¿Sirvió la Consulta Interna del Pacto Histórico?

 

Imagen tomada de Radio Nacional de Colombia

Por: Alberto Palomino

La victoria en las urnas dependerá de la capacidad de construir una unidad sólida, transparente y basada en las bases, reivindicando los ideales de izquierda, las reformas sociales y el cambio estructural.

El debate sobre los resultados de la consulta interna del Pacto Histórico del 26 de octubre ha generado interrogantes sobre la eficacia del mecanismo. Si bien algunos resultados han causado incomodidad, es fundamental analizar si el problema radica en el instrumento democrático en sí o en su implementación.

La consulta popular interna representó un avance democrático significativo. En contraste con el método anterior de selección de candidaturas por acuerdos internos y designación "a dedo" (el "bolígrafo"), la consulta trasladó la decisión a la voluntad popular. En este orden de ideas, este proceso confiere legitimidad, ya que el orden de las listas al Congreso (Senado y Cámara) resulta de la capacidad de movilización y arrastre de cada precandidatura, no de una correlación de fuerzas interna.

De igual manera, fomenta la unidad, puesto que buscaba que los votantes de la consulta se movilizaran unidos hacia la elección legislativa. Su impacto positivo se proyecta hacia la futura Consulta del Frente Amplio y las elecciones al Congreso de 2026. Por lo tanto, la decisión de realizar una consulta interna y abierta fue un acierto político que debe preservarse.

El problema no fue la consulta, sino las graves fallas en su preparación y ejecución, que permitieron el "entrismo" de precandidaturas ligadas a partidos de la derecha y sus maquinarias electorales. En términos generales, las coordinaciones territoriales del Pacto Histórico no fueron electas democráticamente, sino que se heredaron de cuando fue una coalición electoral, privilegiando la hegemonía de los partidos con personería jurídica y marginando a los movimientos sociales.

Las comisiones de ética y garantías electorales nacieron con un "pecado original" por la falta de democracia interna y transparencia en el proceso. No funcionaron como un filtro efectivo. El Comité Político Nacional Provisional inscribió las precandidaturas omitiendo los principios éticos y programáticos, sin considerar debidamente los informes de las Comisiones de Ética. Esto facilitó la infiltración.

Continuando con las grandes fallas del proceso previo a la Consulta Interna, se tiene que, se prohibió o estigmatizó la realización de Asambleas Territoriales, silenciando la voz de las bases y generando una pasividad que impidió una contraloría efectiva. Paralelamente, algunos congresistas actuaron como "bisagra" para meter precandidaturas ajenas al proyecto del Pacto Histórico a cambio de apoyo electoral para su reelección. Esto fue tolerado por una burocracia interna.

No obstante, los inconvenientes externos (Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil, Prensa orgánica de los gremios, etc.), la consulta interna sí sirvió como mecanismo democrático, pero su potencial fue saboteado por una estructura de dirección no democrática y por prácticas internas que permitieron la infiltración. La solución no es abandonar la consulta, sino corregir sus fallas para fortalecer el proyecto.

Para avanzar en la construcción de un sólido proyecto de izquierda democrática se requieren una serie de acciones urgentes, como, por ejemplo, identificar a quienes propiciaron o fueron cómplices de la infiltración. La unidad debe construirse sobre la participación real de las bases, no sobre la tolerancia a prácticas ajenas al proyecto de cambio.

Las direcciones a todo nivel deben ser electas democráticamente, integrando de manera real a los movimientos sociales, que han demostrado ser una fuerza electoral significativa. En los meses previos a las próximas elecciones, se debe fomentar la movilización y organización de las bases para consolidar la unidad popular.  Antes de la inscripción formal de las listas al Congreso, una auditoría de las precandidaturas seleccionadas podría ayudar a depurar las infiltradas y blindar al Pacto de posibles ataques legales.

En definitiva, el camino no es retroceder en la democracia interna, sino profundizarla. La victoria en las urnas dependerá de la capacidad de construir una unidad sólida, transparente y basada en las bases, reivindicando los ideales de izquierda, las reformas sociales y el cambio estructural.

¡A trabajar por la victoria!

ALPA

Santiago de Cali distrito, 3 de noviembre de 2025.

CEO en el Cauca: El apagón anunciado de la privatización

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

La lucha por un servicio de energía digno en el Cauca es más que una reivindicación por un bien básico; es una batalla por la dignidad de sus habitantes 

Durante décadas, los caucanos hemos sido víctimas de un servicio de energía eléctrica deficiente, intermitente y de baja calidad, prestado por la Compañía Energética de Occidente (CEO). Esta situación, que no corresponde a eventos aislados y, por lo tanto, no debe llamar a sorpresa; es el resultado previsible de un modelo económico y político impuesto en el país, que prioriza el lucro privado sobre el bienestar colectivo y los derechos fundamentales.

Las continuas fallas de la CEO, empresa controlada por el grupo financiero de Luis Carlos Sarmiento Angulo (ejemplo claro de la concentración de la riqueza en Colombia), son la manifestación concreta de un proyecto de despojo que comenzó con la apertura económica de los años 90 y fue profundizado con celo durante la hegemonía uribista.

La raíz del problema se remonta a la ola privatizadora implementada a raíz de los resquicios dejados en la Constitución de 1991 y acelerada bajo el gobierno de César Gaviria. Bajo el dogma neoliberal de que la empresa privada es más eficiente, se promovió la entrega en concesión de los servicios públicos domiciliarios a capitales privados. Este modelo, llevado al extremo durante los casi 20 años de influencia uribista, transformó derechos fundamentales, como la energía, el agua, las comunicaciones, la educación y la salud en simples mercancías sujetas a la lógica del mercado.

Desde un principio, las voces de la dirigencia social y, de manera destacada, la sindical (que no cayó en la tentación de los contratos sindicales ni la tercerización vía cooperativas), advirtieron sobre el peligro inminente. Se alertó que un sector privado, cuyo norte único es la maximización de ganancias para sus accionistas, no tendría interés real en garantizar una cobertura universal, una prestación eficiente o en invertir en el mantenimiento de la infraestructura en regiones complejas y con altos índices de pobreza como el Cauca. El objetivo no era servir, sino exprimir hasta el último peso de los bolsillos de una población ya de por sí empobrecida.

La historia les ha dado la razón. 30 años después de la "apertura Gavirista" y más de 20 de la "privatización Uribista", la evidencia es abrumadora. La CEO, como tantas otras empresas de servicios públicos privatizadas, ha demostrado que su prioridad es la rentabilidad financiera. En esa obsesión, la inversión en redes, la modernización tecnológica y la calidad del servicio pasan a un segundo plano. Los reiterados apagones, las fluctuaciones de voltaje y la lentitud en la respuesta a reclamos y a las emergencias no son "fallas" del sistema; son características estructurales de un modelo que concibe a los usuarios no como ciudadanos con derechos, sino como fuentes de ingreso. La privatización nunca fue la solución para el bienestar de la comunidad; fue la garantía de su postergación.

Ante este escenario de abandono, la ciudadanía caucana ha mirado tradicionalmente hacia su clase política regional en busca de soluciones y representación. No obstante, esta espera ha sido en vano. La clase política tradicional del Cauca, muchas veces disfrazada de un progresismo de conveniencia, ha demostrado una incapacidad e indolencia crónicas. Su labor no se ha orientado a la defensa férrea de los intereses de las comunidades, sino a perpetuar una red de favores y clientelismo que beneficia a quienes financian sus campañas.

La eternización de contratos de asesoría, la designación de funcionarios ineptos por compromisos políticos y la falta de una veeduría y control efectivos sobre la CEO han sido la constante. Esta complicidad, activa o pasiva, con el statu quo ha dejado a las comunidades urbanas y rurales en total desamparo. Confiar en que esta estructura política tradicional resolverá el problema es como pedirle al lobo que cuide las ovejas. Su silencio cómplice o sus acciones tibias e ineficaces son parte del mismo problema.

Es imperativo que las juntas de acción comunal, las organizaciones sociales, los sindicatos que resistieron, las comunidades indígenas, los consejos comunitarios afrodescendientes y la ciudadanía en general construyan un gran movimiento unitario que alce su voz de protesta de manera contundente. Se deben emprender acciones legales, como tutelas colectivas por la vulneración del derecho fundamental al mínimo vital; acciones de incidencia ante la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Energía y dado el caso, medidas de hecho pacíficas y organizadas que evidencien la magnitud del descontento.

Este movimiento debe dirigir sus reclamos de forma clara al Gobierno Nacional. El Cauca no puede seguir siendo la eterna olvidada de la agenda nacional. Se exige una intervención inmediata que obligue a la CEO a realizar las inversiones necesarias, a reparar la infraestructura y a compensar a los usuarios por los perjuicios causados. Se debe evaluar, incluso, la revocatoria de la concesión y la búsqueda de modelos alternativos de gestión comunitaria o pública que prioricen el servicio sobre el lucro.

La lucha por un servicio de energía digno en el Cauca es más que una reivindicación por un bien básico; es una batalla por la dignidad de sus habitantes y contra un modelo económico depredador. Ahora toca a la comunidad, unida y organizada, escribir el capítulo de su propia liberación.