionados por el conducto regular o por el enlace electrónico dispuesto para ello por la institucionalidad oficial.

Vicepresidenta Ramírez, Álvaro Uribe, Iván Duque-Imagen perfil facebook

Sin embargo, ante la demostrada ineficiencia del actual gobierno nacional de Iván Duque, el desgaste y falta de salidas del modelo socio económico que, durante los últimos veinte años, ha exacerbado el paulatino empobrecimiento de este grupo poblacional específico (capas medias urbanas y pequeños y medianos propietarios rurales), se presenta una especie de fractura en ese reverencial respeto a la dupla Gobierno-Estado y se encuentra, así sea momentáneamente, que las quejas y modos de tramitarlas, que plantean otros sectores de la sociedad colombiana (campesinos, afros, indios, lgbtiq, mujeres, animalistas, estudiantes, artistas, profesores, sindicatos, políticos alternativos, etc.), bien valen la pena ser apoyadas, en tanto no alteren la falsa sensación de bienestar que el sistema le ha vendido a este sector poblacional, ni mucho menos, que vaya afectar sus emprendimientos o capacidad de ingreso constante; que les permita mantener su ritmo y niveles de consumo.

Desafortunadamente, esta deformación de la realidad colombiana, atribuible, en buena parte, al modelo educativo replicado por siempre por generaciones y generaciones de educadores, también formados en este mismo modelo, ha producido un grupo de personas que, ante el dilema de apoyar unas reclamaciones que consideran justas o proteger su aparente normal estilo de vida de supuesto bienestar económico; terminan por justificar el uso de la violencia, en contra de aquellos que pelean por eso que este grupo considera justo y deseable, pero cuya lucha, molesta su cotidianidad y su posibilidad de continuar yendo al gimnasio, al Éxito o a Mac Donald´s.

EXIGENCIAS DE GARANTÍAS PARA LA PROTESTA Y PARA LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN

Minga entrando a Cali, Abril 2021
Imagen de Facebook

EXIGENCIAS DE GARANTÍAS PARA LA PROTESTA Y PARA LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN -COMITÉ NACIONAL DE PARO

 – 16 de mayo de 2021-

I. GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DE LA PROTESTA 

Imagen Facebook

A. Medidas inmediatas que deberán adoptarse para garantizar el libre ejercicio de la protesta social y detener la violencia contra los manifestantes: 

1.Abstenerse de adoptar cualquier medida que, de tratamiento de orden público al ejercicio del derecho a la protesta social, entre ellos la declaratoria del Estado de Conmoción Interior. Retirar al Ejército y al ESMAD completamente del control de las protestas y ordenar a la Policía que se abstenga de utilizar armas de fuego y otras que puedan producir heridas en las acciones de control de las protestas como el caso de la Venom. Adoptar medidas que detengan de inmediato los asesinatos y los ataques que están realizando grupos de civiles armados contra los manifestantes. La Policía Nacional deberá abstenerse de realizar detenciones indiscriminadas y masivas contra las personas que participan en la protesta. Ordenar a todas las autoridades públicas que respeten, protejan y garanticen la labor de las personas defensoras de Derechos Humanos, así como de los periodistas y los medios de comunicación. 

 2. El Presidente de la República como jefe de Estado, y comandante de las fuerzas armadas debe condenar de manera explícita y contundente los abusos de la Fuerza Pública y comprometerse a que esos actos no serán tolerados y serán investigados y sancionados. Y reconocer que existe responsabilidad de la fuerza pública en la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, reunión y manifestación pública. De igual manera el Ministro de Defensa deberá presentar disculpas públicas por las el uso excesivo de la fuerza cometidas por el ESMAD y la fuerza pública en el marco de las protestas. Y como consecuencia deberán ser retirados del servicio los mandos de la fuerza pública que comprometidos en estos abusos. 

3. Ordenar a todas las autoridades públicas que se abstengan de continuar estigmatizando a la movilización ciudadana, y rectificar públicamente las calificaciones de “vandalismo criminal”, “terrorismo vandálico”, con que el gobierno nacional y la fuerza pública se refieren a quienes nos encontramos protestando. El presidente de la República debe condenar los discursos de odio y declaraciones estigmatizantes que han promovido funcionarios y figuras públicas sobre los y las manifestantes y las protestas sociales, y de manera particular las realizadas contra la Minga Indígena, la población afrodescendiente y los sectores populares. 

4. Se deberán adoptar de inmediato medidas específicas para detener la violencia sexual ejercida por la fuerza pública contra las mujeres en el marco de las protestas, empezando por la prohibición expresa de la violencia sexual como mecanismo de control de orden público. Establecimiento de una ruta que prevenga cualquier tipo de detención o privación de la libertad de las mujeres, pero en caso de realizarse que no se haga por hombres, no esté bajo la custodia de policías hombres, no sea trasladada en vehículos de la policía ni a estaciones o instalaciones en qué hay predominantemente hombres. Las mujeres deberían ser trasladadas a lugares que estén protegidas por autoridades civiles, mujeres, informar cualquier detención de manera inmediata a la delegada de mujer y genero de la Defensoría y de las secretarias de la mujer para que procedan al acompañamiento y representación de sus derechos. También se debe informar a la oficina de ONU DDHH para que pueda ejercer vigilancia. Establecer un mecanismo de seguimiento en que participen la institucionalidad de género (delegadas de mujer, secretarias de la mujer) y las organizaciones de mujeres para el seguimiento y acompañamiento de los casos ocurridos, su análisis y definición de mecanismos para la protección de los derechos de las víctimas sobrevivientes.

5. El gobierno Nacional deberá establecer un mecanismo expedito para que las personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos en el marco de las protestas puedan acceder a la reparación de sus derechos. Se deberá además garantizar el restablecimiento pleno de la salud de quienes han sufrido heridas en el marco de las protestas. 

B. Mecanismos de verificación de las medidas para garantizar el libre ejercicio de la protesta social y para detener la violencia contra los manifestantes, con el acompañamiento y asistencia técnica de la OACNUDH. 

 1. Que el gobierno nacional acepte de inmediato el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para realizar una visita de trabajo en Colombia para observar en terreno la situación de derechos humanos en el entorno de las protestas sociales que dieron inicio el 28 de abril. Y acepte el pedido de visita de los siguientes relatores especiales de naciones unidas: derecho de protesta, libertad de expresión, violencia contra las mujeres, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, defensores de derechos humanos y tortura. 

 2.Implementar el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación”, tanto en el nivel nacional como municipal, y con pleno funcionamiento de sus instancias: Mesas de Seguimiento, Puestos de Mando Unificado (PMU) y Comisiones de Verificación de la Sociedad Civil. 

 3.Crear de inmediato en la Fiscalía General de la Nación una unidad especial de alto nivel, y con toda la autonomía, para que se encargue de abrir y adelantar la investigación de todos los hechos de violencia (asesinatos, lesiones personales, violaciones a mujeres, torturas, desapariciones y detenciones ilegales, etc.) cometidos por la fuerza pública en contra manifestantes en las movilizaciones realizadas en todo el país desde el pasado 28 de abril, aplicando la directiva 008 de 2016, y por tratarse de delitos claramente contrarios a la función constitucional de la Fuerza Pública, debe ir a la justicia ordinaria, conforme a la jurisprudencia constitucional. Se deberán presentar públicamente los avances de investigaciones. 

 4. La Procuraduría General de la Nación deberá ejercer el poder preferente para asumir la competencia de todas las investigaciones disciplinarias contra los miembros de la fuerza pública involucrados en violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas. La Defensoría del Pueblo en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales deberá verificar que no se cometan actos de tortura, violencia sexual, vulneraciones al debido proceso y otras violaciones a los derechos humanos de las personas que son detenidas en el marco de las protestas. Bajo la coordinación de la Defensoría del Pueblo, con la asistencia técnica de la OACNUDH, y con participación delegados de organizaciones de derechos humanos que participan en el Comité Nacional de Paro, se deberá crear de inmediato un mecanismo que permita el acopio de la información sobre los hechos violatorios de los derechos humanos en el marco de las protestas, todas las instituciones públicas competentes deberán remitir permanentemente la información, y se producirían y difundirán públicamente informes diarios  

 5. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas deberá de inmediato activar un dispositivo de rendición de cuentas sobre los mecanismos de búsqueda que se han activado, el número e identidad de las personas encontradas con vida y las investigaciones que se han abierto por las agresiones sufridas por estas personas. 

C. Medidas para acordar ajustes normativos e institucionales permanentes que garanticen el libre ejercicio de la protesta, con el acompañamiento y la asistencia técnica de la OACNUDH

 1. Acatar sin reparos todas las órdenes de la sentencia de tutela decida por la Corte Suprema de Justicia el pasado 22 de septiembre de 2020 y en tal sentido responder el incidente de desacato presentado por las organizaciones accionantes. 

 2. Establecer una Comisión de Trabajo para acordar las medidas de garantías de la protesta, retomando los lineamientos construidos en el proceso de consulta previsto en el punto 2.2.1 y 2.2.2 del acuerdo de paz para la terminación del conflicto armado. 

 3. Establecer un proceso amplio de discusión sobre la reforma a la Policía Nacional, para que no se repitan los hechos de violencia durante las protestas del 21 noviembre de 2019, del 9 y 10 septiembre de 2020 y los ocurridos desde el 28 de abril de 2021, que congregue las voces de la academia, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales, expertos internacionales, dirigido a una reforma de la doctrina y las prácticas de la Policía Nacional. 

II. GARANTÍAS PARA LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN 

Iván Duque y Cúpula militar de Colombia
Imagen Facebook

1. El primer punto, o punto previo con el Comité Nacional de Paro, será las garantías que permitan detener la violencia estatal y paraestatal contra quienes venimos protestando pacíficamente, para que una vez sea acordado y verificado su cumplimiento se pueda dar inicio a las diferentes negociaciones. El proceso de negociación con el Comité Nacional de Paro, será sobre el pliego de emergencia presentado el pasado 19 de junio de 2020, y por las nuevas exigencias que se expresaron en la convocatoria del Paro Nacional del 28 de abril, esto es, retirar el proyecto de ley 010 sobre reforma a la salud, retiro del proyecto de reforma del ICETEX, derogar el decreto 1174 de 2020. El gobierno nacional deberá suspender el impulso de proyectos de ley o decretos relativos a los temas que se estén discutiendo en los procesos negociación, como la reforma a la justicia. El Comité Nacional de Paro articula 26 sectores sociales del nivel nacional, 29 comités departamentales, y más de 300 comités municipales, se deberá acordar los temas y metodología de los procesos de negociación con los sectores sociales y territoriales insular y continental articulados en el Comité Nacional de Paro. 

2.Se debe acordar una mesa de negociación con las y los jóvenes y las diversas ciudadanías movilizadas, que no están representadas en las organizaciones sociales. Se debe por tanto acodar un diseño específico de una Mesa de Negociación que permita la participación directa de los voceros de estos procesos de movilización. 

3. El inicio del proceso de negociación no implica la suspensión las movilizaciones y protestas convocadas por el Comité Nacional de Paro o por otros sectores sociales. 

4.Continuaremos acordando corredores humanitarios que permitan el paso de la misión médica, de insumos médicos y alimentos esenciales, combustibles, para mitigar los impactos del Paro en la salud y la seguridad alimentaria de la población. 

5. Todo el proceso de negociación deberá contar con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal con Monseñor Héctor Fabio Henao, del jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, de la jefa en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Julieth de Rivero. 

6.En el evento de llegar a un acuerdo sobre las garantías para el ejercicio de la protesta y para las mesas de negociación, este debe ser protocolizado con la presencia del presidente de la República en la Mesa de Negociación. 

¡A PARAR PARA AVANZAR – VIVA EL PARO NACIONAL! 
COMITÉ NACIONAL DE PARO …CNP

 

VANDALISMO COMO NUEVO CLICHE DEL PODER

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Imagen tomada de: El Español Digital

Declarar que el lenguaje, también es un instrumento de guerra, es lo mismo que descubrir que el agua moja o que el fuego quema. De hecho, lingüistas, filósofos, sociólogos y profesionales de la comunicación social, han desarrollado un amplio compendio de esta, no tan noble característica del lenguaje, a través del estudio de la pragmática.

Ya desde mediados del siglo XX, estudiosos del lenguaje como Austin, Wittgenstein, Kraus, entre otros más, ya venían analizando el uso del lenguaje como mecanismo social de manipulación del inconsciente colectivo, para alcanzar fines políticos de exaltación de supuestos valores patrióticos como la supremacía de una raza o clase, la defensa de la nación o la patria, e incluso de una idea o ideas de conveniencia para sostener el Statu Quo de quienes detentan, momentáneamente el poder, en una determinada sociedad.

A propósito de las recientes jornadas de protestas en Colombia, con motivo del rechazo generalizado al proyecto de ley de reforma tributaria, presentado a destiempo y mantenido a fuego y sangre por Duque en el Congreso colombiano, vale la pena hacer notar cómo, efectivamente, desde hace unos veinte años para acá, el uso del lenguaje como herramienta de guerra, ha sido uno de los elementos principales de la estrategia para mantenerse en el poder, utilizados por la derecha colombiana.

Foto Facebook

Rafael Núñez Florencio[1], en su reseña del ensayo Lenguaje y Guerra de Kovacsics, plantea que: “…el medio de propaganda más eficaz del hitlerismo no eran los discursos ni los símbolos, ni nada que se registrase a nivel consciente, sino las palabras aisladas y expresiones que se repetían y se terminaban por adoptar de forma mecánica e inconsciente.”, en ese mismo sentido, tal como lo plantea Núñez, el uso de algunos términos, o mejor, adjetivos, para señalar, etiquetar, descalificar, denostar o insultar a los adversarios políticos, también ha sido una práctica acostumbrada por los poderosos en Colombia.

Al empleo denostativo de palabras como: “indio”, “negro”, “marica”, “puta”, para referirse de manera ofensiva a una persona o para indicar que su comportamiento no concuerda con el que se supone deben tener las llamadas “Gentes de bien”, también se sumo la adjudicación de palabras, ya no tan “vulgares” y más correctas, políticamente hablando, para señalar el supuesto mal comportamiento de aquellas personas, salidas del esquema oficial de conducta, impuesto por quienes han detentado y ejercido el poder durante años recientes, tales como “Chusmero”, “pájaro”, “Guerrillo”, “comunista”, “cachiporro”, “terrorista”, “traqueto”, “narco” o “narco-terrorista”.

En este mismo orden de ideas, el uso repetitivo de unos nuevos términos, con una fuerte intención política de descalificación social; ha permitido que esta acción ilocutiva de la derecha, haya posicionado en el inconsciente colectivo de la sociedad colombiana, expresiones como, “castro-chavista”, “mamerto” y “vándalo”, como sinónimos o equivalentes de “terrorista”, “guerrillero”, “comunista”, “satánico”, cuando son utilizadas para describir a esos “indios”, “negros” o “guaches”, o cualquier otra persona, que se empecine en demostrar su inconformidad de manera pública, bien sea, a través de las redes sociales, prensa tradicional o, lo que es peor, protestando en la calle.

Vándalo se ha convertido en el más reciente calificativo, utilizado por la derecha, en su estrategia comunicacional, para señalar a todas aquellas personas que públicamente se rehúsen a ceñirse a los mandatos de un nuevo marco de convivencia, convenientemente diseñado, no para la defensa de bienes, honra y vida de TODOS los colombianos, sino para la defensa de los bienes, la honra y la vida de unos POCOS colombianos, cercanos al poder. Se usa Vándalo y vandalismo, para no usar Terrorista y terrorismo, debido a las fuertes implicaciones jurídicas que usar tales calificativos, podría acarrear a quien lo haga, sobre todo, en las cortes internacionales.

Imagen tomada de: El Periódico

El hecho es que, así como el aparato propagandístico de la derecha colombiana, puso de moda, eso si con intención de manipulación, términos como “mermelada”, “pos verdad” y “polarización”, para señalar en la oposición “mamerta” y “castro chavista”, todos los malos comportamientos, nacidos y practicados en el seno de la cofradía del epítome de la ultra derecha colombiana; el Centro Democrático y sus apéndices, los partidos de la coalición duqista; así mismo, ha venido tratando de imponer, a punta de descarada repetición, en los medios de comunicación propios y aliados, al término Vándalo, para tratar, por un lado, de estigmatizar y hasta judicializar a la oposición y a quienes ejercen el derecho a la protesta, y por el otro, justificar, la decisión de imponer una especie de dictadura, para reprimir, los actos vandálicos de la “mamertería” nacional.

En todo caso, y para concluir, es preciso retomar a Núñez, cuando, citando a Kafka, afirma del uso del lenguaje como instrumento de guerra: “Cuando la palabra se convierte en vasalla de la voluntad política, supeditada a unas decisiones establecidas de antemano, su rol deviene “absolutamente accesorio y servil””. Amén.

 

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[1] RAFAEL NUÑEZ FLORENCIO, Guerra y lenguaje- Adan Kovacsics, 28 febrero, 2008, tomado de: Guerra y lenguaje | El Cualltur