LA EXCARCELACION DE LOS JOVENES DEL ESTALLIDO SOCIAL. 2ª PARTE

Teniendo en cuenta la controversia que han suscitado los medios de comunicación afines a la derecha colombiana, en torno a la propuesta de excarcelación y juicio justo a los jóvenes que participaron en las jornadas de protesta nacional y contando con la anuencia del Representante a la Cámara del Pacto Histórico por el departamento del Valle del Cauca, JOSE ALBERTO TEJADA; La Conversa de Fin de Semana comparte con sus lectores, la SEGUNDA PARTE de la recopilación de  trinos (hilo) del representante Tejada, en las que reitera las denuncias del accionar irregular de las fuerzas del Estado colombiano durante estas mismas jornadas.

En la imagen: Jose Alberto Tejada
en cubrimiento periodístico de las jornadas de protesta nacional.
Tomada de: Colombiahoy.news

SEGUNDA PARTE

Por: JOSE ALBERTO TEJADA. (Representante a la Cámara del Pacto Histórico del Valle del Cauca)  

“El 28/04/21 (paro nacional), miré a civiles que después de hablar con parejas motorizadas en varios puntos de la ciudad sobre la quinta, patearon vitrinas y puertas de locales comerciales.

Tenía información de buena fuente desde la noche anterior, que se presentarían saqueos en el centro, algunos de los líderes sindicales que me lo informaron, me advirtieron que no tenían ninguna responsabilidad y que temían que todo fuera orquestado para deslegitimar el paro.

En efecto, vi saquear al centro y extrañamente, NO VI POLICIAS en el mismo centro. Acompañé con mis colegas periodistas a grupos de marchantes que rodearon los asaltantes y en el edificio de la Asamblea Departamental, encontré unos policías a quienes pedí detener a los ladrones.

Cuál no fue mi sorpresa, pues solo 1, de un grupo aproximado de 15, me prestó un momento de atención y me dejó hablando solo cuando le insistí. ¿Cuántas de las afectaciones a bienes públicos y privados fueron hechas por algunos muchachos y cuántas, por civiles ligados a policiales?

Tengo en mis cámaras las evidencias, repito, no hablo de oídas, hablo como testigo directo de lo acontecido.

Todo lo anterior, solo para demostrar que, si de irregularidades y culpables hablamos, tendríamos que sentar a mucha gente en los estrados. Por tanto, insisto que, mientras logramos la amnistía e indulto para l@s judicializado/as con ocasión al Estallido social, nuestro pedido a la Fiscalía, a los Jueces, al Congreso, a los ministros, al Presidente y a la Vicepresidenta es solo uno: NO MAS CARCEL PARA LA MUCHACHADA.

Anuncio que radicaremos en esta misma semana,

 el proyecto de ley de amnistía e indulto, 

por una única vez, para los encarcelados por la protesta social.

Que sigan sus procesos judiciales con medidas de DETENCION DOMICILIARIA o incluso con CUSTODIA DE ENTIDADES RESPETABLES COMO LAS IGLESIAS. No estamos pidiendo impunidad, no se trata de amnistiar colectivamente a los detenidos en cárceles. Se trata de estudiar caso a caso. Con el Ministerio de Justicia, ya tenemos un censo muy adelantado

Lo que sigue es que Fiscales, Jueces y ministros, encuentren los mecanismos jurídicos, procesales y constitucionales que permitan proceder con esta solicitud, respetando cabalmente la Constitución Política.

Ante el retiro del artículo 17 propuesto por los Congresistas Leyla Rincón (Huila), Andrés Cancimance (Putumayo) y yo, del proyecto de ley de Paz Total, anuncio que radicaremos en esta misma semana, el proyecto de ley de amnistía e indulto, por una única vez, para los encarcelados por la protesta social.

Nos referimos a la muchachada porque asumimos que el Estado decidirá el trato judicial que dará a los policiales que participaron en el estallido social. En nuestro caso, no obstante, las muchas evidencias que tenemos en nuestro poder, dentro y fuera del país, no nos oponemos a tratos especiales que el Estado de a personal de la fuerza pública.

Lo que, si nos parece a todas luces incoherente, es que tengan prelación en el proyecto de paz total, grupos armados ilegales y bandas criminales y no la tengan, civiles ... Civiles, la mayoría jóvenes, que encarnaron la "desobediencia civil" como nunca antes lo habíamos conocido, los compatriotas que hemos vivido el país de los últimos 74 años, contando desde 1948.

LA EXCARCELACION DE LOS JOVENES DEL ESTALLIDO SOCIAL. 1ª PARTE

Teniendo en cuenta la controversia que han suscitado los medios de comunicación afines a la derecha colombiana, en torno a la propuesta de excarcelación y juicio justo a los jóvenes que participaron en las jornadas de protesta nacional y contando con la anuencia del Representante a la Cámara del Pacto Histórico por el departamento del Valle del Cauca, JOSE ALBERTO TEJADA; La Conversa de Fin de Semana comparte con sus lectores, la PRIMERA PARTE de la recopilación de  trinos (hilo) del representante Tejada, en las que explica a la comunidad las razones para esta propuesta.

En la imagen: José Alberto Tejada haciendo cubrimiento jornada de protestas en Cali. Tomada de Las2orillas.co

Por: JOSE ALBERTO TEJADA. (Representante a la Cámara del Pacto Histórico del Valle del Cauca) 

“Les comparto la PRIMERA PARTE de 2 hilos que realizaré sobre la necesidad de EXCARCELAR a los JOVENES DETENIDOS por participar del ESTALLIDO SOCIAL.

¡Atentos! Cada vez que la ley invade y vulnera injustamente los derechos humanos, los ciudadanos tienen el derecho de exigirlos, y se justifica la DESOBEDIENCIA CIVIL, al ampararse en el ejercicio de tres derechos fundamentales reconocidos en la generalidad de constituciones: libertad de conciencia, libertad de expresión y participación política.

El ciudadano que practica la desobediencia civil ejerce su libertad de expresión al buscar transmitir un mensaje de denuncia contra la ley injusta. Ejerce su libertad de conciencia, pues la ley choca contra sus principios éticos más elementales y siente la necesidad moral de combatirla, ya que permanecer quieto ante la injusticia es incompatible con su conciencia.

La desobediencia civil se ampara en la participación política, pues al ejercerla se busca participar en los asuntos públicos mejorando la realidad social.

Con estos apartes introductorios insisto en la importancia de generar las condiciones jurídicas, políticas y sociales que permitan la excarcelación de la mayoría de jóvenes apresados a consecuencia del estallido social del 2021.

La muchachada rebelde, mayoritariamente, hizo una protesta beligerante, sí, pero no criminal. Desafiante, sí, pero no agresora. No desconozco que seguramente alguna minoría de entre los protestantes, pudieron extralimitar su protesta social y su desobediencia civil, pero, no por ello, esta tesis le da derecho al acusador -la Fiscalía- y al juzgador -el Juez- a presumir que todas las personas participantes en el estallido son criminales a condenar.

Estoy en condiciones de dar testimonio excepcional de las muchas, muchísimas agresiones abusivas y extralimitadas, por parte de la fuerza pública contra los manifestantes. No lo cuento de oídas, lo tengo documentado en primera persona. Solo en Cali fueron asesinados 48 muchachos y muchachas por atreverse a ser los comuneros del siglo 21.

En el Valle fueron 63 los asesinados. Sin contar los desaparecidos y los mutilados. ¿Quiénes los asesinaron? ¿¡Quiénes los desaparecieron y los mutilaron? La Fuerza pública y particulares que se mostraron con todas sus ínfulas como los nuevos paramilitares urbanos. Ninguno murió de infarto o de cansancio.

¿Cuántos policiales fueron asesinados? Si fuera cierto que el estallido social fue una toma guerrillera como muchos "buenos ciudadanos" lo afirman, ¿Por qué no hubo muertos en combate de parte de la fuerza pública? En Cali solo se tiene el caso de un policía y no se ha podido probar hasta hoy, 18 meses después, que fue la muchachada.

¿Cuál es el argumento jurídico para que la Fiscalía, 

que no ha podido probar nada, 

con total desfachatez, pida en reiteradas audiencias, 

prórrogas de un año más? 

En cambio, sí, casi desde el primer día que se conoció el hecho, están encarcelados 13 jóvenes de uno de los puntos de resistencia, sin fórmula de juicio. Sin respeto al debido proceso. Sin el más mínimo respeto a sus garantías constitucionales.

¿Qué tipo de combate tuvimos entonces? ¿El de Picapiedra contra Terminator? Ese fue el que presenciamos, además con sevicia y cinismo de parte de los policiales.

Resultó entonces que la toma guerrillera fue de guerrilleros torpes, sin extremidades, sin capacidad de defensa, pues 48 contra 1, no parece resultado de un combate. Es el resultado de una masacre, hasta hoy impune.

Así como en Cali, ocurrieron hechos graves en varias ciudades del país y hoy tenemos más de 300 jóvenes encarcelados sin fórmula de juicio, jóvenes que bien pudieron haber sido asesinados y hoy pretendemos invisibilizarlos.

Dura es la ley, pero es la ley, invocan los acusadores de oficio. A ellos les pregunto ¿La ley aplica para policiales convertidos en asesinos o, no? Si de lo que se trata es de justicia, parece que la balanza tiene piedras en un lado, y en el otro, balas invisibles y sin peso.

Si hablamos del respeto a la ley y a la ortodoxia jurídica, ¿Por qué un civil armado como Andrés Escobar, quien, si tiene llamado a imputación de cargos, sigue libre y alardeando de su poder intimidatorio? ¿Cuál ley le aplicamos al personaje?

Si tan criminales son, muchos de los muchachos y muchachas sobrevivientes de la masacre del 2021, ¿Por qué razón apenas en junio del 2022, 14 meses después del estallido, la Fiscalía encontró méritos para capturar a los, según ellos, "combatientes de la toma guerrillera" de Puerto Resistencia en Cali y, aún hoy, no ha podido demostrar la validez de sus acusaciones?

¿Cuál es el argumento jurídico para que la Fiscalía, que no ha podido probar nada, con total desfachatez, pida en reiteradas audiencias, prórrogas de un año más? … ¿Para seguir acopiando pruebas de sus acusaciones a muchos jóvenes presos, las que no ha encontrado hasta ahora y, que no encontrará, si actúa en derecho?"

Les invitamos a estar atentos a la publicación de la 2a parte del hilo del Representante tejada en el que reitera sus denuncias...

 

LA INDIGNACION CONTINUA. Invitado a La Conversa: Concejal ANDRES CHAVARRO

QUILICHAO VIVE INDIGNADO

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

$1.400.000.000. Mil cuatrocientos millones de pesos. Esa cifra es lo que podría costar la creación de los nuevos cargos en la administración central del municipio de Santander de Quilichao. Perdón por empezar estas notas con una cifra.

En tiempos en los que la devaluación de la moneda colombiana nos ha obligado a empezar a pensar en cifras astronómicas, billonarias, así con “B”, para referirnos a lo que cuesta cualquiera de los ítems de la administración pública y tristemente, a lo que nos cuesta el despilfarro y la corrupción; mil cuatrocientes millones de pesos, resultaría ser una suma pequeña, en comparación con los más de cuatrocientos billones de pesos estimados para el Presupuesto General de la Nación colombiana, para el año 2023. La verdad, la comparación no cabe y los mil cuatrocientos millones, si son significativos para el presupuesto municipal de Quilichao.

En la foto Concejo Municipal y Alcaldesa de Santander de Quilichao.
Imagen tomada de Proclama del Cauca y Valle

Para una administración municipal, como la de la señora Alcaldesa Lucy Amparo Guzmán, que constantemente se queja, a través de la oficina de relaciones públicas y propaganda en la que terminó convertido el Concejo Municipal  de Santander de Quilichao, de la constante falta de recursos para inversiones como, por ejemplo, la restauración de la malla vial del casco urbano o el cumplimiento del mandato judicial de pago de la deuda con la Compañía Energética de Occidente, por solo mencionar las más llamativas; sumarle otra carga por más de mil millones de pesos, a las precarias arcas municipales, no deja de causar serias preocupaciones para el ciudadano del común.

Un ejercicio responsable de lo público no podría permitir poner en riesgo la viabilidad financiera del municipio, al sumarle otra gran carga laboral a un precario presupuesto, así en palabras del comité de aplausos, tan solo se trate de 1.400.000.000 de pesitos

Si bien es cierto que, la lectura del libreto jurídico-económico de la propuesta de la alcaldesa, por parte de los concejales proponentes, ante un escaso público con poco manejo de los enrevesados términos técnicos de la dichosa propuesta, podría dejar la sensación del cumplimiento con la legalidad de la propuesta; también lo es, el hecho de que el ejercicio memorístico de recitación de tal libreto no termina de convencer a la opinión pública mayoritaria, de la legitimidad de tal proposición.

En este punto es preciso señalar que dentro de un Estado Social y de Derecho, como el colombiano, la expedición de las normas (para este caso un Acuerdo Municipal), obliga al operador legislativo (el Concejo municipal de Santander de Quilichao) a tener en cuenta que las normas que prescriben, además de tener legitimidad formal, también deben tener legitimidad material, esto es : “el consenso (reconocimiento) del pueblo respecto de la ley creada o de la actuación del Poder Público y nos remite al contenido ético de la norma con referencia al contexto social en que ha de ser aplicada.” [1]

Platanizando la nota; lo anterior quiere decir que, sin importar, qué tan bonito y sobre todo, “técnico” suene y se lea la propuesta de incrementar la nómina del municipio, esta proyecto de Acuerdo debe obedecer a principio éticos de la misma administración pública, que señalarían que un ejercicio responsable de lo público, no podría permitir poner en riesgo la viabilidad financiera del municipio, al sumarle otra gran carga laboral a un precario presupuesto, así en palabras del comité de aplausos, tan solo se trate de 1.400.000.000 de pesitos: ¡Quiere cacao!

Causa indignación que la propuesta de cargar con más gastos laborales a las maltrechas finanzas municipales, que, entre otras cosas, pagamos todos, intente disfrazar el vulgar ejercicio de la politiquería, con argucias tecnocráticas, con tal de cumplir las promesas electoreras de nombramientos y contraticos.

El intento de mezclar la certificación en educación, con las necesidades del servicio de la administración, no deja de ser una jugadita desesperada, no solo para cumplirle al comité de aplausos, sino para intentar dejar incrustadas en la administración municipal, a fichas claves que defiendan o tapen, 20 años de deficientes administraciones.

Las ciudadanías libres y decentes de Santander de Quilichao se sienten indignadas por este nuevo irrespeto al sentido común, puesto que no pueden entender cómo se podría justificar un aumento de la nómina municipal, cuando se observa en el día a día, como se duplican funciones, como hay funcionarios, sin funciones y como se contratan (tercerizan) funciones propias de la administración.

Por muy bonito y técnico que les suene y se les lea el libreto, ni los concejales oficialistas, ni la alcaldesa y mucho menos, el Bonillo-Grijalbismo, pueden olvidar, por un minuto, que así logren salirse con la suya, raspando la olla y empeñando al municipio con estos favores clientelares; Quilichao vive indignado y va a seguir mostrando su indignación en las urnas.

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[1] https://www.hayderecho.com/author/villarezcurra/

El desafío comunicacional del nuevo gobierno

Video columna LAS TRAMPAS DEL SEPARATISMO

LAS TRAMPAS DEL SEPARATISMO

Imagen: La Conversa/Getty Images/iStock photos 

Un nuevo departamento del NORTE DEL CAUCA se ha convertido en el comodín electoral, utilizado por la clase política tradicional del Cauca, cada que se aproximan las elecciones regionales y locales o cada que sufren algún revés electoral que los deja por fuera del poder ejecutivo y de la torta presupuestal y burocrática en Popayán y Bogotá. 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

Nadar contra la corriente, ir en contra vía, llevar la contraria o defender una postura opuesta a la de la inmensa mayoría, es en ocasiones, el difícil papel de los opinadores. No obstante, correr el riesgo de la impopularidad a veces es necesario, con tal de poder presentar un punto de vista distinto, diferente y/o en contra de los deseos mayoritarios, que permita enriquecer el debate y así, lograr una mejor aproximación a lo correcto, lo justo o a la verdad.

En torno a esta vieja aspiración separatista, de un buen número de lideres y lideresas de la zona norte del Cauca, de conformar una nueva entidad territorial, compuesta por los municipios del norte del departamento; se han venido acumulando una importante cantidad de consideraciones a favor (la mayoría) y también en contra. Esta posibilidad de crear un nuevo departamento, ha sido una idea que ha venido calando paulatinamente en el inconsciente colectivo de las comunidades de esta zona del departamento, ya en el pasado, se han presentado propuestas y hasta proyectos de ley en este sentido. (ver: Tanto va el cántaro al agua… hasta que al fin se hace departamento – Proclama del Cauca) 

Al revisar las cifras socioeconómicas del departamento del Cauca, es claro que los niveles de pobreza, atraso, exclusión, violencia y muerte han sido un triste acumulado histórico de la dirigencia político-administrativa de los gobernantes departamentales y locales que han desfilado por la gobernación y las alcaldías de esta zona del suroccidente colombiano. De nada le ha servido al Cauca ser uno de los departamentos con un buen número de expresidentes, Vices, designados y presidenciables, como tampoco le ha servido el hecho de que su capital se ufane de tener una noble prosapia, apenas comparable con la de las gentes de bien cartageneras y bogotanas, en el supuesto de que el abolengo le pudiera servir a la mayoría pobre de indios, negros y mestizos. 

Ante este acumulado histórico de fracasos sociales y económicos del Cauca, resulta apenas natural que, un buen número de voces (mayoritariamente de la clase política), se hayan dado a la tarea de hacer notar la necesidad de buscar una salida urgente y “práctica” al actual estado de cosas que padecen los caucanos, el cual, según estas mismas voces, se debe al exagerado centralismo de la clase política payanesa y bogotana, que ha desconocido a lo largo del tiempo, los inmensos aportes económicos y sociales que ha ofrecido el norte del Cauca, para el mantenimiento de las arcas departamentales y nacionales. 

En este mismo sentido, la proximidad geográfica y hasta administrativa con la ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, territorio con el que se comparten geografía y costumbres, también son elementos señalados como razones para la creación del nuevo departamento, según reclaman los voceros independentistas. 

Así las cosas, parecería apenas obvio, que el paso a seguir, por parte de la “dirigencia” Norte caucana, sería el de avanzar en la estructuración de un proyecto de ley que, soportado en las necesidades, el contexto, la historia y el actual marco jurídico colombiano, pudiera dar vida a una nueva entidad territorial. Sin embargo, antes de lanzarse a la aventura separatista, valdría la pena reflexionar sobre algunas cuestiones históricas y sociales, dejadas de lado por los entusiastas promotores del nuevo departamento y que se presentan a manera de preguntas a continuación. 

¿Cuál ha sido el peso específico del potencial electoral norte caucano, a la hora de haber elegido los gobernadores y congresistas del Cauca, a lo largo de su historia? ¿A caso los votos decisivos para las gobernaciones y para el congreso no salieron del norte del Cauca? ¿Cuál ha sido el papel de los congresistas y diputados elegidos por el norte del Cauca, a la hora de hacer valer las potencialidades, aportes y derechos de esta zona, durante la distribución de los presupuestos departamental y nacional? ¿Hasta qué punto la institucionalidad empresarial del norte del Cauca estaría más cómoda con un nuevo ente territorial proclive a más exenciones fiscales provistas por las Zonas Económicas Especiales obtenidas y ofrecidas por los voceros independentistas? ¿Serían suficientes las rentas para mantener la nueva burocracia? ¿Qué tipo de mejores experiencias administrativas, sociales, fiscales y de bienestar han alcanzado las nuevas entidades territoriales creadas en el norte del Cauca? ¿Se han mejorado los niveles de prosperidad, seguridad y de vida de las comunidades con estas experiencias de independencia regional? ¿Quiénes han estado y están detrás de esta nueva intentona independentista? ¿Ya se hizo la consulta a las comunidades? ¿Cuál ha sido el gran aporte de Amunorca? ¿A caso sirve Amunorca? 

Los mecanismos jurídicos para la integración regional, que permiten presentar proyectos regionales en infraestructura vial, ambiental, sanitaria y hasta económica han estado a la mano desde hace tiempo, de hecho, la solución al problema de la disposición final de los residuos de Santander de Quilichao, pasa por la estructuración de una propuesta regional, así que, la mencionada integración regional del norte, no se ha dado, a pesar de la creación de Amunorca, entidad supuestamente diseñada para tal fin, por la llamada falta de voluntad política o la ineficiencia de los actores político-administrativos. 

Si bien es cierto que la Constitución de 1991, posibilita la materialización del sueño del Doctor Carlos Gaviria (Q.E.P.D) alrededor de un nuevo ordenamiento territorial y cultural de Colombia, también lo es, el hecho de que esta propuesta, se ha convertido en una especie de comodín electoral, utilizado convenientemente, por la clase política tradicional del Cauca, cada que se aproximan las elecciones regionales y locales o cada que sufren algún revés electoral que los deja por fuera del poder ejecutivo y/o legislativo, así como de la torta presupuestal y burocrática en Popayán y Bogotá. 

Aunque las razones y las ventajas de constituir una nueva entidad territorial del norte del Cauca, se muestran como contundentes, todavía habría que evaluar y re evaluar aspectos coyunturales como el problema de la posesión, propiedad y uso de la tierra, el conflicto armado interno, pero, sobre todo, el asunto político – electoral, para poder determinar la conveniencia en el tiempo, de optar por la vía separatista, como salida al estado de atraso y exclusión percibido por un buen número de norte caucanos; no vaya y sea que, una vez más, caigamos redonditos a causa de las trampas del separatismo.

En ocasiones el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Amanecerá y ojalá podamos ver.

LOS PRIMEROS PASOS HACIA EL CAMBIO

¿ARRANCÓ LA PAZ TOTAL?

SIMPLEMENTE PARAMILITARISMO

 “La primera víctima fue Eduardo Novoa. Le mocharon una oreja y le pusieron una bolsa en la cabeza. Después lo pelaron con espino. Gritaba que no lo mataran, le pegaban patadas y puñetazos, toda la cara se la partieron y nos decían: Miren, para que aprendan y vean lo que les va a pasar a ustedes. Luego lo tiraron a la cancha y le dispararon se demoró en morir”. Estos hechos ocurrieron en febrero de 2000. (INDEPAZ, 2009)[1]

Tal y como lo afirma la Comisión Colombiana de Juristas[2] en su texto titulado: Organizaciones sucesoras del paramilitarismo: “se puede empezar por afirmar que el paramilitarismo, en cuanto fenómeno social no desapareció de la sociedad colombiana con la desmovilización”, de hecho, la constatación de su permanencia ha sido evidenciada con asombrosa asiduidad por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales. Esta presencia, de conveniente bajo perfil, ha sido denunciada por comunidades a atemorizadas por su presencia alrededor de la minería ilegal, sus amenazas en contra del liderazgo social y la reivindicación de muchos asesinatos y masacres a lo largo y ancho del país, en los últimos años.

Imagen tomada perfil Twitter de Carlos Caicedo

La presencia de estas camionetas blancas de alta gama, dizque para, hacer una protesta pacífica, también trae a la memoria, la misma protesta pacífica que llevaron a cabo algunos ciudadanos del sur de Cali...

Sin embargo, lo realmente preocupante, es la permanencia del fenómeno social de aceptación de su existencia, como una “supuesta necesidad” de seguridad, habida cuenta de la incapacidad demostrada de los gobiernos locales para enfrentar un fenómeno económico-militar que supera enormemente, su muy reducida capacidad de inteligencia militar y de recursos logísticos. De igual manera, la consumada política pública del gobierno uribista de Iván Duque, consistente en “Hacer trizas la Paz”, acabó por reforzar la justificación social del paramilitarismo.

Se puede afirmar entonces, que no es coincidencia el súbito interés de la llamada gran prensa colombiana, de dar cubrimiento exhaustivo a las notas sobre delincuencia que azotan a las ciudades y campos, alegando que tal despliegue informativo, obedece a un muy discutible incremento de la violencia y a las quejas de inseguridad que expresa la ciudadanía. Valdría la pena revisar minuciosamente las cifras, puesto que algunas de ellas, vienen señalando una disminución de los actos delictivos, tras el anuncio del gobierno del Pacto Histórico de la pronta implementación de su política pública de Paz Total, datos muy contrarios, a las alegadas estadísticas de los medios de comunicación, hábilmente utilizadas como sustento de la percepción de inseguridad, que la prensa en oposición esgrime como justificación para un retorno a la mano dura de la Seguridad Democrática.

Así mismo, las recientes declaraciones de José Félix LaFourie, líder del gremio ganadero de Colombia, de su esposa, la senadora uribista María Fernanda Cabal y de otras autodenominadas personas de bien, en torno a la organización de grupos de ciudadanos para defender el derecho a la propiedad privada y a prevenir el supuesto fenómeno masivo de la invasión de tierras; señalan la persistencia, al interior de un sector de la población, identificada ideológicamente con la derecha, de una estrategia para “ legitimar, justificar y defender tanto el paramilitarismo, como las relaciones de las fuerzas armadas con éste, pasando por el narcotráfico y la ola de crímenes en nombre de una cruzada anticomunista” ( Velásquez, 2007)[3].

La sola posibilidad de una re edición de las oscuras noches de terror paramilitar, deberían bastar para que la sociedad colombiana, se hubiera alzado en enérgico rechazo a las imágenes de hacendados reunidos en intimidantes caravanas de camionetas blancas de alta gama, con la presunta anuencia de autoridades civiles y militares del Plato, departamento de Magdalena, haciendo control territorial, desplazando, o mejor, suplantando a esas autoridades, constitucionalmente obligadas a hacerlo, y que sin embargo, parecieran haber preferido prevaricar, antes que exponerse al poder de estas gentes de bien.

La presencia de estas camionetas blancas de alta gama, dizque, para hacer una protesta pacífica, también trae a la memoria, la misma protesta pacífica que llevaron a cabo algunos ciudadanos del sur de Cali, cuando, pistolas en mano, también salieron a hacer patrullajes ciudadanos, para defender su derecho a no protestar y de su propiedad privada. Las víctimas de estos patrullajes, todavía siguen esperando por los fallos judiciales.

Imagen tomada de : La Nueva Prensa

Colombia no merece, ni se puede dar el lujo de permitir que los intereses económicos y políticos de un reducido grupo de personas, nos lleven de vuelta a oscuros momentos de nuestra historia, en los que el avance y el control militar, económico y político de las autodefensas estaban horriblemente presente en todas las actividades del país.

Los actuales llamamientos a la auto defensa ciudadana, que hacen los voceros de la derecha colombiana  y que un reducido grupo de sus seguidores se han apresurado a cumplir, prende todas las alarmas de la sociedad, en torno a un  regreso oficial e impune del paramilitarismo, con el que, nuevamente se busca imponer  “ (...) un “patrón criminal de apropiación de tierras y territorios”, con el objetivo de imponer un modelo de desarrollo rural basado en los megaproyectos, la ganadería extensiva y la agroindustria” (CNMH, 2018)[4]

“Y cuando las muertes ocurrieron en el marco de masacres con posteriores órdenes de desalojo para los sobrevivientes, las personas tuvieron que huir y dejar abandonados a sus muertos.” (CEV, 2022)[5]

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[1]LOS PARAMILITARES RESURGEN EN COLOMBIA. https://indepaz.org.co/los-paramilitares-resurgen-en-colombia/

[2]Organizaciones sucesoras del paramilitarismo. P. 41. https://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/organizaciones_sucesoras_del_paramilitarismo.pdf

[3]Historia del paramilitarismo en Colombia. https://www.scielo.br/j/his/a/tg74msZHyzjy6BMnmVCfjhn/?lang=es

[4] Paramilitarismo Balance de la contribución del cnmh al esclarecimiento histórico. P. 130. https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/PARAMILITARISMO.pdf

[5]Sufrir la guerra y rehacer la vida. IMPACTOS, AFRONTAMIENTOS Y RESISTENCIAS. Págs. 27-28. https://www.comisiondelaverdad.co/sites/default/files/descargables/2022-07/Informe%20final%20Sufrir%20la%20guerra%20impactos.pdf

VIDEO COLUMNA: Los ricos también lloran

Video columna: Juntos, pero no revueltos

Juntos, pero no revueltos

 

Panorámica de CAM Santander de Quilichao. Tomada de: Radio 1040 A.M.

Por: Omar Orlando Tovar Troches – ottroz69@gmail.com-

Una de las características más sobresalientes de quienes han hecho política y se han hecho elegir por partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, que representan la política tradicional colombiana, es su asombrosa capacidad de atribuir a los demás, la historia, la economía o a la misma naturaleza, la responsabilidad de sus desaciertos o de su ineptitud.

Este comportamiento, rayano a la impudicia, que ostenta la clase política tradicional, normalmente es exhibido cuando las circunstancias adversas, e incluso, las críticas a sus metidas de pata o a su inacción, se salen de control. En estos momentos de crisis, el cinismo se les sale, el oportunismo toma el control y en lugar de apelar a una actitud humilde de reconocimiento de los errores, la falta de tino para decidir o de la ignorancia sobre tal o cual asunto; asumen una actitud de superioridad moral y terminan acudiendo a la auto victimización y al ejercicio del espejo retrovisor, para endilgarle su ineficiencia e incapacidad a administraciones pasadas, sin importarles, siquiera, que éstas hayan sido sus aliadas o sus patrocinadoras.

Este escenario, tristemente naturalizado por las ciudadanías necesitadas, pero, sobre todo, desinformadas, es el que presenta la actual administración de Santander de Quilichao, en momentos en los que, los niveles de inseguridad y de violencia que azotan a este municipio norte caucano, han alcanzado niveles inimaginables.

Imagen tomada de: cuartodehora.com

La ciudadanía atemorizada por el clima de violencia que ha implantado la delincuencia en todas sus formas, ha empezado a manifestar su indignación por la total ineficacia de las medidas que ha tomado la administración municipal y siente que tanto la alcaldesa, como los altos mandos militares, no están cumpliendo con su obligación constitucional de preservar la vida, honra y bienes de quienes habitan en esta zona del norte del departamento del Cauca.

Ahora bien, una vez señaladas las características de la clase política que desde hace veinte años y hasta la fecha, ha tenido la responsabilidad de lo que en la actualidad acontece en el municipio más importante del norte del Cauca, se hace necesario plantear que, no es de extrañar el tibio llamado a la unidad, que desde el despacho de la alcaldía de Santander de Quilichao, se hace a algunos sectores de la sociedad civil de esta comarca, toda vez que, como se venía señalando, este es uno de los comportamientos típicos de la clase política tradicional, cuando se encuentra impotente ante el resultado de haber transitado la acostumbrada ruta del amiguismo clientelar y de la desconexión con la realidad política y social del territorio que supuestamente “administran”.

Contrario a lo que piensan algunos miembros de la oposición política quilichagüeña, quien estas líneas comparte, no considera que el llamado a la unidad que hace la mandataria local, pueda considerarse como incoherencia, todo lo contrario; tal y como se ha venido planteando en esta columna, esta actuación hace parte de la línea política de la derecha tradicional colombiana, que una vez abrumada por la efectividad de su incompetencia, acude a una especie de chovinismo local, aprovechando el desespero de la sociedad, para intentar “democratizar” su fracaso, echando mano de iniciativas ajenas para salir del paso y ¿por qué no?... ejecutar una maroma de re encauche, o de mimetización de su posible sucesor (a), así sea en el cuerpo de algún aliado.

No obstante que la confianza ciudadana hacia la mandataria municipal, se encuentre en muy malas condiciones, lo cierto es que, la sociedad quilichagüeña debe dar el paso de reclamar para sí, el poder constitucional que tiene (Artículo 3 de la Constitución Política de Colombia), con el propósito de buscar salidas consensuadas al gravísimo problema de inseguridad que padece el municipio. La Carta Política colombiana ofrece varias alternativas de participación ciudadana, dentro de la que está incluida la del Cabildo Abierto, o los diferentes espacios de coadministración que ofrece la arquitectura estatal (los consejos municipales de planeación, de juventud, entre otros espacios) ya que el ente de control político y de coadministración dominado por los aliados de la alcaldesa, se ha rehusado a cumplir con su obligación constitucional.

Debe quedar claro que el llamado no es para rodear a la actual alcaldesa o al Bonillo –Grijalbismo, sino al ejercicio de la búsqueda conjunta de soluciones que puedan restablecer la tranquilidad al municipio y que eviten brotes de justicia por mano propia.

Debe quedar claro que el llamado que hace este opinador, no es a rodear a la actual alcaldesa o al Bonillo –Grijalbismo en todas sus vertientes, sino al ejercicio de la participación democrática directa, a la búsqueda conjunta de soluciones, que no solo, puedan restablecer la armonía y la tranquilidad al municipio, sino que además, eviten brotes de justicia por mano propia, ocultos en convenientes nombres de grupos de seguridad ciudadana, grupos de reacción ciudadana, seguridad comunitaria, etc., ya intentados por el uribista ex secretario de gobierno de la actual administración municipal de Santander de Quilichao. La seguridad y la convivencia ciudadana no pueden quedar, como los cacareados Consejos de Seguridad, en un simple y muy utilizable llamado a la unidad, sino que debe ser un llamado a la civilidad y a la solidaridad ciudadana.

Ante crisis de extrema gravedad, como la que atraviesa Santander de Quilichao, es necesario estar juntos en torno a buscar soluciones, lo que no podemos permitir es una revoltura coyuntural para tapar veinte años de lo mismo. Quilichao no puede permitirse el lujo de seguir la misma senda. Ya fue suficiente de la alternancia de los de siempre, así sea con sus nuevas caras, ahora en trance de mimetismo y de ventajosa aproximación a sectores alternativos.

Juntos, pero no revueltos. 

EL PACTO HISTÓRICO Y EL LÍO DE LAS TIERRAS - ANALISIS

QUILICHAO VIVE EL TOTEMISMO

Pensionados Colombianos debemos aceptar propuesta de gravar las pensiones

PENSIONADOS DEBEMOS ACEPTAR LA PROPUESTA DE GRAVAR LAS PENSIONES

Imagen tomada de: tributi.com

 

Por: Carlos Julio Medina Triana

Pensionado de Telecom - Miembro de Nuestra Memoria Colectiva

En primer lugar, quiero que comprendamos, ante todo, el espacio en el que nos estamos moviendo los pensionados.

Por un lado, de acuerdo a la información disponible, actualmente hay reportados como pensionados, alrededor de 2.350.808 de colombianos, mientras que los adultos mayores, es decir, personas de 60 años o más en el país, estarían por el orden de 6.808.641.

De otro lado, según los resultados de las encuestas de opinión, publicadas durante la campaña presidencial, está población, es decir las personas de 60 años o más, incluidos los mismos pensionados; en su mayoría no apostaban por el triunfo de Gustavo Petro.

Ahora bien, luego del triunfo electoral del actual presidente de Colombia, es necesario que empecemos a observar con detalle, lo afirmado por el actual gobierno; que propone que pagarán impuesto todos aquellos que tengan ingresos brutos mayores a 10 millones de pesos. En el escenario así planteado, para la discusión debemos considerar dos aspectos fundamentales.

Desde hace mucho tiempo hemos librado una fuerte lucha para obtener un equilibrio social, basados en que, durante la existencia de nuestra República, más de doscientos años, la oligarquía, de la mano de los gobernantes, han construido un marco socio-jurídico, en todos los órdenes, que los cubre de privilegios y que alimenta las diferencias sociales. Estos privilegios han sido convertidos, artificialmente, en parte nuestra cultura, pero, sobre todo, en una parte fundamental de las leyes que nos rigen.

Estos beneficios, elevados a la categoría de leyes de la República, han permitido que estos funcionarios, todos con altos salarios, que incluso sobrepasan la ley, obtengan mesadas pensiónales altas, beneficio que comparten con gerentes y funcionarios de alto rango de la empresa privada, la banca y la industria; mientras que la tabla salarial de los demás trabajadores colombianos, sean estos profesionales o no, difícilmente superan los 10 SMLV (Salarios Mínimos Legales Vigentes).

Estas situaciones nos han llevado a proponer el desmonte de todo este tipo de privilegios, entre los que se encuentran, los exuberantes beneficios para los congresistas y los altos funcionarios del estado, así como el vacío legal y jurídico existente en las normas laborales y asistenciales, que permite estas anomalías contrarias a la obligación del estado, de proteger a los ciudadanos más vulnerables.

Ir en contra de la propuesta del gobierno de gravar las pensiones superiores a los 10 millones de pesos, es hacer defensa de la injusticia laboral y pensional que queremos acabar.

Así las cosas, al ir en contra de la propuesta del gobierno de gravar las pensiones superiores a los 10 millones de pesos; como se planteó en pasadas oportunidades, entramos en una enorme contradicción con nuestros principios de equidad y, paradójicamente, entramos a hacer la defensa de la injusticia laboral y pensional que queremos acabar.

Regresando a las cifras disponibles; si sacáramos la diferencia entre las personas mayores de 65 años, que ya deberían tener pensión en Colombia y quienes si la tenemos, suponiendo que todos somos mayores de 60 años, veríamos qué hay 4.457.833 colombianos adultos mayores que deberían tener pensión y hoy no la tienen. Esta diferencia, seguramente, corresponde a los 5 millones de adultos mayores a quienes el actual gobierno propone pensionar con medio salario mínimo. Nuestra discusión debe enfocarse en obtener la pensión digna para todo el que tenga derecho a ella, fijando un valor tope a cargo del estado, que podría ser del orden de los 10 SMLV y lo que pase de allí debería ser con cargo al sector privado.

En este orden de ideas, no podemos limitar la función legislativa del actual gobierno, pretendiendo sustentar la existencia de normas, distintas a las constitucionales, pues esto limitaría la autonomía de los legisladores y la discusión planteada frente a la defensa del privilegio de exonerar las pensiones de gravamen fiscal, terminaría dándole la razón a algunos congresistas para no reducir sus privilegios.

Al desenfocar la discusión de la histórica lucha por un sistema pensional realmente equitativo, pero sobre todo digno, lo que se terminaría planteando sería: quitar los privilegios de ellos, pero mantener los de algunos pensionados, exactamente del 0,31% de los 6.808.641 colombianos que deberían tener pensión, o del 0,89% de los 2.350.808 actuales pensionados.

Esta particular postura de oposición a la propuesta de gravar las pensiones más elevadas, con el propósito de brindar la posibilidad de acceso a este derecho a un gran número de colombianos que no la tienen, revela otra cara de la misma contradicción, de la que seguro saldrán ganadores aquellos que no apoyaron el triunfo del pacto histórico.

Por tal motivo propongo que los pensionados debemos aceptar el gravamen propuesto por el actual gobierno, sobre la base de ingresos brutos mayores a los 10 SMLV.

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LAS CARTAS QUE LE LLEGAN A LA CONVERSA

 

La Conversa de Fin de semana, continúa con su intención de seguir mejorando y por eso invita a quienes nos leen, nos ven y nos oyen a que se vinculen a esta "Conversa". Sus comentarios y sobre todo, sus críticas, son valiosas para nosotros. Compartimos otra comunicación de uno de nuestros visitantes.

(…) Cordial saludo.

Para que llegue "La paz total y el Cauca" es imprescindible que los motivos que impiden su implementación, desaparezcan. El mayor problema del Cauca es étnico. La Corona española a diferencia de Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, que nunca pensaron en el mestizaje, La Corona centró su política precisamente en ello, hasta el punto de ser Colombia un país mayoritariamente mestizo. Solamente que esa política del más alto humanismo, se cambió por:" España llegó a saquear, violar, destruir culturas" lo que provoca en los indígenas puros, el sentimiento de que Negros, Blancos y Mestizos son invasores, que deben desocupar, y en las mayorías la destrucción de la autoestima, acomplejados de sentir que una de sus sangres es despreciable. Creo que tiene razón el presidente Iván Duque al decir”. Ni hubo descubrimiento, ni conquista, ni colonia. Hubo un encuentro y un vínculo para siempre...

  Los primeros pobladores de América, tienen el deber y el derecho de saber de dónde vienen, restablecer relaciones, y aprovechar los excelentes modelos, para ponerse al día, y dejar esa actitud de guardianes de los saberes ancestrales, algo contra natura, en los humanos todo es perfectible. Cuando el Cauca tenga colegios de China, Japón, Corea del Sur, Singapur, ese problema existencial, será cosa del pasado. Con los mestizos el tratamiento es diferente, al decirles que estar en camino del ser universal, Negro, Amarillo, y Blanco es el destino inexorable de la humanidad.

 

Atte. Luis Ayram-Quijano

 

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