LA VITRINA DE LA CONVERSA

sábado, enero 17, 2026

La normalización del engaño: artimañas jurídicas, crimen y política del ruido *

 

Imagen tomada de: Tertulias Defensor | Podcast on Spotify

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Abelardo De la Espriella no es una anomalía, sino un producto lógico del sistema de poder colombiano. Su ascenso refleja la normalización social del engaño y la desfachatez política. Su candidatura es la confesión de un régimen que, sin pudor, exige ser aplaudido y votado.

En Colombia, la política no corrige: recicla. No depura los residuos del poder, los reintroduce con nuevo empaque. Los procesos judiciales no expulsan a los protagonistas: los preparan. Los prontuarios no cierran carreras: las inauguran. Aquí el pasado no pesa como culpa, sino como experiencia; no funciona como límite moral, sino como capital simbólico. En ese ecosistema —donde la memoria estorba y la indignación se agota rápido— prospera Abelardo De la Espriella, figura que no irrumpe en la escena política como accidente ni como anomalía, sino como consecuencia lógica de un sistema que aprendió hace tiempo a gobernar desde el subsuelo.

De la Espriella no es simplemente un abogado cuestionado que decidió “dar el salto” a la política. Es un producto acabado de la gobernabilidad informal colombiana, ese régimen paralelo donde el derecho no regula el poder, sino que lo blinda; donde la ley no opera como límite ético, sino como lenguaje técnico de la impunidad; donde el expediente no busca verdad, sino desgaste; y donde el proceso judicial se convierte en una sofisticada administración del tiempo: tiempo para prescribir, negociar, fugarse o reciclarse. Su figura no nace en la plaza pública ni en el debate democrático, sino en el subsuelo: en los pasillos judiciales, las intermediaciones oscuras, los acuerdos invisibles y las defensas que no persiguen justicia, sino control del daño.

Por eso su entrada en la política electoral no constituye una ruptura, sino una continuidad natural. Cambia el estrado por la tarima, el alegato por la vociferación mediática, pero conserva intacto el método. Intimidar, saturar, confundir. Desplazar el conflicto desde el terreno de los hechos hacia la emocionalidad primaria. Convertir el grito en argumento y el enemigo en programa. Presentarse como encarnación del orden frente a un caos cuidadosamente exagerado. No es un outsider: es el insider perfecto de un sistema que siempre ha gobernado desde abajo, desde las cloacas que la institucionalidad se empeña en negar mientras se alimenta de ellas.

El caso de Diego Cadena no es, en este relato, un capítulo cerrado, sino una linterna. Su condena no clausura una historia: ilumina un ecosistema. Cadena fue el operador visible, el mensajero fanfarrón que visitaba cárceles y negociaba testimonios con la torpeza de quien actúa a plena luz. De la Espriella pertenece a otro nivel: el de los traductores, los legitimadores, los alquimistas que convierten el mundo criminal en lenguaje respetable, que hacen del delito un asunto técnico y del poder una cuestión de estilo. Cadena exhibe el método; De la Espriella encarna el modelo. No se trata de complicidades episódicas, sino de una identidad de campo, de trayectorias paralelas y clientelas compartidas, de una misma concepción del derecho como herramienta de administración de la impunidad.

Durante la desmovilización de las AUC, De la Espriella no fue un espectador ingenuo ni un asesor técnico marginal. Fue parte del engranaje simbólico que permitió al paramilitarismo reconvertirse discursivamente: lavar su historia con retórica jurídica, traducir crímenes masivos en causas defendibles y ensayar una respetabilidad de posguerra. La fundación FINPAZ no fue una anécdota juvenil ni un error de cálculo, sino una señal temprana de una constante: la moral como escenografía, intercambiable según la audiencia y la coyuntura. En ese teatro, la ética no es principio, sino utilería.

En Colombia, la biografía incómoda no estorba: habilita. No se asciende pese al pasado, sino gracias a él, cuando es lo bastante turbio para garantizar obediencia futura. El Espectador lo recordó el 6 de julio de 2009 al revelar que, durante el juicio contra David Murcia Guzmán, la Fiscalía presentó pruebas que vinculaban a Abelardo De La Espriella con la recepción de 760 millones de pesos para presunto lobby en el Congreso a favor de DMG. Las interceptaciones fueron directas: dinero urgente para “pisar a la gente”, con destino a la “oficina de Abelardo”, acompañadas de seguimiento oficial y registro fotográfico. El abogado admitió el ingreso, aunque lo rebautizó como honorarios. En el subsuelo del poder, cambian los nombres; las funciones, no.

Ese acceso no se exhibe: se ejerce. Colombia está llena de abogados ricos; pocos necesitan un jet privado para recordar quién manda. El Falcon 50 matriculado en Delaware —ese paraíso fiscal con modales jurídicos— no es un medio de transporte: es una declaración de jerarquía. El reloj Rolex, el maletín exclusivo, la pose calculada frente a la turbina no son extravagancias personales, sino una pedagogía brutal del privilegio. Cuando De la Espriella afirma que “no tiene que dar explicaciones”, no evade una pregunta: afirma una doctrina. Es la impunidad hablándose a sí misma, convertida en identidad política y ofrecida como modelo de éxito.

La licitación de El Dorado funciona como escena inaugural del mito. Una firma desconocida, honorarios obscenos, 800 mil dólares para un abogado joven con vestimenta y sin recorrido. Nadie pudo entonces —ni puede ahora— justificar ese pago desde la técnica jurídica. Pero en la república del subsuelo existen servicios que no figuran en los contratos: se pagan por lo que abren, por lo que conectan o por lo que silencian. Hay experticias que no se enseñan en las facultades, pero que se aprenden rápido allí donde la legalidad y la ilegalidad se separan por un hilo casi imperceptible. Es en ese territorio donde se aprende, con precisión cínica, cómo funciona realmente el poder.

La relación con Álex Saab termina de cerrar el círculo. Mientras hoy declama contra la dictadura venezolana con fervor impostado, los hechos muestran que asumió su defensa cuando ya era públicamente señalado como testaferro central del régimen de Maduro. No llegó tarde ni engañado: llegó sabiendo. Saab no fue un cliente incómodo descubierto a destiempo; fue un cliente estratégico. Defenderlo no fue un error, sino una toma de posición. Y cuando la estafa de los CLAP ya estaba documentada, De la Espriella eligió atacar periodistas antes que responder preguntas.

Su estrategia contemporánea es elemental y eficaz: saturar el espacio público. No refutar, sino ahogar. No explicar, sino intimidar. Convertir el ruido en cortina, el algoritmo en coartada y la indignación performativa en blindaje. Allí donde no hay argumentos, hay enemigos; donde no hay programa, hay venganza; donde no hay ideas, hay espectáculo.

Su candidatura no es solo un episodio electoral: es un síntoma histórico. La mutación final del abogado del subsuelo en caudillo lenguaraz de micrófono, alguien que convierte su pasado oscuro en promesa de ferocidad política y su falta de escrúpulos en oferta de orden. En un país atravesado por genocidios políticos, falsos positivos y violencias normalizadas, esa ligereza discursiva no es retórica: es advertencia.

Desde una mirada sociológica, Abelardo De la Espriella no es un desviado, sino un nodo funcional del campo de poder colombiano. Desde una mirada humanística, el verdadero drama no reside únicamente en su ascenso inflado, sino en la normalización del engaño social que lo hace posible y hasta deseable. Y desde una lectura política, su candidatura es la confesión involuntaria de un sistema que ya no disimula ni pide perdón: ahora exige aplausos y solicita el voto sin rubor.

El talante de De la Espriella no se presume ni se caricaturiza: se prueba. Basta escucharlo cuando, sin pudor ni rodeos, decide teorizar su propia ética en una entrevista radial, confiesa, con una franqueza que roza el cinismo: “Yo soy ateo, pero en Colombia hay muchos votantes creyentes, y si uno quiere esos votos, tiene que mentir. Nada más”. No fue un lapsus ni una torpeza verbal: fue la tesis de su política. La mentira erigida en herramienta electoral, la fe convertida en mercancía y el engaño asumido como método legítimo de poder. No un error moral, sino una estrategia explícita.

Su cercanía con el inframundo tampoco admite el refugio de la “invención periodística”. En un cara a cara radial con el narcotraficante conocido como el Mono Abello, ante la pregunta directa de Julio Sánchez Cristo sobre si alguno de sus bienes estaba en manos de políticos, la respuesta fue tan reveladora como impune: “Los bienes míos los maneja… detrás de bambalinas el señor Efraín Cepeda, el abogado Aniano Iglesias y el abogado orquesta Abelardo De la Espriella”. En la república del subsuelo los nombres no se esconden: se pronuncian. Lo escandaloso no es la red, sino la naturalidad con que se la administra.

Daniel Coronell terminó de afinar el bisturí. Contó cómo De la Espriella intentó perseguirlo judicialmente en Estados Unidos por una columna titulada El avión. El ímpetu judicial duró lo que tarda la justicia en hacer una pregunta incómoda: qué explicara el origen de su fortuna y nombrara a sus clientes. Ahí, el paladín del litigio descubrió los límites de su coraje procesal y se retiró en silencio. La justicia, cuando deja de servir para intimidar y empieza a exigir respuestas, suele volverse intolerable para quienes más la invocan.

Y entonces emerge su versión más reciente, tan simple como perturbadora: un gatico domesticado, enfundado en bandanas patrióticas, criado entre alfombras mullidas, aplausos comprados y sombras obedientes, se mira en un espejo deformado y se cree tigre. Eriza el lomo, ruge para las cámaras y promete selva donde apenas hay patio. No caza, no protege, no gobierna: imita.

El verdadero peligro no reside en quien ensaya rugidos sin haber salido del patio, sino en una sociedad que normaliza la impostura, tolera candidaturas sostenidas en artificios mediáticos y legitimaciones precarias, y que, entre encuestas funcionalmente arregladas y firmas infladas y dudosas, termina entregando el poder real, confundiendo la representación con liderazgo y la farsa con destino.

* Desde La Conversa de Fin de Semana, agradecemos las contribuciones de nuestros colaboradores. Cada opinión, que respetamos profundamente, es responsabilidad de su autor.


viernes, enero 16, 2026

Gobernaciones y alcaldías uribistas arrecian sabotaje político

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Estas federaciones son el núcleo de un "gobierno paralelo" que busca mantener privilegios de un modelo agotado y defensa de intereses de la derecha colombiana. 

La llegada de la izquierda a la presidencia de Colombia no solo marcó un hito histórico, sino que también desató los mecanismos de contención más arraigados del establecimiento político de derecha. Más allá de la oposición en el Congreso y el ataque frontal desde los medios de comunicación de los grandes gremios de producción, se ha reactivado con ferocidad una herramienta gremial menos visible para el ciudadano común, pero profundamente poderosa, compuesta por: Fededepartamentos, Fedemunicipios y Asocapitales, entidades que lejos de su fachada técnica se han erigido, nuevamente, como el cuartel general operativo del uribismo para estrangular, desde las regiones, el proyecto de cambio.

Estas federaciones, que durante los gobiernos de Uribe, Santos y Duque funcionaron como una extensión burocrática del poder central y una eficiente red de pensamiento, propaganda y, según múltiples informes periodísticos y judiciales, financiación clientelista, hoy muestran su verdadero rostro: el de una oposición institucionalizada que raya en la sedición. Ante la imposibilidad de retener la Casa de Nariño, figuras clave de la centroderecha y la derecha se atrincheraron en gobernaciones y alcaldías de capitales estratégicas, respaldadas por un ejército de funcionarios de carrera o de confianza política enquistados en ministerios y entidades descentralizadas, para desarrollar una campaña sistemática de desprestigio, bloqueo y sabotaje que busca presentar al gobierno nacional como incompetente e ilegítimo.

La incoherencia es el sello distintivo de estos mandatarios, toda vez que, actuando como jefes políticos regionales del bloque opositor, ordenaron a sus tropas en el Congreso torpedear proyectos fundamentales para la sostenibilidad fiscal del Estado. Destacados afiliados de Fededepartamentos y Asocapitales lideraron una oposición sin argumentos sólidos y de manera casi automática, a iniciativas destinadas a crear recursos para programas sociales, seguridad y desarrollo para las regiones. La Ley de Presupuesto General de la Nación es el ejemplo más claro: su trámite fue obstruido por los mismos partidos que hoy, desde las gobernaciones y alcaldías, reclaman a voz en cuello más recursos para sus territorios. Gobernadores como el de Antioquia o las del Valle y Tolima, lo mismo que alcaldes como los de Bogotá, Medellín o Cali, prefirieron ahogar financieramente al Estado para dañar políticamente a Petro, antes que llegar a acuerdos consensuados en beneficio del país.

Ahora, la incoherencia de la derecha da un salto peligroso hacia la rebeldía institucional. Ante medidas legítimas del gobierno central, como la solicitud de aportes extraordinarios en un estado de emergencia económica, recursos que, se insiste, pudieron obtenerse por la vía ordinaria si la oposición no la hubiera bloqueado; estos mandatarios y sus federaciones han declarado abiertamente que no acatarán las normas. Es decir, se rebelan contra la obligación jurídica de cumplir las funciones que juraron ejercer. Victimizándose y apelando a la complejidad técnica de las finanzas públicas, manipulan la comprensión ciudadana para esconder su verdadero objetivo: desestabilizar.

En temporada electoral, la máquina se aceita con fines proselitistas. En este orden de ideas, Fededepartamentos y Asocapitales se convierten en plataformas de campaña. Sus declaraciones que aparentan ser técnicas; en realidad son consignas políticas que corean, al unísono con gremios económicos y grandes medios, insistiendo en un relato de caos y fracaso. Figuras polémicas como Dilian Francisca Toro, Andrés Julián Rendon, junto con candidatos con pobres índices de aceptación, utilizan estas agremiaciones para proyectarse nacionalmente, repitiendo falacias a pesar de que los indicadores macroeconómicos y sociales muestran resiliencia y avances en medio de una tormenta global y un sabotaje interno feroz.

El verdadero peligro no es la oposición política, vital en una democracia. El peligro es la utilización de estructuras estatales y seudogremiales, financiadas con los recursos de la ciudadanía, para hacer oposición desleal y sabotear al gobierno elegido popularmente. Estas federaciones son el núcleo de un "gobierno paralelo" que busca mantener los privilegios de un modelo agotado y la defensa de los intereses de la derecha colombiana por encima de la gobernabilidad, la institucionalidad y el bienestar general.

El país debe abrir los ojos: el conflicto político no se libra solo en el Capitolio o en los noticieros, sino en estas oficinas aparentemente grises donde se teje, con hilos institucionales, la estrategia del bloqueo que pretende hundir cualquier esperanza de cambio.

jueves, enero 15, 2026

La Paz Territorial Indígena: Un mandato aún incumplido

 


Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-


La nación Nasa y todos los pueblos indígenas en resistencia, no son un tema antropológico; son sujetos políticos de derechos, comunidades dignas y valientes que han defendido su territorio y su cultura con un costo humano inmenso

El reciente y trascendental comunicado, suscrito por 209 autoridades tradicionales de la nación Nasa [1], no es solo un pronunciamiento más en el panorama de la conflictividad social y armada en Colombia; es el llamado colectivo de una resistencia milenaria que celebra, con cautelosa esperanza, un avance jurídico crucial: la tipificación formal como delitos de lesa humanidad de los crímenes cometidos por grupos armados contra las comunidades, sus sabedores y el propio territorio. Este hito legal, sin embargo, resuena sobre un suelo aún ensangrentado. Mientras la justicia ordinaria empieza a nombrar con la gravedad que merecen estos hechos, en los resguardos del Cauca la guerra sigue escribiendo su capítulo más cruel con tinta de presente continuo.

Es importante tener en cuenta que el comunicado no es un ejercicio de memoria histórica sobre un pasado superado, es una radiografía urgente del hoy. A pesar de los acuerdos de paz pactados y de la actual propuesta de “Paz Total”, las comunidades Nasa siguen reportando amenazas, confinamientos, desplazamientos forzados y, de manera particularmente atroz, el reclutamiento de sus niños, niñas y jóvenes por parte de actores armados ilegales, que no debe entenderse, ni mucho menos normalizarse como un daño colateral; sino como un etnocidio en cámara lenta, una herida profunda al corazón mismo de la continuidad cultural.

El comunicado, claramente reconoce que la justicia colombiana ha dado pasos significativos, ya que menciona el hecho de que las Altas Cortes colombianas han emitido sentencias emblemáticas que reconocen el abandono estatal histórico y ordenan su remediación. Sin embargo, estos mandatos judiciales, en su mayoría, yacen en el limbo de la implementación, toda vez que, la causa raíz de este “estado de cosas inconstitucional” (la ausencia crónica del Estado social de derecho y la perpetuación de las condiciones que alimentan el conflicto) sigue intacta. Los intentos de paz de los gobiernos de Santos y Petro, aunque distintos en su narrativa, han demostrado, hasta el momento, una ineficacia palpable en los territorios indígenas, en donde la lógica del fusil aún prevalece sobre la del diálogo.

En este contexto de promesas incumplidas y violencia renovada, cobra una importancia capital la Propuesta de Paz Territorial construida y presentada por las organizaciones indígenas del Cauca, como la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la que, tristemente desnuda una gran contradicción del actual gobierno del Pacto Histórico: mientras proclama una “Paz Total” que pretende ser incluyente, parece no otorgar el acompañamiento político decisivo que esta iniciativa originaria requiere y merece.

La propuesta de paz indígena no es un anexo; plantea un cambio de paradigma. Como señalan las autoridades Nasa en su comunicado, esta visión descentra las negociaciones del ámbito exclusivo de los actores armados y sitúa en el centro a las comunidades víctimas. Plantea un modelo de construcción de paz desde lo territorial, fundamentado en las particularidades geográficas, sociales, políticas y, sobre todo, espirituales de los pueblos. Se distancia así de los modelos tecnocráticos diseñados desde escritorios en Bogotá, que suelen operar con un centralismo urbano ajeno, tanto a la realidad territorial y a la cosmovisión de sus habitantes, como a la lógica meramente utilitarista y violenta de los ilegales.

El llamado final del comunicado es un testamento de dignidad y una hoja de ruta ignorada. Es imperativo que el gobierno de Gustavo Petro y toda la institucionalidad local y regional del Cauca, no solo “escuchen”, sino que arropen y materialicen esta propuesta. Se debe pasar de la retórica del reconocimiento multicultural, que a menudo reduce a los pueblos indígenas a un componente folclórico y pintoresco; a la acción concreta que respete su autonomía y, lo que es más revolucionario, permitir que su cosmovisión y sus formas propias de organización realmente primen en el diseño e implementación de cualquier política, plan o programa que les concierna.

La nación Nasa y todos los pueblos indígenas en resistencia, no son un tema antropológico; son sujetos políticos de derechos, comunidades dignas y valientes que han defendido su territorio y su cultura con un costo humano inmenso. Su propuesta de paz territorial no es una alternativa más; es, quizás, la única que puede sanar las raíces de la guerra en esos territorios. Ignorarla, una vez más, no sería solo un error político; sería una traición histórica a la posibilidad de una paz verdadera y con justicia social para Colombia.

El tiempo de los discursos ha pasado. La tierra, a través de sus autoridades, ha hablado. Ahora es el turno del Estado colombiano de actuar, antes de que la oportunidad se pierda en el mismo fuego cruzado que hoy consume a las semillas de vida del Cauca.

 



[1] Ver documento completo en: https://drive.google.com/file/d/1YX3mTSYyudpa7wiL9JG6lZ5UhXOMYslt/view?usp=sharing

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miércoles, enero 14, 2026

En el Cauca: Desencanto con el gobierno nacional vs respaldo a Petro*

 


Por: Andrea B. Romero

Clanes políticos tradicionales del Cauca, como los de Temístocles Ortega y Óscar Campo, el liberalismo gavirista y otros han consolidado alianzas que les permiten sobrevivir y obstruir las iniciativas del gobierno central. Su principal objetivo no es el desarrollo regional, sino preservar sus redes de influencia y clientelismo

El departamento del Cauca, bastión electoral del Pacto Histórico y símbolo de las luchas históricas por la tierra, la autonomía y la paz, vive una paradoja profunda y potencialmente explosiva, ya que, mientras aún se mantiene un apoyo mayoritario a la figura del presidente Gustavo Petro y a su proyecto de cambio; en sus territorios más golpeados por la violencia y el abandono (como la zona norte, cuna de la vicepresidenta Francia Márquez), crece un sentimiento tangible de frustración y desencanto. 

Este descontento, que comienza a articularse desde las organizaciones sociales de base: indígenas, afrodescendientes y campesinas; no es un rechazo al ideario del “vivir sabroso” o a la necesidad de una paz total (política en la que la organización Indígena ha presentado propuestas propias), sino un cuestionamiento agudo a la incapacidad del gobierno nacional para materializar sus promesas en el territorio y de erradicar la incompetencia activa de las viejas estructuras políticas locales y la inercia de una burocracia estatal mediocre.

Esta contradicción se evidencia en el hecho de que, a pesar de las numerosas visitas de ministros, de las expresiones de solidaridad y de contar con la segunda mandataria del país, oriunda de Suárez, el Cauca no experimenta la transformación prometida. La percepción entre las comunidades es que el gobierno nacional ha delegado su implementación en una capa de funcionarios de nivel medio, tanto en las carteras ministeriales como en las entidades descentralizadas, que actúan con lentitud, descoordinación y, en muchos casos, con una desobligación que raya en el sabotaje pasivo. El presidente Petro, concentrado en grandes batallas nacionales e internacionales, no ha priorizado la tarea de “poner en cintura” a este aparato administrativo, dejando que proyectos clave se pierdan en la maraña de los trámites, las licitaciones fallidas y la falta de voluntad política operativa. El resultado es un catálogo de promesas incumplidas y obras estancadas que alimentan el escepticismo.

Este fracaso en la implementación no ocurre en un vacío político, sino que se potencia por una situación electoral y de poder local profundamente contradictoria. Mientras el Cauca votó masivamente por Petro y eligió un significativo número de congresistas del Pacto Histórico, en el ámbito territorial el poder sigue estando capturado por los históricos cacicazgos de los partidos tradicionales de derecha. Clanes electorales como los del exgobernador y congresista Temístocles Ortega (Cambio Radical), el liberalismo de César Gaviria y Fernando Velasco, lo mismo que la maquinaria política del congresista y exgobernador Óscar Campo (también de Cambio Radical) han demostrado una habilidad magistral para la cooptación y la supervivencia. Estas nuevas alianzas electorales han logrado neutralizar, desviar o empantanar las iniciativas del gobierno central. Su objetivo no es el desarrollo del Cauca, sino mantener sus redes de influencia y clientela, actuando como un dique de contención contra el cambio.

En este escenario, el silencio y la ambigüedad de la vicepresidenta Francia Márquez resultan desconcertantes y son fuente de creciente malestar. Su imagen, esencial para la legitimidad étnica y popular del gobierno, parece diluirse en fotos protocolarias con la misma clase política tradicional que bloquea las transformaciones. Las comunidades perciben una figura distante, cuya capacidad para torcerle el brazo a los operadores políticos locales y a la burocracia ministerial parece ser nula. El “vivir sabroso” se convirtió en un eslogan vacío, mientras la violencia del ELN, las disidencias y los grupos narcotraficantes sigue diezmando a los líderes sociales y envenenando la vida comunitaria.

Un caso emblemático de este fracaso es el Hospital Regional del Norte del Cauca, una obra demandada por décadas y prometida de manera reiterada. El proyecto fue sistemáticamente empantanado por maniobras burocráticas locales, incluyendo las muy sospechosas dilaciones del actual alcalde de Santander de Quilichao con la complicidad de grupos políticos que hoy siguen ejerciendo poder. Este patrón se repite en otros proyectos de infraestructura y desarrollo social que, ante la falta de vehemencia en su gestión por parte del gobierno nacional y la obstrucción local, avanzan hacia un estatus de “elefantes blancos”. Paralelamente, los gobiernos locales (alcaldías y gobernación) muestran una notoria ausencia de gestión y solidaridad, puesto que hasta ahora no atinan en la articulación de proyectos propios, de real impacto que alivien la crisis social.

Ante esta situación, no sería extraño que se produjera una reactivación de la protesta social pacífica y masiva en el Cauca. Las organizaciones indígenas, afros y campesinas tienen un histórico acumulado de movilización y podrían dirigir su demanda, no ya contra un gobierno hostil de derecha, sino contra un gobierno propio al que consideran en deuda. La exigencia sería clara: que el presidente Petro ejerza su autoridad para desbloquear la implementación, que remueva los obstáculos burocráticos internos y que enfrente políticamente a los cacicazgos locales que traban el desarrollo. Entienden las limitaciones que imponen los gobiernos locales opositores, pero no perdonan la falta de fuerza y de estrategia territorial de su propio gobierno nacional.

La paz y el “vivir sabroso” no se construyen solo con discursos en Bogotá; exigen una presencia transformadora, obstinada y efectiva en el territorio. Allí, por ahora, la fuerza de Gustavo Petro brilla por su ausencia.

* Las opiniones expresadas en las columnas son responsabilidad de sus autores. La Conversa de Fin de Semana agradece los valiosos aportes de sus colaboradores e invita a opinar, criticar, sugerir y/o contestar con respeto.

domingo, enero 11, 2026

Primavera Árabe en Irán: El viejo libreto de la injerencia occidental


Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Trump, en su afán por avivar conflictos y sostener una hegemonía en decadencia, recurre una vez más al cinismo: promueve una "nueva primavera" con consignas de democracia y derechos humanos que su propia administración se encarga de violar, dentro y fuera de Estados Unidos.


No es coincidencia el recrudecimiento y la particular orientación de las protestas en Irán, convenientemente iniciadas y amplificadas por poderosos comerciantes y sectores mercantiles históricamente asociados con la depuesta dinastía Pehlevi. Esta familia, que abiertamente tuvo simpatías y relaciones con la Alemania nazi antes de aliarse con Occidente, fue derrocada en 1979 por la Revolución Islámica que hoy se ve desafiada. El movimiento actual no surge en el vacío; responde, como se ha documentado extensamente, al renovado manual de operaciones de la CIA estadounidense y el Mossad israelí, que buscan reeditar, bajo nuevas condiciones, el fenómeno de las "Primaveras Árabes"[1]; ahora trasplantado al corazón geopolítico de Persia.

Este no es un estallido social espontáneo, sino un ensayo de ingeniería política diseñado para lograr, mediante la desestabilización interna, lo que el cerco económico y la amenaza militar directa no han podido conseguir: un cambio de régimen que desmantele la República Islámica. Como se puede colegir del documento de Hanieh (2022), las protestas en Irán “coinciden” en su aparente motivación con los levantamientos en Medio Oriente y Norte de África que se dieron tras la crisis económica de 2008, como respuesta a las medidas económicas impuestas por occidente a los gobiernos contra los que iban las protestas de ese entonces.

La paradoja central, soslayada en el texto de Hanieh (2022), es también, muy reveladora: las Primaveras Árabes de inicios del siglo XXI tuvieron como combustible principal el descontento masivo generado por las brutales medidas de austeridad neoliberal, ordenadas en los Programas de Ajuste Estructural impuestas por Estados Unidos y la banca internacional (FMI, Banco Mundial) a gobiernos previamente aliados. Estas medidas, destinadas a garantizar el pago de la deuda y la apertura económica, devastaron las condiciones de vida de la población. Así, la intervención occidental explota el malestar que su propio orden económico genera, canalizándolo hacia objetivos geopolíticos y alejándolo de una crítica sistémica al capitalismo global.

Sin embargo, lejos de ser meras explosiones de descontento popular, las Primaveras Árabes de comienzos del siglo XXI también contaron con la mentoría, financiación y dirección estratégica de la inteligencia norteamericana, aunque siempre negadas por el gobierno de Barack Obama [2], formaron parte de una caja de herramientas de intervención suave y guerra híbrida utilizada globalmente para incidir en la política interna de países cuyos gobiernos se resisten a la hegemonía de la derecha internacional.

Las actuales protestas en Irán dan la impresión de seguir meticulosamente el mismo libreto, un guion que no se puede leer sin considerar hechos geopolíticos recientes de alto impacto. La visita no publicitada del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Washington, junto con las explícitas declaraciones de Donald Trump y sus aliados sobre la necesidad de apoderarse del control global del petróleo y de territorios estratégicos, dibujan un escenario de máxima presión. La prensa corporativa occidental ha pasado, sin disimulo, de reportar reclamos socioeconómicos iniciales y señalar la represión del gobierno iraní a destacar y promover consignas que exigen explícitamente el retorno del clan Pehlevi al poder, encarnado en su heredero, Reza Pahlavi, quien, de manera nada casual, reside en los Estados Unidos [3] y es promovido activamente desde círculos neoconservadores y Tanques de Pensamiento belicistas en Washington. El objetivo último parece claro: precipitar la caída del líder supremo, el Ayatolá Ali Jamenei para desarticular el complejo entramado de poder revolucionario para instalar un régimen dócil.

Esta jugada es de una urgencia estratégica crucial para Washington y Tel Aviv ya que busca impedir, de raíz, una contundente respuesta iraní a futuras agresiones israelíes o estadounidenses en la región y neutralizar la creciente capacidad de proyección de Teherán. La "Guerra de los Doce Días" del año pasado fue un punto de inflexión: Irán demostró una sorprendente y sofisticada capacidad ofensiva de última tecnología que puso en entredicho la supuesta invulnerabilidad del "Domo de Hierro" y las defensas estadounidenses en la región, alterando la ecuación disuasiva.

Donald Trump, en su esfuerzo por incendiar el mundo, intenta reafirmar una hegemonía en declive, recurriendo, nuevamente, a la manipulación de una "nueva primavera" que corea consignas de democracia y derechos humanos (los mismos derechos que su administración pisotea sistemáticamente dentro y fuera de Estados Unidos). Se trata de un cinismo que no esconde que, para el imperio y sus socios; la soberanía de las naciones es un obstáculo desechable en su camino por el control absoluto de los recursos y las rutas del planeta.