Poder, violencia y silencio: La realidad global que padecen las mujeres *

 

Por: Andrea B. Romero

La mujer asesinada a tiros por un agente federal de inmigración en la ciudad estadounidense de Minneapolis ha sido identificada como Renee Nicole Good, una madre de tres hijos de 37 años que acababa de mudarse a la ciudad. https://www.bbc.com/news/articles/c1jepdjy256o 

La comunidad educativa del norte del Cauca está de luto tras el fallecimiento de Lucely Villegas Ipia, reconocida profesora indígena, quien murió luego de resultar gravemente herida en un hecho de fleteo ocurrido en Santander de Quilichao. https://proclamadelpacifico.com/tristeza-por-muerte-de-docente-tras-fleteo-en-quilichao/ 

El dolor es inmenso y la indignación desborda el cuerpo, pero los escribo con nombre de mujeres: Lucely y Renee. Y me niego a que se disuelvan en el anonimato de las estadísticas. 

Soy una mujer que escribe con las manos temblorosas, no de miedo, sino de una rabia fría y lúcida. Una rabia que nace de leer, en un mismo día, dos historias sepultadas en la inmensa cantidad de información de dos países distintos, dos mundos que se creen distantes. En Minneapolis, Renee Good, una activista que documentaba los excesos del ICE, es hallada muerta. En el norte del Cauca, Lucely Villegas Ipia, una maestra que sembraba conocimiento en tierra fértil es arrancada de la vida por asaltantes. Dos mujeres. Dos luchadoras. Dos muertes que, lejos de ser casualidades aisladas, son las puntas de un mismo iceberg de horror que está hundiendo a nuestra humanidad.

Renee y Lucely no se conocieron, pero compartieron una enemiga común: la naturalización de la violencia como herramienta. La violencia del estado que, a través de agencias como el ICE ejerce un poder brutal y deshumanizante y que ahora parece ensañarse con quienes alzan la voz para denunciarlo. La violencia del crimen común, que en territorios como el Cauca ve en una profesora, no a un pilar de la comunidad, sino a un “blanco fácil”, en un cálculo macabro de poder territorial. Ambas violencias, la legal y la ilegal, beben de la misma fuente envenenada: la creencia de que el cuerpo del otro, especialmente si es mujer, si es pobre, si es indígena, si es migrante; es un territorio conquistable, desechable o silenciable.

Al conectar estos puntos en el mapa global, el patrón es aterrador. No es coincidencia, por el contrario; es el síntoma de un mundo donde el machismo no es solo un problema de relaciones interpersonales, sino la columna vertebral de un sistema de poder. El mismo desprecio por la vida que permite a un agente del ICE abusar de su autoridad o a un ejército lanzar bombas sobre escuelas en Gaza, es el que alimenta la decisión de un hombre de asesinar a su pareja, de reclutar a una niña para la guerra o de silenciar a una líder social. Es la lógica perversa que convierte la fuerza física, económica y militar, en el argumento supremo y la empatía en una debilidad.

Señalo con el dedo, consciente de que me acusarán de politizar el dolor; pero no puedo callar el hecho de que esta epidemia de violencia encuentra un caldo de cultivo fértil en aquellas ideologías que priorizan la riqueza individual, la acumulación desmedida y la libertad sin responsabilidad social. En ese espectro político que llamamos derecha, en donde el mercado se erige como dios único; la vida humana y, sobre todo, la vida de las mujeres, suelen reducirse a una ecuación de costo-beneficio. Allí, la defensa a ultranza de la propiedad y el orden suele justificar la violencia para mantenerlos, cerrando los ojos ante los abusos que esa “defensa” genera.

Y sí, en ese lado del espectro ideológico hay mujeres. Mujeres que han ascendido en estructuras pensadas por y para el poder patriarcal. Mujeres que, en su búsqueda de éxito, riqueza o prestigio, aprenden a guardar un silencio cómodo. Un silencio que es también una forma de violencia. Miran para otro lado cuando se denuncian tropelías, porque el precio de romper filas es muy alto en un mundo que premia la lealtad al sistema por encima de la lealtad al género. Son víctimas que a veces se convierten, por inercia y miedo, en cómplices de un fascismo que, aunque las use como bandera ornamental, nunca las verá como verdaderas iguales.

Renee y Lucely nos gritan desde su silencio forzado. Su sangre, pero, sobre todo, sus vidas se rebelan contra la normalización del horror. Nos recuerdan que cada vez que aceptamos un abuso menor, cada vez que justificamos el exceso en nombre de la seguridad o el progreso, cada vez que una mujer en una posición de poder calla ante la injusticia que no la toca directamente, estamos nutriendo la misma sombra que las mató.

El desafío no es solo llorarlas, el verdadero reto es reconocer que la batalla contra la violencia que las segó es la misma batalla contra un sistema económico que depreda, una política que oprime y una cultura que desprecia lo femenino. Es entender que nuestra liberación como mujeres está atada a la liberación de todos aquellos cuerpos considerados desechables por la maquinaria del poder. Hasta que no desmantelemos colectivamente la idea de que la fuerza es poder y que la vida es negociable, seguiremos escribiendo columnas sobre mujeres asesinadas cuyo único pecado fue existir, resistir o enseñar en un mundo que ha olvidado cómo ser humano.

El dolor es inmenso y la indignación desborda el cuerpo, pero los escribo con nombre de mujeres: Lucely y Renee. Y me niego a que se disuelvan en el anonimato de las estadísticas. Su memoria es ahora nuestra brújula en esta oscuridad que nos cobija a todas.

El mundial de futbol y la geopolítica un caramelo para la guerra. *

 

Por: Carlos Julio Medina Triana

¿Debería premiarse con la sede del mundial de fútbol a un gobierno con políticas hostiles hacia sus vecinos y aliados?

Vivimos en una era marcada por conflictos derivados de la disputa por recursos finitos y mercados globales. Lo que vemos hoy: el enfrentamiento entre Occidente y Oriente en suelo ucraniano es solo la antesala de tensiones mayores, tales como el control de Taiwán o el dominio del Medio Oriente a través de la alianza estratégica entre Estados Unidos e Israel. A esto se suma la persistente presión sobre los recursos de América Latina y la insólita aspiración expansionista sobre territorios como Groenlandia.

Este panorama ha deteriorado las relaciones exteriores de Washington, generando fricciones no solo con potencias europeas como Francia y Dinamarca, sino también con aliados históricos y naciones de África y Asia. En nuestra región, las provocaciones hacia países como México, Canadá, Brasil, Cuba y las amenazas directas contra Venezuela y Colombia subrayan una diplomacia de confrontación.

Bajo este clima de inestabilidad nos encontramos a las puertas de una Copa del Mundo con sede compartida entre Canadá, México y un Estados Unidos fracturado internamente. El país anfitrión enfrenta una lucha interna contra políticas xenófobas, racistas y una visión imperialista que parece priorizar el poder y el dinero por encima de la estabilidad global.

Para poder intentar alguna respuesta, primero debemos considerar que, por ejemplo, EE. UU. es una nación pluriétnica que alberga ciudadanos de todo el mundo; un conflicto externo podría trasladarse a las gradas. En ese orden de ideas ¿Debería premiarse con la sede a un gobierno con políticas hostiles hacia sus vecinos y aliados?

De acuerdo con las anteriores consideraciones y dada la volatilidad actual, ¿podría el panorama mejorar de aquí al 11 de junio o estamos ante un riesgo inminente?

Personalmente, considero que lo más sensato sería aplazar el evento o buscar sedes alternativas. De las actuales potencias globales y de liderazgos marcados por la ambición, poco podemos esperar que beneficie al espíritu de hermandad que supuestamente promueve el fútbol.

Antes de hablar de resultados deportivos o apuestas, es imperativo cuestionarnos: ¿Es prudente celebrar un Mundial en condiciones tan alteradas?

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

TEMPORADA 2026 DE LA CONVERSA DE FIN DE SEMANA

La Izquierda como antídoto contra la estupidización del capitalismo

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

La izquierda colombiana debe entender que no caben alianzas con operadores políticos oportunistas y camaleónicos, el avance electoral debe ser hacia una sociedad ética. Lo contrario; es más de lo mismo, con los mismos

Vivimos en una época de paradojas letales. Mientras la humanidad alcanza niveles de conocimiento tecnológico sin precedentes, asistimos a un proceso acelerado y paulatino de estupidización social, donde la banalidad, el pensamiento inmediatista y la renuncia al sentido crítico se normalizan como nueva cotidianidad. Como lo plantea Inger Enkvist (2006); el estúpido (tristemente en mayorías) actúa como un agresor social, al usar palabras sin atender su sentido, rechazar las razones ajenas, ignorar la realidad e imponer un “terrorismo intelectual” basado en lo irrelevante, la auto celebración constante y el elogio de la vulgaridad.

Esta patología social no es accidental; es el caldo de cultivo perfecto para un capitalismo mutante que ha transitado de la explotación industrial clásica a una nueva y más peligrosa fase: el Tecno Feudalismo (Yanis Varoufakis, 2024). Un modelo en el que una oligarquía minúscula, no solo acumula riqueza material, sino que, mediante plataformas digitales, algoritmos y financiarización extrema, secuestra la capacidad laboral, intelectual y creativa de la humanidad, al tiempo que depreda los bienes comunes naturales, mientras impone un modelo de sociedad en el que se naturaliza la violencia estructural, económica y simbólica como único lenguaje posible para resolver conflictos y además se promueven, como únicos objetivos vitales; el consumo compulsivo, la satisfacción de instintos primarios y un individualismo feroz que rompe todo lazo solidario.

Frente a esta crisis civilizatoria, las respuestas políticas disponibles parecen insuficientes o cómplices. El Progresismo, tal como lo observa Pablo Heller (2023), ha mostrado entre muchos de sus impulsadores y militantes, una tendencia profunda a la adaptación al régimen capitalista, evidenciando una orientación predominantemente electoralista y “democratera”, que solo busca, mediante el ejercicio electoral caudillista, acomodarse dentro del orden vigente para medrar y conseguir escaños, a menudo mediante alianzas con las mismas fuerzas de derecha que dice combatir.

Esta izquierda diluida, autodenominada como Progresista ha aprendido las formas y objetivos de sus adversarios de derecha, vaciándose de todo horizonte transformador, echando mano, para aparentar diferencia, de los discursos, e incluso, de las plataformas de movimientos político-culturales al margen de los partidos, que han logrado politizar cruciales agendas sociales (étnicas, ecológicas, de género, decoloniales, etc.) al introducir nuevos significados de ciudadanía en contextos como el colombiano; sobre todo el de las grandes ciudades en donde los avances emancipatorios en el imaginario social son escasos. A este respecto, Lilian Celiberti (2016) constata con amargura que la reproducción de lógicas corruptas, incluso en gobiernos progresistas, demuestran que la bandera de la democracia liberal, hoy, es con frecuencia un acto de hipocresía que oculta un vacío de proyecto.

Por ello, es urgente abandonar los eufemismos y la llamada corrección política que solo sirven para ocultar lo que debe ser reivindicado con claridad y orgullo: el socialismo como la única alternativa política, económica y ética integral capaz de enfrentar esta decadencia. No un socialismo de caricatura o de estado burocrático, sino uno releído desde la urgencia del siglo XXI. Un socialismo que entienda que la estupidización social no es un defecto intelectual, sino un fracaso moral que surge cuando el poder corrompe, liberando al individuo de la necesidad de pensar críticamente, tal como lo sugiere la teoría de la estupidez de Dietrich Bonhoeffer. Esta izquierda, salida del closet, debe asumir que contra el mal no basta la inteligencia discursiva, sino una acción ética decidida que enfrente la irracionalidad organizada del sistema, precisamente allí, en lo que el capitalismo tecno feudal busca erosionar.

El desafío, entonces, no es ganar elecciones para “administrar lo existente”, si no la disputa por la creación de nuevas institucionalidades desde abajo, desde la raíz y, como plantea Isabel Rauber (2024); reformular el Estado y la comunidad. Se trata de un proyecto de nueva civilización cuyo eje sea la defensa de la vida en todas sus dimensiones: en la relación sociedad-naturaleza, en los modos de producción, en las relaciones sociales despatriarcalizadas y descolonizadas, en la salud integral y en una educación basada en valores éticos solidarios. Esto implica recuperar y radicalizar la lucha estratégica por una transformación social profunda, una revolución social que, en términos de Heller; ponga fin a la dictadura del capital.

El socialismo, por tanto, debe dejar de ser un fantasma que se esconde tras el término “Progresista”. Debe emerger como una opción real de poder: un proyecto que ofrezca un horizonte político, económico, administrativo y cultural en el que se prioricen la ética y la coherencia entre el discurso y la acción, una propuesta en la que se sustituya el individualismo depredador por la organización comunitaria y que defienda la propiedad social de los recursos, la tecnología y los medios de producción. Debe avanzar en su consolidación como única alternativa política que plantea, de raíz, la superación de la lógica del beneficio privado como motor de la historia a costa de la miseria y la muerte de millones de seres humanos.

La izquierda colombiana tiene la tarea de construir ese camino, sin complejos, con la claridad de que, en esta disyuntiva histórica, no hay neutralidad ni acomodo posible, tampoco caben las alianzas de conveniencia con operadores políticos oportunistas y camaleónicos, el avance electoral, debe ser el avance hacia una sociedad ética y humanista. Lo contrario; es más de lo mismo, con los mismos.

Fuentes consultadas para la elaboración de estas reflexiones:

Inger Enkvist. (2006). Sobre la estupidez y los estúpidos. En: https://www.nuevarevista.net/sobre-la-estupidez-y-los-estupidos/

Isabel Rauber (2024). Izquierda Teoría y praxis. En: https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2024/06/V1_Izquierda-teoria-y-praxis_N8.pdf

Lilian Celiberti. (2016). Rescatar la esperanza. Más allá del neoliberalismo y el progresismo. En: https://www.ocmal.org/wp-content/uploads/2017/05/RescatarEsperanza_web.pdf

Pablo Heller. (2023). La lucha por el socialismo en el siglo XXI. En: https://revistaedm.com/edm/60/la-lucha-por-el-socialismo-en-el-siglo-xxi/ 

Yanis Varoufakis. (2024). Tecnofeudalismo. El sigiloso sucesor del Capitalismo. Editorial Deusto.

La economía de la culpa: salario mínimo, poder y domesticación social *

 

Imagen tomada de: negociacion salarial - Buscar con Google

Por: Jhon Jaiver Flórez G. 

El asalariado que apenas sobrevive con el mínimo ha sido entrenado para temer su propio aumento, para sospechar de cualquier mejora material, para aceptar que su derecho a vivir con dignidad constituye una amenaza para la economía.

Durante más de tres décadas, Colombia escuchó la misma consigna repetida con solemnidad técnica y tono de verdad revelada: contener el salario mínimo es la vía más segura para crear empleo. Se dijo en consejos gremiales donde la palabra “equilibrio” siempre pesó más que la palabra “vida”; se escribió en editoriales económicas que confundieron estabilidad con resignación; se estampó en documentos del Banco de la República como si se tratara de una ley natural y no de una opción política; y se repitió, año tras año, en mesas de concertación salarial donde la correlación de fuerzas rara vez fue justa. El salario debía ser prudente, moderado, responsable. El trabajador, paciente. La pobreza, un daño colateral transitorio.

Han pasado más de treinta años. El empleo prometido no llegó. Lo que sí llegó —y se quedó— fue la precariedad. El mito fundacional del modelo tuvo lema y escenografía. Con el eslogan “Bienvenidos al futuro”, el gobierno de César Gaviria lanzó una modernidad de vitrina: privatizaciones rápidas, apertura económica sin red y reformas que entregaron salud, pensiones y servicios públicos al gran capital, todo bajo el optimismo tecnocrático de la eficiencia. Mientras la Constitución de 1991 prometía un Estado Social de Derecho, el trabajo dejó de ser derecho y pasó a ser costo, y la modernización comenzó a medirse no por el bienestar creado, sino por los derechos recortados en silencio.

El salario, antes concebido como mecanismo de integración social, fue rebautizado como “costo laboral” y sometido a la lógica de la reducción constante, en nombre de la inversión extranjera y la disciplina macroeconómica. El futuro llegó, sí, pero llegó cobrando peaje: derechos sociales en liquidación, trabajadores a precio mínimo y un Estado que aprendió a llamar modernización a la renuncia sistemática de sus obligaciones.

Desde entonces, cada aumento del salario mínimo se negoció bajo amenaza. Si sube demasiado —advierten— se destruye empleo. Si acompaña la inflación, se disparará la informalidad. Si se atreve a crecer por encima de la productividad, vendrán las catástrofes anunciadas con tono apocalíptico y gráficos alarmantes. El resultado fue un salario mínimo que, año tras año, alcanzó apenas para sobrevivir, últimamente ni siquiera para eso, mientras el costo de vida sube con paso firme. La teoría justificadora es clara y persistente: primero crecer, luego distribuir. Pero ese “luego” nunca llega.

Las cifras no respaldan el dogma neoliberal; lo desnudan. Durante las últimas tres décadas, Colombia mantuvo uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina en relación con el costo real de la canasta básica, al tiempo que exhibió tasas de informalidad estructural superiores al 45%, desempleo crónico y una de las desigualdades más altas del continente. El salario precarizado no generó empleo masivo. Generó trabajadores empobrecidos.

Desde una perspectiva teórica, esta política se inscribe en lo que Karl Polanyi denominó la mercantilización del trabajo: tratar la fuerza laboral como una mercancía más, separada de las condiciones materiales de existencia. Cuando el salario deja de cumplir su función social —reproducir la vida— se transforma en frontera moral: señala hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado en su compromiso con la dignidad humana.

El empleo generado fue, en gran medida, informal, inestable y mal remunerado. El crecimiento económico, cuando ocurrió, no se tradujo en bienestar generalizado. La riqueza se concentró. La productividad no despegó. El modelo descansó más en la flexibilización laboral que en la innovación, más en el abaratamiento del trabajo que en la sofisticación productiva. La economía creció. La vida no.

En este contexto, el auxilio de transporte reveló su verdadera función: más que un derecho, un parche estructural. Concebido para cubrir la movilidad básica, terminó siendo la admisión silenciosa de que el salario mínimo no alcanza para vivir. Su incremento anual no amplía bienestar; administra carencias. No integra al trabajador a la ciudad ni a la vida digna: lo mantiene operativo, facilita llegar al trabajo, pero no sostenerse con él. Es un auxilio que garantiza presencia, no dignidad.

Durante décadas, los incrementos del salario mínimo fueron incipientes, casi siempre apenas por encima de la inflación. El argumento fue fiel al libreto heredado: proteger la competitividad, evitar presiones inflacionarias, preservar el empleo formal. En términos nominales, hubo aumentos. En términos reales, hubo retrocesos.

Salario mínimo más auxilio de transporte, medidos en dólares, el efecto es aún más revelador: la devaluación del peso diluyó buena parte de los incrementos. El ingreso mínimo colombiano perdió peso relativo en comparación internacional, reflejando no solo una política salarial incipiente, sino la fragilidad de una economía estructuralmente dependiente y vulnerable.

Los gobiernos antecesores al actual no rompieron nada: administraron la inercia. Ninguno cuestionó el modelo salarial heredado ni corrigió la estructura de desigualdad. El salario siguió siendo un instrumento de contención social, no de redistribución. El orden funcionó sin sobresaltos. La precariedad también.

El gobierno Petro no creo el conflicto salarial. Lo hizo visible. Al impulsar aumentos del salario mínimo de dos dígitos —especialmente en 2023, 2024 y 2025— rompió un consenso tácito que había operado como dogma durante décadas. El escándalo no provino solo del monto del aumento, sino del desplazamiento del eje moral del debate: ya no se discutía cuánto podía soportar la empresa, sino cuánto resistía la vida. Desde una lectura keynesiana y redistributiva, estos incrementos buscan recuperar poder adquisitivo, dinamizar la demanda interna y corregir, aunque de manera parcial, una injusticia histórica. 

Los detractores reaccionan con reflejos conocidos. Anuncian desempleo, inflación, fuga de capitales. Repiten un libreto que la historia ya ha puesto en evidencia. Porque si algo demuestran los últimos treinta años es que salarios sistemáticamente bajos no construyen economías fuertes, sino sociedades frágiles.

Desde la teoría del desarrollo humano —Amartya Sen— el ingreso no es solo un medio económico, sino una capacidad básica: permite elegir, participar y vivir con autonomía. Elevar el salario mínimo no garantiza por sí solo bienestar. Negarlo, en cambio, garantiza precariedad. 

El debate sobre el salario vital no es una extravagancia ideológica. Es la irrupción de una memoria histórica negada. Llamar vital al salario mínimo es cuestionar el corazón del modelo neoliberal colombiano: la idea de que la dignidad puede aplazarse indefinidamente en nombre de una competitividad que nunca llega a la mayoría. Las sociedades que pagan mal el trabajo pagan caro en otros frentes: violencia, inseguridad, deterioro institucional. Cada peso ahorrado en salarios reaparece como sobrecosto en salud pública, en seguridad, en fractura del tejido social. El salario precario no fue solo una política económica; fue una forma de administrar la exclusión.

Desde Marx hasta Polanyi, desde Sen hasta Piketty, la evidencia converge: la desigualdad no es un accidente del sistema, sino uno de sus productos cuando el trabajo se subvalora. Quizá el triunfo más profundo —y menos visible— de este modelo no haya sido económico, sino pedagógico. Durante décadas, el sistema no solo contuvo los salarios: educó la conciencia social. Enseñó que el trabajador debía sentirse culpable por existir y responsable, por anticipado, de cualquier fractura del orden económico. Si una empresa quiebra, no es por mala gestión o concentración del mercado, sino porque “el salario subió demasiado”. Si hay desempleo, no es por un modelo extractivo y desigual, sino porque alguien “pidió más de lo que merecía”.

Esta pedagogía de la culpa ha calado con especial crudeza en los sectores empobrecidos. El asalariado que apenas sobrevive con el mínimo ha sido entrenado para temer su propio aumento, para sospechar de cualquier mejora material, para aceptar que su derecho a vivir con dignidad constituye una amenaza para la economía. Se le ha convencido de que su salario no es una retribución justa, sino una concesión precaria; no un derecho social, sino un riesgo sistémico.

Desde la sociología crítica, esto no es accidental. Es lo que Pierre Bourdieu denominó violencia simbólica: una forma de dominación que no necesita imponerse por la fuerza porque logra que los dominados adopten como naturales las categorías del dominador. El trabajador internaliza el lenguaje de la escasez y la culpa, mientras los verdaderos centros de decisión —financieros, corporativos, rentistas— permanecen blindados frente al juicio moral y político.

Humanísticamente, el daño es aún más profundo. Cuando una sociedad consigue que quienes menos tienen se sientan responsables de la quiebra ajena, se rompe un principio elemental de justicia compartida. El salario deja de ser reconocimiento al trabajo y se convierte en carga moral. La dignidad se vuelve sospechosa. La vida, negociable.

Por eso, el debate sobre el salario mínimo no es una discusión técnica ni un pulso coyuntural entre gobiernos. Es una disputa por el sentido común, por la forma en que una sociedad decide quién merece qué, quién carga con las culpas y quién queda exento de responsabilidad. Mientras el asalariado pobre siga creyendo que su derecho a vivir mejor pone en riesgo al país, el sistema habrá ganado incluso cuando conceda aumentos.

Romper esta lógica exige algo más difícil que subir cifras: desaprender la culpa, recuperar la idea de que la economía existe para sostener la vida y no al revés, y comprender que ninguna sociedad es viable cuando pide a los más frágiles cargar con el peso de un modelo que nunca diseñaron ni se han beneficiado de él.

Treinta años después, la promesa neoliberal queda expuesta. No fue un error técnico: fue una elección política sostenida en el tiempo. La pregunta ya no es cuánto cuesta subir el salario, sino cuánto ha costado no hacerlo. Porque cuando la economía funciona sin dignidad, no produce desarrollo: produce supervivencia organizada. Y ninguna sociedad puede llamarse justa cuando condena a quienes la sostienen a vivir eternamente al borde de la vida.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Negociaciones laborales en Emquilichao: El Futuro del patrimonio público y el agua en Santander de Quilichao

 

Imagen tomada de: La negociación colectiva y el papel de los sindicatos • Trabajadores

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

El verdadero objetivo de la negociación laboral en Emquilichao debe ser la construcción de un Pacto Social por el Agua para modernizar la empresa, ordenar el territorio y asegurar que el agua de Quilichao sea un bien público, no una mercancía

El inicio, aunque aún informal, de las negociaciones laborales entre las organizaciones sindicales y la administración de la Empresa de Saneamiento Básico de Santander de Quilichao (Emquilichao) representa mucho más que un diálogo laboral rutinario; es un evento crucial de definición extrema para una empresa pública que, como el agua que gestiona, es vital para la ciudad y se encuentra en un estado de vulnerabilidad alarmante. Este proceso de negociación debe trascender la discusión salarial para convertirse en una reflexión estratégica, comunitaria y urgente sobre la supervivencia misma de Emquilichao como patrimonio público y la garantía futura de un derecho fundamental.

La importancia de este diálogo se entiende solo al dimensionar la difícil situación operativa y financiera que presenta la empresa. Esta crisis no es coyuntural; es el resultado acumulado de una histórica apatía en la planeación municipal, donde administraciones sucesivas (incluidas las dos del actual alcalde) han carecido de la voluntad o la visión para trazar una estrategia clara de corto, mediano y largo plazo. Emquilichao opera hoy como una entidad reactiva, atendiendo emergencias y cubriendo una demanda de crecimiento urbano caótico, pero sin los instrumentos técnicos básicos para hacerlo de manera sostenible. La ausencia de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) acorde a la realidad geofísica y la falta de un verdadero Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado son dos vacíos que condenan a la empresa a la improvisación.

Este desorden no es casual puesto que se alimenta de una dinámica de urbanización irresponsable, permitida y promovida desde la Secretaría de Planeación Territorial y Vivienda, que ha venido otorgando licencias de construcción y urbanismo, al parecer; atendiendo más a intereses particulares que a las capacidades reales de Santander de Quilichao, tales como su escasa disponibilidad hídrica y la ausencia de una dirigencia político-administrativa con una visión integral de sostenibilidad. 

A la expansión urbanística desbocada se le suma la crisis de la disposición final de residuos sólidos, formando una mezcla que presiona de manera insostenible la infraestructura sanitaria, forzando un escenario de servicio desmejorado para los usuarios y de incremento de tarifas. Resulta evidente que, en este particular escenario, cualquier negociación laboral que ignore este contexto de quiebre estructural sería un ejercicio de miopía colectiva.

Frente al panorama recién descrito, la responsabilidad comunitaria de ambos actores (administración y sindicatos) adquiere una dimensión crítica. Existe un pasado local reciente de coqueteos con lógicas privatizadoras, cercanas al manual ya conocido en Colombia [1], en el que se debilita a la empresa pública mediante la desinversión y la mala gestión, se estigmatiza a sus trabajadores presentando sus legítimos derechos salariales y prestacionales como la causa principal de los males y se crea un clima de opinión pública favorable para una “intervención” que termine en liquidación o venta. Frente a este guion, la histórica postura de compromiso de los trabajadores de Emquilichao con la empresa y la comunidad es un capital social invaluable. Su lucha no puede reducirse a la defensa legítima de su Convención; debe ampliarse a la defensa estratégica de la empresa como bien público.

Por todo lo anterior, estas negociaciones son una encrucijada, ya que, de las decisiones que se tomen, particularmente en materia de estabilidad, formación y condiciones laborales, dependerá la capacidad de Emquilichao para retener talento, mejorar su eficiencia y proyectarse. 

La dirigencia sindical tiene el desafío de ejercer su histórico buen juicio con visión de futuro, comprendiendo que la salud financiera de la empresa es el sustento de sus puestos de trabajo a largo plazo y de esta forma no darle oportunidad a funcionarios como el mismo Eduardo Grijalba, quien, en recientes declaraciones públicas, ya había mencionado su preocupación por los, según su opinión, “exagerados sueldos” de los trabajadores de Emquilichao. En este mismo orden de ideas, la administración municipal y la nueva gerencia de la empresa están llamadas a abandonar cualquier tentación cortoplacista o de sometimiento a presiones privatizadoras. Su deber es pensar en el fortalecimiento institucional del patrimonio de las y los quilichagüeños y no en su marchitamiento.

Santander de Quilichao tiene en sus manos una de las pocas empresas públicas de saneamiento básico que mantiene viabilidad en el país. Este es un patrimonio colectivo que no se puede malbaratar. La solución a los problemas históricos de des- planeación, cobertura y calidad del servicio no está en ceder Emquilichao a intereses privados, que priorizarán la rentabilidad sobre el acceso universal. La solución está, precisamente, en lo que este diálogo laboral podría germinar: Un Pacto Social Por El Agua, en el que los trabajadores y la administración, con el acompañamiento veedor de la comunidad, definan una hoja de ruta conjunta para modernizar la empresa, exigir y co-crear una planeación territorial seria y garantizar que el agua de Santander de Quilichao siga siendo un bien común, gestionado con eficiencia pública y sentido de pertenencia. 

[1] La privatización desbordada ...