EMQUILICHAO: Una empresa pública en la encrucijada

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Se espera que la gestión del nuevo gerente sea eficiente, transparente y comprometida con la defensa de lo público, para restaurar la salud financiera y operativa de Emquilichao, garantizando tarifas justas y un servicio digno a la ciudadanía.

En Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca, se libra una batalla silenciosa pero decisiva por el control de uno de sus patrimonios colectivos más preciados: la Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Emquilichao. Su historia reciente es un reflejo micro cósmico de un proceso nacional de desgaste y acecho a lo público, iniciado décadas atrás bajo el paradigma neoliberal del expresidente César Gaviria. 

Paradójicamente, es este legado político, del cual ha bebido el grupo hegemónico que ha dirigido el municipio por cerca de veinte años, el que ha sometido a la empresa a un paulatino marchitamiento. Administración tras administración, incluida la actual, se ha observado una gestión caracterizada más por la omisión, la falta de inversión en mantenimiento y la opacidad, que por un compromiso genuino con su fortalecimiento. Este escenario ha alimentado la sospecha fundada de un plan de ahogamiento financiero y técnico, preludio clásico de una privatización que transferiría un servicio vital a manos de intereses particulares, en detrimento de la soberanía municipal y los bolsillos de los quilichagüeños. (Ver: ¿Avanza la privatización de Emquilichao? - ¿Quién hundió a Emquilichao? Crisis fabricada, culpables y responsabilidades)

Frente a este panorama desalentador, el nombramiento de un nuevo gerente para Emquilichao se erige como un faro de expectativa colectiva. La comunidad, hastiada del incremento en las facturas por el servicio, falta de equipos, procesos internos ineficientes y del gravísimo problema ambiental del “basuro” a cielo abierto, deposita en esta decisión la esperanza de un giro radical. Los anhelos son concretos y urgentes: una gestión que priorice el oportuno mantenimiento de la infraestructura, que modernice los sistemas, implemente soluciones definitivas y ambientalmente sostenibles para la disposición final de residuos y optimice la eficiencia en todos sus frentes. 

El objetivo final de esta nueva gerencia debe ser claro: que esta mejora operativa y administrativa se traduzca en un beneficio directo para el usuario, reflejado en la disminución de tarifas injustamente elevadas para un servicio que no ha sido óptimo. Esta no puede ser una gestión de escritorio o confinada a los recintos opacos de una Junta Directiva que, en sus sucesivas versiones, ha demostrado una gris e ineficaz complicidad con la decadencia. Lamentablemente, el Concejo Municipal, órgano natural de vigilancia y control político, da la impresión de haberse convertido en un ente complaciente, reducido en la práctica a un mero comité de aplausos, con contadas y valiosas excepciones que, en el pasado, pusieron al descubierto las intenciones privatizadoras del grupo político que ha gobernado y gobierna a Quilichao.

Es en este contexto de desconfianza institucional donde recae una responsabilidad histórica sobre los hombros del nuevo gerente. Reconocemos públicamente su inexperiencia previa en la administración pública, lo cual, lejos de ser solo un desafío, puede ser también una oportunidad para abordar los problemas con frescura y libre de ataduras con los grupos de interés que han asfixiado a la empresa. 

De él se espera, ante todo, una gestión eficiente, eficaz y transparente. Su misión fundamental es retornar a Emquilichao a unas condiciones financieras y técnicas saludables, donde las tarifas sean justas y la atención al ciudadano, digna. Su compromiso debe ser inquebrantable con lo público. Por ello, es imperativo hacer un llamado explícito: si durante su gestión el actual Alcalde, o cualquier poder fáctico vinculado al Gavirismo local, sucumbe a la tentación de impulsar la privatización de la empresa para favorecer intereses particulares (siguiendo un guion ya visto en obras como el Hospital Regional), la ciudadanía espera que el gerente sea el primero en denunciarlo públicamente y, si es necesario, hacerse a un lado en un acto de coherencia suprema en defensa del patrimonio público.

Dada la evidente falta de disposición y capacidad de vigilancia por parte de una Junta Directiva desdibujada y un Concejo Municipal complaciente, el llamado final es a la acción ciudadana organizada. Los sindicatos de Emquilichao, como guardianes naturales del trabajo digno y del servicio público y toda la ciudadanía quilichagüeña, deben asumir el rol de veedores permanentes. La supervivencia de Emquilichao como empresa pública y eficiente no puede depender de la voluntad de unos pocos en cargos directivos. 

Exigir rendición de cuentas claras, asistir a los espacios de participación y vigilar cada decisión, es ahora un deber cívico. La empresa es de todos y solo la vigilancia colectiva y activa podrá defenderla de su peor enemigo: la indiferencia. El nuevo gerente tiene la palabra, pero la tarea de salvaguardar este bien común es, irrevocablemente, de toda la ciudadanía.

EL MANUAL DEL HEMBRO

Silencio asesino, o la no humanidad*

 

Por Hernán Riaño

“Estados Unidos es el mundo, Yo dirijo al país y al mundo, Yo soy el presidente y tengo derecho a hacer lo que yo quiera”. Donald Trump

Ante las agresiones cometidas en los últimos dos años en Palestina y desde hace algunas semanas en el caribe, en las que han muerto muchos seres humanos de todas las edades, en Gaza especialmente niños(as), a los que declaró enemigos el régimen de Netanyahu, solo por ser palestinos, a los que les ha aplicado todas las tácticas de muerte fascistas, desde las bombas, pasando por las balas y hasta, la más ruin, el hambre. Los ataques a la franja de Gaza hace muchos meses se convirtieron en un genocidio que debe ser condenado por toda la humanidad.

En el caribe, quien se cree el emperador del mundo, Donald I (primero), le ha aplicado la pena de muerte unilateralmente a decenas de personas que fueron acusadas de narcotraficantes sin el debido proceso, juicio justo, solo por la sospecha del señor emperador y la ejecución de sus militares lacayos, acostumbrados a matar, matar y matar. Salvo algunas excepciones, la mayoría de los gobiernos del mundo han mantenido un silencio cómplice, ¡dos años! por el genocidio de civiles desarmados en Gaza y unos meses, de los humildes pescadores en el caribe, digo pescadores porque nadie ha demostrado lo contrario, ni un juez ni alguna autoridad reconocida por Latinoamérica. 

Hay naciones que, después de manifestaciones multitudinarias en las principales ciudades del mundo denunciando el genocidio, decidieron apartarse un poquito del dúo maléfico, Israel- E.E. U.U. y hacer algunas acciones, muy tímidas, pero que han incidido en un “acuerdo de paz” entre ellos mismos, quiero decir el dúo maléfico, sin haber incluido a nadie de Palestina; tratado que Israel ha violado muchas veces con un saldo de cientos de muertos e instalaciones destruidas, como hospitales y escuelas. La presión de los pueblos ha hecho posible, primero que el mundo vuelva sus ojos al oriente medio, en el que Israel quiere apoderase no solo de Gaza, al que casi destruyó totalmente, sino que ha empezado una avanzada sobre Cisjordania, El Líbano, Siria y ha amenazado en llevarla hasta Irán y no se sabe cuántos países más: su sueño sionista en Asia menor.  Algunos gobiernos decidieron no enviarle más armas a Israel, o no prestar su espacio aéreo para el tránsito de naves de la misma nacionalidad, o no venderle carbón con el que se genera muertes de palestinos.

Ahora presentan un plan para Gaza en el que dejan por fuera a los palestinos, bombardean el Líbano, específicamente donde hay campamentos de refugiados de esa misma nacionalidad, atacan con drones a quien ellos quieran y a quien deseen, con la mayor impunidad y en medio del silencio de la mayoría de los gobiernos del mundo. Ese supuesto acuerdo de paz logró callar las protestas mundiales, ese era su objetivo y con ayuda de sus medios de comunicación pudieron lograrlo. Los sionistas han llegado al colmo de poner en la picota pública, encarcelar o inclusive matar a personas que los han denunciado, a periodistas que hacen preguntas incómodas los hacen despedir de sus trabajos, en general quieren imponer a la fuerza sus creencias y la imposición de su raza como pueblo elegido de dios, ¿Qué dios fue capaz de escoger a unos asesinos de niños como sus protegidos destinados a dominar al mundo?

En el Caribe, desde hace unos meses está sucediendo algo similar, Donald I, decidió sin ninguna fórmula de juicio, asesinar gente indefensa y que no es una amenaza para el imperio del norte, pero que él, al igual que lo hicieron en Irak, cuando dijeron, para justificar la intervención, que Sadam Husein tenía armas de destrucción masiva y que iba a acabar con el mundo, hoy apela a la misma táctica diciendo que esos pescadores van a acabar con Estados Unidos y por eso hay que matarlos, pero sus verdaderas intenciones son intervenir en toda América Latina para apoderarse de sus recursos naturales,  y sobre todo del petróleo venezolano y el agua de la Amazonía. 

En el desarrollo de su “emprendimiento”, ha dicho muchas cosas para justificar los asesinatos e intervencionismo, pero lo que más me ha llamado la atención son estas frases: “Estados Unidos es el mundo” (1), “Yo dirijo al país y al mundo” (2) y “Yo soy el presidente y tengo derecho a hacer lo que yo quiera” (3) las que implican muchas cosas, ninguna buena para nuestros países y sus habitantes. La primera frase implicaría, que ante el avance de otras naciones como China, Rusia o Irán en lo que él mismo llama su patio trasero, sería como una manifestación de que este continente es todo de él y no va a permitir que, de otras regiones, vengan a hacer negocios con nosotros; lo que llevaría a la segunda sentencia, que como él es el dueño puede hacer lo que quiera con estos países (4).

Todo esto ante nuestras narices, en vivo y en directo y ningún gobierno, salvo contadas excepciones, como Gustavo Petro, se han atrevido a levantarle la voz, ya que todos los que se han callado son impuestos por los gringos, de una forma u otra, y son cómplices de todas las acciones en contra de la humanidad que Donad I viene adelantando en complicidad de los sionistas israelíes. No olvidemos que estos mismos tienen mucha influencia en regiones del sur de nuestro continente donde están determinado elecciones y poniendo presidentes afines a sus ideas. Se han apoderado de medios de comunicación y de manipulación, como las redes sociales, con los que hacen que los ignorantes de cada nación se vuelvan sus borregos y terminen defendiéndolos, como es el caso de muchas sectas cristianas que, sintiéndose supuestos herederos de los judíos, salen en defensa de los sionistas, además esperando un juicio final que los haría pasar a los escogidos de una supuesta salvación, pero que aquí, para alcahuetearles todas las tropelías a los sionistas, no solo se quedan callados ante sus brutalidades y asesinatos sino que además los justifican y los aplauden. 

Como podemos ver, hay un silencio cómplice de la mayoría de los gobiernos del mundo, los pocos que san pronunciado lo hacen de forma tímida y sin la presión que lleve a parar el genocidio en Gaza y mucho menos la masacre en el Caribe. No hay medidas concretas, así sea diplomáticas o económicas contra Israel y Estados Unidos, nadie se atreve siquiera a contradecir, así sea mínimamente a Donald I y Netanyahu (5). En este maremágnum de silencio cómplice que se convirtió en asesino sobresale la voz de Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia, que, por sus posiciones radicales de defensa de la vida y la humanidad, se ha convertido en la piedra en el zapato para estos dos genocidas. Ha tomado medidas como el rompimiento de relaciones diplomáticas y la prohibición de exportación de Carbón para evitar que los sionistas lo utilicen para matar niños gazatíes y ha cortado la información de inteligencia, en lo referente a la situación del Caribe con la potencia del norte. 

Donald I, lo incluyó en la lista OFAC (6), conocida como Clinton, con unas consecuencias de bloqueo a su persona y sus finanzas, en esta sanción incluyeron a parte de su familia y a su ministro del anterior, también desertificaron a Colombia por una supuesta incompetencia en la lucha contra el narcotráfico, en una componenda entre la ultraderecha colombiana, el ministro gusano Marco Rubio y el senador republicano, nacido en Colombia, Bernardo Moreno alias Bernie Moreno. Todo lo ha aguantado el señor presidente, no se ha doblegado, muchas ONG lo han considerado un gran líder por la defensa de los palestinos (7), y otros sectores lo ven como un personaje mundial humanista, defensor de derechos y el cambio climático. Ha arrastrado a algunos sectores y pocos gobiernos a subir el tono de la defensa de la vida tanto en Gaza como en el caribe, tanto así que senadores de los Estados Unidos se han unido abiertamente a la lucha de Petro (8).

Pero eso no basta, el silencio sigue imponiéndose y mientras tanto, al sionismo israelí sigue asesinando palestinos de todas las edades, sobre todo niños, Donald I sigue financiándolos y armándolos, mandando misiles a matar pescadores al caribe y amenazando con una invasión a gran escala en el norte de Suramérica (9). Y ratifico, hasta tanto no se les pruebe en un juicio su responsabilidad y sea vencido en un juicio justo, dicen las leyes, nadie es culpable.  Los pueblos del mundo tienen la palabra ya que sus gobiernos se plegaron al silencio asesino que ha llevado al genocidio del pueblo palestino y al homicidio, que puede convertirse en otro igual o peor, de decenas de gentes humildes en el caribe.

*Esta columna fue publicada originalmente en el Portal SoNoticias y es compartida con la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.  Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto. 

(1) https://www.youtube.com/watch?v=A4qaXdynsLc

(2) https://es-us.noticias.yahoo.com/donald-trump-dirijo-país-mundo-200000809.htmlhttps://www.msn.com/es-xl/política/gobierno/donald-trump-afirma-que-gobierna-estados-unidos-y-el-mundo-durante-una-nueva-entrevista/vi-AA1DUUWi

(3) https://www.elperiodico.com/es/internacional/20250830/trump-acelera-autoritarismo-eeuu-121070402

(4) https://www.nytimes.com/es/2025/11/17/espanol/america-latina/trump-doctrina-monroe-estados-unidos.html?utm_social_post_id=579249410&utm_social_handle_id=751965821517958&smid=fb-nytes&fbclid=IwY2xjawORRAJleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFMSDg1QVNpT29yOWVUcndJc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHgy9L-80nzoYrZkUqvyq9CCMVgQ_x9RS-L8gYWBzbikUt8FzJfNQo63XVuuk_aem_9xOruI4VGBJ-e0pwkqvmFg

(5) https://www.facebook.com/reel/1362044025584700

(6) https://www.facebook.com/reel/1582522586447163

(7) https://www.rtvcnoticias.com/internacional/petro-con-respaldo-global-con-liderazgo-por-defensa-de-palestina?fbclid=IwY2xjawORRIxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF1QnNiOFAxbkdtNVdta3Fvc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHi7BwhvQEzn-WOtkv50F8ofgq3OhJAMxQEA1qDrv3sbwbNeYC5WKGlOvHkGu_aem_gB8hZXKZ7-x4sjLfMoxjjw

(8) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02vh91r3ifSFqxyLAJ2QqGvp7Dxxa5f6cAZRs9Y7hnLRGjhMmmMaDnit2xHK978t6fl&id=100063996369559&rdid=YzTDlepqh4p1XDZw

(9) https://www.facebook.com/groups/410645279333329/permalink/2467581430306360/?rdid=WUvzwUzBskiV1nX9

Bombardear o proteger la vida: La encrucijada de gobernar Colombia

 

Imagen tomada perfil X de Gustavo Petro

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

El gobierno de Gustavo Petro enfrenta un dilema desgarrador. Su principio rector, la protección de la vida como valor supremo, choca frontalmente con la compleja realidad del terrorismo recrudecido. El dilema se reduce a una pregunta angustiante: ¿bombardear o no bombardear?

Gobernar Colombia ha sido, históricamente, una tarea complicada. La misma gesta que le dio su acta de nacimiento republicano estuvo teñida de un conflicto armado insurgente, donde los ejércitos irregulares de Bolívar y Santander se enfrentaron a la potencia imperial española. 

Esta génesis violenta no fue una anomalía, sino el prólogo de una prolongada y compleja conflictividad que se ha reconfigurado a lo largo de dos siglos, adaptándose a los tiempos, pero manteniendo su núcleo de dolor e inequidad. He aquí la primera y más profunda dificultad: tomar decisiones de seguridad en un país que nació del fuego de la insurgencia y que lucha por sanar las heridas de una guerra interna no declarada pero largamente sufrida.

El desafío se multiplica ante un territorio tan heterogéneo en su topografía como en su injusticia social. Colombia no es un solo país, sino muchos simultáneos. La geografía quebrada de sus tres cordilleras, sus selvas impenetrables y sus costas extensas no solo dificultan la presencia integral del Estado, sino que reflejan y acentúan las abismales desigualdades que ostenta la nación, ubicada como la segunda más inequitativa del mundo. En regiones como el Cauca, el Catatumbo, el Guaviare o el Bajo Cauca Antioqueño, el Estado no ha sido sinónimo de bienestar, sino de abandono histórico. 

Durante décadas, gobiernos de derecha miraron para otro lado, permitiendo que niños, niñas, jóvenes, indígenas, afros y campesinos quedaran a merced de los grupos armados ilegales, quienes impusieron sus reglas de vida y de guerra, a veces incluso con la complicidad o el silencio cómplice de élites locales y nacionales.

En este escenario de fracturas estructurales, el gobierno del Pacto Histórico, liderado por Gustavo Petro, enfrenta un dilema axiológico desgarrador. Su principio rector, la protección de la vida como valor supremo, choca frontalmente con la compleja realidad del terrorismo recrudecido. El dilema se reduce a una pregunta angustiante: ¿bombardear o no bombardear? ¿Emplear toda la fuerza del Estado para neutralizar a los ilegales, con el riesgo de cobrar vidas de civiles atrapados en el fuego cruzado, o privilegiar la preservación de toda vida, asumiendo el riesgo de ser percibido como débil y de "entregar el país" a los violentos?

Esta encrucijada no se debate en un vacío, sino en medio de un feroz hostigamiento político y mediático. La derecha colombiana y los grupos ilegales, en una acción que, si bien no puede calificarse de concertada, tampoco parece una mera coincidencia, no le dan tregua al presidente. Si Petro insiste en su "Paz Total" y en la búsqueda de diálogos, inmediatamente es tildado de blando, de aliado de los terroristas, una crítica que ha traspasado fronteras y ha sido amplificada desde sectores de Estados Unidos, llegando al extremo de lanzar infundios sobre supuestos vínculos con el narcotráfico. Por otro lado, cuando, ante la persistencia de las acciones criminales, el gobierno ordena operaciones militares contundentes (como el reciente bombardeo a disidencias de las FARC en el sur del país que resultó en la trágica muerte de siete menores), la misma derecha y sus medios afines lo acusan de violar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de no medir las consecuencias.

Este impecable acoso, donde se mezclan y manipulan escenarios, confunde a una ciudadanía que, alejada de la cruda realidad de estos territorios, no logra comprender la disyuntiva. Se critica el error, con razón y dolor, pero se olvida con cinismo el eterno olvido que llevó a esos niños a vivir bajo el dominio de los armados. Frente a la tragedia, el presidente Petro asumió la responsabilidad como Comandante en Jefe, pidió perdón a las familias (un gesto inédito y profundamente simbólico) y abrió las investigaciones correspondientes. Este acto de rendición de cuentas contrasta con la actitud de los gobiernos uribistas de las últimas dos décadas, quienes no solo evadieron su responsabilidad en la guerra y no pidieron perdón a las víctimas del conflicto, sino que en muchos casos las estigmatizaron e insultaron.

P.S.: Da asco la manera en que la derecha colombiana, pero sobre todo algunos precandidatos y precandidatas a corporaciones caen como buitres sobre los despojos de la violencia para posar de empáticos o empáticas con las víctimas de la guerra para erigirse como quienes pueden arreglar eso que ellos y ellas desbarataron durante su ejercicio. Nuevamente se abrazan y se besan para la foto, aquellas personalidades que nada hicieron durante sus mandatos o, en el peor de los casos, avalaron el terror de la seguridad democrática, replicándolo localmente en épocas del estallido social.

¿Sirvió la Consulta Interna del Pacto Histórico?

 

Imagen tomada de Radio Nacional de Colombia

Por: Alberto Palomino

La victoria en las urnas dependerá de la capacidad de construir una unidad sólida, transparente y basada en las bases, reivindicando los ideales de izquierda, las reformas sociales y el cambio estructural.

El debate sobre los resultados de la consulta interna del Pacto Histórico del 26 de octubre ha generado interrogantes sobre la eficacia del mecanismo. Si bien algunos resultados han causado incomodidad, es fundamental analizar si el problema radica en el instrumento democrático en sí o en su implementación.

La consulta popular interna representó un avance democrático significativo. En contraste con el método anterior de selección de candidaturas por acuerdos internos y designación "a dedo" (el "bolígrafo"), la consulta trasladó la decisión a la voluntad popular. En este orden de ideas, este proceso confiere legitimidad, ya que el orden de las listas al Congreso (Senado y Cámara) resulta de la capacidad de movilización y arrastre de cada precandidatura, no de una correlación de fuerzas interna.

De igual manera, fomenta la unidad, puesto que buscaba que los votantes de la consulta se movilizaran unidos hacia la elección legislativa. Su impacto positivo se proyecta hacia la futura Consulta del Frente Amplio y las elecciones al Congreso de 2026. Por lo tanto, la decisión de realizar una consulta interna y abierta fue un acierto político que debe preservarse.

El problema no fue la consulta, sino las graves fallas en su preparación y ejecución, que permitieron el "entrismo" de precandidaturas ligadas a partidos de la derecha y sus maquinarias electorales. En términos generales, las coordinaciones territoriales del Pacto Histórico no fueron electas democráticamente, sino que se heredaron de cuando fue una coalición electoral, privilegiando la hegemonía de los partidos con personería jurídica y marginando a los movimientos sociales.

Las comisiones de ética y garantías electorales nacieron con un "pecado original" por la falta de democracia interna y transparencia en el proceso. No funcionaron como un filtro efectivo. El Comité Político Nacional Provisional inscribió las precandidaturas omitiendo los principios éticos y programáticos, sin considerar debidamente los informes de las Comisiones de Ética. Esto facilitó la infiltración.

Continuando con las grandes fallas del proceso previo a la Consulta Interna, se tiene que, se prohibió o estigmatizó la realización de Asambleas Territoriales, silenciando la voz de las bases y generando una pasividad que impidió una contraloría efectiva. Paralelamente, algunos congresistas actuaron como "bisagra" para meter precandidaturas ajenas al proyecto del Pacto Histórico a cambio de apoyo electoral para su reelección. Esto fue tolerado por una burocracia interna.

No obstante, los inconvenientes externos (Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil, Prensa orgánica de los gremios, etc.), la consulta interna sí sirvió como mecanismo democrático, pero su potencial fue saboteado por una estructura de dirección no democrática y por prácticas internas que permitieron la infiltración. La solución no es abandonar la consulta, sino corregir sus fallas para fortalecer el proyecto.

Para avanzar en la construcción de un sólido proyecto de izquierda democrática se requieren una serie de acciones urgentes, como, por ejemplo, identificar a quienes propiciaron o fueron cómplices de la infiltración. La unidad debe construirse sobre la participación real de las bases, no sobre la tolerancia a prácticas ajenas al proyecto de cambio.

Las direcciones a todo nivel deben ser electas democráticamente, integrando de manera real a los movimientos sociales, que han demostrado ser una fuerza electoral significativa. En los meses previos a las próximas elecciones, se debe fomentar la movilización y organización de las bases para consolidar la unidad popular.  Antes de la inscripción formal de las listas al Congreso, una auditoría de las precandidaturas seleccionadas podría ayudar a depurar las infiltradas y blindar al Pacto de posibles ataques legales.

En definitiva, el camino no es retroceder en la democracia interna, sino profundizarla. La victoria en las urnas dependerá de la capacidad de construir una unidad sólida, transparente y basada en las bases, reivindicando los ideales de izquierda, las reformas sociales y el cambio estructural.

¡A trabajar por la victoria!

ALPA

Santiago de Cali distrito, 3 de noviembre de 2025.

CEO en el Cauca: El apagón anunciado de la privatización

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

La lucha por un servicio de energía digno en el Cauca es más que una reivindicación por un bien básico; es una batalla por la dignidad de sus habitantes 

Durante décadas, los caucanos hemos sido víctimas de un servicio de energía eléctrica deficiente, intermitente y de baja calidad, prestado por la Compañía Energética de Occidente (CEO). Esta situación, que no corresponde a eventos aislados y, por lo tanto, no debe llamar a sorpresa; es el resultado previsible de un modelo económico y político impuesto en el país, que prioriza el lucro privado sobre el bienestar colectivo y los derechos fundamentales.

Las continuas fallas de la CEO, empresa controlada por el grupo financiero de Luis Carlos Sarmiento Angulo (ejemplo claro de la concentración de la riqueza en Colombia), son la manifestación concreta de un proyecto de despojo que comenzó con la apertura económica de los años 90 y fue profundizado con celo durante la hegemonía uribista.

La raíz del problema se remonta a la ola privatizadora implementada a raíz de los resquicios dejados en la Constitución de 1991 y acelerada bajo el gobierno de César Gaviria. Bajo el dogma neoliberal de que la empresa privada es más eficiente, se promovió la entrega en concesión de los servicios públicos domiciliarios a capitales privados. Este modelo, llevado al extremo durante los casi 20 años de influencia uribista, transformó derechos fundamentales, como la energía, el agua, las comunicaciones, la educación y la salud en simples mercancías sujetas a la lógica del mercado.

Desde un principio, las voces de la dirigencia social y, de manera destacada, la sindical (que no cayó en la tentación de los contratos sindicales ni la tercerización vía cooperativas), advirtieron sobre el peligro inminente. Se alertó que un sector privado, cuyo norte único es la maximización de ganancias para sus accionistas, no tendría interés real en garantizar una cobertura universal, una prestación eficiente o en invertir en el mantenimiento de la infraestructura en regiones complejas y con altos índices de pobreza como el Cauca. El objetivo no era servir, sino exprimir hasta el último peso de los bolsillos de una población ya de por sí empobrecida.

La historia les ha dado la razón. 30 años después de la "apertura Gavirista" y más de 20 de la "privatización Uribista", la evidencia es abrumadora. La CEO, como tantas otras empresas de servicios públicos privatizadas, ha demostrado que su prioridad es la rentabilidad financiera. En esa obsesión, la inversión en redes, la modernización tecnológica y la calidad del servicio pasan a un segundo plano. Los reiterados apagones, las fluctuaciones de voltaje y la lentitud en la respuesta a reclamos y a las emergencias no son "fallas" del sistema; son características estructurales de un modelo que concibe a los usuarios no como ciudadanos con derechos, sino como fuentes de ingreso. La privatización nunca fue la solución para el bienestar de la comunidad; fue la garantía de su postergación.

Ante este escenario de abandono, la ciudadanía caucana ha mirado tradicionalmente hacia su clase política regional en busca de soluciones y representación. No obstante, esta espera ha sido en vano. La clase política tradicional del Cauca, muchas veces disfrazada de un progresismo de conveniencia, ha demostrado una incapacidad e indolencia crónicas. Su labor no se ha orientado a la defensa férrea de los intereses de las comunidades, sino a perpetuar una red de favores y clientelismo que beneficia a quienes financian sus campañas.

La eternización de contratos de asesoría, la designación de funcionarios ineptos por compromisos políticos y la falta de una veeduría y control efectivos sobre la CEO han sido la constante. Esta complicidad, activa o pasiva, con el statu quo ha dejado a las comunidades urbanas y rurales en total desamparo. Confiar en que esta estructura política tradicional resolverá el problema es como pedirle al lobo que cuide las ovejas. Su silencio cómplice o sus acciones tibias e ineficaces son parte del mismo problema.

Es imperativo que las juntas de acción comunal, las organizaciones sociales, los sindicatos que resistieron, las comunidades indígenas, los consejos comunitarios afrodescendientes y la ciudadanía en general construyan un gran movimiento unitario que alce su voz de protesta de manera contundente. Se deben emprender acciones legales, como tutelas colectivas por la vulneración del derecho fundamental al mínimo vital; acciones de incidencia ante la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Energía y dado el caso, medidas de hecho pacíficas y organizadas que evidencien la magnitud del descontento.

Este movimiento debe dirigir sus reclamos de forma clara al Gobierno Nacional. El Cauca no puede seguir siendo la eterna olvidada de la agenda nacional. Se exige una intervención inmediata que obligue a la CEO a realizar las inversiones necesarias, a reparar la infraestructura y a compensar a los usuarios por los perjuicios causados. Se debe evaluar, incluso, la revocatoria de la concesión y la búsqueda de modelos alternativos de gestión comunitaria o pública que prioricen el servicio sobre el lucro.

La lucha por un servicio de energía digno en el Cauca es más que una reivindicación por un bien básico; es una batalla por la dignidad de sus habitantes y contra un modelo económico depredador. Ahora toca a la comunidad, unida y organizada, escribir el capítulo de su propia liberación.