Video columna: Juntos, pero no revueltos

Juntos, pero no revueltos

 

Panorámica de CAM Santander de Quilichao. Tomada de: Radio 1040 A.M.

Por: Omar Orlando Tovar Troches – ottroz69@gmail.com-

Una de las características más sobresalientes de quienes han hecho política y se han hecho elegir por partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, que representan la política tradicional colombiana, es su asombrosa capacidad de atribuir a los demás, la historia, la economía o a la misma naturaleza, la responsabilidad de sus desaciertos o de su ineptitud.

Este comportamiento, rayano a la impudicia, que ostenta la clase política tradicional, normalmente es exhibido cuando las circunstancias adversas, e incluso, las críticas a sus metidas de pata o a su inacción, se salen de control. En estos momentos de crisis, el cinismo se les sale, el oportunismo toma el control y en lugar de apelar a una actitud humilde de reconocimiento de los errores, la falta de tino para decidir o de la ignorancia sobre tal o cual asunto; asumen una actitud de superioridad moral y terminan acudiendo a la auto victimización y al ejercicio del espejo retrovisor, para endilgarle su ineficiencia e incapacidad a administraciones pasadas, sin importarles, siquiera, que éstas hayan sido sus aliadas o sus patrocinadoras.

Este escenario, tristemente naturalizado por las ciudadanías necesitadas, pero, sobre todo, desinformadas, es el que presenta la actual administración de Santander de Quilichao, en momentos en los que, los niveles de inseguridad y de violencia que azotan a este municipio norte caucano, han alcanzado niveles inimaginables.

Imagen tomada de: cuartodehora.com

La ciudadanía atemorizada por el clima de violencia que ha implantado la delincuencia en todas sus formas, ha empezado a manifestar su indignación por la total ineficacia de las medidas que ha tomado la administración municipal y siente que tanto la alcaldesa, como los altos mandos militares, no están cumpliendo con su obligación constitucional de preservar la vida, honra y bienes de quienes habitan en esta zona del norte del departamento del Cauca.

Ahora bien, una vez señaladas las características de la clase política que desde hace veinte años y hasta la fecha, ha tenido la responsabilidad de lo que en la actualidad acontece en el municipio más importante del norte del Cauca, se hace necesario plantear que, no es de extrañar el tibio llamado a la unidad, que desde el despacho de la alcaldía de Santander de Quilichao, se hace a algunos sectores de la sociedad civil de esta comarca, toda vez que, como se venía señalando, este es uno de los comportamientos típicos de la clase política tradicional, cuando se encuentra impotente ante el resultado de haber transitado la acostumbrada ruta del amiguismo clientelar y de la desconexión con la realidad política y social del territorio que supuestamente “administran”.

Contrario a lo que piensan algunos miembros de la oposición política quilichagüeña, quien estas líneas comparte, no considera que el llamado a la unidad que hace la mandataria local, pueda considerarse como incoherencia, todo lo contrario; tal y como se ha venido planteando en esta columna, esta actuación hace parte de la línea política de la derecha tradicional colombiana, que una vez abrumada por la efectividad de su incompetencia, acude a una especie de chovinismo local, aprovechando el desespero de la sociedad, para intentar “democratizar” su fracaso, echando mano de iniciativas ajenas para salir del paso y ¿por qué no?... ejecutar una maroma de re encauche, o de mimetización de su posible sucesor (a), así sea en el cuerpo de algún aliado.

No obstante que la confianza ciudadana hacia la mandataria municipal, se encuentre en muy malas condiciones, lo cierto es que, la sociedad quilichagüeña debe dar el paso de reclamar para sí, el poder constitucional que tiene (Artículo 3 de la Constitución Política de Colombia), con el propósito de buscar salidas consensuadas al gravísimo problema de inseguridad que padece el municipio. La Carta Política colombiana ofrece varias alternativas de participación ciudadana, dentro de la que está incluida la del Cabildo Abierto, o los diferentes espacios de coadministración que ofrece la arquitectura estatal (los consejos municipales de planeación, de juventud, entre otros espacios) ya que el ente de control político y de coadministración dominado por los aliados de la alcaldesa, se ha rehusado a cumplir con su obligación constitucional.

Debe quedar claro que el llamado no es para rodear a la actual alcaldesa o al Bonillo –Grijalbismo, sino al ejercicio de la búsqueda conjunta de soluciones que puedan restablecer la tranquilidad al municipio y que eviten brotes de justicia por mano propia.

Debe quedar claro que el llamado que hace este opinador, no es a rodear a la actual alcaldesa o al Bonillo –Grijalbismo en todas sus vertientes, sino al ejercicio de la participación democrática directa, a la búsqueda conjunta de soluciones, que no solo, puedan restablecer la armonía y la tranquilidad al municipio, sino que además, eviten brotes de justicia por mano propia, ocultos en convenientes nombres de grupos de seguridad ciudadana, grupos de reacción ciudadana, seguridad comunitaria, etc., ya intentados por el uribista ex secretario de gobierno de la actual administración municipal de Santander de Quilichao. La seguridad y la convivencia ciudadana no pueden quedar, como los cacareados Consejos de Seguridad, en un simple y muy utilizable llamado a la unidad, sino que debe ser un llamado a la civilidad y a la solidaridad ciudadana.

Ante crisis de extrema gravedad, como la que atraviesa Santander de Quilichao, es necesario estar juntos en torno a buscar soluciones, lo que no podemos permitir es una revoltura coyuntural para tapar veinte años de lo mismo. Quilichao no puede permitirse el lujo de seguir la misma senda. Ya fue suficiente de la alternancia de los de siempre, así sea con sus nuevas caras, ahora en trance de mimetismo y de ventajosa aproximación a sectores alternativos.

Juntos, pero no revueltos. 

EL PACTO HISTÓRICO Y EL LÍO DE LAS TIERRAS - ANALISIS

QUILICHAO VIVE EL TOTEMISMO

Pensionados Colombianos debemos aceptar propuesta de gravar las pensiones

PENSIONADOS DEBEMOS ACEPTAR LA PROPUESTA DE GRAVAR LAS PENSIONES

Imagen tomada de: tributi.com

 

Por: Carlos Julio Medina Triana

Pensionado de Telecom - Miembro de Nuestra Memoria Colectiva

En primer lugar, quiero que comprendamos, ante todo, el espacio en el que nos estamos moviendo los pensionados.

Por un lado, de acuerdo a la información disponible, actualmente hay reportados como pensionados, alrededor de 2.350.808 de colombianos, mientras que los adultos mayores, es decir, personas de 60 años o más en el país, estarían por el orden de 6.808.641.

De otro lado, según los resultados de las encuestas de opinión, publicadas durante la campaña presidencial, está población, es decir las personas de 60 años o más, incluidos los mismos pensionados; en su mayoría no apostaban por el triunfo de Gustavo Petro.

Ahora bien, luego del triunfo electoral del actual presidente de Colombia, es necesario que empecemos a observar con detalle, lo afirmado por el actual gobierno; que propone que pagarán impuesto todos aquellos que tengan ingresos brutos mayores a 10 millones de pesos. En el escenario así planteado, para la discusión debemos considerar dos aspectos fundamentales.

Desde hace mucho tiempo hemos librado una fuerte lucha para obtener un equilibrio social, basados en que, durante la existencia de nuestra República, más de doscientos años, la oligarquía, de la mano de los gobernantes, han construido un marco socio-jurídico, en todos los órdenes, que los cubre de privilegios y que alimenta las diferencias sociales. Estos privilegios han sido convertidos, artificialmente, en parte nuestra cultura, pero, sobre todo, en una parte fundamental de las leyes que nos rigen.

Estos beneficios, elevados a la categoría de leyes de la República, han permitido que estos funcionarios, todos con altos salarios, que incluso sobrepasan la ley, obtengan mesadas pensiónales altas, beneficio que comparten con gerentes y funcionarios de alto rango de la empresa privada, la banca y la industria; mientras que la tabla salarial de los demás trabajadores colombianos, sean estos profesionales o no, difícilmente superan los 10 SMLV (Salarios Mínimos Legales Vigentes).

Estas situaciones nos han llevado a proponer el desmonte de todo este tipo de privilegios, entre los que se encuentran, los exuberantes beneficios para los congresistas y los altos funcionarios del estado, así como el vacío legal y jurídico existente en las normas laborales y asistenciales, que permite estas anomalías contrarias a la obligación del estado, de proteger a los ciudadanos más vulnerables.

Ir en contra de la propuesta del gobierno de gravar las pensiones superiores a los 10 millones de pesos, es hacer defensa de la injusticia laboral y pensional que queremos acabar.

Así las cosas, al ir en contra de la propuesta del gobierno de gravar las pensiones superiores a los 10 millones de pesos; como se planteó en pasadas oportunidades, entramos en una enorme contradicción con nuestros principios de equidad y, paradójicamente, entramos a hacer la defensa de la injusticia laboral y pensional que queremos acabar.

Regresando a las cifras disponibles; si sacáramos la diferencia entre las personas mayores de 65 años, que ya deberían tener pensión en Colombia y quienes si la tenemos, suponiendo que todos somos mayores de 60 años, veríamos qué hay 4.457.833 colombianos adultos mayores que deberían tener pensión y hoy no la tienen. Esta diferencia, seguramente, corresponde a los 5 millones de adultos mayores a quienes el actual gobierno propone pensionar con medio salario mínimo. Nuestra discusión debe enfocarse en obtener la pensión digna para todo el que tenga derecho a ella, fijando un valor tope a cargo del estado, que podría ser del orden de los 10 SMLV y lo que pase de allí debería ser con cargo al sector privado.

En este orden de ideas, no podemos limitar la función legislativa del actual gobierno, pretendiendo sustentar la existencia de normas, distintas a las constitucionales, pues esto limitaría la autonomía de los legisladores y la discusión planteada frente a la defensa del privilegio de exonerar las pensiones de gravamen fiscal, terminaría dándole la razón a algunos congresistas para no reducir sus privilegios.

Al desenfocar la discusión de la histórica lucha por un sistema pensional realmente equitativo, pero sobre todo digno, lo que se terminaría planteando sería: quitar los privilegios de ellos, pero mantener los de algunos pensionados, exactamente del 0,31% de los 6.808.641 colombianos que deberían tener pensión, o del 0,89% de los 2.350.808 actuales pensionados.

Esta particular postura de oposición a la propuesta de gravar las pensiones más elevadas, con el propósito de brindar la posibilidad de acceso a este derecho a un gran número de colombianos que no la tienen, revela otra cara de la misma contradicción, de la que seguro saldrán ganadores aquellos que no apoyaron el triunfo del pacto histórico.

Por tal motivo propongo que los pensionados debemos aceptar el gravamen propuesto por el actual gobierno, sobre la base de ingresos brutos mayores a los 10 SMLV.