Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-
La nación Nasa y todos los pueblos indígenas en resistencia, no son un tema antropológico; son sujetos políticos de derechos, comunidades dignas y valientes que han defendido su territorio y su cultura con un costo humano inmenso
El reciente y trascendental comunicado, suscrito por 209 autoridades tradicionales de la nación Nasa [1], no es solo un pronunciamiento más en el panorama de la conflictividad social y armada en Colombia; es el llamado colectivo de una resistencia milenaria que celebra, con cautelosa esperanza, un avance jurídico crucial: la tipificación formal como delitos de lesa humanidad de los crímenes cometidos por grupos armados contra las comunidades, sus sabedores y el propio territorio. Este hito legal, sin embargo, resuena sobre un suelo aún ensangrentado. Mientras la justicia ordinaria empieza a nombrar con la gravedad que merecen estos hechos, en los resguardos del Cauca la guerra sigue escribiendo su capítulo más cruel con tinta de presente continuo.
Es importante tener en cuenta que el comunicado no es un
ejercicio de memoria histórica sobre un pasado superado, es una radiografía
urgente del hoy. A pesar de los acuerdos de paz pactados y de la actual
propuesta de “Paz Total”, las comunidades Nasa siguen reportando amenazas,
confinamientos, desplazamientos forzados y, de manera particularmente atroz, el
reclutamiento de sus niños, niñas y jóvenes por parte de actores armados
ilegales, que no debe entenderse, ni mucho menos normalizarse como un daño
colateral; sino como un etnocidio en cámara lenta, una herida profunda al
corazón mismo de la continuidad cultural.
El comunicado, claramente reconoce que la justicia
colombiana ha dado pasos significativos, ya que menciona el hecho de que las Altas
Cortes colombianas han emitido sentencias emblemáticas que reconocen el
abandono estatal histórico y ordenan su remediación. Sin embargo, estos
mandatos judiciales, en su mayoría, yacen en el limbo de la implementación,
toda vez que, la causa raíz de este “estado de cosas inconstitucional” (la
ausencia crónica del Estado social de derecho y la perpetuación de las
condiciones que alimentan el conflicto) sigue intacta. Los intentos de paz de
los gobiernos de Santos y Petro, aunque distintos en su narrativa, han
demostrado, hasta el momento, una ineficacia palpable en los territorios
indígenas, en donde la lógica del fusil aún prevalece sobre la del diálogo.
En este contexto de promesas incumplidas y violencia
renovada, cobra una importancia capital la Propuesta de Paz Territorial construida
y presentada por las organizaciones indígenas del Cauca, como la Asociación de
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo Regional Indígena
del Cauca (CRIC), la que, tristemente desnuda una gran contradicción del actual
gobierno del Pacto Histórico: mientras proclama una “Paz Total” que pretende
ser incluyente, parece no otorgar el acompañamiento político decisivo que esta
iniciativa originaria requiere y merece.
La propuesta de paz indígena no es un anexo; plantea un
cambio de paradigma. Como señalan las autoridades Nasa en su comunicado, esta
visión descentra las negociaciones del ámbito exclusivo de los actores
armados y sitúa en el centro a las comunidades víctimas. Plantea un modelo
de construcción de paz desde lo territorial, fundamentado en las
particularidades geográficas, sociales, políticas y, sobre todo, espirituales
de los pueblos. Se distancia así de los modelos tecnocráticos diseñados desde
escritorios en Bogotá, que suelen operar con un centralismo urbano ajeno, tanto
a la realidad territorial y a la cosmovisión de sus habitantes, como a la
lógica meramente utilitarista y violenta de los ilegales.
El llamado final del comunicado es un testamento de dignidad
y una hoja de ruta ignorada. Es imperativo que el gobierno de Gustavo Petro y
toda la institucionalidad local y regional del Cauca, no solo “escuchen”, sino
que arropen y materialicen esta propuesta. Se debe pasar de la
retórica del reconocimiento multicultural, que a menudo reduce a los pueblos
indígenas a un componente folclórico y pintoresco; a la acción concreta que
respete su autonomía y, lo que es más revolucionario, permitir que su
cosmovisión y sus formas propias de organización realmente primen en el
diseño e implementación de cualquier política, plan o programa que les
concierna.
La nación Nasa y todos los pueblos indígenas en resistencia,
no son un tema antropológico; son sujetos políticos de derechos, comunidades
dignas y valientes que han defendido su territorio y su cultura con un costo
humano inmenso. Su propuesta de paz territorial no es una alternativa más; es,
quizás, la única que puede sanar las raíces de la guerra en esos territorios.
Ignorarla, una vez más, no sería solo un error político; sería una traición
histórica a la posibilidad de una paz verdadera y con justicia social para Colombia.
El tiempo de los discursos ha pasado. La tierra, a través de
sus autoridades, ha hablado. Ahora es el turno del Estado colombiano de actuar,
antes de que la oportunidad se pierda en el mismo fuego cruzado que hoy consume
a las semillas de vida del Cauca.
[1]
Ver documento completo en: https://drive.google.com/file/d/1YX3mTSYyudpa7wiL9JG6lZ5UhXOMYslt/view?usp=sharing
