LA VITRINA DE LA CONVERSA

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miércoles, marzo 25, 2026

Periodistas colombianas: atrapadas entre el poder, el miedo y el silencio *

 

Imagen tomada de perfil Instagram de Revista Activa

Por: Paula B. Romero

En medio de la actual crisis del periodismo, ser mujer periodista añade un nivel de violencia que rara vez se nombra con la misma contundencia con que se analiza la estructura de poder de los medios.

El ejercicio del periodismo en Colombia es, hoy más que nunca, sobre todo para las mujeres, un acto de resistencia que se parece peligrosamente a caminar sobre un campo minado. No me refiero únicamente a los riesgos físicos en regiones donde la violencia sigue dictando quién puede hablar y quién debe callar. Hablo de esa otra violencia, más sutil pero igual de asfixiante: la que viene desde las propias redacciones, desde los dueños que las poseen, desde los intereses que las atraviesan. Hablo de la manera en que los medios de comunicación han convertido en piezas de un tablero ajeno a los periodistas (hombres y mujeres), donde su voz ya no les pertenece y donde, para colmo, si se es mujer, se carga con la mochila extra del acoso, la discriminación y la exigencia de “vender” también su imagen.

Quienes creen que la crisis del periodismo comenzó con las redes sociales se equivocan. Esa crisis, que es mucho más antigua y estructural, es la crisis de una profesión que fue secuestrada hace décadas por los mismos conglomerados económicos a los que debería estar vigilando. En Colombia, como en tantos otros lugares, los medios de comunicación dejaron de ser veedores ciudadanos para convertirse en extensiones del poder empresarial. Y como lo documentaron de manera impecable Omar Rincón y Estefanía Avella[1] en su análisis sobre el poder mediático, aquí los medios invocan la libertad de expresión para defender la libertad de empresa, no para informar libremente. Son usados tácticamente por los conglomerados económicos nacionales y transnacionales para incidir en las decisiones del poder: en los gobiernos, en los legisladores, en los jueces.

No se trata de una teoría conspirativa. Es una realidad que viven los comunicadores cada vez que un editor les sugiere (sin decirlo explícitamente, porque ya se ha interiorizado la autocensura) cuáles temas se deben evitar. Un periodista del conglomerado de El Tiempo confesó en aquel mismo artículo lo que muchos periodistas callan: se autocensura en relación con el dueño, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, porque “no se le da patadas a la lonchera”. Esa frase, brutal en su honestidad, resume el estado de ánimo de una generación de periodistas que han aprendido a “interiorizar inhibiciones”, como lo describen Rincón y Avella, y a manifestarlas en la forma en que se aborda, o mejor, no se abordan las noticias. No hace falta que el dueño llame. Se sabe lo qué le incomoda, como también se sabe qué línea garantiza mantener el empleo. Y ahí está la trampa: las y los periodistas se convirtieron en guardianes de los intereses de quienes les contratan, traicionando sin quererlo, o queriéndolo a la fuerza, el mandato ético que un día creyeron que sería el norte de sus vidas.

Pero esta situación no es nueva, el periodismo ya lo ha venido padeciendo desde hace tiempo y con elementos, que complican el ejercicio honesto de la profesión, como la manipulación de la información para crear narrativas y/o vender noticias.  El periodismo amarillo de Hearst y Pulitzer no solo inventó un estilo narrativo que privilegiaba la emoción sobre el rigor; también demostró, como lo consigna la Oficina del Historiador de Estados Unidos[2], que la prensa tenía el poder de captar la atención del público y de influir en la reacción ante los acontecimientos internacionales. La famosa frase apócrifa de Hearst: “tú proporcionas las fotos, yo proporcionaré la guerra” sigue siendo el emblema de cómo los intereses económicos y geopolíticos se sirven de las redacciones para fabricar climas de opinión que justifiquen guerras, intervenciones y todo tipo de desmanes.

La prensa de Hearst y Pulitzer no creó el sentimiento antiespañol de la nada, pero sí lo exacerbó, lo moldeó y lo usó para impulsar la expansión imperial de Estados Unidos y de paso, vender más periódicos.  ¿Acaso no hacemos lo mismo hoy? ¿Acaso nuestros grandes medios no fabrican climas de opinión para justificar reformas laborales que benefician a los dueños, para deslegitimar procesos de paz que incomodan a los poderes económicos, para impulsar candidatos que seguirán protegiendo el statu quo?

Hoy, esa lógica se ha visto amplificada por la llegada de nuevos actores digitales que se presentan como la alternativa a los medios tradicionales. En teoría, debería ser una oportunidad para democratizar la palabra. En la práctica, hemos visto emerger un ecosistema fragmentado donde las bodegas humanas y los bots manipulan las tendencias, donde los youtubers y los influencers construyen relatos a la medida de quienes los financian, donde la desinformación circula con la misma velocidad que la verdad, y donde la línea entre el periodismo y la propaganda se ha vuelto casi imperceptible. La pelea por el predominio en el mercado de las noticias ya no es solo entre dos magnates de la prensa escrita; es una guerra de alcance global donde el big data permite vigilar, controlar y dominar a las audiencias como nunca antes.

En medio de este paisaje desolador, ser mujer periodista añade un nivel de violencia que rara vez se nombra con la misma contundencia con que se analiza la estructura de poder de los medios. El acoso sexual, como lo documentan las investigadoras Larrea, Guarderas y sus colegas[3], es un fenómeno complejo que hunde sus raíces en las desigualdades de género. Desde que un grupo de feministas en la Universidad de Cornell acuñó el término en 1974, hemos entendido que el acoso sexual es un ejercicio de poder que, aunque tenga apariencia sexual, lo que busca es mantener a las mujeres en un lugar de subordinación. En las redacciones colombianas y en las facultades de comunicación, en donde forman a las periodistas, esa violencia es moneda corriente. Desde los comentarios sobre el aspecto físico que condiciona las oportunidades laborales, hasta los tocamientos no consentidos en las salas de redacción, pasando por la exigencia implícita de “ser amables” con las fuentes poderosas, el mensaje es claro: no importa cuánto sepas, no importa qué tan buena periodista seas, tu cuerpo sigue siendo parte del negocio.

Esta triple opresión (la autocensura por los intereses de los dueños, la precarización laboral que nos hace vulnerables, y la violencia de género que nos atraviesa) está matando la profesión y sigue atacando a las mujeres. Y, sin embargo, el periodismo sigue siendo, a pesar de todo, una herramienta indispensable para la democracia. Porque sabemos que, sin medios independientes, sin periodistas que se atrevan a incomodar a los poderosos, no hay posibilidad de justicia ni de transformación social.

Pero es urgente que todas las mujeres nos miremos a nosotras mismas y reconozcamos que la crisis del periodismo no es solo una crisis económica o tecnológica, sino que es una crisis ética, política y profundamente estructural. Mientras los medios sigan siendo botines de guerra de los conglomerados económicos; mientras las periodistas tengan que elegir entre la dignidad y el salario; mientras las mujeres sigamos siendo objeto de acoso y discriminación en las redacciones; mientras la búsqueda de clics y de likes nos haga cómplices del amarillismo que denunciamos en otros; no se puede ejercer el oficio que alguna vez fue razón de ser.

Necesitamos una refundación del periodismo en este país. Una que ponga en el centro no los intereses de los anunciantes ni los réditos políticos de los dueños, sino el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a estar informados con verdad y dignidad. Necesitamos que las redacciones dejen de ser espacios de reproducción de las violencias patriarcales y se conviertan en territorios seguros donde las mujeres podamos ejercer sin miedo. Necesitamos, en fin, recuperar la palabra. Porque si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo hará?

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

jueves, septiembre 22, 2016

LA PARTICIPACION SOCIAL VERSUS EL DERECHO A INFORMAR.

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL VERSUS EL DERECHO A INFORMAR.


Por: Omar Orlando Tovar Troches –ottroz69@gmail.com-

Indagando acerca de los posibles escenarios en un pos acuerdo o posconflicto en Colombia (la denominación queda al gusto de los lectores), me encontré con un interesante, pero muy preocupante artículo de Juanita León publicado en el Portal La Silla Vacía, titulado: “El doble filo de la participación social en el Acuerdo de Paz”, del 19 de septiembre de 2016.
El título del artículo en cuestión llama la atención y preocupa, puesto que la expresión: “Doble Filo”, siembra dudas respecto a la esencia misma del concepto “participación social”, que antes de ser el resultado de la negociación entre el actual gobierno colombiano y la guerrilla de las F.A.R.C.-E.P., es la esencia de la democracia, en el sentido más literal de la definición misma de este sistema de gobierno.
Empecemos por el comienzo. Los principios fundamentales de la Constitución Política de 1991 (Aún vigente, así muchos no lo crean), establecen el carácter pluralista y participativo de la República Colombiana, determinan además que es un fin del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; que La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público y que El pueblo la puede ejercer en forma directa y finalmente, entre otros principios; el reconocimiento y la protección por parte del Estado de la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
Una vez hecho este necesario “recorderis”, se puede observar fácilmente, que la participación es el eje central del ordenamiento social de Colombia y que poner bajo sospecha tanto el deber del Estado de promoverla y protegerla, así como el derecho de las comunidades y organizaciones sociales de ejercerla, no es ni más ni menos que tratar de poner en riesgo el ordenamiento mismo del Estado, independientemente de que uno esté de acuerdo o no con el proceso del Fin del Conflicto con la guerrilla, puesto que como se puede colegir; la participación social ya hacía y hace parte de los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico-social, desde mucho antes del inicio de los más recientes diálogos de la Habana entre las F.A.R.C. Y el Gobierno Nacional.
Habla o mejor escribe Juanita León en su artículo, de la peligrosidad de la explosión del ejercicio “extremista” de este principio fundamental de nuestra Constitución, por parte de comunidades u organizaciones sociales, dizque adoctrinadas por el comunismo en nuestro territorio desde hace mucho años y disemina otra duda cercana a las tesis del Uribismo (La llegada del Marxismo-leninismo-Maoísmo-Castro-Chavismo al País), cuando citando  al experto Sergio Guarín, se pregunta si las condiciones están dadas para que la participación de las organizaciones sociales conduzca a una democracia más deliberante o si se convertirá en la expresión de las posiciones más radicales(Tomado de: http://lasillavacia.com/historia/el-doble-filo-de-la-participacion-social-en-el-acuerdo-de-paz-57983), insinuando de paso que las expresiones sociales son extremistas, léase en el lenguaje de los enemigos de la Paz: Terroristas.

Si bien es cierto que la autora del artículo en mención, brinda unas claves para resaltar la importancia que tiene la participación social en el marco del Acuerdo Final Para La Terminación del Conflicto y La Construcción de Una Paz Estable y Duradera, también lo es; el hecho de dejar instalada en los lectores y lectoras, una inseguridad más acerca de las bondades del Acuerdo del Fin del conflicto, cuando mezcla su intención de reclamar el derecho de ejercer la libertad de opinión y expresión para unos colegas suyos, en su calidad de integrante y directiva de la Fundación para la Libertad de Prensa, con su muy respetable, pero no totalmente compartida, opinión acerca del derecho, también constitucional, que tiene el Soberano Colombiano de organizarse, ejercer directamente su poder, mediante la Participación Social, para la toma de decisiones que afecten a su entorno y su comunidad.
Para finalizar, en un entorno de reconciliación nacional, lo menos deseable es avivar el la candela de un posible choque de intereses por la defensa de derechos fundamentales, esto es, el derecho de expresarse y de informar versus el derecho al ejercicio de la autonomía cultural, étnica y comunitaria del Soberano (Pueblo), sin embargo; es necesario recordar que, aunque muchas personas llamen al ejercicio del periodismo “El cuarto poder”, en nuestro ordenamiento constitucional, no aparece como tal, por lo que; al igual que todos los ciudadanos, quienes ejercen esta necesaria y noble profesión también están sujetos al respeto por la autonomía, la soberanía y la intimidad de los otros.
Nota: La periodista León hace defensa acérrima del ejercicio sensacionalista de programas como LOS INFORMANTES del canal privado de T.V. Caracol, y no menciona que otro programa del mismo estilo ya fue denunciado públicamente por abuso, por parte de una organización social a la que ella trata de sacar en limpio en este artículo, me refiero a la comunidad Indígena de Colombia y al programa SEPTIMO DIA, del mismo canal.