Por: Omar Orlando Tovar
Troches -ottroz69@gmail.com-
Las revelaciones sobre Pastrana y el encarcelamiento de ministros de Petro no deben leerse como una coincidencia; evidencian un patrón en la historia política: cuando figuras clave de la derecha enfrentan escándalos monumentales, el aparato judicial acelera procesos de impacto simbólico contra el gobierno alternativo.
La confirmación, mediante
evidencias judiciales reveladas en Estados Unidos, de los vínculos del prominente
líder político colombiano de derecha, Andrés Pastrana, con la red del pederasta
Jeffrey Epstein, ha sacudido la opinión pública. Esta revelación,
históricamente sospechada y ahora documentada, expone la naturaleza
transnacional de ciertas élites y sus afinidades morales. De forma casi
sincrónica, pero, muy conveniente en tiempos electorales en Colombia, una jueza
de la República dictaba medida de aseguramiento intramural contra dos
exfuncionarios de alto nivel del gobierno del presidente Gustavo Petro, en un
caso que, independientemente de su mérito jurídico, ha sido leído en clave
política por amplios sectores del país.
Esta coincidencia temporal no puede
pasar desapercibida ni leerse en clave de mera coincidencia, puesto que
demuestra, una vez más, un patrón recurrente en la historia política nacional:
cuando figuras clave del espectro del centro y derecha (políticos y/o grandes
empresarios) enfrentan escándalos de proporciones éticas monumentales, el
aparato judicial doméstico acelera procesos de alto impacto simbólico contra el
gobierno alternativo, operando como un poderoso cortina de humo y un mecanismo
de equiparación artificial. El mensaje que se envía a una sociedad manipulada
mediáticamente es claro: "todos son iguales". Esta operación descansa
sobre un pilar, tristemente discutible: la supuesta neutralidad e independencia
del poder judicial colombiano.
Es un principio democrático
incuestionable que la justicia debe ser autónoma del ejecutivo. No obstante, en
Colombia, ha estado amenazada por el uribismo en contubernio con la presión
constante y secular del narcotráfico, el paramilitarismo y las élites
económicas y políticas regionales. Durante décadas, estos actores han ejecutado
una estrategia de infiltración y cooptación del sistema de justicia,
aprovechando las fallas estructurales de un Estado con arquitectura
clientelista. El resultado es que, hoy, en cargos claves de la Fiscalía, las
altas cortes y los tribunales, se encuentran funcionarios cuyo criterio ha sido
moldeado por la ideología conservadora más rígida o, lo que es más grave, por
la influencia del gran capital legal e ilegal. El sistema de "yo te
elijo y tú me eliges" (visible en la elección de magistrados por
cooptación de las propias cortes) ha creado una cloaca de endogamia y una
muralla contra la renovación ideológica y jurisprudencial.
Para transitar hacia una paz
estable y una verdadera democracia, es imperativo no solo reformar leyes,
sino rediseñar y reedificar el edificio jurídico colombiano. Esto implica
desmontar el fetichismo positivista inoculado por la tradición santanderista de
la derecha, una visión formalista y estrecha de la ley que ignora su espíritu y
su función social. Este formalismo ha sido el caballo de Troya para que
operadores judiciales, algunos incompetentes y otros abiertamente comprometidos
con intereses espurios, ejerzan una justicia a la medida. Sus sentencias,
apegadas a interpretaciones literales y convenientes, rondan peligrosamente el
terreno del lawfare: el uso estratégico de procedimientos legales
con fines de desgaste político, persecución y anulación de proyectos
alternativos.
Este comportamiento es
particularmente grave en las altas cortes. La teleología de la Constitución de
1991 es diáfana: Colombia es un Estado Social de Derecho, en el que
la dignidad humana, la vida digna y la realización material de los derechos son
su eje. Sin embargo, recientes fallos de la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado parecen haber inclinado la balanza, de manera sistemática, hacia la
protección absoluta de privilegios económicos y la paralización de reformas
estructurales. Se interpreta la ley no como herramienta para materializar la
justicia social, sino como dique de contención contra cualquier cambio que
afecte el statu quo. Se entorpecen, así, las políticas de un
gobierno que, con todos sus errores y limitaciones, ha intentado precisamente
que el imperio de la ley deje de ser sinónimo del gobierno de una oligarquía.
La privación de libertad de los
exfuncionarios petristas, en este contexto, no puede analizarse como un hecho
aislado. Es un movimiento dentro de una partida de ajedrez institucional más
amplia. Mientras una evidencia judicial en el norte global señala las
afinidades aberrantes de uno de los líderes de la derecha colombiana, la
maquinaria judicial doméstica se activa para presentar una narrativa de "caída
en desgracia" bilateral, con el objetivo de deslegitimar cualquier
proyecto político que dispute el poder histórico de las élites, usando para
ello las propias herramientas del Estado que lograron capturar.
La verdadera independencia
judicial comenzará el día en que un magistrado pueda fallar, con la misma
contundencia y celeridad, contra un poderoso económico o político tradicional,
que contra un funcionario de un gobierno progresista.
P.S.: Así las cosas, el supraescripto
descree (tristemente) en la evaluación constitucional del decreto de Emergencia
Económica que hará una Corte Constitucional que ya ha mostrado su talante
ultraconservador y su afinidad hacia los grandes gremios empresariales. La
tarea quedará hecha, negarle al gobierno nacional los recursos para que no
pueda cumplir el mandato popular, desprestigiando sus candidaturas al Congreso
y la Presidencia de Colombia. ¡Buen Provecho!
