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domingo, octubre 30, 2022
martes, octubre 25, 2022
LA EXCARCELACION DE LOS JOVENES DEL ESTALLIDO SOCIAL. 2ª PARTE
Teniendo en cuenta la controversia que han suscitado los medios de comunicación afines a la derecha colombiana, en torno a la propuesta de excarcelación y juicio justo a los jóvenes que participaron en las jornadas de protesta nacional y contando con la anuencia del Representante a la Cámara del Pacto Histórico por el departamento del Valle del Cauca, JOSE ALBERTO TEJADA; La Conversa de Fin de Semana comparte con sus lectores, la SEGUNDA PARTE de la recopilación de trinos (hilo) del representante Tejada, en las que reitera las denuncias del accionar irregular de las fuerzas del Estado colombiano durante estas mismas jornadas.
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| En la imagen: Jose Alberto Tejada en cubrimiento periodístico de las jornadas de protesta nacional. Tomada de: Colombiahoy.news |
SEGUNDA PARTE
Por: JOSE ALBERTO TEJADA. (Representante a la Cámara del Pacto Histórico del Valle del Cauca)
“El 28/04/21 (paro nacional), miré a civiles que después de hablar con parejas motorizadas en varios puntos de la ciudad sobre la quinta, patearon vitrinas y puertas de locales comerciales.
Tenía información de buena fuente desde la noche anterior,
que se presentarían saqueos en el centro, algunos de los líderes sindicales que
me lo informaron, me advirtieron que no tenían ninguna responsabilidad y que
temían que todo fuera orquestado para deslegitimar el paro.
En efecto, vi saquear al centro y extrañamente, NO VI
POLICIAS en el mismo centro. Acompañé con mis colegas periodistas a grupos de
marchantes que rodearon los asaltantes y en el edificio de la Asamblea
Departamental, encontré unos policías a quienes pedí detener a los ladrones.
Cuál no fue mi sorpresa, pues solo 1, de un grupo aproximado
de 15, me prestó un momento de atención y me dejó hablando solo cuando le insistí.
¿Cuántas de las afectaciones a bienes públicos y privados fueron hechas por
algunos muchachos y cuántas, por civiles ligados a policiales?
Tengo en mis cámaras las evidencias, repito, no hablo de
oídas, hablo como testigo directo de lo acontecido.
Todo lo anterior, solo para demostrar que, si de
irregularidades y culpables hablamos, tendríamos que sentar a mucha gente en
los estrados. Por tanto, insisto que, mientras logramos la amnistía e indulto
para l@s judicializado/as con ocasión al Estallido social, nuestro pedido a la
Fiscalía, a los Jueces, al Congreso, a los ministros, al Presidente y a la
Vicepresidenta es solo uno: NO MAS CARCEL PARA LA MUCHACHADA.
Anuncio que radicaremos en esta misma semana,
el proyecto de ley de amnistía e indulto,
por una única vez, para los encarcelados por la protesta social.
Que sigan sus procesos judiciales con medidas de DETENCION
DOMICILIARIA o incluso con CUSTODIA DE ENTIDADES RESPETABLES COMO LAS IGLESIAS.
No estamos pidiendo impunidad, no se trata de amnistiar colectivamente a los
detenidos en cárceles. Se trata de estudiar caso a caso. Con el Ministerio de
Justicia, ya tenemos un censo muy adelantado
Lo que sigue es que Fiscales, Jueces y ministros, encuentren
los mecanismos jurídicos, procesales y constitucionales que permitan proceder
con esta solicitud, respetando cabalmente la Constitución Política.
Ante el retiro del artículo 17 propuesto por los
Congresistas Leyla Rincón (Huila), Andrés Cancimance (Putumayo) y yo, del
proyecto de ley de Paz Total, anuncio que radicaremos en esta misma semana, el
proyecto de ley de amnistía e indulto, por una única vez, para los encarcelados
por la protesta social.
Nos referimos a la muchachada porque asumimos que el Estado
decidirá el trato judicial que dará a los policiales que participaron en el
estallido social. En nuestro caso, no obstante, las muchas evidencias que
tenemos en nuestro poder, dentro y fuera del país, no nos oponemos a tratos
especiales que el Estado de a personal de la fuerza pública.
Lo que, si nos parece a todas luces incoherente, es que
tengan prelación en el proyecto de paz total, grupos armados ilegales y bandas
criminales y no la tengan, civiles ... Civiles, la mayoría jóvenes, que
encarnaron la "desobediencia civil" como nunca antes lo habíamos
conocido, los compatriotas que hemos vivido el país de los últimos 74 años,
contando desde 1948.
lunes, octubre 24, 2022
LA EXCARCELACION DE LOS JOVENES DEL ESTALLIDO SOCIAL. 1ª PARTE
Teniendo en cuenta la controversia que han suscitado los medios de comunicación afines a la derecha colombiana, en torno a la propuesta de excarcelación y juicio justo a los jóvenes que participaron en las jornadas de protesta nacional y contando con la anuencia del Representante a la Cámara del Pacto Histórico por el departamento del Valle del Cauca, JOSE ALBERTO TEJADA; La Conversa de Fin de Semana comparte con sus lectores, la PRIMERA PARTE de la recopilación de trinos (hilo) del representante Tejada, en las que explica a la comunidad las razones para esta propuesta.
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| En la imagen: José Alberto Tejada haciendo cubrimiento jornada de protestas en Cali. Tomada de Las2orillas.co |
Por: JOSE ALBERTO TEJADA. (Representante a la Cámara del Pacto Histórico del Valle del Cauca)
“Les comparto la PRIMERA PARTE de 2 hilos que realizaré sobre la necesidad de EXCARCELAR a los JOVENES DETENIDOS por participar del ESTALLIDO SOCIAL.
¡Atentos! Cada
vez que la ley invade y vulnera injustamente los derechos humanos, los ciudadanos
tienen el derecho de exigirlos, y se justifica la DESOBEDIENCIA CIVIL, al
ampararse en el ejercicio de tres derechos fundamentales reconocidos en la
generalidad de constituciones: libertad de conciencia, libertad de expresión y
participación política.
El ciudadano que practica la desobediencia civil ejerce su
libertad de expresión al buscar transmitir un mensaje de denuncia contra la ley
injusta. Ejerce su libertad de conciencia, pues la ley choca contra sus
principios éticos más elementales y siente la necesidad moral de combatirla, ya
que permanecer quieto ante la injusticia es incompatible con su conciencia.
La desobediencia civil se ampara en la participación
política, pues al ejercerla se busca participar en los asuntos públicos
mejorando la realidad social.
Con estos apartes introductorios insisto en la importancia
de generar las condiciones jurídicas, políticas y sociales que permitan la
excarcelación de la mayoría de jóvenes apresados a consecuencia del estallido
social del 2021.
La muchachada rebelde, mayoritariamente, hizo una protesta
beligerante, sí, pero no criminal. Desafiante, sí, pero no agresora. No
desconozco que seguramente alguna minoría de entre los protestantes, pudieron
extralimitar su protesta social y su desobediencia civil, pero, no por ello,
esta tesis le da derecho al acusador -la Fiscalía- y al juzgador -el Juez- a
presumir que todas las personas participantes en el estallido son criminales a
condenar.
Estoy en condiciones de dar testimonio excepcional de las
muchas, muchísimas agresiones abusivas y extralimitadas, por parte de la fuerza
pública contra los manifestantes. No lo cuento de oídas, lo tengo documentado
en primera persona. Solo en Cali fueron asesinados 48 muchachos y muchachas por
atreverse a ser los comuneros del siglo 21.
En el Valle fueron 63 los asesinados. Sin contar los
desaparecidos y los mutilados. ¿Quiénes los asesinaron? ¿¡Quiénes los
desaparecieron y los mutilaron? La Fuerza pública y particulares que se
mostraron con todas sus ínfulas como los nuevos paramilitares urbanos. Ninguno
murió de infarto o de cansancio.
¿Cuántos policiales fueron asesinados? Si fuera cierto que
el estallido social fue una toma guerrillera como muchos "buenos
ciudadanos" lo afirman, ¿Por qué no hubo muertos en combate de parte de la
fuerza pública? En Cali solo se tiene el caso de un policía y no se ha podido
probar hasta hoy, 18 meses después, que fue la muchachada.
¿Cuál es el argumento jurídico para que la Fiscalía,
que no ha podido probar nada,
con total desfachatez, pida en reiteradas audiencias,
prórrogas de un año más?
En cambio, sí, casi desde el primer día que se conoció el
hecho, están encarcelados 13 jóvenes de uno de los puntos de resistencia, sin
fórmula de juicio. Sin respeto al debido proceso. Sin el más mínimo respeto a
sus garantías constitucionales.
¿Qué tipo de combate tuvimos entonces? ¿El de Picapiedra
contra Terminator? Ese fue el que presenciamos, además con sevicia y
cinismo de parte de los policiales.
Resultó entonces que la toma guerrillera fue de guerrilleros
torpes, sin extremidades, sin capacidad de defensa, pues 48 contra 1, no parece
resultado de un combate. Es el resultado de una masacre, hasta hoy impune.
Así como en Cali, ocurrieron hechos graves en varias
ciudades del país y hoy tenemos más de 300 jóvenes encarcelados sin fórmula de
juicio, jóvenes que bien pudieron haber sido asesinados y hoy pretendemos
invisibilizarlos.
Dura es la ley, pero es la ley, invocan los acusadores de
oficio. A ellos les pregunto ¿La ley aplica para policiales convertidos en
asesinos o, no? Si de lo que se trata es de justicia, parece que la balanza
tiene piedras en un lado, y en el otro, balas invisibles y sin peso.
Si hablamos del respeto a la ley y a la ortodoxia jurídica,
¿Por qué un civil armado como Andrés Escobar, quien, si tiene llamado a
imputación de cargos, sigue libre y alardeando de su poder intimidatorio? ¿Cuál
ley le aplicamos al personaje?
Si tan criminales son, muchos de los muchachos y muchachas
sobrevivientes de la masacre del 2021, ¿Por qué razón apenas en junio del 2022,
14 meses después del estallido, la Fiscalía encontró méritos para capturar a
los, según ellos, "combatientes de la toma guerrillera" de Puerto Resistencia
en Cali y, aún hoy, no ha podido demostrar la validez de sus acusaciones?
¿Cuál es el argumento jurídico para que la Fiscalía, que no
ha podido probar nada, con total desfachatez, pida en reiteradas audiencias,
prórrogas de un año más? … ¿Para seguir acopiando pruebas de sus acusaciones a
muchos jóvenes presos, las que no ha encontrado hasta ahora y, que no
encontrará, si actúa en derecho?"
Les invitamos a estar atentos a la publicación de la 2a parte del hilo del Representante tejada en el que reitera sus denuncias...
domingo, octubre 23, 2022
martes, octubre 18, 2022
QUILICHAO VIVE INDIGNADO
Por: Omar
Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-
$1.400.000.000.
Mil cuatrocientos millones de pesos. Esa cifra es lo que podría costar la
creación de los nuevos cargos en la administración central del municipio de
Santander de Quilichao. Perdón por empezar estas notas con una cifra.
En tiempos
en los que la devaluación de la moneda colombiana nos ha obligado a empezar a
pensar en cifras astronómicas, billonarias, así con “B”, para referirnos a lo
que cuesta cualquiera de los ítems de la administración pública y tristemente,
a lo que nos cuesta el despilfarro y la corrupción; mil cuatrocientes millones
de pesos, resultaría ser una suma pequeña, en comparación con los más de
cuatrocientos billones de pesos estimados para el Presupuesto General de la
Nación colombiana, para el año 2023. La verdad, la comparación no cabe y los mil
cuatrocientos millones, si son significativos para el presupuesto municipal de
Quilichao.
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| En la foto Concejo Municipal y Alcaldesa de Santander de Quilichao. Imagen tomada de Proclama del Cauca y Valle |
Para una administración municipal, como la de la señora Alcaldesa Lucy Amparo Guzmán, que constantemente se queja, a través de la oficina de relaciones públicas y propaganda en la que terminó convertido el Concejo Municipal de Santander de Quilichao, de la constante falta de recursos para inversiones como, por ejemplo, la restauración de la malla vial del casco urbano o el cumplimiento del mandato judicial de pago de la deuda con la Compañía Energética de Occidente, por solo mencionar las más llamativas; sumarle otra carga por más de mil millones de pesos, a las precarias arcas municipales, no deja de causar serias preocupaciones para el ciudadano del común.
Un ejercicio responsable de lo público no podría permitir poner en riesgo la viabilidad financiera del municipio, al sumarle otra gran carga laboral a un precario presupuesto, así en palabras del comité de aplausos, tan solo se trate de 1.400.000.000 de pesitos
Si bien es
cierto que, la lectura del libreto jurídico-económico de la propuesta de la alcaldesa,
por parte de los concejales proponentes, ante un escaso público con poco manejo
de los enrevesados términos técnicos de la dichosa propuesta, podría dejar la
sensación del cumplimiento con la legalidad de la propuesta; también lo es, el
hecho de que el ejercicio memorístico de recitación de tal libreto no termina
de convencer a la opinión pública mayoritaria, de la legitimidad de tal
proposición.
En este
punto es preciso señalar que dentro de un Estado Social y de Derecho, como el
colombiano, la expedición de las normas (para este caso un Acuerdo Municipal),
obliga al operador legislativo (el Concejo municipal de Santander de Quilichao)
a tener en cuenta que las normas que prescriben, además de tener legitimidad
formal, también deben tener legitimidad material, esto es : “el
consenso (reconocimiento) del pueblo respecto de la ley creada o de la
actuación del Poder Público y nos remite al contenido ético de la norma con
referencia al contexto social en que ha de ser aplicada.” [1]
Platanizando la nota; lo anterior quiere decir que,
sin importar, qué tan bonito y sobre todo, “técnico” suene y se lea la
propuesta de incrementar la nómina del municipio, esta proyecto de Acuerdo debe
obedecer a principio éticos de la misma administración pública, que señalarían
que un ejercicio responsable de lo público, no podría permitir poner en riesgo
la viabilidad financiera del municipio, al sumarle otra gran carga laboral a un
precario presupuesto, así en palabras del comité de aplausos, tan solo se trate
de 1.400.000.000 de pesitos: ¡Quiere cacao!
Causa indignación que la propuesta de cargar con más gastos
laborales a las maltrechas finanzas municipales, que, entre otras cosas, pagamos
todos, intente disfrazar el vulgar ejercicio de la politiquería, con argucias
tecnocráticas, con tal de cumplir las promesas electoreras de nombramientos y
contraticos.
El intento de mezclar la certificación en educación, con las
necesidades del servicio de la administración, no deja de ser una jugadita
desesperada, no solo para cumplirle al comité de aplausos, sino para intentar dejar
incrustadas en la administración municipal, a fichas claves que defiendan o
tapen, 20 años de deficientes administraciones.
Las ciudadanías libres y decentes de Santander de Quilichao se
sienten indignadas por este nuevo irrespeto al sentido común, puesto que no
pueden entender cómo se podría justificar un aumento de la nómina municipal,
cuando se observa en el día a día, como se duplican funciones, como hay
funcionarios, sin funciones y como se contratan (tercerizan) funciones propias
de la administración.
Por muy bonito y técnico que les suene y se les lea el
libreto, ni los concejales oficialistas, ni la alcaldesa y mucho menos, el
Bonillo-Grijalbismo, pueden olvidar, por un minuto, que así logren salirse con
la suya, raspando la olla y empeñando al municipio con estos favores
clientelares; Quilichao vive indignado y va a seguir mostrando su indignación
en las urnas.
lunes, octubre 17, 2022
domingo, octubre 09, 2022
jueves, octubre 06, 2022
LAS TRAMPAS DEL SEPARATISMO
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Imagen: La Conversa/Getty Images/iStock photos Un nuevo departamento del NORTE DEL CAUCA se ha convertido en el comodín electoral, utilizado por la clase política tradicional del Cauca, cada que se aproximan las elecciones regionales y locales o cada que sufren algún revés electoral que los deja por fuera del poder ejecutivo y de la torta presupuestal y burocrática en Popayán y Bogotá. |