COMO COLABORAR CON LA CONVERSA, UN PROYECTO DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVO ...

QUILICHAO SIGUE BAJO AMENAZA DE PRIVATIZACIÓN

En la imagen Luis Valcke- gerente Emquilichao ESP y Lucy Guzmán - alcaldesa Santander de Quilichao, tomada de: Portal Las 2 Orillas

Vale la pena, una vez más, llamar a la sociedad Quilichagüeña  a oponerse, con decisión, a la entrega del patrimonio de todos a manos privadas, las cuales, probablemente patrocinaron las campañas de quienes hoy están en el gobierno.

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Aunque las notas de esta columna de opinión fueron escritas hace un año; las recientes denuncias públicas en torno al inicio del proceso de privatización de la empresa de servicios públicos de recolección de basuras, alcantarillado y distribución de agua potable de Santander de Quilichao: EMQUILICHAO ESP, realizadas por miembros del Concejo municipal de esta localidad norte caucana, hacen conveniente, reiterar este llamado de atención-denuncia, entorno a la entrega del patrimonio público a particulares.

Más allá de mi pública oposición a la forma de hacer política y de gobernar que caracteriza al grupo político del ex congresista caucano, Carlos Julio Bonilla y el ex alcalde Eduardo Grijalba, nuevamente al mando de la alcaldía municipal de Santander de Quilichao, a través de su actual alcaldesa; me mueve un histórico compromiso por la defensa de lo público, desarrollado desde ya hace más de treinta años, el cual me ha permitido ir constatando la permanencia histórica, de unas estrategias seguidas por todos los gobiernos, a la hora de emprender procesos de privatización de las empresas públicas de cualquier orden.

El manual de instrucciones impuesto por la banca internacional (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc.), desde antes del famoso consenso de Washington, por allá por las épocas previas al alzhéimer público de un presidente de Colombia, le ha  ordenado a los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, una serie de pasos necesarios para acometer la entrega de las empresas del estado a manos privadas, a partir de la generalización malintencionada, según la cual todo lo público es corrupto y  todo funcionario es un ladrón, razón por la cual, es necesario entregarle el patrimonio de todos y todas a las impolutas manos del sector privado.

En este orden de ideas, este mito de la tecnocracia mundial, indica que, en aras de la eficiencia económica, el Estado para lo único que sirve es para cuidar los bienes de quienes pueden tenerlos y para cobrar los impuestos que permitan darle a la pobrecía unos mínimos, muy mínimos; suficientes para que sigan produciendo. Por lo tanto, el manejo de las empresas del sector público debe estar bajo la dirección de serios empresarios y muy eficientes técnicos, sobre todo, si la empresa pertenece al sector de los servicios públicos de cualquier índole (energía, acueducto, saneamiento, comunicaciones, gas, petróleo, educación y salud). Eso nos vendieron y eso compramos.

Pero antes de llegar a ese final feliz de la confianza inversionista, el administrador público (gerente de empresa, alcaldesa, gobernador, ministra o presidente), debe dar unos pasos previos, para convencer a la pobrecía sobre las bondades de entregar su patrimonio a manos particulares. Lo primero es marchitar la empresa, mediante la instalación de las llamadas nóminas paralelas (botín de los politiqueros), la tercerización de algunas labores de la empresa y la inversión inútil en infra estructura y/o publicidad. Una vez alcanzada esta etapa, conviene nombrar a amigos o clientes electorales en la dirección, si no fieles escuderos de campaña y copartidarios, por lo menos bien recomendados por el doctor o doctora congresista, si no tiene idea del cargo mejor. El comienzo del fin.

Ya en esta etapa, el flamante nuevo gerente o gerenta, director o directora, tiene patente de corso para nombrar a las cuotas de los políticos de la coalición y, claro, a sus amigotes y amigotas, asegurándose que tengan el “perfil técnico” que se necesita, de modo que los informes queden bien maquillados y que las cuentas queden más o menos claras. Paso seguido, se debe remodelar las instalaciones administrativas, arrendar un edifico o construir uno nuevo. A continuación, se recomienda hacer un cambio de imagen institucional, para lo cual se contratan estudios y asesores amigos, de igual manera se deben contratar estudios técnicos para todo y se debe montar una plataforma de atención al público, a cargo de un call center de un doctor o doctora amiga. Lo del servicio; eso es lo de menos.

Cuando se llega a este estadio, se observa el paulatino marchitamiento de los equipos y de las obras que estos ofrecen, no hay presupuesto para el mantenimiento o la reposición ni mucho menos, para inversión en la empresa, por lo que es necesario contratar un estudio de viabilidad técnica y financiera de la empresa que recomiende su intervención y/o liquidación, entrega en concesión o venta, entre tanto el servicio prestado es deficiente y caro. El usuario, mal. Gracias.

La receta es más o menos la misma, las advertencias han sido las mismas, e incluso la incredulidad y el olvido siguen siendo los mismos, así lo hemos atestiguado en la costa norte colombiana, con el servicio de energía y de acueducto, así lo vimos con las telecomunicaciones, los combustibles, la salud y el gas, las rentables empresas del estado fueron marchitadas y luego regaladas a los patrocinadores de los políticos, para que las quebraran y las volviéramos a reconstruir, para entregárselas una y otra vez en un odioso circulo vicioso, en el que siempre pierde el bolsillo, la salud y la vida del ciudadano de a pie. Es en este marco en el que Quilichao vive bajo la amenaza de la privatización.

Ante este repetido proceso de privatizaciones, vale la pena, una vez más, llamar la atención de la sociedad Quilichagüeña, para que esté atenta, ya no a detectar las señales del marchitamiento de sus bienes, que ya han ido empezando, sino a oponerse con decisión a la entrega del patrimonio de todos a manos privadas, las cuales, probablemente patrocinaron las campañas de quienes hoy están en el gobierno.

Quejas y quejas del encarecimiento de los servicios prestados por EMQUILICHAO, el preocupante estado de sus equipos de recolección, el deplorable estado de los parques y zonas verdes a su cargo, el lio de la Galería municipal y el espacio público a cargo de la recién creada MERQUILICHAO, flamante empresa municipal, “estrenadora” de instalaciones administrativas y sin saberse aún el futuro del relleno sanitario o del borroso terminal de transportes, todos ellos en principio quilichagüeños, pero ya rondados y hasta ofrecidos en concesión a los amigos y amigas del sector privado.

 

QUILICHAO VIVE BAJO LA AMENAZA DE LA PRIVATIZACIÓN

LA EXCARCELACION DE LOS JOVENES DEL ESTALLIDO SOCIAL. 2ª PARTE

Teniendo en cuenta la controversia que han suscitado los medios de comunicación afines a la derecha colombiana, en torno a la propuesta de excarcelación y juicio justo a los jóvenes que participaron en las jornadas de protesta nacional y contando con la anuencia del Representante a la Cámara del Pacto Histórico por el departamento del Valle del Cauca, JOSE ALBERTO TEJADA; La Conversa de Fin de Semana comparte con sus lectores, la SEGUNDA PARTE de la recopilación de  trinos (hilo) del representante Tejada, en las que reitera las denuncias del accionar irregular de las fuerzas del Estado colombiano durante estas mismas jornadas.

En la imagen: Jose Alberto Tejada
en cubrimiento periodístico de las jornadas de protesta nacional.
Tomada de: Colombiahoy.news

SEGUNDA PARTE

Por: JOSE ALBERTO TEJADA. (Representante a la Cámara del Pacto Histórico del Valle del Cauca)  

“El 28/04/21 (paro nacional), miré a civiles que después de hablar con parejas motorizadas en varios puntos de la ciudad sobre la quinta, patearon vitrinas y puertas de locales comerciales.

Tenía información de buena fuente desde la noche anterior, que se presentarían saqueos en el centro, algunos de los líderes sindicales que me lo informaron, me advirtieron que no tenían ninguna responsabilidad y que temían que todo fuera orquestado para deslegitimar el paro.

En efecto, vi saquear al centro y extrañamente, NO VI POLICIAS en el mismo centro. Acompañé con mis colegas periodistas a grupos de marchantes que rodearon los asaltantes y en el edificio de la Asamblea Departamental, encontré unos policías a quienes pedí detener a los ladrones.

Cuál no fue mi sorpresa, pues solo 1, de un grupo aproximado de 15, me prestó un momento de atención y me dejó hablando solo cuando le insistí. ¿Cuántas de las afectaciones a bienes públicos y privados fueron hechas por algunos muchachos y cuántas, por civiles ligados a policiales?

Tengo en mis cámaras las evidencias, repito, no hablo de oídas, hablo como testigo directo de lo acontecido.

Todo lo anterior, solo para demostrar que, si de irregularidades y culpables hablamos, tendríamos que sentar a mucha gente en los estrados. Por tanto, insisto que, mientras logramos la amnistía e indulto para l@s judicializado/as con ocasión al Estallido social, nuestro pedido a la Fiscalía, a los Jueces, al Congreso, a los ministros, al Presidente y a la Vicepresidenta es solo uno: NO MAS CARCEL PARA LA MUCHACHADA.

Anuncio que radicaremos en esta misma semana,

 el proyecto de ley de amnistía e indulto, 

por una única vez, para los encarcelados por la protesta social.

Que sigan sus procesos judiciales con medidas de DETENCION DOMICILIARIA o incluso con CUSTODIA DE ENTIDADES RESPETABLES COMO LAS IGLESIAS. No estamos pidiendo impunidad, no se trata de amnistiar colectivamente a los detenidos en cárceles. Se trata de estudiar caso a caso. Con el Ministerio de Justicia, ya tenemos un censo muy adelantado

Lo que sigue es que Fiscales, Jueces y ministros, encuentren los mecanismos jurídicos, procesales y constitucionales que permitan proceder con esta solicitud, respetando cabalmente la Constitución Política.

Ante el retiro del artículo 17 propuesto por los Congresistas Leyla Rincón (Huila), Andrés Cancimance (Putumayo) y yo, del proyecto de ley de Paz Total, anuncio que radicaremos en esta misma semana, el proyecto de ley de amnistía e indulto, por una única vez, para los encarcelados por la protesta social.

Nos referimos a la muchachada porque asumimos que el Estado decidirá el trato judicial que dará a los policiales que participaron en el estallido social. En nuestro caso, no obstante, las muchas evidencias que tenemos en nuestro poder, dentro y fuera del país, no nos oponemos a tratos especiales que el Estado de a personal de la fuerza pública.

Lo que, si nos parece a todas luces incoherente, es que tengan prelación en el proyecto de paz total, grupos armados ilegales y bandas criminales y no la tengan, civiles ... Civiles, la mayoría jóvenes, que encarnaron la "desobediencia civil" como nunca antes lo habíamos conocido, los compatriotas que hemos vivido el país de los últimos 74 años, contando desde 1948.

LA EXCARCELACION DE LOS JOVENES DEL ESTALLIDO SOCIAL. 1ª PARTE

Teniendo en cuenta la controversia que han suscitado los medios de comunicación afines a la derecha colombiana, en torno a la propuesta de excarcelación y juicio justo a los jóvenes que participaron en las jornadas de protesta nacional y contando con la anuencia del Representante a la Cámara del Pacto Histórico por el departamento del Valle del Cauca, JOSE ALBERTO TEJADA; La Conversa de Fin de Semana comparte con sus lectores, la PRIMERA PARTE de la recopilación de  trinos (hilo) del representante Tejada, en las que explica a la comunidad las razones para esta propuesta.

En la imagen: José Alberto Tejada haciendo cubrimiento jornada de protestas en Cali. Tomada de Las2orillas.co

Por: JOSE ALBERTO TEJADA. (Representante a la Cámara del Pacto Histórico del Valle del Cauca) 

“Les comparto la PRIMERA PARTE de 2 hilos que realizaré sobre la necesidad de EXCARCELAR a los JOVENES DETENIDOS por participar del ESTALLIDO SOCIAL.

¡Atentos! Cada vez que la ley invade y vulnera injustamente los derechos humanos, los ciudadanos tienen el derecho de exigirlos, y se justifica la DESOBEDIENCIA CIVIL, al ampararse en el ejercicio de tres derechos fundamentales reconocidos en la generalidad de constituciones: libertad de conciencia, libertad de expresión y participación política.

El ciudadano que practica la desobediencia civil ejerce su libertad de expresión al buscar transmitir un mensaje de denuncia contra la ley injusta. Ejerce su libertad de conciencia, pues la ley choca contra sus principios éticos más elementales y siente la necesidad moral de combatirla, ya que permanecer quieto ante la injusticia es incompatible con su conciencia.

La desobediencia civil se ampara en la participación política, pues al ejercerla se busca participar en los asuntos públicos mejorando la realidad social.

Con estos apartes introductorios insisto en la importancia de generar las condiciones jurídicas, políticas y sociales que permitan la excarcelación de la mayoría de jóvenes apresados a consecuencia del estallido social del 2021.

La muchachada rebelde, mayoritariamente, hizo una protesta beligerante, sí, pero no criminal. Desafiante, sí, pero no agresora. No desconozco que seguramente alguna minoría de entre los protestantes, pudieron extralimitar su protesta social y su desobediencia civil, pero, no por ello, esta tesis le da derecho al acusador -la Fiscalía- y al juzgador -el Juez- a presumir que todas las personas participantes en el estallido son criminales a condenar.

Estoy en condiciones de dar testimonio excepcional de las muchas, muchísimas agresiones abusivas y extralimitadas, por parte de la fuerza pública contra los manifestantes. No lo cuento de oídas, lo tengo documentado en primera persona. Solo en Cali fueron asesinados 48 muchachos y muchachas por atreverse a ser los comuneros del siglo 21.

En el Valle fueron 63 los asesinados. Sin contar los desaparecidos y los mutilados. ¿Quiénes los asesinaron? ¿¡Quiénes los desaparecieron y los mutilaron? La Fuerza pública y particulares que se mostraron con todas sus ínfulas como los nuevos paramilitares urbanos. Ninguno murió de infarto o de cansancio.

¿Cuántos policiales fueron asesinados? Si fuera cierto que el estallido social fue una toma guerrillera como muchos "buenos ciudadanos" lo afirman, ¿Por qué no hubo muertos en combate de parte de la fuerza pública? En Cali solo se tiene el caso de un policía y no se ha podido probar hasta hoy, 18 meses después, que fue la muchachada.

¿Cuál es el argumento jurídico para que la Fiscalía, 

que no ha podido probar nada, 

con total desfachatez, pida en reiteradas audiencias, 

prórrogas de un año más? 

En cambio, sí, casi desde el primer día que se conoció el hecho, están encarcelados 13 jóvenes de uno de los puntos de resistencia, sin fórmula de juicio. Sin respeto al debido proceso. Sin el más mínimo respeto a sus garantías constitucionales.

¿Qué tipo de combate tuvimos entonces? ¿El de Picapiedra contra Terminator? Ese fue el que presenciamos, además con sevicia y cinismo de parte de los policiales.

Resultó entonces que la toma guerrillera fue de guerrilleros torpes, sin extremidades, sin capacidad de defensa, pues 48 contra 1, no parece resultado de un combate. Es el resultado de una masacre, hasta hoy impune.

Así como en Cali, ocurrieron hechos graves en varias ciudades del país y hoy tenemos más de 300 jóvenes encarcelados sin fórmula de juicio, jóvenes que bien pudieron haber sido asesinados y hoy pretendemos invisibilizarlos.

Dura es la ley, pero es la ley, invocan los acusadores de oficio. A ellos les pregunto ¿La ley aplica para policiales convertidos en asesinos o, no? Si de lo que se trata es de justicia, parece que la balanza tiene piedras en un lado, y en el otro, balas invisibles y sin peso.

Si hablamos del respeto a la ley y a la ortodoxia jurídica, ¿Por qué un civil armado como Andrés Escobar, quien, si tiene llamado a imputación de cargos, sigue libre y alardeando de su poder intimidatorio? ¿Cuál ley le aplicamos al personaje?

Si tan criminales son, muchos de los muchachos y muchachas sobrevivientes de la masacre del 2021, ¿Por qué razón apenas en junio del 2022, 14 meses después del estallido, la Fiscalía encontró méritos para capturar a los, según ellos, "combatientes de la toma guerrillera" de Puerto Resistencia en Cali y, aún hoy, no ha podido demostrar la validez de sus acusaciones?

¿Cuál es el argumento jurídico para que la Fiscalía, que no ha podido probar nada, con total desfachatez, pida en reiteradas audiencias, prórrogas de un año más? … ¿Para seguir acopiando pruebas de sus acusaciones a muchos jóvenes presos, las que no ha encontrado hasta ahora y, que no encontrará, si actúa en derecho?"

Les invitamos a estar atentos a la publicación de la 2a parte del hilo del Representante tejada en el que reitera sus denuncias...

 

LA INDIGNACION CONTINUA. Invitado a La Conversa: Concejal ANDRES CHAVARRO