🔴EN VIVO: Concentración por la soberanía y la democracia liderada por el...

El descaro imperial de Trump y la amenaza contra Colombia

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

La agresión a Venezuela es un ensayo de lo que podría esperar a Colombia. La administración Trump, en clara coordinación con sectores revanchistas de la derecha local que celebran la vulneración de la soberanía venezolana, a través de una retórica belicista amplificada por periodistas afines, prepara el terreno para justificar una intervención extranjera en suelo colombiano.

La justificación esbirra y gastada de la Lucha Antidrogas ha sido, por décadas, la excusa de legitimidad que Estados Unidos utiliza para maquillar sus agresiones más crudas contra América Latina. Desde que Richard Nixon lanzó esta guerra (un perfecto instrumento de control social interno y excusa para la injerencia [1]), cada intervención, cada embargo y cada golpe de Estado apoyado han sido endulzados para el consumo público con la narrativa del narcotráfico. Hoy, bajo la administración de Donald Trump, esa máscara ha sido arrojada al suelo y pisoteada con un cinismo sin precedentes.

La incoherencia discursiva es monumental y reveladora. Mientras las tropas estadounidenses secuestraban ilegalmente al presidente venezolano y su esposa, y mientras se preparan amenazas similares contra la soberanía colombiana; Trump ha abandonado por completo el guion. En más de veinte ocasiones, durante sus declaraciones públicas ha dejado claro, con una crudeza que asombra, que sus únicos intereses son:  el petróleo y de manera no tan velada; el oro, el coltán y la reafirmación del dominio absoluto sobre lo que él considera su “Patio Trasero”.

La lucha antidrogas es ahora lo que siempre fue para los círculos de análisis estratégico: una cortina de humo, un instrumento de presión geopolítica manejado por agencias como la CIA y la DEA para desestabilizar gobiernos incómodos. Los verdaderos objetivos quedan al descubierto: El control de recursos estratégicos y el mensaje amenazante de castigo a cualquier proyecto de autonomía regional, dirigido explícitamente a la presidenta mexicana Sheinbaum y al presidente colombiano Petro.

Esta doble moral alcanza niveles de obscenidad cuando se observa el comportamiento de operadores políticos de esta agresión, como Marcos Rubio, actual secretario de estado del gobierno Trump, arquitecto de la política exterior más agresiva hacia Latinoamérica que pontifica sobre el narcotráfico desde Washington, mientras investigaciones periodísticas han revelado los vínculos de familiares cercanos suyos con redes de tráfico de drogas [2]. Es el mismo patrón que se repite con congresistas como Bernie Moreno, de quien se asegura tener familiares suyos próximos a Andrés Pastrana[3], expresidente colombiano relacionado con redes de abuso y corrupción trasnacional conectadas con el entorno de Trump, lo que sitúa a la derecha en el centro de un entramado que mezcla política, narcotráfico y delincuencia de alto nivel, lo que resulta indignante de quienes hoy esgriman el estandarte de la guerra contra las drogas para justificar invasiones.

La agresión a Venezuela es un mensaje directo, un ensayo general para lo que podría venir contra Colombia. La administración Trump, en clara complicidad con sectores revanchistas del centro y la derecha colombiana, ha encontrado eco en voceros que, desde hace meses incitan abiertamente a la desestabilización y el golpe de Estado. Los alcaldes Alejandro Eder de Cali, Federico “Fico” Gutiérrez [4] de Medellín, la periodista y aspirante presidencial Vicky Dávila [5], el excanciller Álvaro Leyva han estado en EE. UU. reunidos con Rubio, Moreno, Salazar y otros políticos de derecha instigando junto al expresidente Álvaro Uribe [^6]un golpe en contra de Petro y hoy día no ocultan su júbilo por el atropello contra Venezuela. Su retórica, amplificada por la prensa a su servicio prepara el terreno social y político para justificar una intervención similar en Colombia bajo el mismo pretexto.

Por lo tanto, la alerta es máxima. La máscara antidrogas no convence. Lo que queda al descubierto es un proyecto de recolonización abierta, impulsado por una potencia en declive, pero mortalmente peligrosa, ejecutado por élites locales que prefieren vender la soberanía a cambio de un lugar en la mesa de los poderosos.

Defender la soberanía de Venezuela no es un acto de solidaridad lejana; es la trinchera inmediata para defender la integridad de Colombia y el derecho de toda América Latina a existir fuera del patio de juegos del imperio.

P.S.: Amica Admonitio. De cara a las próximas elecciones, el pueblo colombiano no debe olvidar que el Articulo 121 de la Constitución Política de 1991 menciona la Traición a la Patria como causal de indignidad para ejercer cargos públicos. De igual manera, a quienes aspiran a ser elegidos, no olvidar que; el delito de traición a la patria está plenamente vigente en Colombia bajo el Artículo 101 del Código Penal de 2000 y para su aplicación se requiere una clara colaboración con fuerzas extranjeras contra el Estado colombiano.

 

 

---

[1] DEA: 40 años de polémica lucha contra las drogas - BBC News Mundo

[2]Salen a la luz nuevos detalles de la investigación de narcotráfico que salpicó a la familia de Marco Rubio | Noticias Univision Política | Univision

Cómo Marco Rubio ayudó a cuñado a obtener una licencia de bienes raíces | El Nuevo Herald

[3]Archivos Epstein salpican al expresidente Andrés Pastrana; Ghislaine Maxwell piloteó un Blackhawk en un viaje a Colombia

[4] Así fue la captura del secretario de Seguridad de Fico Gutiérrez por nexos con la mafia - Voragine

[5] La relación de Vicky Dávila con el clan Gnecco

[6] Álvaro Uribe fue condenado por ocultar vínculos con el paramilitarismo

 

Latinoamérica en la mira

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Resulta patético y peligroso que sectores desinformados celebren una agresión que, aunque hoy afecte a Caracas, amenaza la soberanía de toda Latinoamérica. El peligro es regional.

La madrugada del 3 de enero de 2026 quedará marcada en la historia de América Latina como el día en que la doctrina imperialista de los Estados Unidos se despojó de su máscara de legalidad y civilidad para ejecutar su operación más descarada y criminal en el hemisferio: la intrusión ilegal de tropas especiales en territorio venezolano y el secuestro, ya que no hay otro término jurídico que lo defina, del Presidente constitucional, Nicolás Maduro, y la Primera Dama, Cilia Flórez.

Más allá de cualquier afinidad o rechazo legítimo hacia el gobierno del chavismo, este acto ordenado por Donald Trump constituye un crimen de proporciones históricas. Es una violación múltiple y flagrante de todo el ordenamiento jurídico que el propio occidente dice defender. Es ilegal bajo la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza y la violación de la soberanía e integridad territorial de los Estados (Art. 2.4). Es ilegal bajo el Derecho Internacional Humanitario, que califica el secuestro de autoridades civiles como un crimen de guerra. Es ilegal bajo la Carta de la OEA, y resulta una burla grotesca a la propia legislación estadounidense, como la Ley de Poderes de Guerra (War Powers Resolution), que restringe el despliegue militar sin autorización del Congreso. Este no es el “restablecimiento de la democracia”; es una agresión que el derecho internacional condenó después de 1945.

La narrativa con la que Trump y sus halcones intentan cubrir este atropello es tan cínica como transparentemente desprestigiada: la lucha antidrogas. Esta coartada, ya desmontada por académicos de seguridad y salud pública global por ser un instrumento de control geopolítico y represión racial, se desploma ante la evidencia de los motivos reales. Se trata, simple y llanamente, del robo a mano armada de los recursos naturales venezolanos, principalmente sus vastas reservas de petróleo, gas, oro y coltán. Es el paso final de una guerra híbrida de años, donde el cerco económico, el financiamiento de la violencia y la manipulación mediática no lograron su objetivo total. Cuando la presión indirecta falla, el imperio recurre a la fuerza directa y descarada, pasándose por alto todos los canales diplomáticos y multilaterales.

Esta operación violenta es, además, la cortina de humo definitiva para un Trump acorralado. En el plano doméstico, busca opacar los escándalos de corrupción, sus vínculos con organizaciones delictivas y los procesos judiciales que lo persiguen. En el internacional, es un acto de fuerza desesperado para compensar su pérdida de influencia ante el ascenso de China, la autonomía relativa de Europa y el fracaso de otras aventuras militares. Venezuela es el blanco elegido para mandar un mensaje de terror a todo el Sur Global: “la soberanía es un privilegio que nosotros concedemos, y podemos revocarla con un comando en la noche”.

Y aquí entra el otro pilar fundamental de esta agresión: la manipulación y el silencio de la prensa hegemónica internacional. Mientras el hecho ocurre, los grandes conglomerados mediáticos, aliados estructurales del poder imperial, no informan; fabrican un relato único. Reducen un secuestro a una “detención”, una invasión a una “intervención”, y un crimen de lesa humanidad a una “acción decisiva contra una dictadura”. Omiten el contexto del derecho internacional, invisibilizan las voces del pueblo venezolano y de la institucionalidad legítima que resiste, y presentan la versión de Trump como la única realidad posible. Este apagón y distorsión informativa no es un error; es un acto de guerra cognitiva que busca anestesiar la conciencia global, suprimir la indignación y dejar al mundo supeditado a la narrativa del agresor. Esta es la “libertad de prensa” al servicio de la dominación: un mundo que no sabe a ciencia cierta lo que sucede, solo puede reaccionar con confusión o pasividad.

Las reacciones internacionales y la resistencia del pueblo venezolano están por definirse. Pero este acto sienta un precedente monstruoso que amenaza a toda América Latina digna y soberana. Si hoy es Venezuela, ¿quién será mañana? Brasil, por sus recursos amazónicos? México, por su energía? ¿Cuba, por su desafío histórico? La alegría miope y las celebraciones de ciertos sectores desinformados, manipulados o con profundas deficiencias de análisis crítico, que festejan la violación de su propia soberanía potencial son tan patéticas como peligrosas. No ven que el cuchillo que hoy se clava en Caracas está afilado para toda la región. Latinoamérica está en la mira.

Por eso, hoy más que nunca, la solidaridad con Venezuela trasciende la ideología. Es una cuestión de principios básicos de convivencia internacional, de defensa de la soberanía como valor universal y de rechazo a la ley de la jungla que Trump pretende reinstaurar. Avergoncémonos de la complicidad mediática y de la ignorancia celebrante. Y alcemos la voz, con la certeza de que, en la defensa de la soberanía venezolana, se defiende el derecho de todos los pueblos a existir, a decidir y a vivir en paz, libres de los comandos de secuestro de las potencias decadentes, pero aún mortíferas.

La dignidad de Nuestra América está, una vez más, en la mira. Y solo la unidad y la claridad jurídica y moral podrán defenderla. ¡Larga vida al Bravo Pueblo venezolano!

 

El Salario Vital Familiar frente al dogma económico y la hipocresía de la derecha

Imagen tomada de: Crónica del Quindío

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Por primera vez, en mucho tiempo, la discusión en Colombia se centra en cómo distribuir mejor la riqueza y apalancar el crecimiento desde la base y no en cómo sacrificar los derechos de los muchos en el altar de los privilegios de unos pocos.

El anuncio de entrada en vigor del decreto presidencial que materializa la figura del Salario Mínimo Vital Familiar, prescrita en la Constitución Política de Colombia, pero postergada durante décadas, ha desatado una tormenta predecible de críticas por parte de los representantes de los grandes gremios económicos, junto con sus voceros políticos y periodísticos. 

Haciendo de lado un verdadero y necesario debate técnico sustentado, la virulenta reacción de la derecha colombiana desnuda, tanto la histórica mezquindad de una élite acostumbrada a privatizar las ganancias y socializar las pérdidas y los costos entre los más vulnerables, como la obstinada adhesión de sus círculos académicos a un dogma económico fracasado, hoy repintado con nuevos nombres, pero con la misma esencia regresiva. En torno a las denuncias de un pretendido error técnico, amplificadas por la prensa orgánica de los gremios, se puede advertir la incomodidad que ocasiona la materialización de este derecho constitucional entre quienes se aferran a unos postulados teóricos ya desmentidos por la realidad y los indicadores socioeconómicos.

La crítica central de la derecha colombiana está sustentada en un mantra heredado directamente de la Escuela de Chicago de Milton Friedman, según el cual, cualquier aumento salarial, especialmente uno estructural como este, genera inflación incontrolable y destrucción de empleo, apelando al simplismo de la rígida "curva de Phillips"  y a la teoría del "derrame" o de los "vasos comunicantes", esa noción mágica en la que por obra y gracia del credo neoliberal, al enriquecer a los más ricos eventualmente se beneficiaría a los pobres. 

Sin embargo, no obstante los esfuerzos de los círculos académicos de derecha, pero sobre todo, de la prensa  a su servicio por mantener a flote los postulados de la Escuela de Chicago; la evidencia empírica acumulada en las últimas décadas ha demolido este credo, demostrando que el esperado "derrame" de las migas de riqueza de los vasos comunicantes de los ricos hacia los pobres no ha ocurrido y que, por el contrario, donde más se aplicaron estas recetas (con ajustes, privatizaciones y flexibilización laboral), las brechas de inequidad se ampliaron de manera escandalosa, como lo vienen demostrando los informes anuales de Oxfam y el Laboratorio sobre la Desigualdad Global, en los que Colombia misma es un caso de estudio: tras años de políticas inspiradas en ese consenso, se consolidó como uno de los países más desiguales del mundo.

Contra este dogma, se alzan voces de enorme peso académico. Varios premios Nobel de Economía de los últimos años han cuestionado la relación mecánica entre salarios e inflación. Joseph Stiglitz, por ejemplo, ha argumentado repetidamente que la inflación actual en contextos como el global es multifactorial (disrupciones en cadenas de suministro, crisis energéticas, especulación en mercados de commodities, ganancias corporativas extraordinarias) y que culpar a los salarios es un argumento forzado de conveniencia para proteger los altísimos márgenes de rentabilidad de un mínimo porcentaje de la población. 

El También premio Nobel de Economía, el estadounidense Paul Krugman ha señalado que, en economías con subutilización de capacidad, como muchas tras la pandemia, un aumento del poder adquisitivo de las familias puede estimular la demanda agregada, impulsando la producción y generando un círculo virtuoso de crecimiento. La teoría keynesiana, relegada por el fundamentalismo de mercado, resurge con fuerza ante la evidencia de los indicadores que demuestran que una masa salarial robusta no es un costo, sino que es la base de un mercado interno dinámico. El gobierno de Petro, al aumentar los ingresos de las familias está inyectando combustible directo a la demanda de bienes y servicios básicos y no básicos, lo que puede dinamizar a miles de pequeñas y medianas empresas que abastecen ese consumo.

Frente a la crítica hipócrita soportada en una supuesta preocupación por la supervivencia de las PyMEs, la historia reciente desnuda la doble moral de la oposición en Colombia. Durante décadas, los mecanismos de subsidio, apalancamiento y alivio fiscal establecidos en la ley colombiana fueron sistemáticamente desviados hacia los grandes emporios económicos, amigos y patrocinadores de los gobiernos de turno, durante la hegemonía de una derecha que se esforzó en construir y reforzar un sistema clientelista para proteger a los grandes capitales, no obstante que, de paso, se dejó desamparados a los verdaderos destinatarios de la protección estatal. 

El reto legítimo para el gobierno de Petro es, precisamente, romper ese histórico patrón de desvío y garantizar que los mecanismos de apoyo (subsidios a la nómina, líneas de crédito blandas, asistencia técnica) lleguen efectivamente a los pequeños y medianos productores, no para eliminarlos, sino para integrarlos a una economía de mayor demanda.

El crecimiento económico colombiano, pese a un panorama internacional adverso (estancamiento del precio del petróleo y la incertidumbre arancelaria generada por políticas de Donald Trump), ha mostrado una resiliencia notable, con un impulso creciente del consumo interno. Medios económicos especializados internacionales, como Bloomberg y Reuters, han reseñado en 2024 y 2025 la fortaleza de los indicadores laborales colombianos y su sorprendente recuperación macroeconómica. Por primera vez, en mucho tiempo, la discusión en Colombia se centra en cómo distribuir mejor la riqueza y apalancar el crecimiento desde la base y no en cómo sacrificar los derechos de los muchos en el altar de los privilegios de unos pocos.

COLFUTURO y la farsa aspiracional de la centroderecha colombiana

 

Por: Omar Orlando Tovar -ottroz69@gmail.com-

Según las propias cifras de COLFUTURO, entre 2007 y periodos recientes, sólo el 1% de sus beneficiarios provenía del estrato 1, el 5% del estrato 2 y el 20% del estrato 3. Es decir, el programa ha servido predominantemente a quienes ya contaban con capital económico, social y cultural significativo.

La reciente decisión del gobierno nacional de replantear la intermediación de COLFUTURO en la asignación de becas para estudios en el exterior ha dejado al descubierto las verdaderas prioridades y los métodos de una coalición política y mediática. Políticos como la congresista Catherine Juvinao del Partido Verde, junto con una sección de medios que fungen como altavoz orgánico de los grandes gremios, han montado un espectáculo de indignación en defensa de una entidad que, bajo un barniz de meritocracia, ha operado históricamente como un mecanismo de reproducción de privilegios. Su estrategia no es novedosa, pero sí profundamente eficaz: capitalizar el “síndrome de doña Florinda (síndrome de clase aspiracional)” de algunos integrantes de la pobrería y la clase media colombiana, junto con la desinformación estructural de amplios sectores de la población para defender a una minoría realmente privilegiada.

Los datos son elocuentes. Según las propias cifras de COLFUTURO, entre 2007 y periodos recientes, sólo el 1% de sus beneficiarios provenía del estrato 1, el 5% del estrato 2 y el 20% del estrato 3. Es decir, el programa ha servido predominantemente a quienes ya contaban con capital económico, social y cultural significativo. Esta no es una falla logística; es un patrón clasista institucionalizado. La intermediación de una junta directiva dominada por la ANDI, Fenalco y Asobancaria (los mismos actores que hoy se indignan en redes sociales y prensa tradicional) garantizaba que los criterios de “mérito” y “potencial de impacto” estuvieran filtrados por una lógica corporativa y una visión del desarrollo que rara vez prioriza a las comunidades más vulnerables.

Olvidando que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la educación y  desmontar estos filtros que perpetúan la desigualdad; la congresista Juvinao y sus aliados mediáticos no defienden el acceso a la educación sino que defienden un modelo de subsidio público para la elite, similar en su esencia a los escandalosos auxilios de Agro Ingreso Seguro o al bochornoso caso del hijo de la senadora Fernanda Cabal, en los que, los recursos públicos terminaron financiando los privilegios de unos pocos. Este discurso apela de manera cínica al talante aspiracional de millones de colombianos con una movilidad social real estancada, para quienes la promesa de una beca en el exterior opera como un poderoso símbolo de ascenso.

La manipulación se sustenta en la “brecha de capital informacional” en la que muchos ciudadanos, abrumados por la saturación de noticias y la complejidad de los datos, no tienen herramientas cognitivas suficientes para contrastar la retórica emocional (“les quitan las becas a los jóvenes”) con la evidencia fría (el 74% de los beneficiarios son de estratos 4, 5 y 6). Los medios gremiales, a su vez, amplifican el relato de alarma presentando la defensa de los intereses de la ANDI, Fenalco y Asobancaria como si fuera la defensa del ciudadano común. Esta maquinaria corresponde a una campaña de desinformación preelectoral, que usa una cortina de humo fabricada con miedo y aspiración manipulada.

El patrón se extiende más allá de COLFUTURO. Programas como Ser Pilo Paga o iniciativas privadas conmovedoras como Vamos Pa’Lante de la W Radio, que ha recaudado miles de millones de pesos, tienen un sesgo estructural crucial: dirigen los recursos públicos y la filantropía ciudadana hacia el pago de matrículas en instituciones de educación superior privadas y de alto costo. Se crea así un círculo virtuoso para los dueños de estas universidades: el Estado o la caridad popular subsidian su clientela, mientras se consolida un modelo donde la “educación de calidad” sigue siendo un bien privatizado y muy costoso. Se abusa de la buena fe y el sentimentalismo del ciudadano y, en el caso de algunos los empresarios donantes, se facilita una elusión de impuestos socialmente aplaudida.

Lo que está en juego no es la educación de los jóvenes más talentosos, sino el control sobre un mecanismo clave de distribución de oportunidades y prestigio. La furia de la ANDI, Fenalco, Asobancaria y sus voceros políticos no es por la pérdida de becas, sino por la pérdida de un canal de influencia sobre la formación de las futuras élites técnicas y profesionales del país. El gobierno nacional, en cabeza del Pacto Histórico, al reclamar esta potestad para el Estado, busca reorientar el criterio hasta ahora mediado por la lógica del capital corporativo hacia la lógica del interés público y la justicia territorial. El debate, por tanto, es una pulseada entre una visión de la educación como bien común y otra que la ve como un instrumento de reproducción social y acumulación privada.

Desenmascarar esta farsa aspiracional es el primer paso para construir un sistema donde la verdadera excelencia, surgida de todos los rincones de la nación, sea apoyada sin filtros discriminatorios de clase social por parte de entidades estatales y no por los intereses capitalistas del sector privado.

 

Los uribistas tratan a los uribestias como lo que son: estúpidos e ignorantes*

 

Imagen tomada de La Silla Vacía.

Por: Hernán Riaño

Los uribestias, no contentos con no tener nada, tratan a sus compatriotas como enemigos, si pudieran, les darían bala, así lo han manifestado en muchos escenarios, hasta candidatos políticos y humoristas abogan por la desaparición física de quienes quieren que todos tengan una mejor calidad de vida.

Este juego de definiciones ha surgido en las redes sociales a propósito del papel de cada uno de ellos en nuestra sociedad. Veamos, Uribista es el narco ultraderechista, dueño de empresas, lavador de dinero, traficante de drogas, personas, armas, oro, o cualquier elemento que produzca dinero de forma ilegal, terrateniente, saqueador del Estado o miembro de partidos políticos que representen estas actividades. Tienen mucho dinero, y quieren muchísimo más, sobre todo, el dinero de todos los colombianos, el cual debería ser destinado a la salud, pensiones, educación, medicamentos, vivienda y en general cualquier cosa que beneficie a los pobres. 

En cambio, el uribestia, es aquel pobre estúpido, estrato 0, 1, 2 y 3 que no tiene empleo, salud, educación, vivienda ni, en general, lo que dignifica la vida del ser humano, porque el uribista se lo robó. Pero este miserable lo defiende a ojo cerrado, hasta con su vida, porque se siente rico como el primero.

En épocas de la esclavitud, los llamaron cipayos, hoy no se le conoce adjetivo destinado a esos seres que prefieren a sus verdugos que a sus pares. No dudan en atacar a quien levanta la voz para defender los derechos de todos, hasta los de esos mismos uribestias. Atacan hasta físicamente a quien protesta por el despojo de los derechos que ha hecho la oligarquía, antes conservadora-liberal y hoy unificada en torno a Álvaro Uribe Vélez como el gran mentor de los negocios ilícitos, del saqueo de los recursos públicos y de la violencia que, en los últimos 40 años, desde que él apadrinó las Convivir, madre de las autodefensas, hasta la fecha con todas sus secuelas. 

Estos personajes característicos, pero no exclusivos de la fauna colombiana son esclavos, sicarios y asesinos que cumplen los deseos sin chistar de quienes consideran sus líderes naturales, todos ellos reconocidos de la ultraderecha, el paramilitarismo y la corrupción.

Pero lo más llamativo es que los encopetados copartidarios del expresidente y él mismo no los respetan, solo los utilizan, tanto para que los elijan, como para les hagan el trabajo sucio de traficar, ser los mandaderos de la droga, asesinar, desaparecer, torturar, desplazar, violar, y hacer todo lo que las derechas no hacen directamente; para eso los tienen a ellos. Además, los tratan como lo peor, en sus caras les dicen que no tienen derecho a la salud, a pensionarse, o por lo menos a recibir una ayuda por parte del gobierno, a la educación, al acceso a los derechos que garantiza la Constitución Nacional ni a cualquier beneficio o subsidio que les otorgara el Estado. 

Lo hemos visto, primero, con el hundimiento de las reformas que pretendían solucionar muchas de estas falencias, luego con las demandas ante las altas cortes que esos mismos uribistas han interpuesto para que ningún, léase bien, ningún derecho llegue al pueblo colombiano, todo incluyéndolos a ellos, a los uribestias, los que le sirven de soporte al expresidente y sus socios. 

Y desde el “ex” Uribe hasta los funcionarios de más bajo nivel que profesan esa nefasta corriente, se lo dicen en su propia cara, que no tienen derecho a tener derechos, que son ciudadanos de quinta, que los únicos que pueden son ellos, los oligarcas. De todas las formas se lo hacen saber, esa es una de las banderas del Uribe, como campaña electoral, que les va a quitar todos los derechos recuperados por Petro y su gobierno, las horas extras, el pago completo de dominicales y festivos, la jornada nocturna vuelva a empezar a las 10 de la noche, que la salud siga en manos de las EPS, que los fondos de pensiones les sirvan para que ellos puedan hacer sus negociados, que se les devuelva la tierra a los despojadores o ladrones de baldíos de la nación, como es el caso de la misma familia de Uribe y demás yerbas, que se acabe el programa de salud a su casa, que no haya agua para los colombianos, que vuelvan los apagones y cobros abusivos a las comunidades que hoy tienen energías limpias, que vuelvan los empresarios que han explotado a los colombianos con muchos servicios que debiera prestar el Estado pero por el neoliberalismo de la ultraderecha se volvieron negocios muy lucrativos a costa de los colombianos. Ahora Uribe se destapó, no quiere aumentos en el salario mínimo con diferentes excusas, de que se van a quebrar los empresarios hasta que habrá desempleo masivo, falacias ya demostradas desde que asumió el gobierno Gustavo Petro.

Además, estos uribestias fanáticos son los que los han subido al poder para que nos exploten. Lo hemos visto en las elecciones regionales, por ejemplo, en la última atípica en Bucaramanga, en donde han padecido todo el cáncer producido por este sector político, ya no tienen ni transporte público, volvieron a elegir a un espécimen representante de este sector corrupto.  

Esos, los uribestias, no contentos con no tener nada, tratan a sus compatriotas como enemigos, si pudieran, les darían bala, así lo han manifestado en muchos escenarios, hasta candidatos políticos y humoristas abogan por la desaparición física de quienes quieren que todos tengan una mejor calidad de vida y unos derechos humanos y constitucionales para todos, ellos incluidos. 

Aquí es obligatorio preguntar nuevamente: ¿Cuál de las reformas que ha impulsado el gobierno del cambio no beneficia a los pobres, miserables y en general a todos los colombianos? Reto a algún uribestia a que me conteste, con argumentos, cual perjudica a la sociedad colombiana y el por qué. Obviamente, casi estoy seguro de ello, habrá un silencio muy incómodo para esos que quieren que vuelvan al gobierno Uribe y sus buenos muchachos.

Es muy embarazoso hacer este análisis de quiénes han perjudicado al país, pero es necesario ponerle cara a esos que tanto han perjudicado al país, los primeros, son multimillonarios y lo hacen para su beneficio, eso está muy claro y los otros, los que no tienen ni en qué caerse muertos, son los actores fundamentales, sin ellos, los mafiosos neoliberales nunca hubieran podido llegar al poder para poner en práctica sus políticas de saqueo y expoliación, han sido su soporte fundamental, pero pasan de agache y, peor, siguen alimentando a esa bestia de 7 cabezas que representa el uribismo con su violencia, despojo y saqueo del país.

Para terminar, destaco lo paradójico, entre peor los tratan sus patrones, entre más les quitan derechos, entre más les dicen que son unos brutos, ignorantes y estúpidos, más los ayudan, más están al servicio de ellos, más amenazan a quienes luchan por tener una sociedad más equitativa, más atentan contra sus conciudadanos y no quieren dejar de ser uribestias. Pero es necesario exigirles a los uribestias que asuman su responsabilidad histórica y su papel en la imposición del neoliberalismo en nuestro país, con el consecuente deterioro de la calidad de vida de los colombianos, la violencia, los asesinatos, desplazamientos, masacres y desapariciones que han representado cerca de 400 mil muertos, todo un genocidio a cuentagotas. No solo Uribe y sus cómplices directos son responsables, también los que lo apoyan y defienden a toda costa. No se trata de venganzas ni generar más violencia, solo que con el simple acto de que ellos asuman sus culpas avanzaremos en edificar una sociedad más justa y próspera. Claro que algunos me dirán que es una utopía y puede ser, pero soñar no cuesta nada.

*Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.  Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto.

Esta columna fué publicada originalmente en SoNoticias y es compartida con la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño.