Los uribistas tratan a los uribestias como lo que son: estúpidos e ignorantes*

 

Imagen tomada de La Silla Vacía.

Por: Hernán Riaño

Los uribestias, no contentos con no tener nada, tratan a sus compatriotas como enemigos, si pudieran, les darían bala, así lo han manifestado en muchos escenarios, hasta candidatos políticos y humoristas abogan por la desaparición física de quienes quieren que todos tengan una mejor calidad de vida.

Este juego de definiciones ha surgido en las redes sociales a propósito del papel de cada uno de ellos en nuestra sociedad. Veamos, Uribista es el narco ultraderechista, dueño de empresas, lavador de dinero, traficante de drogas, personas, armas, oro, o cualquier elemento que produzca dinero de forma ilegal, terrateniente, saqueador del Estado o miembro de partidos políticos que representen estas actividades. Tienen mucho dinero, y quieren muchísimo más, sobre todo, el dinero de todos los colombianos, el cual debería ser destinado a la salud, pensiones, educación, medicamentos, vivienda y en general cualquier cosa que beneficie a los pobres. 

En cambio, el uribestia, es aquel pobre estúpido, estrato 0, 1, 2 y 3 que no tiene empleo, salud, educación, vivienda ni, en general, lo que dignifica la vida del ser humano, porque el uribista se lo robó. Pero este miserable lo defiende a ojo cerrado, hasta con su vida, porque se siente rico como el primero.

En épocas de la esclavitud, los llamaron cipayos, hoy no se le conoce adjetivo destinado a esos seres que prefieren a sus verdugos que a sus pares. No dudan en atacar a quien levanta la voz para defender los derechos de todos, hasta los de esos mismos uribestias. Atacan hasta físicamente a quien protesta por el despojo de los derechos que ha hecho la oligarquía, antes conservadora-liberal y hoy unificada en torno a Álvaro Uribe Vélez como el gran mentor de los negocios ilícitos, del saqueo de los recursos públicos y de la violencia que, en los últimos 40 años, desde que él apadrinó las Convivir, madre de las autodefensas, hasta la fecha con todas sus secuelas. 

Estos personajes característicos, pero no exclusivos de la fauna colombiana son esclavos, sicarios y asesinos que cumplen los deseos sin chistar de quienes consideran sus líderes naturales, todos ellos reconocidos de la ultraderecha, el paramilitarismo y la corrupción.

Pero lo más llamativo es que los encopetados copartidarios del expresidente y él mismo no los respetan, solo los utilizan, tanto para que los elijan, como para les hagan el trabajo sucio de traficar, ser los mandaderos de la droga, asesinar, desaparecer, torturar, desplazar, violar, y hacer todo lo que las derechas no hacen directamente; para eso los tienen a ellos. Además, los tratan como lo peor, en sus caras les dicen que no tienen derecho a la salud, a pensionarse, o por lo menos a recibir una ayuda por parte del gobierno, a la educación, al acceso a los derechos que garantiza la Constitución Nacional ni a cualquier beneficio o subsidio que les otorgara el Estado. 

Lo hemos visto, primero, con el hundimiento de las reformas que pretendían solucionar muchas de estas falencias, luego con las demandas ante las altas cortes que esos mismos uribistas han interpuesto para que ningún, léase bien, ningún derecho llegue al pueblo colombiano, todo incluyéndolos a ellos, a los uribestias, los que le sirven de soporte al expresidente y sus socios. 

Y desde el “ex” Uribe hasta los funcionarios de más bajo nivel que profesan esa nefasta corriente, se lo dicen en su propia cara, que no tienen derecho a tener derechos, que son ciudadanos de quinta, que los únicos que pueden son ellos, los oligarcas. De todas las formas se lo hacen saber, esa es una de las banderas del Uribe, como campaña electoral, que les va a quitar todos los derechos recuperados por Petro y su gobierno, las horas extras, el pago completo de dominicales y festivos, la jornada nocturna vuelva a empezar a las 10 de la noche, que la salud siga en manos de las EPS, que los fondos de pensiones les sirvan para que ellos puedan hacer sus negociados, que se les devuelva la tierra a los despojadores o ladrones de baldíos de la nación, como es el caso de la misma familia de Uribe y demás yerbas, que se acabe el programa de salud a su casa, que no haya agua para los colombianos, que vuelvan los apagones y cobros abusivos a las comunidades que hoy tienen energías limpias, que vuelvan los empresarios que han explotado a los colombianos con muchos servicios que debiera prestar el Estado pero por el neoliberalismo de la ultraderecha se volvieron negocios muy lucrativos a costa de los colombianos. Ahora Uribe se destapó, no quiere aumentos en el salario mínimo con diferentes excusas, de que se van a quebrar los empresarios hasta que habrá desempleo masivo, falacias ya demostradas desde que asumió el gobierno Gustavo Petro.

Además, estos uribestias fanáticos son los que los han subido al poder para que nos exploten. Lo hemos visto en las elecciones regionales, por ejemplo, en la última atípica en Bucaramanga, en donde han padecido todo el cáncer producido por este sector político, ya no tienen ni transporte público, volvieron a elegir a un espécimen representante de este sector corrupto.  

Esos, los uribestias, no contentos con no tener nada, tratan a sus compatriotas como enemigos, si pudieran, les darían bala, así lo han manifestado en muchos escenarios, hasta candidatos políticos y humoristas abogan por la desaparición física de quienes quieren que todos tengan una mejor calidad de vida y unos derechos humanos y constitucionales para todos, ellos incluidos. 

Aquí es obligatorio preguntar nuevamente: ¿Cuál de las reformas que ha impulsado el gobierno del cambio no beneficia a los pobres, miserables y en general a todos los colombianos? Reto a algún uribestia a que me conteste, con argumentos, cual perjudica a la sociedad colombiana y el por qué. Obviamente, casi estoy seguro de ello, habrá un silencio muy incómodo para esos que quieren que vuelvan al gobierno Uribe y sus buenos muchachos.

Es muy embarazoso hacer este análisis de quiénes han perjudicado al país, pero es necesario ponerle cara a esos que tanto han perjudicado al país, los primeros, son multimillonarios y lo hacen para su beneficio, eso está muy claro y los otros, los que no tienen ni en qué caerse muertos, son los actores fundamentales, sin ellos, los mafiosos neoliberales nunca hubieran podido llegar al poder para poner en práctica sus políticas de saqueo y expoliación, han sido su soporte fundamental, pero pasan de agache y, peor, siguen alimentando a esa bestia de 7 cabezas que representa el uribismo con su violencia, despojo y saqueo del país.

Para terminar, destaco lo paradójico, entre peor los tratan sus patrones, entre más les quitan derechos, entre más les dicen que son unos brutos, ignorantes y estúpidos, más los ayudan, más están al servicio de ellos, más amenazan a quienes luchan por tener una sociedad más equitativa, más atentan contra sus conciudadanos y no quieren dejar de ser uribestias. Pero es necesario exigirles a los uribestias que asuman su responsabilidad histórica y su papel en la imposición del neoliberalismo en nuestro país, con el consecuente deterioro de la calidad de vida de los colombianos, la violencia, los asesinatos, desplazamientos, masacres y desapariciones que han representado cerca de 400 mil muertos, todo un genocidio a cuentagotas. No solo Uribe y sus cómplices directos son responsables, también los que lo apoyan y defienden a toda costa. No se trata de venganzas ni generar más violencia, solo que con el simple acto de que ellos asuman sus culpas avanzaremos en edificar una sociedad más justa y próspera. Claro que algunos me dirán que es una utopía y puede ser, pero soñar no cuesta nada.

*Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.  Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto.

Esta columna fué publicada originalmente en SoNoticias y es compartida con la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño.

Las revelaciones sobre Pastrana y el encarcelamiento de ministros de Petro. Avanza el Lawfare colombiano

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Las revelaciones sobre Pastrana y el encarcelamiento de ministros de Petro no deben leerse como una coincidencia; evidencian un patrón en la historia política: cuando figuras clave de la derecha enfrentan escándalos monumentales, el aparato judicial acelera procesos de impacto simbólico contra el gobierno alternativo.

La confirmación, mediante evidencias judiciales reveladas en Estados Unidos, de los vínculos del prominente líder político colombiano de derecha, Andrés Pastrana, con la red del pederasta Jeffrey Epstein, ha sacudido la opinión pública. Esta revelación, históricamente sospechada y ahora documentada, expone la naturaleza transnacional de ciertas élites y sus afinidades morales. De forma casi sincrónica, pero, muy conveniente en tiempos electorales en Colombia, una jueza de la República dictaba medida de aseguramiento intramural contra dos exfuncionarios de alto nivel del gobierno del presidente Gustavo Petro, en un caso que, independientemente de su mérito jurídico, ha sido leído en clave política por amplios sectores del país.

Esta coincidencia temporal no puede pasar desapercibida ni leerse en clave de mera coincidencia, puesto que demuestra, una vez más, un patrón recurrente en la historia política nacional: cuando figuras clave del espectro del centro y derecha (políticos y/o grandes empresarios) enfrentan escándalos de proporciones éticas monumentales, el aparato judicial doméstico acelera procesos de alto impacto simbólico contra el gobierno alternativo, operando como un poderoso cortina de humo y un mecanismo de equiparación artificial. El mensaje que se envía a una sociedad manipulada mediáticamente es claro: "todos son iguales". Esta operación descansa sobre un pilar, tristemente discutible: la supuesta neutralidad e independencia del poder judicial colombiano.

Es un principio democrático incuestionable que la justicia debe ser autónoma del ejecutivo. No obstante, en Colombia, ha estado amenazada por el uribismo en contubernio con la presión constante y secular del narcotráfico, el paramilitarismo y las élites económicas y políticas regionales. Durante décadas, estos actores han ejecutado una estrategia de infiltración y cooptación del sistema de justicia, aprovechando las fallas estructurales de un Estado con arquitectura clientelista. El resultado es que, hoy, en cargos claves de la Fiscalía, las altas cortes y los tribunales, se encuentran funcionarios cuyo criterio ha sido moldeado por la ideología conservadora más rígida o, lo que es más grave, por la influencia del gran capital legal e ilegal. El sistema de "yo te elijo y tú me eliges" (visible en la elección de magistrados por cooptación de las propias cortes) ha creado una cloaca de endogamia y una muralla contra la renovación ideológica y jurisprudencial.

Para transitar hacia una paz estable y una verdadera democracia, es imperativo no solo reformar leyes, sino rediseñar y reedificar el edificio jurídico colombiano. Esto implica desmontar el fetichismo positivista inoculado por la tradición santanderista de la derecha, una visión formalista y estrecha de la ley que ignora su espíritu y su función social. Este formalismo ha sido el caballo de Troya para que operadores judiciales, algunos incompetentes y otros abiertamente comprometidos con intereses espurios, ejerzan una justicia a la medida. Sus sentencias, apegadas a interpretaciones literales y convenientes, rondan peligrosamente el terreno del lawfare: el uso estratégico de procedimientos legales con fines de desgaste político, persecución y anulación de proyectos alternativos.

Este comportamiento es particularmente grave en las altas cortes. La teleología de la Constitución de 1991 es diáfana: Colombia es un Estado Social de Derecho, en el que la dignidad humana, la vida digna y la realización material de los derechos son su eje. Sin embargo, recientes fallos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado parecen haber inclinado la balanza, de manera sistemática, hacia la protección absoluta de privilegios económicos y la paralización de reformas estructurales. Se interpreta la ley no como herramienta para materializar la justicia social, sino como dique de contención contra cualquier cambio que afecte el statu quo. Se entorpecen, así, las políticas de un gobierno que, con todos sus errores y limitaciones, ha intentado precisamente que el imperio de la ley deje de ser sinónimo del gobierno de una oligarquía.

La privación de libertad de los exfuncionarios petristas, en este contexto, no puede analizarse como un hecho aislado. Es un movimiento dentro de una partida de ajedrez institucional más amplia. Mientras una evidencia judicial en el norte global señala las afinidades aberrantes de uno de los líderes de la derecha colombiana, la maquinaria judicial doméstica se activa para presentar una narrativa de "caída en desgracia" bilateral, con el objetivo de deslegitimar cualquier proyecto político que dispute el poder histórico de las élites, usando para ello las propias herramientas del Estado que lograron capturar.

La verdadera independencia judicial comenzará el día en que un magistrado pueda fallar, con la misma contundencia y celeridad, contra un poderoso económico o político tradicional, que contra un funcionario de un gobierno progresista.

P.S.: Así las cosas, el supraescripto descree (tristemente) en la evaluación constitucional del decreto de Emergencia Económica que hará una Corte Constitucional que ya ha mostrado su talante ultraconservador y su afinidad hacia los grandes gremios empresariales. La tarea quedará hecha, negarle al gobierno nacional los recursos para que no pueda cumplir el mandato popular, desprestigiando sus candidaturas al Congreso y la Presidencia de Colombia. ¡Buen Provecho!

La seguridad en Colombia: Más allá de la coyuntura

 

Por: Andrea B. Romero

Resulta cínico que algunos mandatarios regionales (todos ellos integrantes de partidos de derecha) carguen todas las responsabilidades sobre el gobierno nacional, evadiendo sus obligaciones constitucionales primarias.

La reciente escalada de violencia en varias regiones de Colombia ha motivado a numerosos mandatarios locales y departamentales a denunciar una supuesta “crisis de seguridad” y un abandono por parte del gobierno central. Si bien es innegable el impacto humanitario y el dolor que padecen las comunidades, es imperativo analizar esta situación no como un fenómeno aislado o exclusivamente atribuible al actual gobierno nacional, sino como la visibilización de males históricos como el abandono estatal, la corrupción sistémica y una arraigada politiquería que ha utilizado los territorios y sus poblaciones como moneda de cambio.

La ausencia de Estado, tras las firmas de acuerdos de paz creó el vacío que llenaron actores armados ilegales y economías criminales. Departamentos del suroccidente colombiano o el Catatumbo, estratégicos como corredores para el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas no se convirtieron en tales por casualidad reciente. Históricamente, en estas regiones, la institucionalidad fue cooptada o permeada por intereses oscuros.

La prensa nacional ha documentado por años la inquietante vinculación de figuras políticas tradicionales y de la fuerza pública con estas economías ilegales. Casos emblemáticos, como el de la llamada “parapolítica”, evidenciaron alianzas entre sectores políticos, narcotraficantes y grupos paramilitares. Más recientemente, se destaparon escándalos como el de la llamada “Construcciones El Cóndor”, que supuso investigaciones por presuntos vínculos entre el gobierno Uribe, contratistas y las desapariciones en la Comuna 13 y la Escombrera en Medellín [1]. Así mismo se han dado revelaciones sobre la vinculación de militares y el crimen organizado [2]. Estos son síntomas de una simbiosis histórica entre parte de la clase política tradicional, sectores de las fuerzas armadas y el crimen organizado.

Así las cosas, resulta cínico que algunos mandatarios regionales (todos ellos integrantes de partidos de derecha) carguen todas las responsabilidades sobre el gobierno nacional, evadiendo sus obligaciones constitucionales primarias. Un ejemplo claro es el de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Mientras realiza una campaña permanente de acusaciones al Gobierno del Pacto Histórico por un supuesto abandono de la región, omite mencionar los graves cuestionamientos sobre la gestión de los recursos a su disposición.

Se señala públicamente a la gobernadora del Valle de desviar el destino de fondos públicos de seguridad a actividades de proselitismo político a través de contratación de dudosa prioridad, mientras se niegan o diluyen transferencias críticas para el fortalecimiento de la fuerza pública local, intentando que se agudicen los problemas de seguridad para deslegitimar al adversario político en el nivel central.

La seguridad no se construye solo con operaciones militares; requiere una estrategia integral de paz y desarrollo territorial. Aquí, el fracaso de muchos mandatarios locales es aún más estrepitoso. El caso del Cauca, devastado por la violencia de disidencias, el ELN y bandas narcoterroristas es un referente apropiado. En este departamento existe una propuesta robusta y organizada de paz territorial emanada de las comunidades indígenas, un actor con legitimidad y arraigo. Sin embargo, esta iniciativa no ha sido abanderada, potenciada o articulada de manera decidida por la mayoría de los alcaldes ni por el gobierno departamental. Han optado por el rol cómodo de espectadores que culpan al centro, antes que el liderazgo complejo de constructores de soluciones desde lo local.

El gobierno nacional también tiene cuotas de responsabilidad. La estrategia de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro, hasta ahora, brilla más por su desarticulación y opacidad que por su eficacia convocatoria. Si bien la discreción es esencial en las negociaciones, esta no puede confundirse con la falta de comunicación estratégica, la aparente descoordinación entre mesas, y la percepción de mediocridad o falta de peso político en algunos equipos negociadores. La paz exige grandeza táctica y estratégica, y hasta ahora se percibe más reactividad que un plan conductor sólido.

Ante este complejo entramado de responsabilidades históricas evadidas, politiquería local y desarticulación nacional, surge una pregunta de profunda gravedad política: ¿Cuál es la intencionalidad de los recientes y brutales ataques terroristas perpetrados por el ELN y las disidencias? Más allá del objetivo militar inmediato, es legítimo preguntarse si estos hechos de violencia extrema no le están allanando, de manera consciente o no, el camino a un discurso y una campaña electoral de una derecha guerrerista. Una derecha cuya narrativa se nutre del miedo y cuya solución histórica ha sido la fuerza bruta, acompañada de cortinas de humo para ocultar su propia ineficiencia y los nexos de corrupción de sus miembros con el crimen organizado.

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[1] https://corrupcionaldia.com/construcciones-condor-y-la-oscura-connivencia-contratistas-y-gobernantes-complices-de-desapariciones/

[2] La prensa colombiana dio cuenta de los nexos del ex general y el excandidato a la gobernación del Cauca por el Centro Democrático, Leonardo Barrero, con el Clan del Golfo. Ver: General (r) Leonardo Barrero, excomandante de FF.MM involucrado con alias ‘Matamba’

El falso dilema de la polarización*

 

Imagen tomada de: Polarización política y economía

Por: Hernán Riaño

“Que el país esta polarizado”, “que no hay que polarizar más”, “que hay que evitar la polarización”, son las frases que dicen las derechas por estos días, para sacarle el cuerpo al verdadero debate, que es la situación en que ellos dejaron el país

Desde hace algún tiempo, y sobre todo con este gobierno, la ultraderecha y los medios de comunicación empezaron a usar esta palabreja como si fuera la única en el diccionario y que definiera el estado real de nuestro país. 

Pero veamos la definición de polarización de varias fuentes: 

La RAE. 

f. Acción y efecto de polarizar o polarizarse.

1. Acción de polarizar o polarizarse. 

2. Efecto de polarizar o polarizarse.

El concepto en Wikipedia dice:

La polarización es un proceso por el cual en un conjunto se establecen características que determinan la aparición en él de dos o más zonas, los polos, que se consideran opuestos respecto a una cierta propiedad, quedando el conjunto en un estado llamado estado polarizado.

Lo amplía a la política:

En política, polarización es el fenómeno por el cual la opinión pública se divide en dos extremos opuestos. También se refiere a las facciones extremas de un partido político que ganan espacio o apoyo dentro del mismo. En cualquiera de los casos, como consecuencia de la polarización, las voces moderadas pierden poder e influencia.

La polarización, por lo tanto, puede ser estudiada tanto como un estado, como un proceso. La polarización como estado se refiere a la medida en que las opiniones sobre un tema se oponen en relación con una máxima teórica. La polarización como proceso se refiere al aumento de dicha oposición a lo largo del tiempo.

En la red hay muchas definiciones muy parecidas a la desacreditada Wikipedia, pero es un concepto unánime. 

Analicemos la situación de Colombia; desde hace más de 200 años la mayoría del pueblo había “pensado y actuado” con los conceptos que habían impuesto las derechas, esto quiere decir que solo se había tenido un punto de vista, salvo algunas excepciones muy valiosas que a lo largo de esos lustros no habían podido masificar los del pueblo, por culpa de la violencia que callaba a sangre y fuego a quien pensara diferente. La oligarquía con su ideología feudal con sus intereses explotadores y ladronas del erario no había dejado pensar por su cuenta al pueblo colombiano, con el apoyo de sus medios de comunicación, llegaron a falsear la realidad de tal forma que los ciudadanos (as) estaban convencidos que ser esclavos (as) por siempre, que nunca podrían llegar a pertenecer a la casta dominante, por más que trabajaran honradamente. Eso era una ley “de a puño”. Ellos, solo ellos y por un designio no sé de quién, podían tener negocios prósperos, legales o ilegales, ser los dueños de las tierras y de las vidas de sus vasallos (as), de los hijos (as) de estos a perpetuidad y que podían hacer lo que quisieran con ellos.

En la segunda mitad del siglo XX, en nuestro país, empezó un avance industrial, ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, entre otras, empezaron a llenarse de factorías, que necesitaban trabajadores, que obviamente llegaron del campo, expulsados por la violencia generada por el partido conservador, para apoderarse de sus tierras.  Los trabajadores, gracias a sus luchas, lograron derechos como la jornada laboral de 8 horas, los recargos nocturnos y festivos, la salud, tener una cesantía, una pensión, así como el voto de las mujeres, y muchas otros que existieron en Colombia y aún persisten en otros países, aunque resistiendo los embates del neoliberalismo mundial. 

Con la llegada del trío diabólico, Pastrana, Gaviria y Uribe, empezaron los recortes de los pocos derechos conquistados, la “miserabilización” de los colombianos y el auge del narcotráfico, con el que muchos políticos llenaron sus bolsillos y algunos pobres del país, también, vieron una oportunidad de lograr alguna riqueza con ese negocio ilegal, así fuera a costa de su propia vida o la de sus familiares. 

Aquí hubo un quiebre histórico porque, primero Gaviria con Álvaro Uribe Vélez privatizaron la salud, los riesgos profesionales y las pensiones de los trabajadores para beneficiar a sus amigotes cómplices. Luego, en sus presidencias, este nefasto señor eliminó los otros pocos derechos laborales que quedaban, como los recargos nocturnos, las horas extras y disminuyó el pago de los dominicales y festivos a su mínima expresión. También vendieron, en esos tres gobiernos, una cantidad de empresas de los colombianos y eliminaron otras tantas entidades que les servían a la ciudadanía. No contentos con eso, regresaron a nuestra sociedad al siglo XIX, en la que imperó, como dije antes la esclavitud y el vasallaje, sin ningún derecho laboral o ciudadano. Hasta Duque (Uribe III), el país vivió humillado, esclavizado y subyugado a los deseos, planes, programas para solo satisfacer las necesidades de los ricos en detrimento de la calidad de vida de la mayoría de los colombianos y del saqueo de los recursos públicos.

Pero, con lo que no contó la ultraderecha fue que llegara un gobierno diferente, el del cambio, para que, por fin, le abriera los ojos a la mayoría de los colombianos, y darnos cuenta de las dos posiciones antagónicas que han existido desde siempre, pero que, por cuenta de la oligarquía y sus medios, volvieron “normal”, que solo se aceptara la posición oligarca como una verdad irrefutable caída del cielo.

Estos son los dos polos de la realidad del país. Uno, el de siempre, que defiende los intereses de la narco-parapolítica derechista y el otro que propende por los derechos de todos los colombianos que nunca los han tenido, esa es le verdadera polarización. Pero la oligarquía no quiere hacer este debate, le tiene miedo a que Colombia y el mundo sepan su actuar, cuál es su verdadera cara, que nos enteremos de todos los asesinatos, desapariciones, masacres, robos y saqueos del erario al que han tenido sometido al país. 

Por eso han planteado un falso debate sobre esta palabreja y sus implicaciones, para distraer la verdadera situación de Colombia. 

Decidieron que polarizar era:

Decir la verdad.

Hacer denuncias de corrupción.

Defender los derechos.

Permitir las opiniones de los que nunca habían hablado.

Exigir resultados a los funcionarios.

Hacer debates serios.

Contradecir una mentira.

Destapar una trampa.

Denunciar las amenazas.

Evitar que sigan saqueando las instituciones.

Entre otras muchas cosas.

“No polarice” es la frase que se oye por estos días, que eso es generar odio, dicen los politiqueros, parlamentarios traidores y corruptos, para evitar que se sepa cómo han manejado el país por más de 200 años, que nos enteremos de los verdaderos negociados con los que se han enriquecido algunos y cómo quieren seguir haciéndolo.

Hemos visto cómo parlamentarios  y magistrados han hundido las reformas que necesita el pueblo para mejorar su calidad de vida, la salud, las pensiones, la ley de financiamiento, la circunscripción especial agraria, los decretos de emergencia para la Guajira y Catatumbo, solo para mencionar algunos y que solo benefician a los más pobres, eso sí es polarizar, porque defiende los intereses de los más ricos y poderosos en detrimento del resto de la ciudadanía, se ponen al servicio de los que siempre han tenido el poder y lo han manejado a su arbitrio.  Además, anuncian que, de volver al gobierno, eliminarán de un tajo y sin anestesia, todas las reformas que ha impulsado el señor presidente Gustavo Petro Urrego.

Polarizar es insistir en gobiernos uribistas, que lo que han hecho es acabar con el estado social y de derecho, eliminar las libertades y la democracia con el pretexto de una falsa seguridad que hoy vemos juzgada en la JEP, polarizar es crear ejércitos privados para ejercerla, es volver a los miembros de la fuerza pública asesinos y salteadores, lo mismo que los miembros de comunidades milenarias, que antaño fueron creadores de música, filigranas de oro y formas de sembrar muy productivas entre otras formas de desarrollo. Polarizar es quitarle la salud a la mayoría de los colombianos, darle las pensiones de los fondos para que los hijitos del expresidente pudieran hacer sus centros comerciales o al hombre más rico de Colombia para que hiciera carreteras con los peajes más caros. En síntesis, polarizar es estar en contra del pueblo colombiano y querer seguir manteniendo el país como ellos lo tenían hasta el gobierno Duque. 

“Que el país esta polarizado”, “que no hay que polarizar más”, “que hay que evitar la polarización”, son las frases que dicen las derechas por estos días, para sacarle el cuerpo al verdadero debate, que es la situación en que ellos dejaron el país, que está haciendo el progresismo para corregirla y que nos espera si ellos vuelven a gobernar. Por otro lado, veo con extrañeza que algunos progresistas cayeron en la trampa de repetir ese discurso engañabobos de la derecha haciéndole el juego a lo que ellos quieren que sea la discusión. A los progresistas y demócratas nos queda centrarnos en defender lo conseguido y no permitir que vuelvan aquellos que nos quitaron todo en el pasado y que, de volver, lo harían nuevamente y esta vez, a sangre y fuego, como lo han anunciado públicamente, ¡bala es lo que hay!

*Esta nota fue publicada originalmente en SoNoticias y es compartida con la comunidad de La Conversa de fin de Semana, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño.

Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.  Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto.

EMQUILICHAO: Una empresa pública en la encrucijada

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Se espera que la gestión del nuevo gerente sea eficiente, transparente y comprometida con la defensa de lo público, para restaurar la salud financiera y operativa de Emquilichao, garantizando tarifas justas y un servicio digno a la ciudadanía.

En Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca, se libra una batalla silenciosa pero decisiva por el control de uno de sus patrimonios colectivos más preciados: la Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Emquilichao. Su historia reciente es un reflejo micro cósmico de un proceso nacional de desgaste y acecho a lo público, iniciado décadas atrás bajo el paradigma neoliberal del expresidente César Gaviria. 

Paradójicamente, es este legado político, del cual ha bebido el grupo hegemónico que ha dirigido el municipio por cerca de veinte años, el que ha sometido a la empresa a un paulatino marchitamiento. Administración tras administración, incluida la actual, se ha observado una gestión caracterizada más por la omisión, la falta de inversión en mantenimiento y la opacidad, que por un compromiso genuino con su fortalecimiento. Este escenario ha alimentado la sospecha fundada de un plan de ahogamiento financiero y técnico, preludio clásico de una privatización que transferiría un servicio vital a manos de intereses particulares, en detrimento de la soberanía municipal y los bolsillos de los quilichagüeños. (Ver: ¿Avanza la privatización de Emquilichao? - ¿Quién hundió a Emquilichao? Crisis fabricada, culpables y responsabilidades)

Frente a este panorama desalentador, el nombramiento de un nuevo gerente para Emquilichao se erige como un faro de expectativa colectiva. La comunidad, hastiada del incremento en las facturas por el servicio, falta de equipos, procesos internos ineficientes y del gravísimo problema ambiental del “basuro” a cielo abierto, deposita en esta decisión la esperanza de un giro radical. Los anhelos son concretos y urgentes: una gestión que priorice el oportuno mantenimiento de la infraestructura, que modernice los sistemas, implemente soluciones definitivas y ambientalmente sostenibles para la disposición final de residuos y optimice la eficiencia en todos sus frentes. 

El objetivo final de esta nueva gerencia debe ser claro: que esta mejora operativa y administrativa se traduzca en un beneficio directo para el usuario, reflejado en la disminución de tarifas injustamente elevadas para un servicio que no ha sido óptimo. Esta no puede ser una gestión de escritorio o confinada a los recintos opacos de una Junta Directiva que, en sus sucesivas versiones, ha demostrado una gris e ineficaz complicidad con la decadencia. Lamentablemente, el Concejo Municipal, órgano natural de vigilancia y control político, da la impresión de haberse convertido en un ente complaciente, reducido en la práctica a un mero comité de aplausos, con contadas y valiosas excepciones que, en el pasado, pusieron al descubierto las intenciones privatizadoras del grupo político que ha gobernado y gobierna a Quilichao.

Es en este contexto de desconfianza institucional donde recae una responsabilidad histórica sobre los hombros del nuevo gerente. Reconocemos públicamente su inexperiencia previa en la administración pública, lo cual, lejos de ser solo un desafío, puede ser también una oportunidad para abordar los problemas con frescura y libre de ataduras con los grupos de interés que han asfixiado a la empresa. 

De él se espera, ante todo, una gestión eficiente, eficaz y transparente. Su misión fundamental es retornar a Emquilichao a unas condiciones financieras y técnicas saludables, donde las tarifas sean justas y la atención al ciudadano, digna. Su compromiso debe ser inquebrantable con lo público. Por ello, es imperativo hacer un llamado explícito: si durante su gestión el actual Alcalde, o cualquier poder fáctico vinculado al Gavirismo local, sucumbe a la tentación de impulsar la privatización de la empresa para favorecer intereses particulares (siguiendo un guion ya visto en obras como el Hospital Regional), la ciudadanía espera que el gerente sea el primero en denunciarlo públicamente y, si es necesario, hacerse a un lado en un acto de coherencia suprema en defensa del patrimonio público.

Dada la evidente falta de disposición y capacidad de vigilancia por parte de una Junta Directiva desdibujada y un Concejo Municipal complaciente, el llamado final es a la acción ciudadana organizada. Los sindicatos de Emquilichao, como guardianes naturales del trabajo digno y del servicio público y toda la ciudadanía quilichagüeña, deben asumir el rol de veedores permanentes. La supervivencia de Emquilichao como empresa pública y eficiente no puede depender de la voluntad de unos pocos en cargos directivos. 

Exigir rendición de cuentas claras, asistir a los espacios de participación y vigilar cada decisión, es ahora un deber cívico. La empresa es de todos y solo la vigilancia colectiva y activa podrá defenderla de su peor enemigo: la indiferencia. El nuevo gerente tiene la palabra, pero la tarea de salvaguardar este bien común es, irrevocablemente, de toda la ciudadanía.

EL MANUAL DEL HEMBRO