RACISMO, MANIPULACIÓN, POLITIQUERÍA Y PAZ TOTAL

LA PAZ TOTAL

 

Presidente de Colombia junto a escultura de la paz de Fernando Botero
Imagen tomada de: www.dw.com

Por: Juan David García

El pasado 4 de noviembre del 2022, el presidente Gustavo Petro, confirmó la modificación, adición y prórroga de la ley 418 de la paz total ^[1]. Una ley que tiene como objetivo solucionar el conflicto armado en Colombia por medio de una política de Estado, garantizando la seguridad humana de todas las partes.

La paz total fue nuevamente tendencia en estas últimas semanas a causa de la liberación de Jorge Luis Alfonso López, hijo de La Gata ^[2], condenado por el asesinato de una periodista. Sin embargo, esta libertad para el denominado “El Gatico” fue efímera, puesto que, aunque fue elegido como un facilitador de paz por parte del Gobierno, al hacerse público su nombre, quedaría descartado para cumplir tal misión. 

Nombramientos como el de Alfonso López y algunas declaraciones del presidente, han creado descontentos en algunos sectores de la opinión (oposición y algunos aliados al gobierno nacional), quienes ponen en duda la credibilidad de la Paz total, señalando que las liberaciones de acusados políticos y por delitos comunes, con el fin de conseguir la paz, son una arbitrariedad. A este respecto es importante resaltar que la paz que propone Petro no se puede contemplar a través de los extremismos, sino que debe ser vista y asumida como una serie de matices necesarios para la búsqueda de un objetivo final, que es en este caso, la paz y el fin de los grupos armados en Colombia. 

Se debe entender que la paz es un proceso

 y para llevarlo a cabo, 

es necesario la labor y el interés 

tanto del Gobierno como de los diferentes grupos armados.

Lo mismo ocurre cuando se hace referencia a una paz que involucre a las disidencias de las FARC, grupo con el que anteriormente se hicieron charlas pero que al final no se concretaron. Se considera que este es uno de los puntos más cruciales en cuanto al desarrollo de la denominada “Paz total”. En este caso es entendible el inconformismo por parte de algunos sectores de la sociedad y del mismo Gobierno, puesto que en años anteriores ya se había negociado con este grupo armado, a través del Acuerdo de Paz Estable y Duradera; sin embargo, no todos los miembros de la extinta guerrilla estaban de acuerdo y hoy se presentan como sus disidencias.

Frente al incumplimiento del Acuerdo de paz con las FARC, la culpa no puede recaer solamente en los gobiernos anteriores, también les cabe una alta dosis de responsabilidad a las disidencias. No obstante, es significativo que para que exista paz, ésta se debe generar con todos los implicados. Esto quiere decir que, aunque la oposición u otros congresistas no apoyen la decisión del presidente de conformar una paz con las disidencias de las FARC; es claro que sin ellos no se puede realizar la paz que tanto busca Colombia. 

Por último, es necesario hacer mención de los puntos en los que más se especula sobre la Paz total. Hechos como la posible proliferación de grupos armados ilegales en Colombia, lo cual ya se vio después del tratado que se formalizó con las FARC, lo mismo que la masificación de cultivos de uso ilícito, por los que ahora mismo el gobierno de Estados Unidos está acusando a Colombia; son aspectos que los grupos de paz internacional y la oposición están a la espera de que se resuelvan por parte del presidente Petro. 

Al final, surge la siguiente incógnita, ¿Está tomando las decisiones correctas Petro en cuanto a un balance final de la búsqueda de la paz? Posiblemente ahora sea difícil de responder esta pregunta, sobre todo con las posibles liberaciones de algunos acusados; sin embargo, se debe entender que es un proceso y para llevarlo a cabo, es necesario la labor y el interés tanto del Gobierno como de los diferentes grupos armados.

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[1] Ministerio del Interior de Colombia. Presidente Gustavo Petro, sancionó la Ley de la Paz Total | Ministerio del Interior (mininterior.gov.co)

[2] Enilce López, ‘la Gata’, la poderosa empresaria del chance de la Costa, y en Sucre y Bolívar, fue condenada a nueve años de prisión por aliarse con paramilitares, pero por estar enferma pagará la condena en su domicilio. Tomado de: https://verdadabierta.com/

 

¿Avanza la privatización de EMQUILICHAO?

En la foto: Luis Velasco (Gerente Emquilichao ESP) y Lucy Guzmán (alcaldesa de Santander de Quilichao)

Imagen tomada de: proclamadelcauca.com

Por: Omar Orlando Tovar Troches – ottroz69@gmail.com-

Tal y como lo señala el manual de privatizaciones, impuesto por los organismos financieros internacionales a la clase política tradicional de Colombia, la actual administración municipal de Santander de Quilichao continúa avanzando en la juiciosa e implacable aplicación del citado manual, no obstante que públicamente siga negándolo.

Si bien es cierto que desde el punto de vista académico, sobre todo en el campo de la economía y la administración pública, aún subsiste un fuerte debate alrededor de las bondades de la privatización del escaso patrimonio público que representan las empresas del estado; quienes defienden la aplicación del manual de privatización, no han mostrado hasta ahora, ningún tipo de estudio serio que evidencie las bondades económicas de este proceso, ni mucho menos los beneficios sociales que tal política le ha traído al ciudadano del común.

La actual administración municipal de Quilichao apela al desconocimiento endémico que tenemos la mayoría de los ciudadanos del marco jurídico colombiano, para interponer una y otra vez, cortinas de humo periodísticas y hasta jurídicas para negar su intentona privatizadora o cuando menos justificarla

Quien suscribe estas líneas, ha venido repitiendo en distintos escenarios (ver: https://www.magazincnc.com/quilichao-vive-bajo-la-amenaza-de-la-privatizacion/ y https://youtu.be/VF7zlLhYMgM) que contrario a lo que señala la propaganda con la que se nos venden los supuestos beneficios de entregarle nuestro patrimonio a los escrupulosos empresarios; las evidencias muestran que hasta la fecha tales procesos, lejos de haber apalancado la economía colombiana, le han supuesto a los colombianos el encarecimiento de los bienes y/o servicios que estaban en manos del Estado y que se encarecieron y disminuyeron ostensiblemente su calidad, en las pulquérrimas manos del sector privado.

El reciente ruido mediático alrededor de la recompra de la empresa de servicios públicos de Barranquilla, pone de manifiesto, otra vez, las consecuencias de la aplicación a rajatabla del dichoso manual. A este respecto, vale la pena señalar que, en concordancia con Bautista y Sepúlveda [1], el desastroso resultado, tanto de la prestación del servicio, como del manejo tarifario que han mostrado procesos privatizadores de empresas de servicios públicos, como Electricaribe, la Triple A, en la costa norte y la CEO en el Cauca, evidencia que, sometidos a evaluación de eficiencia y eficacia social, las privatizaciones hasta la fecha se han rajado.

No obstante la existencia de abundante literatura académica alrededor del dudoso éxito del proceso privatizador en Colombia y Latinoamérica, los tomadores de decisiones en lo público, sobre todo quienes pertenecen o  representan  a los partidos tradicionales de derecha, insisten en defender la estrategia de privatización, aferrados a un libreto según el cual, ante su incapacidad administrativa para manejar los recursos públicos, puestos a su cargo por el pueblo que los eligió, lo mejor es tomar medidas ingeniosas que permitan “mejorar las condiciones de operación de los activos que estaban [están] en manos del estado”[2].

Siguiendo con esta lógica simplista de no hacer nada para gestionar los bienes públicos y tirarle la pelota al sector privado, la alcaldesa de Santander de Quilichao, al igual que sus voceros, institucionales y espontáneos apelan al desconocimiento endémico que tenemos la mayoría de los ciudadanos del marco jurídico colombiano, para interponer una y otra vez, cortinas de humo periodísticas y hasta jurídicas para negar su intentona privatizadora o cuando menos justificarla, reiterando sospechosamente que sus acercamientos con una empresa privada, nada tienen que ver con la privatización de EMQUILICHAO ESP, no obstante, sus continuas reuniones y la confirmación por parte del gerente de la  empresa de servicios, de la existencia de negociaciones. Blanco es…

Atrincherada en la estrategia de la negación constante, la actual administración municipal de Quilichao apela al desconocimiento endémico que tenemos la mayoría de los ciudadanos del marco jurídico colombiano, para interponer una y otra vez, cortinas de humo periodísticas y hasta jurídicas para negar su intentona privatizadora o cuando menos justificarla, eso sí, sin tener en cuenta para nada, ni el sentir, ni mucho menos, la decisión de los dueños de la empresa: El pueblo de Santander de Quilichao.

Insisto, aunque pretendan estirar la piel de oveja con la que disfrazan el lobo de la privatización, desde hace rato se le están viendo las orejas, pero, sobre todo, los colmillos.

Adenda preguntona: Señora alcaldesa de Santander de Quilichao, si el proceso apenas está en etapa consultiva ¿por qué no se ha hecho una convocatoria pública a los interesados? Si lo que existe hasta el momento es la manifestación de una intención de NEGOCIO ¿Por qué se insiste en ESCONDER los detalles de esta intención? Y finalmente ¿Dónde quedaron la publicidad, la transparencia y la democracia en el manejo de los recursos de todos los quilichagüeños? ¿Qué esconderán la señora alcaldesa y el actual gerente de EMQUILICHAO ESP?

Adenda 2: Comparto el enlace en donde los (as) interesados (as) pueden descargar y consultar el Derecho de Petición, dirigido a la Señora Lucy Amparo Guzmán, alcaldesa de Santander de Quilichao, en el que se le pregunta por el posible proceso de privatización de EMQUILICAHO ESP. Buen provecho.

Descargue el documento 

haciendo click AQUI

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[1] Jairo Bautista, Didier A. Sepúlveda Reyes. (2022). EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVATIZACIÓN EN LAS EMPRESAS ESTATALES DE COLOMBIA. ANÁLISIS DEL CASO TELECOM (1990-2010). https://ojs.tdea.edu.co/index.php/encontexto/article/view/628/1378

[2] Jairo Bautista, Didier A. Sepúlveda Reyes. (2022).

La Reforma a La Salud en las calles - ANALISIS

¿La reforma de salud del presidente Gustavo Petro podría ser considerada como un retroceso para Colombia?

 Por: Juan David García

El pasado lunes 13 de febrero, el gobierno nacional de Colombia, en cabeza de Gustavo Petro, por medio de la ministra de salud, Carolina Corcho, presentó la anunciada y polémica Reforma de la salud. Este proyecto de ley pretende transformar importantes cuestiones sobre las EPS, los hospitales y en términos generales, el sistema de salud que se ha estado manejando en el país desde 1993 en el marco de la famosa ley 100.

Registro de jornada de apoyo a la Reforma a la Salud.
Tomada de Presidencia de Colombia @infopresidencia

Este proyecto de ley plantea un cambio significativo para la salud, puesto que en gran medida, buena parte de la sociedad especula sobre la desaparición de las EPS y un manejo administrativo y ejecutor  desde lo público, hecho que se ha convertido en una de las principales controversias planteadas desde la oposición, expresada como reclamo por la supuesta desaparición de las EPS por  falta de financiamiento por parte del Gobierno y el manejo que le podría dar a la salud la clase política regional y local.

Sin embargo, Petro ha aclarado las dudas con respecto a estos temas. Las razones que da el presidente para este cambio parten desde las deudas de las EPS, que ascienden hasta los 23 billones de pesos. Un déficit que no solo tienen las EPS activas, sino que 7 billones de pesos corresponden a entidades que fueron o están siendo liquidadas. Así mismo el gobierno señala que las EPS seguirán en funcionamiento.  Cabe aclarar que no se crearán más de estas instituciones de la salud. También se deja en claro, que el objetivo de esta reforma es volver a la salud un tema estatal. Por este motivo, se anuncia la creación de Centros de Atención Primaria (CAP), los cuales tendrán prioridad sobre las EPS. 

No se debe hablar de un retroceso, sino de una manera diferente de prestar un servicio que es vital para todos los habitantes y lo que se busca es que el déficit monetario en la salud deje de existir.

La presentación de esta reforma de la salud aclara varias de las cuestiones e inquietudes que se tenían sobre este tema, no obstante, también deja algunas incógnitas y preguntas a futuro. La creación y planeación de las CAP nos deja entrever que el Gobierno no quiere que exista un intermediario en los recursos destinados para la salud, pero tampoco manifiesta claramente que pasará con las EPS (empresa privada) en unos años.

Las ideas ambiciosas de Petro en torno al sistema de salud colombiano dejan, sin embargo, más incógnitas que proyecciones a futuro. En primera medida, la decisión sobre el control de dineros que administren los gobernadores y/o alcaldes, no toma en cuenta las múltiples investigaciones sobre la corrupción en el país, especialmente en las entidades territoriales; un tema espinoso que se ha dado por mucho tiempo en Colombia y que no da seguridad a la sociedad, sobre todo si se habla de distribución de dineros públicos. 

De igual manera la puesta en funcionamiento de estos espacios de atención, también plantean algunos interrogantes, puesto que, aunque la idea en papel esté planteada, el financiamiento, el territorio y los profesionales de la salud necesarios para materializar esta nueva red, siempre han sido temas difíciles de tratar en el país.

También resulta necesario mencionar el hecho de que las EPS conforman un sistema mayoritariamente privado que funciona desde 1993 y que, aunque tiene deficiencias en la atención al público, también ha presentado aspectos positivos como su cobertura y funcionalidad a través de los años, tal y como lo señala una cifra de 97% de cobertura que tiene en el país. Si se toman en cuenta estos dos puntos como eje principal de evaluación, es posible creer que los colombianos podrían llegar a sentir que la reforma de salud que propone el gobierno de Petro es un cambio muy radical.

Sin embargo, en palabras del gobierno de Colombia, no se debe hablar de un retroceso, sino de una manera diferente de prestar un servicio que es vital para todos los habitantes y lo que se busca es que el déficit monetario en la salud deje de existir. Ahora, se espera que se perfeccione el sistema, pero también, que se brinde una certeza en cuanto a los dineros que se distribuyen para la salud.

¿La reforma de salud del presidente Gustavo Petro podría ser considerada como un retroceso para Colombia? Aunque aún no es posible tener una respuesta definitiva, lo cierto es que esta pregunta es uno de los temas por los cuales miles de colombianos han salido a marchar esta semana; algunos en contra, otros a favor.

 

 

HOMENAJE A GONZALO DIAZ GAVIRIA 2023

La Conversa. Guerra de información - Las élites se oponen a las Reformas