Primavera Árabe en Irán: El viejo libreto de la injerencia occidental

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Trump, en su afán por avivar conflictos y sostener una hegemonía en decadencia, recurre una vez más al cinismo: promueve una "nueva primavera" con consignas de democracia y derechos humanos que su propia administración se encarga de violar, dentro y fuera de Estados Unidos.

No es coincidencia el recrudecimiento y la particular orientación de las protestas en Irán, convenientemente iniciadas y amplificadas por poderosos comerciantes y sectores mercantiles históricamente asociados con la depuesta dinastía Pehlevi. Esta familia, que abiertamente tuvo simpatías y relaciones con la Alemania nazi antes de aliarse con Occidente, fue derrocada en 1979 por la Revolución Islámica que hoy se ve desafiada. El movimiento actual no surge en el vacío; responde, como se ha documentado extensamente, al renovado manual de operaciones de la CIA estadounidense y el Mossad israelí, que buscan reeditar, bajo nuevas condiciones, el fenómeno de las "Primaveras Árabes"[1]; ahora trasplantado al corazón geopolítico de Persia.

Este no es un estallido social espontáneo, sino un ensayo de ingeniería política diseñado para lograr, mediante la desestabilización interna, lo que el cerco económico y la amenaza militar directa no han podido conseguir: un cambio de régimen que desmantele la República Islámica. Como se puede colegir del documento de Hanieh (2022), las protestas en Irán “coinciden” en su aparente motivación con los levantamientos en Medio Oriente y Norte de África que se dieron tras la crisis económica de 2008, como respuesta a las medidas económicas impuestas por occidente a los gobiernos contra los que iban las protestas de ese entonces.

La paradoja central, soslayada en el texto de Hanieh (2022), es también, muy reveladora: las Primaveras Árabes de inicios del siglo XXI tuvieron como combustible principal el descontento masivo generado por las brutales medidas de austeridad neoliberal, ordenadas en los Programas de Ajuste Estructural impuestas por Estados Unidos y la banca internacional (FMI, Banco Mundial) a gobiernos previamente aliados. Estas medidas, destinadas a garantizar el pago de la deuda y la apertura económica, devastaron las condiciones de vida de la población. Así, la intervención occidental explota el malestar que su propio orden económico genera, canalizándolo hacia objetivos geopolíticos y alejándolo de una crítica sistémica al capitalismo global.

Sin embargo, lejos de ser meras explosiones de descontento popular, las Primaveras Árabes de comienzos del siglo XXI también contaron con la mentoría, financiación y dirección estratégica de la inteligencia norteamericana, aunque siempre negadas por el gobierno de Barack Obama [2], formaron parte de una caja de herramientas de intervención suave y guerra híbrida utilizada globalmente para incidir en la política interna de países cuyos gobiernos se resisten a la hegemonía de la derecha internacional.

Las actuales protestas en Irán dan la impresión de seguir meticulosamente el mismo libreto, un guion que no se puede leer sin considerar hechos geopolíticos recientes de alto impacto. La visita no publicitada del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Washington, junto con las explícitas declaraciones de Donald Trump y sus aliados sobre la necesidad de apoderarse del control global del petróleo y de territorios estratégicos, dibujan un escenario de máxima presión. La prensa corporativa occidental ha pasado, sin disimulo, de reportar reclamos socioeconómicos iniciales y señalar la represión del gobierno iraní a destacar y promover consignas que exigen explícitamente el retorno del clan Pehlevi al poder, encarnado en su heredero, Reza Pahlavi, quien, de manera nada casual, reside en los Estados Unidos [3] y es promovido activamente desde círculos neoconservadores y Tanques de Pensamiento belicistas en Washington. El objetivo último parece claro: precipitar la caída del líder supremo, el Ayatolá Ali Jamenei para desarticular el complejo entramado de poder revolucionario para instalar un régimen dócil.

Esta jugada es de una urgencia estratégica crucial para Washington y Tel Aviv ya que busca impedir, de raíz, una contundente respuesta iraní a futuras agresiones israelíes o estadounidenses en la región y neutralizar la creciente capacidad de proyección de Teherán. La "Guerra de los Doce Días" del año pasado fue un punto de inflexión: Irán demostró una sorprendente y sofisticada capacidad ofensiva de última tecnología que puso en entredicho la supuesta invulnerabilidad del "Domo de Hierro" y las defensas estadounidenses en la región, alterando la ecuación disuasiva.

Donald Trump, en su esfuerzo por incendiar el mundo, intenta reafirmar una hegemonía en declive, recurriendo, nuevamente, a la manipulación de una "nueva primavera" que corea consignas de democracia y derechos humanos (los mismos derechos que su administración pisotea sistemáticamente dentro y fuera de Estados Unidos). Se trata de un cinismo que no esconde que, para el imperio y sus socios; la soberanía de las naciones es un obstáculo desechable en su camino por el control absoluto de los recursos y las rutas del planeta.

 

 

 

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[1] Hanieh (2022). ¿Qué fue la Primavera Árabe? - Jacobin Revista

[2] La política exterior de la administración Obama durante la Primavera Árabe | La nación indispensable

[3] Quién es Reza Pahlavi, el príncipe heredero del sha de Persia que desde su exilio en EE.UU. animó a los iraníes a salir a las calles a protestar - BBC News Mundo

Vitrina de La Conversa

🔴EN VIVO: Concentración por la soberanía y la democracia liderada por el...

El descaro imperial de Trump y la amenaza contra Colombia

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

La agresión a Venezuela es un ensayo de lo que podría esperar a Colombia. La administración Trump, en clara coordinación con sectores revanchistas de la derecha local que celebran la vulneración de la soberanía venezolana, a través de una retórica belicista amplificada por periodistas afines, prepara el terreno para justificar una intervención extranjera en suelo colombiano.

La justificación esbirra y gastada de la Lucha Antidrogas ha sido, por décadas, la excusa de legitimidad que Estados Unidos utiliza para maquillar sus agresiones más crudas contra América Latina. Desde que Richard Nixon lanzó esta guerra (un perfecto instrumento de control social interno y excusa para la injerencia [1]), cada intervención, cada embargo y cada golpe de Estado apoyado han sido endulzados para el consumo público con la narrativa del narcotráfico. Hoy, bajo la administración de Donald Trump, esa máscara ha sido arrojada al suelo y pisoteada con un cinismo sin precedentes.

La incoherencia discursiva es monumental y reveladora. Mientras las tropas estadounidenses secuestraban ilegalmente al presidente venezolano y su esposa, y mientras se preparan amenazas similares contra la soberanía colombiana; Trump ha abandonado por completo el guion. En más de veinte ocasiones, durante sus declaraciones públicas ha dejado claro, con una crudeza que asombra, que sus únicos intereses son:  el petróleo y de manera no tan velada; el oro, el coltán y la reafirmación del dominio absoluto sobre lo que él considera su “Patio Trasero”.

La lucha antidrogas es ahora lo que siempre fue para los círculos de análisis estratégico: una cortina de humo, un instrumento de presión geopolítica manejado por agencias como la CIA y la DEA para desestabilizar gobiernos incómodos. Los verdaderos objetivos quedan al descubierto: El control de recursos estratégicos y el mensaje amenazante de castigo a cualquier proyecto de autonomía regional, dirigido explícitamente a la presidenta mexicana Sheinbaum y al presidente colombiano Petro.

Esta doble moral alcanza niveles de obscenidad cuando se observa el comportamiento de operadores políticos de esta agresión, como Marcos Rubio, actual secretario de estado del gobierno Trump, arquitecto de la política exterior más agresiva hacia Latinoamérica que pontifica sobre el narcotráfico desde Washington, mientras investigaciones periodísticas han revelado los vínculos de familiares cercanos suyos con redes de tráfico de drogas [2]. Es el mismo patrón que se repite con congresistas como Bernie Moreno, de quien se asegura tener familiares suyos próximos a Andrés Pastrana[3], expresidente colombiano relacionado con redes de abuso y corrupción trasnacional conectadas con el entorno de Trump, lo que sitúa a la derecha en el centro de un entramado que mezcla política, narcotráfico y delincuencia de alto nivel, lo que resulta indignante de quienes hoy esgriman el estandarte de la guerra contra las drogas para justificar invasiones.

La agresión a Venezuela es un mensaje directo, un ensayo general para lo que podría venir contra Colombia. La administración Trump, en clara complicidad con sectores revanchistas del centro y la derecha colombiana, ha encontrado eco en voceros que, desde hace meses incitan abiertamente a la desestabilización y el golpe de Estado. Los alcaldes Alejandro Eder de Cali, Federico “Fico” Gutiérrez [4] de Medellín, la periodista y aspirante presidencial Vicky Dávila [5], el excanciller Álvaro Leyva han estado en EE. UU. reunidos con Rubio, Moreno, Salazar y otros políticos de derecha instigando junto al expresidente Álvaro Uribe [^6]un golpe en contra de Petro y hoy día no ocultan su júbilo por el atropello contra Venezuela. Su retórica, amplificada por la prensa a su servicio prepara el terreno social y político para justificar una intervención similar en Colombia bajo el mismo pretexto.

Por lo tanto, la alerta es máxima. La máscara antidrogas no convence. Lo que queda al descubierto es un proyecto de recolonización abierta, impulsado por una potencia en declive, pero mortalmente peligrosa, ejecutado por élites locales que prefieren vender la soberanía a cambio de un lugar en la mesa de los poderosos.

Defender la soberanía de Venezuela no es un acto de solidaridad lejana; es la trinchera inmediata para defender la integridad de Colombia y el derecho de toda América Latina a existir fuera del patio de juegos del imperio.

P.S.: Amica Admonitio. De cara a las próximas elecciones, el pueblo colombiano no debe olvidar que el Articulo 121 de la Constitución Política de 1991 menciona la Traición a la Patria como causal de indignidad para ejercer cargos públicos. De igual manera, a quienes aspiran a ser elegidos, no olvidar que; el delito de traición a la patria está plenamente vigente en Colombia bajo el Artículo 101 del Código Penal de 2000 y para su aplicación se requiere una clara colaboración con fuerzas extranjeras contra el Estado colombiano.

 

 

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[1] DEA: 40 años de polémica lucha contra las drogas - BBC News Mundo

[2]Salen a la luz nuevos detalles de la investigación de narcotráfico que salpicó a la familia de Marco Rubio | Noticias Univision Política | Univision

Cómo Marco Rubio ayudó a cuñado a obtener una licencia de bienes raíces | El Nuevo Herald

[3]Archivos Epstein salpican al expresidente Andrés Pastrana; Ghislaine Maxwell piloteó un Blackhawk en un viaje a Colombia

[4] Así fue la captura del secretario de Seguridad de Fico Gutiérrez por nexos con la mafia - Voragine

[5] La relación de Vicky Dávila con el clan Gnecco

[6] Álvaro Uribe fue condenado por ocultar vínculos con el paramilitarismo

 

Latinoamérica en la mira

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Resulta patético y peligroso que sectores desinformados celebren una agresión que, aunque hoy afecte a Caracas, amenaza la soberanía de toda Latinoamérica. El peligro es regional.

La madrugada del 3 de enero de 2026 quedará marcada en la historia de América Latina como el día en que la doctrina imperialista de los Estados Unidos se despojó de su máscara de legalidad y civilidad para ejecutar su operación más descarada y criminal en el hemisferio: la intrusión ilegal de tropas especiales en territorio venezolano y el secuestro, ya que no hay otro término jurídico que lo defina, del Presidente constitucional, Nicolás Maduro, y la Primera Dama, Cilia Flórez.

Más allá de cualquier afinidad o rechazo legítimo hacia el gobierno del chavismo, este acto ordenado por Donald Trump constituye un crimen de proporciones históricas. Es una violación múltiple y flagrante de todo el ordenamiento jurídico que el propio occidente dice defender. Es ilegal bajo la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza y la violación de la soberanía e integridad territorial de los Estados (Art. 2.4). Es ilegal bajo el Derecho Internacional Humanitario, que califica el secuestro de autoridades civiles como un crimen de guerra. Es ilegal bajo la Carta de la OEA, y resulta una burla grotesca a la propia legislación estadounidense, como la Ley de Poderes de Guerra (War Powers Resolution), que restringe el despliegue militar sin autorización del Congreso. Este no es el “restablecimiento de la democracia”; es una agresión que el derecho internacional condenó después de 1945.

La narrativa con la que Trump y sus halcones intentan cubrir este atropello es tan cínica como transparentemente desprestigiada: la lucha antidrogas. Esta coartada, ya desmontada por académicos de seguridad y salud pública global por ser un instrumento de control geopolítico y represión racial, se desploma ante la evidencia de los motivos reales. Se trata, simple y llanamente, del robo a mano armada de los recursos naturales venezolanos, principalmente sus vastas reservas de petróleo, gas, oro y coltán. Es el paso final de una guerra híbrida de años, donde el cerco económico, el financiamiento de la violencia y la manipulación mediática no lograron su objetivo total. Cuando la presión indirecta falla, el imperio recurre a la fuerza directa y descarada, pasándose por alto todos los canales diplomáticos y multilaterales.

Esta operación violenta es, además, la cortina de humo definitiva para un Trump acorralado. En el plano doméstico, busca opacar los escándalos de corrupción, sus vínculos con organizaciones delictivas y los procesos judiciales que lo persiguen. En el internacional, es un acto de fuerza desesperado para compensar su pérdida de influencia ante el ascenso de China, la autonomía relativa de Europa y el fracaso de otras aventuras militares. Venezuela es el blanco elegido para mandar un mensaje de terror a todo el Sur Global: “la soberanía es un privilegio que nosotros concedemos, y podemos revocarla con un comando en la noche”.

Y aquí entra el otro pilar fundamental de esta agresión: la manipulación y el silencio de la prensa hegemónica internacional. Mientras el hecho ocurre, los grandes conglomerados mediáticos, aliados estructurales del poder imperial, no informan; fabrican un relato único. Reducen un secuestro a una “detención”, una invasión a una “intervención”, y un crimen de lesa humanidad a una “acción decisiva contra una dictadura”. Omiten el contexto del derecho internacional, invisibilizan las voces del pueblo venezolano y de la institucionalidad legítima que resiste, y presentan la versión de Trump como la única realidad posible. Este apagón y distorsión informativa no es un error; es un acto de guerra cognitiva que busca anestesiar la conciencia global, suprimir la indignación y dejar al mundo supeditado a la narrativa del agresor. Esta es la “libertad de prensa” al servicio de la dominación: un mundo que no sabe a ciencia cierta lo que sucede, solo puede reaccionar con confusión o pasividad.

Las reacciones internacionales y la resistencia del pueblo venezolano están por definirse. Pero este acto sienta un precedente monstruoso que amenaza a toda América Latina digna y soberana. Si hoy es Venezuela, ¿quién será mañana? Brasil, por sus recursos amazónicos? México, por su energía? ¿Cuba, por su desafío histórico? La alegría miope y las celebraciones de ciertos sectores desinformados, manipulados o con profundas deficiencias de análisis crítico, que festejan la violación de su propia soberanía potencial son tan patéticas como peligrosas. No ven que el cuchillo que hoy se clava en Caracas está afilado para toda la región. Latinoamérica está en la mira.

Por eso, hoy más que nunca, la solidaridad con Venezuela trasciende la ideología. Es una cuestión de principios básicos de convivencia internacional, de defensa de la soberanía como valor universal y de rechazo a la ley de la jungla que Trump pretende reinstaurar. Avergoncémonos de la complicidad mediática y de la ignorancia celebrante. Y alcemos la voz, con la certeza de que, en la defensa de la soberanía venezolana, se defiende el derecho de todos los pueblos a existir, a decidir y a vivir en paz, libres de los comandos de secuestro de las potencias decadentes, pero aún mortíferas.

La dignidad de Nuestra América está, una vez más, en la mira. Y solo la unidad y la claridad jurídica y moral podrán defenderla. ¡Larga vida al Bravo Pueblo venezolano!

 

El Salario Vital Familiar frente al dogma económico y la hipocresía de la derecha

Imagen tomada de: Crónica del Quindío

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Por primera vez, en mucho tiempo, la discusión en Colombia se centra en cómo distribuir mejor la riqueza y apalancar el crecimiento desde la base y no en cómo sacrificar los derechos de los muchos en el altar de los privilegios de unos pocos.

El anuncio de entrada en vigor del decreto presidencial que materializa la figura del Salario Mínimo Vital Familiar, prescrita en la Constitución Política de Colombia, pero postergada durante décadas, ha desatado una tormenta predecible de críticas por parte de los representantes de los grandes gremios económicos, junto con sus voceros políticos y periodísticos. 

Haciendo de lado un verdadero y necesario debate técnico sustentado, la virulenta reacción de la derecha colombiana desnuda, tanto la histórica mezquindad de una élite acostumbrada a privatizar las ganancias y socializar las pérdidas y los costos entre los más vulnerables, como la obstinada adhesión de sus círculos académicos a un dogma económico fracasado, hoy repintado con nuevos nombres, pero con la misma esencia regresiva. En torno a las denuncias de un pretendido error técnico, amplificadas por la prensa orgánica de los gremios, se puede advertir la incomodidad que ocasiona la materialización de este derecho constitucional entre quienes se aferran a unos postulados teóricos ya desmentidos por la realidad y los indicadores socioeconómicos.

La crítica central de la derecha colombiana está sustentada en un mantra heredado directamente de la Escuela de Chicago de Milton Friedman, según el cual, cualquier aumento salarial, especialmente uno estructural como este, genera inflación incontrolable y destrucción de empleo, apelando al simplismo de la rígida "curva de Phillips"  y a la teoría del "derrame" o de los "vasos comunicantes", esa noción mágica en la que por obra y gracia del credo neoliberal, al enriquecer a los más ricos eventualmente se beneficiaría a los pobres. 

Sin embargo, no obstante los esfuerzos de los círculos académicos de derecha, pero sobre todo, de la prensa  a su servicio por mantener a flote los postulados de la Escuela de Chicago; la evidencia empírica acumulada en las últimas décadas ha demolido este credo, demostrando que el esperado "derrame" de las migas de riqueza de los vasos comunicantes de los ricos hacia los pobres no ha ocurrido y que, por el contrario, donde más se aplicaron estas recetas (con ajustes, privatizaciones y flexibilización laboral), las brechas de inequidad se ampliaron de manera escandalosa, como lo vienen demostrando los informes anuales de Oxfam y el Laboratorio sobre la Desigualdad Global, en los que Colombia misma es un caso de estudio: tras años de políticas inspiradas en ese consenso, se consolidó como uno de los países más desiguales del mundo.

Contra este dogma, se alzan voces de enorme peso académico. Varios premios Nobel de Economía de los últimos años han cuestionado la relación mecánica entre salarios e inflación. Joseph Stiglitz, por ejemplo, ha argumentado repetidamente que la inflación actual en contextos como el global es multifactorial (disrupciones en cadenas de suministro, crisis energéticas, especulación en mercados de commodities, ganancias corporativas extraordinarias) y que culpar a los salarios es un argumento forzado de conveniencia para proteger los altísimos márgenes de rentabilidad de un mínimo porcentaje de la población. 

El También premio Nobel de Economía, el estadounidense Paul Krugman ha señalado que, en economías con subutilización de capacidad, como muchas tras la pandemia, un aumento del poder adquisitivo de las familias puede estimular la demanda agregada, impulsando la producción y generando un círculo virtuoso de crecimiento. La teoría keynesiana, relegada por el fundamentalismo de mercado, resurge con fuerza ante la evidencia de los indicadores que demuestran que una masa salarial robusta no es un costo, sino que es la base de un mercado interno dinámico. El gobierno de Petro, al aumentar los ingresos de las familias está inyectando combustible directo a la demanda de bienes y servicios básicos y no básicos, lo que puede dinamizar a miles de pequeñas y medianas empresas que abastecen ese consumo.

Frente a la crítica hipócrita soportada en una supuesta preocupación por la supervivencia de las PyMEs, la historia reciente desnuda la doble moral de la oposición en Colombia. Durante décadas, los mecanismos de subsidio, apalancamiento y alivio fiscal establecidos en la ley colombiana fueron sistemáticamente desviados hacia los grandes emporios económicos, amigos y patrocinadores de los gobiernos de turno, durante la hegemonía de una derecha que se esforzó en construir y reforzar un sistema clientelista para proteger a los grandes capitales, no obstante que, de paso, se dejó desamparados a los verdaderos destinatarios de la protección estatal. 

El reto legítimo para el gobierno de Petro es, precisamente, romper ese histórico patrón de desvío y garantizar que los mecanismos de apoyo (subsidios a la nómina, líneas de crédito blandas, asistencia técnica) lleguen efectivamente a los pequeños y medianos productores, no para eliminarlos, sino para integrarlos a una economía de mayor demanda.

El crecimiento económico colombiano, pese a un panorama internacional adverso (estancamiento del precio del petróleo y la incertidumbre arancelaria generada por políticas de Donald Trump), ha mostrado una resiliencia notable, con un impulso creciente del consumo interno. Medios económicos especializados internacionales, como Bloomberg y Reuters, han reseñado en 2024 y 2025 la fortaleza de los indicadores laborales colombianos y su sorprendente recuperación macroeconómica. Por primera vez, en mucho tiempo, la discusión en Colombia se centra en cómo distribuir mejor la riqueza y apalancar el crecimiento desde la base y no en cómo sacrificar los derechos de los muchos en el altar de los privilegios de unos pocos.