Imagen tomada perfil X de Gustavo Petro
Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-
El gobierno de Gustavo Petro enfrenta un dilema desgarrador. Su principio rector, la protección de la vida como valor supremo, choca frontalmente con la compleja realidad del terrorismo recrudecido. El dilema se reduce a una pregunta angustiante: ¿bombardear o no bombardear?
Gobernar Colombia ha sido, históricamente, una tarea complicada. La misma gesta que le dio su acta de nacimiento republicano estuvo teñida de un conflicto armado insurgente, donde los ejércitos irregulares de Bolívar y Santander se enfrentaron a la potencia imperial española.
Esta génesis violenta no fue una anomalía, sino el prólogo de una prolongada y compleja conflictividad que se ha reconfigurado a lo largo de dos siglos, adaptándose a los tiempos, pero manteniendo su núcleo de dolor e inequidad. He aquí la primera y más profunda dificultad: tomar decisiones de seguridad en un país que nació del fuego de la insurgencia y que lucha por sanar las heridas de una guerra interna no declarada pero largamente sufrida.
El desafío se multiplica ante un territorio tan heterogéneo en su topografía como en su injusticia social. Colombia no es un solo país, sino muchos simultáneos. La geografía quebrada de sus tres cordilleras, sus selvas impenetrables y sus costas extensas no solo dificultan la presencia integral del Estado, sino que reflejan y acentúan las abismales desigualdades que ostenta la nación, ubicada como la segunda más inequitativa del mundo. En regiones como el Cauca, el Catatumbo, el Guaviare o el Bajo Cauca Antioqueño, el Estado no ha sido sinónimo de bienestar, sino de abandono histórico.
Durante décadas, gobiernos de derecha miraron para otro lado, permitiendo que niños, niñas, jóvenes, indígenas, afros y campesinos quedaran a merced de los grupos armados ilegales, quienes impusieron sus reglas de vida y de guerra, a veces incluso con la complicidad o el silencio cómplice de élites locales y nacionales.
En este escenario de fracturas estructurales, el gobierno del Pacto Histórico, liderado por Gustavo Petro, enfrenta un dilema axiológico desgarrador. Su principio rector, la protección de la vida como valor supremo, choca frontalmente con la compleja realidad del terrorismo recrudecido. El dilema se reduce a una pregunta angustiante: ¿bombardear o no bombardear? ¿Emplear toda la fuerza del Estado para neutralizar a los ilegales, con el riesgo de cobrar vidas de civiles atrapados en el fuego cruzado, o privilegiar la preservación de toda vida, asumiendo el riesgo de ser percibido como débil y de "entregar el país" a los violentos?
Esta encrucijada no se debate en un vacío, sino en medio de un feroz hostigamiento político y mediático. La derecha colombiana y los grupos ilegales, en una acción que, si bien no puede calificarse de concertada, tampoco parece una mera coincidencia, no le dan tregua al presidente. Si Petro insiste en su "Paz Total" y en la búsqueda de diálogos, inmediatamente es tildado de blando, de aliado de los terroristas, una crítica que ha traspasado fronteras y ha sido amplificada desde sectores de Estados Unidos, llegando al extremo de lanzar infundios sobre supuestos vínculos con el narcotráfico. Por otro lado, cuando, ante la persistencia de las acciones criminales, el gobierno ordena operaciones militares contundentes (como el reciente bombardeo a disidencias de las FARC en el sur del país que resultó en la trágica muerte de siete menores), la misma derecha y sus medios afines lo acusan de violar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de no medir las consecuencias.
Este impecable acoso, donde se mezclan y manipulan escenarios, confunde a una ciudadanía que, alejada de la cruda realidad de estos territorios, no logra comprender la disyuntiva. Se critica el error, con razón y dolor, pero se olvida con cinismo el eterno olvido que llevó a esos niños a vivir bajo el dominio de los armados. Frente a la tragedia, el presidente Petro asumió la responsabilidad como Comandante en Jefe, pidió perdón a las familias (un gesto inédito y profundamente simbólico) y abrió las investigaciones correspondientes. Este acto de rendición de cuentas contrasta con la actitud de los gobiernos uribistas de las últimas dos décadas, quienes no solo evadieron su responsabilidad en la guerra y no pidieron perdón a las víctimas del conflicto, sino que en muchos casos las estigmatizaron e insultaron.
P.S.: Da asco la manera en que la derecha colombiana, pero sobre todo algunos precandidatos y precandidatas a corporaciones caen como buitres sobre los despojos de la violencia para posar de empáticos o empáticas con las víctimas de la guerra para erigirse como quienes pueden arreglar eso que ellos y ellas desbarataron durante su ejercicio. Nuevamente se abrazan y se besan para la foto, aquellas personalidades que nada hicieron durante sus mandatos o, en el peor de los casos, avalaron el terror de la seguridad democrática, replicándolo localmente en épocas del estallido social.
