LA VITRINA DE LA CONVERSA

jueves, noviembre 25, 2021

LA ALCALDESA EN SU NUBE - Columnista Invitado.

 

Alcaldesa de Santander de Quilichao: Lucy Amparo Guzmán - Imagen: Proclama del Cauca






miércoles, octubre 20, 2021

Reducción de la jornada laboral: El regalo envenenado del uribismo

Reducción de la jornada laboral: El regalo envenenado del uribismo

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-         

Imagen tomada de: @atcalsas.com

Los grandes gremios de la producción de Colombia, que además de financiar campañas electorales, ofician como tanques de pensamiento y estrategas de la administración pública; empiezan a dictar, por estas épocas, los lineamientos, con los que los gobernantes a su servicio, deberán diseñar las políticas, tributaria, comercial, financiera y laboral, con la que gobernarán cada año o durante el periodo que les corresponda.

Tal y como se ha evidenciado en los últimos veinte años de régimen uribista; salvo la influencia que han alcanzado oscuros agentes del narco tráfico, en algunas esferas del régimen; el poder de los gremios ha permanecido intacto, e incluso, durante el gobierno Duque, se ha fortalecido, incluso yendo en contra de las tendencias académicas del mundo desarrollado, que han puesto en duda las creencias de la ortodoxia económica colombiana, fuente de inspiración de los gremios criollos, con el reciente premio nobel de economía otorgado a David Card, Guido Imbens y Joshua Angrist, por desmontar el dogma de los economistas colombianos y los grandes gremios de la producción, según el cual; aumentar el salario mínimo equivalía a disparar la inflación y otras secuelas indeseables.

Los poderosos Fedesarrollo, Anif y recientemente Fenalco, en franca rebeldía académica al llamado mainstream de la economía mundial, que privilegia una especie de vuelta a las prácticas del Estado Bienestar y de respaldo a modelos económicos alternativos al llamado neoliberalismo, han venido presionando desde hace mucho tiempo atrás, un infame retorno a las condiciones más crudas del semi feudalismo-capitalista, en el que ha vivido Colombia durante los últimos 200 años.

Desde la adopción de las sucesivas reformas laborales, que han puesto en condiciones de disimulada servidumbre a quienes,  a esta fecha, puedan disfrutar de un empleo estable en el sector privado, pasando por las constantes desregulaciones del precario mercado laboral colombiano, hasta la adopción de un ofensivo y mal trasplantado sistema de seguridad social; los gobiernos nacionales de turno, con el visto bueno de los gremios, han venido empujando cada día más, a millones de hombres, pero sobre todo, mujeres, a condiciones de miseria y de exclusión, que solo han servido para cerrar el círculo vicioso de los dueños del poder, que encuentran en esta inmensa pobrecía, una colosal despensa de mano de obra, calificada, pero desesperada; dispuesta a laborar por raticos y por unos cuantos pesos.

Así lo entendió el que dijo Uribe en el 2017, quien sintiéndose respaldado por sus amigos en el Consejo Nacional Gremial y aprovechando la crisis sanitaria; le dio rienda suelta a su lambisconería o gratitud, para devolver los favores a las élites económicas, aprobando a manos llenas, cuanto decreto fuera posible, para flexibilizar aún más, el ya precarizado mercado laboral colombiano, abaratando a más no poder la mano de obra y quitando los, ya escasos, beneficios sociales a cargo de los empleadores, por medio de los Decretos Presidenciales, amparados en la emergencia sanitaria ocasionada por la peste.

Imagen tomada de: BBC News Mundo

Las controvertidas y mil veces rechazadas por los trabajadores, reformas laboral y pensional, se deslizaron en medio del miedo a la muerte y el confinamiento de la pandemia y aunque, mencionadas en los recientes estallidos sociales, permanecen intactas, en el actual marco jurídico colombiano. Junto con la disfrazadas reformas laboral y pensional que esconde el Decreto 1174, se yergue ahora; la ley 2101 de 2021, la cual, según el uribismo, le regalo a la clase trabajadora de Colombia una reducción de la jornada laboral. Ambas normas, no han hecho otra cosa que ir allanando el camino para la última petición del Consejo Nacional Gremial, ahora en voz de Fenalco, consistente en la flexibilización laboral a través de la contratación por horas con prestaciones sociales y plantear un salario regional, de acuerdo con la realidad de cada zona del país.

Es claro que, siguiendo con la tradición de la clase dirigente tradicional de Colombia, es en estas fechas pre decembrinas, cuando hay que lanzar estos anuncios, aprovechando el infalible despiste que el desorden navideño le impone a la frágil memoria criolla, para asestar el mortal golpe. Tras engañosos regalos, como la reducción de la jornada laboral, la promesa de más días sin IVA y el desmonte de las medidas de bio seguridad para prevenir la peste, que permita un mes de parranda y animación derrochona; el uribismo, se alista para darnos el veneno de la legalización, ahora sí, definitiva; de las reformas que el Consejo Nacional Gremial necesita.

El regalo envenenado: una vuelta a los años de 1800, cuando existía un pequeño jornal, para todo aquel afortunado que cayera en gracia del todo poderoso de los cielos y del ocasional patrón terrenal, al ser regalado con el preciado favor de un trabajito, eso sí, pagado un poquitico más barato si era en el campo y con la ventaja de tener la suerte, incluso,  de poder regalar, en agradecimiento; un poquitico más de trabajo en beneficio de su patrón, o al menos, renunciar a ganarse uno que otro pesito extra, por el gran privilegio de trabajar para él.

 

 

sábado, octubre 16, 2021

GOLPE DE ESTADO DE LA DERECHA EN EL CONGRESO

GOLPE DE ESTADO DE LA DERECHA

EN EL CONGRESO

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

No es un juego de palabras, no es un vaticinio, no es una campaña de desprestigio; simplemente es la constatación del deseo de la derecha colombiana, de perpetuarse en el poder, cooptando para si los entes de control, por medio de una reforma a la Constitución Política de Colombia, agenciada a través de los proyectos de Actos legislativos: PAL 13-21; “Por medio del cual se establece la forma de elección del Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Fiscal General de la Nación y el PAL 320-2021C; “por medio del cual se reforma la justicia”.

Imagen tomada perfil facebook del autor

Mientras muchos de los colombianos del común, sobre todo, aquellos que siguen pensando que la política no les interesa, porque no sirve para nada o aquellos otros que hicieron campaña por el Referendo Anticorrupción, no obstante, seguir votando por los mismos; están por ahí entretenidos, viendo a los esfuerzos de adorables mayores, para alcanzar una última oportunidad de fama en un concurso de televisión, discuten si Ospina ha sido o no el mejor arquero de la selección Colombia de Futbol de todos los tiempos, o celebran alborozados, la obra y gracia de una nueva santa paisa; esa política que no les interesa, está a punto de asestarle un mortal golpe a la democracia y la vida civil de Colombia: Gol caracol ...¡Se metioooo!

De manera sigilosa, casi que, a escondidas, los emisarios de las élites económicas y políticas del país; han puesto en movimiento, al interior del congreso colombiano; toda una estrategia de derrumbamiento del sistema de contrapesos institucionales, propio de las democracias liberales de occidente. El primer paso consistió en la apropiación del congreso, a  punta de alianzas no santas, con grupos extremistas de derecha, de forma que, a punta de manipular el miedo de los ciudadanos, como consecuencia de una guerra iniciada por las mismas élites casi dos siglos atrás; lograron posicionar en el congreso, todo un conjunto de dilectos agentes políticos a su servicio, capaces de instaurar una especie de dictadura constitucional, disfrazada de democracia, durante los últimos veinte años de régimen uribista.

Apalancados en la llamativa arquitectura institucional del estado, plasmada en la Constitución Política de 1991, los políticos tradicionalistas, adscritos a los partidos de derecha en el Congreso de la República colombiana, en complacencia conveniente con el espíritu mesiánico de la ultraderecha colombiana, personalizada en Álvaro Uribe Vélez y vuelta ideología en el uribismo, se han dado a la tarea de nombrar, periodo tras periodo, en los entes de investigación y control, a personas afines a su línea política, o al menos, dispuestos a tranzar impunemente, favores políticos, por frondosas nóminas, en Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Defensoría y Registraduría. Así lo han hecho durante el tiempo, aunque no de manera oculta, sino a la vista de todos, en vivo y en directo por unos medios de comunicación, alguna vez el cuarto poder fiscalizador de la opinión pública, convertidos desde tiempo atrás, en tribunas propias de los poderosos. Gol, gol, gol...gol caracol ... ¡Se metiooo!, Una vez más.

Con la complicidad de una inmensa mayoría de colombianos, con serios problemas de educación política, mal informados, pero, sobre todo, manipulados; la derecha colombiana, ha venido dando los pasos necesarios para retener el poder del estado colombiano; así lo ha venido demostrando, con los múltiples intentos de reelección de su jefe supremo, el ex presidente, ex senador e imputado; Uribe Vélez. Contando con la venia de las federaciones de municipios, capitales y departamentos y con las organizaciones de juntas comunales; recientemente, el uribismo, intento una vez más, en medio de la peste del Covid19, prolongar el periodo del que dijo Uribe, hoy encargado de la presidencia de Colombia y por ahí derecho, el de alcaldes y gobernadores, agremiados en las mencionadas federaciones, dirigidas por controvertidos personajes, también afines al uribismo; intentando cambiar un articulito, a petición de Toro, Tavera y Ordosgoitia.

Ahora, envalentonados, o quizás, un tanto nerviosos, por los recientes levantamientos populares, iniciados en el 2018 y exacerbados por la ineptitud y la corrupción del actual gobierno nacional; los emisarios de la derecha en el congreso, después de haber nombrado en los entes de control, registro e investigación a fichas afines al uribismo, dedicados a torpedear el proceso de paz, pero sobre todo, a obstruir cuanta investigación se inicie en contra de los miembros del uribismo; pretenden completar su sutil estrategia de Golpe de Estado Institucional, intentando “flexibilizar”, aún más, algunos requerimientos para el nombramiento de personas idóneas, en la dirección de estas entidades, pero sobre todo, y he ahí el horror; intentando brindarle impunidad institucional, a los titulares de Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y otros funcionarios de alto nivel, trasladando la competencia de su investigación y juzgamiento, de la Honorable Corte Suprema de Justicia, a la muy controvertida e inane Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Esta promesa de impunidad, ofrecida a quienes están encargados de investigar y sancionar la agobiante carga de violencia y de delincuencia que se cierne sobre todos los ciudadanos, de velar por el buen comportamiento de los funcionarios, sancionar sus abusos y ponerlos al recaudo de la justicia, o de dar fe del estado civil y de llevar a cabo y garantizar los procesos de elecciones; no permite creer en un buen futuro para uno de los países, con mayores índices de desigualdad económica, con serias sospechas de degradación del conflicto e irrespeto total por los derechos humanos y con una corrupción que asusta, como Colombia.

Esta intentona de asegurarse sí o sí, el poder político, pero sobre todo, el poder sancionatorio, ante un futuro político incierto, en el que la izquierda y los movimientos progresistas y alternativos a la derecha tradicional colombiana, tienen serias posibilidades de hacerse con el gobierno nacional y aumentar el número de curules en el congreso; es una apuesta muy riesgosa, en un ambiente de inseguridad y terror, que ya tiene agobiada a una sociedad cansada de la falta de acceso a la justicia y que ve, como este intento de cambio de la Constitución, nuevamente corroborará la percepción de que la sanción de la justicia es únicamente para los de ruana.

La promesa de impunidad para la actual clase dirigente, incluidos, sus amigos los contratistas (centros poblados, etc.), podría estar gestando escabrosos hechos de justicia propia, como el ocurrido con los niños de Tibú, mucho más,  si como ha venido aconteciendo en los dos últimos años, los excesos de la fuerza pública y los aberrantes casos de corrupción, han puesto en entredicho, la eficiencia de estos mismos entes de control, exacerbando aún más, los ánimos de una sociedad asustada y desesperada.