Por: Jhon Jaiver Flórez G.
Ninguna democracia sobrevive cuando sus accionistas renuncian a escrutar a quienes administran su destino.
Cada cuatro años, Colombia convoca a sus ciudadanos como si celebrara una asamblea general de accionistas. La puntualidad es impecable, la logística envidiable y la escenografía digna de auditoría internacional. Se instalan mesas que parecen estaciones contables, se acreditan jurados con aire de notarios y se activa la liturgia democrática: la tinta indeleble oficia como sacramento laico, los formularios se diligencian con devoción técnica y los boletines oficiales descienden entrada la noche con cifras precisas y tono aséptico. No hay tanques en las plazas ni interrupciones abruptas del orden constitucional. Hay filas disciplinadas, selfies patrióticas, cámaras vigilantes, declaraciones prudentes y una consigna que repetimos con orgullo casi ceremonial: Colombia vota. Colombia, invariablemente, vota. Y todo indica —al menos en la superficie— que el procedimiento funciona.
Y es verdad. Vota desde el siglo XIX, aunque no siempre hayan votado todos ni en igualdad de condiciones. Primero fueron los propietarios ilustrados; luego los partidos excluyentes; después la arquitectura jerárquica de 1886 consolidó un sistema que confundía estabilidad con concentración. El Frente Nacional perfeccionó la aritmética: alternancia pactada para conjurar la violencia, competencia dosificada para evitar sobresaltos. La guerra disminuyó en intensidad institucional, pero el pluralismo quedó cuidadosamente administrado. Más tarde, la Constitución de 1991 prometió una refundación ética y jurídica: derechos fundamentales robustos, tutela expedita, participación ciudadana, pluralismo político. El texto fue ambicioso; la estructura del poder, paciente. Se modernizó la fachada sin desmontar del todo la maquinaria clientelar que aprendió a sobrevivir a cada reforma como si fuera parte del mobiliario institucional.
Si adoptamos la definición mínima de democracia —elecciones periódicas, competencia formal y resultados reconocidos— el país aprueba. Ha habido alternancia; incluso rupturas simbólicas que décadas atrás parecían improbables. Las actas cuadran, las instituciones no colapsan y la transición se realiza con una serenidad que tranquiliza a observadores extranjeros. Pero la democracia no es solo un método para contar votos; es un sistema para producir consecuencias justas. Y ahí comienza la incomodidad.
Porque esta empresa colectiva llamada Estado colombiano encierra una paradoja persistente: sus accionistas —los ciudadanos— acuden disciplinadamente a la asamblea electoral, pero rara vez revisan con rigor los balances antes de elegir a quienes administrarán el patrimonio común. Se dejan seducir por el carisma del aspirante, por la retórica muchas veces lenguaraz, por el eslogan que promete dividendos morales inmediatos o por el jingle que reduce problemas estructurales a consignas fáciles de corear. Desde lejos, el engranaje luce ordenado; de cerca, la contabilidad revela pasivos heredados, intereses cruzados y utilidades distribuidas con criterios selectivos.
Si el Estado fuera una gran sociedad anónima, cada voto sería una acción depositada para decidir quién gestionará activos gigantescos: presupuesto público, recursos naturales, infraestructura, políticas sociales, justicia. Cada cuatro años se convoca esa asamblea, se instalan mesas, se activan sistemas de conteo y el acta siempre coincide. La Empresa exhibe estabilidad formal. Lo que no siempre exhibe es la misma transparencia en la gestión que presume en su ritual democrático.
La libertad del voto no florece en el vacío; se forja en un ecosistema de presiones visibles e invisibles. Generalmente en los territorios, sufragar no es solo un acto de conciencia sino un cálculo de supervivencia. La coacción rara vez aparece con uniforme o fusil; suele adoptar la forma de un contrato precario, de un subsidio condicionado, de una recomendación que recuerda favores pendientes o, más crudamente, de la necesidad elemental de comer envuelta en promesas que casi siempre caducan al día siguiente. La compra de votos no es una anécdota pintoresca; es una microeconomía electoral que funciona con la lógica del mercado: hay oferta, hay demanda y un precio ajustado a la urgencia. En contextos de precariedad, la dignidad compite con la necesidad. Y la necesidad, con demasiada frecuencia, gana.
A este escenario se suma la desinformación estratégica: relatos fabricados, cifras descontextualizadas, temores amplificados y adversarios convertidos en caricaturas útiles. Los medios y, con mayor intensidad, las redes sociales no solo informan; segmentan emociones, administran indignaciones a la medida y convierten la política en espectáculo permanente. Cada ciudadano termina habitando una versión distinta del país, diseñada por algoritmos que confirman prejuicios y refuerzan lealtades. Mientras discutimos en burbujas digitales, las decisiones estructurales se negocian en mesas discretas. El ruido ocupa el espacio público; la estrategia se cocina en silencio.
Decimos que elegimos con libertad; con demasiada frecuencia, sin embargo, nos limitamos a refrendar acuerdos tejidos de antemano.
Lo más delicado no ocurre el día de la votación, sino después. Las tres ramas del poder han sido, en distintos momentos, permeadas por grupos políticos y económicos que entienden la institucionalidad como activo estratégico. No se trata solo de sobornos individuales o escándalos episódicos; se trata de captura estructural. El Legislativo responde a compromisos adquiridos en campaña; el Ejecutivo negocia gobernabilidad mediante cuotas burocráticas; el Judicial, llamado a ser contrapeso, no siempre escapa a influencias que erosionan su independencia. La ley no se deroga frontalmente: se interpreta con creatividad interesada. La Constitución no se suspende: se administra.
No hay dictadura con uniforme ni clausura de elecciones. Hay algo más sofisticado: una legalidad moldeada con filigrana precisa. Reglamentos técnicos que parecen neutros, pero inclinan la balanza; decisiones administrativas que consolidan redes; nombramientos que aseguran lealtades y blindajes. Es un autoritarismo elegante, una dictadura institucional que conserva la forma democrática mientras desgasta su sustancia.
En muchas regiones, además, el apellido pesa más que el programa. Los clanes políticos han convertido la permanencia en arte. No siempre hay delito comprobable; hay estructuras maliciosas eficientes. Redes de favores, contratos que lubrican fidelidades, empleo público distribuido con precisión quirúrgica. La democracia compite en el papel; el clan administra en la práctica. La alternancia se transforma en rotación dentro del mismo círculo ampliado. Cambian los rostros; se heredan las maquinarias.
Entretanto, el debate nacional se concentra casi obsesivamente en la figura presidencial, examinando al jefe del Estado como si fuera el único responsable —o culpable— del rumbo institucional. Se dramatiza la elección del presidente, mientras se relega a un segundo plano la incidencia cotidiana del Congreso y de las autoridades territoriales, donde realmente se diseña la arquitectura normativa, se modulan las normas, se archivan reformas incómodas y se distribuyen los recursos públicos. Así, la discusión pública magnifica el símbolo del liderazgo y minimiza los engranajes que determinan, en los hechos, la orientación del Estado. Es como si los accionistas disputaran con vehemencia quién pronunciará el discurso anual, pero desatendieran quién redacta las cláusulas y administra los contratos que rigen la organización.
Sería cómodo atribuir toda la responsabilidad a la dirigencia. Y es cierto que durante décadas muchos políticos han tratado al ciudadano como insumo electoral: imprescindible en campaña, ornamental en la posesión y prescindible en el ejercicio del poder. Pero la renuncia ciudadana tampoco es inocente. Si el Estado es una empresa que nos pertenece a todos, ¿qué clase de socio vota sin revisar antecedentes, sin examinar votaciones previas, sin exigir rendición de cuentas? ¿Qué accionista delega la administración de su patrimonio colectivo a gestores con historial dudoso y luego se sorprende ante los resultados?
En el ámbito empresarial eso se llama negligencia. En política, solemos llamarlo tradición, lealtad o resignación.
La abstención, persistente y estructural, no es simple apatía; es el sedimento de un escepticismo prolongado. Muchos ciudadanos están convencidos de que, gane quien gane, su cotidianidad poco variará. Sin embargo, cuando quienes podrían ejercer un voto crítico se ausentan, la decisión se adopta sin contrapeso. No votar puede parecer un gesto de protesta; también puede convertirse en el mecanismo que consolida aquello que se cuestiona. Se olvida que decisiones trascendentales como: las tarifas, las garantías laborales, el acceso a salud, vivienda digna, educación o servicios básicos dependen, en última instancia, de quienes ocupan el poder.
Colombia no es una dictadura abierta ni una democracia idílica. Es un sistema que ha perfeccionado el ritual electoral, pero que aún lucha por traducir esa competencia en justicia tangible. El procedimiento es sólido; la distribución del poder, menos equitativa. La alternancia existe; la transformación estructural se posterga. La democracia funciona como ceremonia impecable mientras la administración pública exhibe síntomas crónicos de captura y desigualdad.
La pregunta de fondo no es si el país vota. Vota. La pregunta es si ese voto se ejerce como acto de soberanía consciente o como trámite periódico. Si se asume como delegación responsable de poder o como descarga momentánea de frustración. Porque votar no es un favor concedido al candidato; es una decisión sobre presupuestos multimillonarios y políticas que determinarán acceso a salud, educación, empleo, vivienda y justicia. Es un acto de corresponsabilidad histórica.
Ningún Estado puede ser mejor que la exigencia de sus ciudadanos. Ninguna democracia sobrevive cuando sus accionistas renuncian a escrutar a quienes administran su destino. La corrupción persistente, la desigualdad obstinada y la captura institucional no son fatalidades metafísicas; son consecuencias de decisiones políticas y de omisiones ciudadanas.
Tal vez el desafío no sea perfeccionar el ritual —que ya funciona con precisión admirable— sino dotarlo de contenido real. Convertir la jornada electoral en algo más que una ceremonia ordenada. Entender que cada sufragio es una auditoría moral y un compromiso con el futuro común. Asumir que el Estado no es una abstracción manejada por otros, sino la empresa colectiva cuya gestión determina nuestra dignidad cotidiana.
Colombia sabe ir a las urnas. Lo ha demostrado durante décadas. Lo que está en disputa es si aprenderá, finalmente, a gobernarse con la misma seriedad con la que organiza su jornada electoral. El día en que el ciudadano actúe como propietario vigilante y no como espectador ocasional, la elección dejará de ser un ritual impecable y se convertirá en el ejercicio pleno de una soberanía que no solo cuenta votos, sino que exige cuentas.
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