Por: Andrea B. Romero
Clanes políticos tradicionales del Cauca, como los de Temístocles Ortega y Óscar Campo, el liberalismo gavirista y otros han consolidado alianzas que les permiten sobrevivir y obstruir las iniciativas del gobierno central. Su principal objetivo no es el desarrollo regional, sino preservar sus redes de influencia y clientelismo
El departamento del Cauca, bastión electoral del Pacto Histórico y símbolo de las luchas históricas por la tierra, la autonomía y la paz, vive una paradoja profunda y potencialmente explosiva, ya que, mientras aún se mantiene un apoyo mayoritario a la figura del presidente Gustavo Petro y a su proyecto de cambio; en sus territorios más golpeados por la violencia y el abandono (como la zona norte, cuna de la vicepresidenta Francia Márquez), crece un sentimiento tangible de frustración y desencanto.
Este descontento, que comienza a articularse desde las organizaciones sociales de base: indígenas, afrodescendientes y campesinas; no es un rechazo al ideario del “vivir sabroso” o a la necesidad de una paz total (política en la que la organización Indígena ha presentado propuestas propias), sino un cuestionamiento agudo a la incapacidad del gobierno nacional para materializar sus promesas en el territorio y de erradicar la incompetencia activa de las viejas estructuras políticas locales y la inercia de una burocracia estatal mediocre.
Esta contradicción se evidencia en el hecho de que, a pesar de las numerosas visitas de ministros, de las expresiones de solidaridad y de contar con la segunda mandataria del país, oriunda de Suárez, el Cauca no experimenta la transformación prometida. La percepción entre las comunidades es que el gobierno nacional ha delegado su implementación en una capa de funcionarios de nivel medio, tanto en las carteras ministeriales como en las entidades descentralizadas, que actúan con lentitud, descoordinación y, en muchos casos, con una desobligación que raya en el sabotaje pasivo. El presidente Petro, concentrado en grandes batallas nacionales e internacionales, no ha priorizado la tarea de “poner en cintura” a este aparato administrativo, dejando que proyectos clave se pierdan en la maraña de los trámites, las licitaciones fallidas y la falta de voluntad política operativa. El resultado es un catálogo de promesas incumplidas y obras estancadas que alimentan el escepticismo.
Este fracaso en la implementación no ocurre en un vacío político, sino que se potencia por una situación electoral y de poder local profundamente contradictoria. Mientras el Cauca votó masivamente por Petro y eligió un significativo número de congresistas del Pacto Histórico, en el ámbito territorial el poder sigue estando capturado por los históricos cacicazgos de los partidos tradicionales de derecha. Clanes electorales como los del exgobernador y congresista Temístocles Ortega (Cambio Radical), el liberalismo de César Gaviria y Fernando Velasco, lo mismo que la maquinaria política del congresista y exgobernador Óscar Campo (también de Cambio Radical) han demostrado una habilidad magistral para la cooptación y la supervivencia. Estas nuevas alianzas electorales han logrado neutralizar, desviar o empantanar las iniciativas del gobierno central. Su objetivo no es el desarrollo del Cauca, sino mantener sus redes de influencia y clientela, actuando como un dique de contención contra el cambio.
En este escenario, el silencio y la ambigüedad de la vicepresidenta Francia Márquez resultan desconcertantes y son fuente de creciente malestar. Su imagen, esencial para la legitimidad étnica y popular del gobierno, parece diluirse en fotos protocolarias con la misma clase política tradicional que bloquea las transformaciones. Las comunidades perciben una figura distante, cuya capacidad para torcerle el brazo a los operadores políticos locales y a la burocracia ministerial parece ser nula. El “vivir sabroso” se convirtió en un eslogan vacío, mientras la violencia del ELN, las disidencias y los grupos narcotraficantes sigue diezmando a los líderes sociales y envenenando la vida comunitaria.
Un caso emblemático de este fracaso es el Hospital Regional del Norte del Cauca, una obra demandada por décadas y prometida de manera reiterada. El proyecto fue sistemáticamente empantanado por maniobras burocráticas locales, incluyendo las muy sospechosas dilaciones del actual alcalde de Santander de Quilichao con la complicidad de grupos políticos que hoy siguen ejerciendo poder. Este patrón se repite en otros proyectos de infraestructura y desarrollo social que, ante la falta de vehemencia en su gestión por parte del gobierno nacional y la obstrucción local, avanzan hacia un estatus de “elefantes blancos”. Paralelamente, los gobiernos locales (alcaldías y gobernación) muestran una notoria ausencia de gestión y solidaridad, puesto que hasta ahora no atinan en la articulación de proyectos propios, de real impacto que alivien la crisis social.
Ante esta situación, no sería extraño que se produjera una reactivación de la protesta social pacífica y masiva en el Cauca. Las organizaciones indígenas, afros y campesinas tienen un histórico acumulado de movilización y podrían dirigir su demanda, no ya contra un gobierno hostil de derecha, sino contra un gobierno propio al que consideran en deuda. La exigencia sería clara: que el presidente Petro ejerza su autoridad para desbloquear la implementación, que remueva los obstáculos burocráticos internos y que enfrente políticamente a los cacicazgos locales que traban el desarrollo. Entienden las limitaciones que imponen los gobiernos locales opositores, pero no perdonan la falta de fuerza y de estrategia territorial de su propio gobierno nacional.
La paz y el “vivir sabroso” no se construyen solo con discursos en Bogotá; exigen una presencia transformadora, obstinada y efectiva en el territorio. Allí, por ahora, la fuerza de Gustavo Petro brilla por su ausencia.
