Por: Jhon Jaiver Flórez G.
El asalariado que apenas sobrevive con el mínimo ha sido entrenado para temer su propio aumento, para sospechar de cualquier mejora material, para aceptar que su derecho a vivir con dignidad constituye una amenaza para la economía.
Durante más de tres décadas, Colombia escuchó la misma consigna repetida con solemnidad técnica y tono de verdad revelada: contener el salario mínimo es la vía más segura para crear empleo. Se dijo en consejos gremiales donde la palabra “equilibrio” siempre pesó más que la palabra “vida”; se escribió en editoriales económicas que confundieron estabilidad con resignación; se estampó en documentos del Banco de la República como si se tratara de una ley natural y no de una opción política; y se repitió, año tras año, en mesas de concertación salarial donde la correlación de fuerzas rara vez fue justa. El salario debía ser prudente, moderado, responsable. El trabajador, paciente. La pobreza, un daño colateral transitorio.
Han pasado más de treinta años. El empleo prometido no llegó. Lo que sí llegó —y se quedó— fue la precariedad. El mito fundacional del modelo tuvo lema y escenografía. Con el eslogan “Bienvenidos al futuro”, el gobierno de César Gaviria lanzó una modernidad de vitrina: privatizaciones rápidas, apertura económica sin red y reformas que entregaron salud, pensiones y servicios públicos al gran capital, todo bajo el optimismo tecnocrático de la eficiencia. Mientras la Constitución de 1991 prometía un Estado Social de Derecho, el trabajo dejó de ser derecho y pasó a ser costo, y la modernización comenzó a medirse no por el bienestar creado, sino por los derechos recortados en silencio.
El salario, antes concebido como mecanismo de integración social, fue rebautizado como “costo laboral” y sometido a la lógica de la reducción constante, en nombre de la inversión extranjera y la disciplina macroeconómica. El futuro llegó, sí, pero llegó cobrando peaje: derechos sociales en liquidación, trabajadores a precio mínimo y un Estado que aprendió a llamar modernización a la renuncia sistemática de sus obligaciones.
Desde entonces, cada aumento del salario mínimo se negoció bajo amenaza. Si sube demasiado —advierten— se destruye empleo. Si acompaña la inflación, se disparará la informalidad. Si se atreve a crecer por encima de la productividad, vendrán las catástrofes anunciadas con tono apocalíptico y gráficos alarmantes. El resultado fue un salario mínimo que, año tras año, alcanzó apenas para sobrevivir, últimamente ni siquiera para eso, mientras el costo de vida sube con paso firme. La teoría justificadora es clara y persistente: primero crecer, luego distribuir. Pero ese “luego” nunca llega.
Las cifras no respaldan el dogma neoliberal; lo desnudan. Durante las últimas tres décadas, Colombia mantuvo uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina en relación con el costo real de la canasta básica, al tiempo que exhibió tasas de informalidad estructural superiores al 45%, desempleo crónico y una de las desigualdades más altas del continente. El salario precarizado no generó empleo masivo. Generó trabajadores empobrecidos.
Desde una perspectiva teórica, esta política se inscribe en lo que Karl Polanyi denominó la mercantilización del trabajo: tratar la fuerza laboral como una mercancía más, separada de las condiciones materiales de existencia. Cuando el salario deja de cumplir su función social —reproducir la vida— se transforma en frontera moral: señala hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado en su compromiso con la dignidad humana.
El empleo generado fue, en gran medida, informal, inestable y mal remunerado. El crecimiento económico, cuando ocurrió, no se tradujo en bienestar generalizado. La riqueza se concentró. La productividad no despegó. El modelo descansó más en la flexibilización laboral que en la innovación, más en el abaratamiento del trabajo que en la sofisticación productiva. La economía creció. La vida no.
En este contexto, el auxilio de transporte reveló su verdadera función: más que un derecho, un parche estructural. Concebido para cubrir la movilidad básica, terminó siendo la admisión silenciosa de que el salario mínimo no alcanza para vivir. Su incremento anual no amplía bienestar; administra carencias. No integra al trabajador a la ciudad ni a la vida digna: lo mantiene operativo, facilita llegar al trabajo, pero no sostenerse con él. Es un auxilio que garantiza presencia, no dignidad.
Durante décadas, los incrementos del salario mínimo fueron incipientes, casi siempre apenas por encima de la inflación. El argumento fue fiel al libreto heredado: proteger la competitividad, evitar presiones inflacionarias, preservar el empleo formal. En términos nominales, hubo aumentos. En términos reales, hubo retrocesos.
Salario mínimo más auxilio de transporte, medidos en dólares, el efecto es aún más revelador: la devaluación del peso diluyó buena parte de los incrementos. El ingreso mínimo colombiano perdió peso relativo en comparación internacional, reflejando no solo una política salarial incipiente, sino la fragilidad de una economía estructuralmente dependiente y vulnerable.
Los gobiernos antecesores al actual no rompieron nada: administraron la inercia. Ninguno cuestionó el modelo salarial heredado ni corrigió la estructura de desigualdad. El salario siguió siendo un instrumento de contención social, no de redistribución. El orden funcionó sin sobresaltos. La precariedad también.
El gobierno Petro no creo el conflicto salarial. Lo hizo visible. Al impulsar aumentos del salario mínimo de dos dígitos —especialmente en 2023, 2024 y 2025— rompió un consenso tácito que había operado como dogma durante décadas. El escándalo no provino solo del monto del aumento, sino del desplazamiento del eje moral del debate: ya no se discutía cuánto podía soportar la empresa, sino cuánto resistía la vida. Desde una lectura keynesiana y redistributiva, estos incrementos buscan recuperar poder adquisitivo, dinamizar la demanda interna y corregir, aunque de manera parcial, una injusticia histórica.
Los detractores reaccionan con reflejos conocidos. Anuncian desempleo, inflación, fuga de capitales. Repiten un libreto que la historia ya ha puesto en evidencia. Porque si algo demuestran los últimos treinta años es que salarios sistemáticamente bajos no construyen economías fuertes, sino sociedades frágiles.
Desde la teoría del desarrollo humano —Amartya Sen— el ingreso no es solo un medio económico, sino una capacidad básica: permite elegir, participar y vivir con autonomía. Elevar el salario mínimo no garantiza por sí solo bienestar. Negarlo, en cambio, garantiza precariedad.
El debate sobre el salario vital no es una extravagancia ideológica. Es la irrupción de una memoria histórica negada. Llamar vital al salario mínimo es cuestionar el corazón del modelo neoliberal colombiano: la idea de que la dignidad puede aplazarse indefinidamente en nombre de una competitividad que nunca llega a la mayoría. Las sociedades que pagan mal el trabajo pagan caro en otros frentes: violencia, inseguridad, deterioro institucional. Cada peso ahorrado en salarios reaparece como sobrecosto en salud pública, en seguridad, en fractura del tejido social. El salario precario no fue solo una política económica; fue una forma de administrar la exclusión.
Desde Marx hasta Polanyi, desde Sen hasta Piketty, la evidencia converge: la desigualdad no es un accidente del sistema, sino uno de sus productos cuando el trabajo se subvalora. Quizá el triunfo más profundo —y menos visible— de este modelo no haya sido económico, sino pedagógico. Durante décadas, el sistema no solo contuvo los salarios: educó la conciencia social. Enseñó que el trabajador debía sentirse culpable por existir y responsable, por anticipado, de cualquier fractura del orden económico. Si una empresa quiebra, no es por mala gestión o concentración del mercado, sino porque “el salario subió demasiado”. Si hay desempleo, no es por un modelo extractivo y desigual, sino porque alguien “pidió más de lo que merecía”.
Esta pedagogía de la culpa ha calado con especial crudeza en los sectores empobrecidos. El asalariado que apenas sobrevive con el mínimo ha sido entrenado para temer su propio aumento, para sospechar de cualquier mejora material, para aceptar que su derecho a vivir con dignidad constituye una amenaza para la economía. Se le ha convencido de que su salario no es una retribución justa, sino una concesión precaria; no un derecho social, sino un riesgo sistémico.
Desde la sociología crítica, esto no es accidental. Es lo que Pierre Bourdieu denominó violencia simbólica: una forma de dominación que no necesita imponerse por la fuerza porque logra que los dominados adopten como naturales las categorías del dominador. El trabajador internaliza el lenguaje de la escasez y la culpa, mientras los verdaderos centros de decisión —financieros, corporativos, rentistas— permanecen blindados frente al juicio moral y político.
Humanísticamente, el daño es aún más profundo. Cuando una sociedad consigue que quienes menos tienen se sientan responsables de la quiebra ajena, se rompe un principio elemental de justicia compartida. El salario deja de ser reconocimiento al trabajo y se convierte en carga moral. La dignidad se vuelve sospechosa. La vida, negociable.
Por eso, el debate sobre el salario mínimo no es una discusión técnica ni un pulso coyuntural entre gobiernos. Es una disputa por el sentido común, por la forma en que una sociedad decide quién merece qué, quién carga con las culpas y quién queda exento de responsabilidad. Mientras el asalariado pobre siga creyendo que su derecho a vivir mejor pone en riesgo al país, el sistema habrá ganado incluso cuando conceda aumentos.
Romper esta lógica exige algo más difícil que subir cifras: desaprender la culpa, recuperar la idea de que la economía existe para sostener la vida y no al revés, y comprender que ninguna sociedad es viable cuando pide a los más frágiles cargar con el peso de un modelo que nunca diseñaron ni se han beneficiado de él.
Treinta años después, la promesa neoliberal queda expuesta. No fue un error técnico: fue una elección política sostenida en el tiempo. La pregunta ya no es cuánto cuesta subir el salario, sino cuánto ha costado no hacerlo. Porque cuando la economía funciona sin dignidad, no produce desarrollo: produce supervivencia organizada. Y ninguna sociedad puede llamarse justa cuando condena a quienes la sostienen a vivir eternamente al borde de la vida.
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