La economía como campo de disputa: cuando las tasas de interés también votan *

En la imagen: John Jaiver Flórez G. / Economista

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Colombia opera bajo una especie de “bancocracia”, donde las decisiones económicas terminan favoreciendo de manera sistemática al capital financiero

Si usted siente que todo está más caro, que el crédito es casi imposible y que el dinero ya no alcanza como antes, no es una percepción aislada ni un problema individual. Es política económica. Y más aún: es una decisión consciente sobre quién gana y quién pierde en la Colombia de 2026.

Porque la economía —aunque nos la vendan como un asunto científico lleno de fórmulas incomprensibles y tecnicismos — es, en realidad, una forma de poder. Y hoy ese poder está en disputa.

En la Colombia actual, la subida de la tasa de interés al 11,25 % por parte del Banco de la República, en un contexto donde la inflación ronda el 5,3 %, no es simplemente un “ajuste técnico”. Es una decisión profundamente política. Y, para decirlo sin rodeos, para muchos sectores críticos, se trata de una medida que funciona como freno deliberado a la dinámica económica impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La pregunta surge por sí sola —y surge con sospecha—: si la inflación está controlada y lejos de niveles críticos, ¿qué justifica la aplicación de “correctivos” tan desproporcionados que terminan golpeando más a la economía que al problema que dicen combatir?

Desde una lectura keynesiana —más cercana al sentido común de la gente que al dogma financiero— la respuesta no encaja con la lógica oficial. John Keynes lo planteó con claridad hace casi un siglo: no toda inflación se combate enfriando la economía, y mucho menos cuando el problema no es un exceso de demanda sino limitaciones en la producción o choques externos.

En el caso colombiano, buena parte de la inflación no se explica porque la gente esté comprando en exceso, sino por factores externos como el aumento en los costos de los insumos agrícolas, la dependencia de importaciones y la volatilidad de los precios internacionales de la energía, especialmente el petróleo. Subir la tasa de interés no corrige ninguno de esos problemas. Lo que sí hace es encarecer el crédito, frenar la inversión y debilitar el consumo.

Y ahí aparece el punto clave.

Porque la tasa de interés no es neutra: funciona como un mecanismo de redistribución. Cuando sube, no afecta a todos por igual. Para las familias, significa mayores dificultades para acceder a vivienda, educación o incluso cubrir el consumo básico mediante crédito. Muchos trabajadores que recibieron con optimismo un aumento salarial del 23 % para 2026, y que esperaban usar ese ingreso adicional para mejorar su calidad de vida o acceder a un préstamo, terminan viendo cómo ese beneficio se diluye, absorbido por los altos costos financieros. Al mismo tiempo, las pequeñas y medianas empresas enfrentan mayores obstáculos para producir, crecer o incluso mantenerse a flote. En contraste, quienes dependen de la renta financiera —los grandes capitales— encuentran en las altas tasas una oportunidad para aumentar sus ganancias sin necesidad de invertir ni producir más.

Es aquí donde surge una crítica fuerte —y cada vez más extendida—: la idea de que Colombia está operando bajo una especie de “bancocracia”, donde las decisiones económicas terminan favoreciendo de manera sistemática al capital financiero por encima de la economía real.

No es una acusación menor. Es una lectura política del momento.

Cuando se revisan los datos, la inquietud no solo aparece, sino que se profundiza: en 2022, al inicio del actual gobierno, la inflación alcanzaba el 13,12 %, mientras la tasa de interés se ubicaba alrededor del 9 %. Hoy, con una inflación considerablemente menor, la tasa es significativamente más alta. La lógica parece invertida: se aplica un remedio más severo justo cuando la enfermedad es menos grave —o incluso cuando ya no representa una amenaza de la misma magnitud.

¿Tiene sentido?

Desde la ortodoxia neoliberal, la respuesta es afirmativa: se insiste en la necesidad de “anclar expectativas” y prevenir posibles repuntes inflacionarios. Sin embargo, desde una mirada crítica, esa explicación resulta insuficiente. Más aún cuando el efecto concreto de la medida es enfriar una economía que apenas comienza a recuperarse… y que, pese a las dificultades, ha mostrado señales de reactivación.

El resultado es visible: crédito más caro, consumo restringido, inversión frenada. En términos simples: menos movimiento económico. Y mientras tanto, el sistema financiero se fortalece.

Los rendimientos de instrumentos como los CDT superan ampliamente la inflación. Es decir, quien tiene capital para ahorrar gana. Quien necesita crédito, pierde. La economía deja de premiar al que produce y empieza a premiar al que espera.

No es casualidad. Es una lógica.

Una lógica que muchos interpretan como un sesgo estructural del Banco de la República, cuya junta directiva —según estas críticas— ha actuado más en sintonía con los intereses del sector financiero que con las necesidades del conjunto de la sociedad.

Aquí el debate deja de ser técnico y se vuelve abiertamente político.

Porque el Banco no es un actor cualquiera. Es una institución del Estado. Y, como tal, su mandato no es abstracto: debe velar por la estabilidad económica, sí, pero también en coordinación con la política general del país. No está por encima de la democracia, ni puede convertirse en un poder aislado de las decisiones colectivas.

Sin embargo, lo que hoy se evidencia es una ruptura clara entre el gobierno y el Banco. Una tensión que deja al descubierto algo más profundo: ocupar la presidencia no significa necesariamente detentar el poder real dentro del Estado.

El gobierno de Gustavo Petro llegó con un mandato de cambio, respaldado por una votación histórica. Pero ese mandato se enfrenta a estructuras institucionales que no cambiaron con las elecciones. Entre ellas, la política monetaria.

En ese choque, algunos sectores ven algo más que un desacuerdo: ven un bloqueo. Una resistencia estructural a las transformaciones económicas que afectan intereses consolidados.

Por eso, la subida de tasas no se interpreta solo como una decisión contra la inflación, sino como una forma de limitar el alcance de un proyecto político.

¿Es una interpretación radical? Tal vez. Pero también es una lectura que surge de observar quién gana y quién pierde con cada decisión.

Mientras tanto, la ciudadanía —muchas veces apática, muchas veces cansada— observa desde la distancia. Y ahí aparece otra pieza clave del problema.

La apatía política.

Porque cuando la gente se desconecta de estos debates, las decisiones quedan en manos de pocos. Y esos pocos no siempre representan a la mayoría. La economía sigue funcionando, las decisiones se siguen tomando, pero sin control social.

Y eso tiene consecuencias.

La paradoja es dura: la desconfianza en la política lleva a la gente a alejarse, pero ese alejamiento facilita que el poder se concentre aún más. Es un círculo que se alimenta solo.

Romperlo implica entender algo fundamental: la economía no es un lenguaje exclusivo de expertos. Es la forma en que se organiza la vida diaria. Es el precio de los alimentos, el acceso al crédito, la posibilidad de tener empleo.

Colombia no está discutiendo solo una tasa de interés. Está discutiendo qué tipo de economía quiere ser.

Una donde el crecimiento se construya desde la producción, el trabajo y el consumo. O una donde la estabilidad se mida desde la rentabilidad financiera, incluso si eso implica frenar al resto. El gobierno ha intentado empujar hacia el primer camino. El Banco está empujando hacia el segundo.

Y en medio de esa tensión, el país entero queda atrapado. Porque cuando la economía se convierte en un campo de batalla, las decisiones ya no son neutras. Son elecciones. Y aunque no aparezcan en el tarjetón, también definen el futuro.

*La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

El absurdo incremento de las tasas de interés *

 

Por: Yezid García Abello

La autonomía del Banco de la República no equivale a infalibilidad de sus decisiones, la autonomía no es dogma”. El artículo 371 de la Constitución Nacional señala explícitamente que “el Banco ejercerá sus funciones en coordinación con la política económica general”

Por más que los economistas neoliberales y la oposición de ultra derecha al gobierno defiendan airadamente el supuesto criterio técnico del criminal aumento de las tasas de interés en 100 puntos básicos que decretó la Junta Directiva del Banco de la República, no podrán ocultar el fondo político de una disposición encaminada a frenar el desarrollo económico y la inversión, llenar las alforjas del capital financiero, encarecer la adquisición de bienes y servicios a crédito, hacer más onerosa la deuda pública, fomentar la desocupación y llevarse buena parte de los incrementos salariales.

La pretendida autonomía de la Junta no es absoluta, estamos en un Estado Social de Derecho que exige la colaboración armónica de los poderes públicos de la Nación tal como lo establece la Constitución Nacional, y donde no se puede ordenar, en contravía del interés colectivo, que se estanque el desarrollo económico para tratar de favorecer la opción política de la oposición. Como afirma el economista Jorge Coronel: “la autonomía del Banco no equivale a infalibilidad de sus decisiones, la autonomía no es dogma”. Claro es el artículo 371 de la Constitución Nacional cuando señala explícitamente que “el Banco ejercerá sus funciones en coordinación con la política económica general”.

En el cuatrienio anterior con una inflación de 13% las tasas de interés nunca superaron 9%, es decir, menor la tasa de interés que la inflación. ¿Cómo puede explicar hoy la Junta Directiva del Banco Central que en este período presidencial todo es al revés de la lógica económica? Se decreta una tasa de 11,25% frente a una inflación controlada de 5,2%, una diferencia de 6,05%, la más alta del siglo. Y esto ocurre cuando todos los indicadores económicos presentan cifras satisfactorias: crecimiento del PIB, reducción de la pobreza, caída de la desocupación laboral y la informalidad, estabilidad en la tasa de cambio, sostenibilidad del comercio exterior, crecimiento de las remesas, grandes ganancias de la mayoría de las empresas y avances significativos en la redistribución de tierras al campesinado.

La carta que firman dos centenares de exministros y exfuncionarios públicos de gobiernos anteriores, y algunos retirados por sus errores en el gobierno actual, califica casi como un sacrilegio la actitud de tres miembros de la Junta que votaron en contra, las voces ciudadanas que no comparten el incremento de las tasas de interés, los argumentos del presidente Petro y la digna actitud del ministro de Hacienda de retirarse de la sesión donde se aprobó el esperpento. Para los firmantes de la carta, neoliberales confesos unos y camuflados otros, lo que se hace con una sentencia judicial que se debe cumplir, pero no hay obligación de compartir, no se puede hacer frente a las resoluciones del Banco: o se comparten o se comparten, palabra de fe. No se debe, silenciosamente, aceptar la pretensión de la ultraderecha: si el Ejecutivo expresa su desacuerdo con una medida entonces conspira contra la autonomía del Banco, pero si el Banco se opone al Gobierno simplemente se trata de preservar su independencia.

Como propuso el presidente Petro, urge esclarecer el fondo político opositor de la medida y, por tanto, qué se abra el debate entre los estudiantes de economía, en la academia, entre la intelectualidad. Añadiría a esa convocatoria que se escuche también la opinión de la ciudadanía, de los pequeños y medianos empresarios de la ciudad y el campo, de los sectores productivos, de los trabajadores y campesinos, de los desempleados y los vulnerables.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

La Guerra mediática para sabotear el Cambio en Colombia

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

La reciente y agresiva elevación de las tasas de interés por parte del Emisor, ante una inflación en claro descenso, es un acto de sabotaje económico con fines políticos

En Colombia se libra una guerra silenciosa pero decisiva para mantener el relato económico de la derecha. Mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro implementa una política fiscal y social que, según cifras del DANE y el análisis de economistas de talla global de la línea académica de los premios Nobel de Economía, Paul Krugman y David Card;  ha mostrado resultados mesurados y prometedores, sustentados en un eficiente control de inflación, un crecimiento estable y la reducción de la pobreza monetaria; una poderosa maquinaria narrativa, amplificada por la llamada Gran Prensa Colombiana y sus “bots” (humanos y digitales) en redes sociales, se esfuerza por pintar un panorama apocalíptico. 

La maquinaria de desinformación y manipulación de la opinión pública no es espontánea; es orquestada por los grandes grupos económicos colombianos y sus aliados internacionales, quienes utilizan su influencia mediática para sostener un modelo neoliberal agotado y desacreditar cualquier alternativa que favorezca los intereses de las mayorías aún empobrecidas de Colombia y el mundo.

El mecanismo de manipulación informativa es sofisticado y transnacional. Mientras que la prensa hegemónica local, cuyos dueños son los mismos conglomerados con intereses en sectores financieros, extractivos y de servicios, por un lado amplifica y falsea la realidad  del actual contexto colombiano, por el otro lado, reproducen y amplifican el ruido generado por los editoriales y análisis del Financial Times, The Washington Post o The Economist, unas publicaciones que  no son neutrales, toda vez que, por ejemplo,  The Economist es controlado mayoritariamente por las familias Rotschild (Sector financiero internacional) y  Agnelli a través de su holding Exor, con vastos intereses en el capitalismo global. 

No es de extrañar que la línea editorial de este afamado medio de comunicación privilegie la ortodoxia financiera y la desregulación, en concordancia con el proyecto geopolítico y económico que apoya y promueve, que ve con recelo cualquier experimento progresista en el Sur Global. Así, se crea un eco mediático global que presenta la disciplina fiscal ortodoxa y la primacía del mercado como únicas verdades científicas, ignorando deliberadamente los avances en la ciencia económica que cuestionan esos dogmas y validan políticas de estímulo e inversión social en contextos como el colombiano.

Este asedio narrativo sería menos efectivo sin la complicidad de actores institucionales clave dentro de Colombia, los cuales, no obstante, el triunfo electoral de la izquierda a la cabeza del Pacto Histórico, siguen controlados por la derecha tradicional en enclaves de poder como el Banco de la República, ciertas salas de las altas cortes y un bloque significativo en el Congreso. 

La reciente y agresiva elevación de las tasas de interés por parte del Emisor, más allá de cualquier justificación técnica ante una inflación en claro descenso, es el ejemplo claro de un acto de sabotaje económico con fines políticos, cuyos objetivos son: el estrangulamiento del crédito, enfriar la economía, generar descontento por un menor crecimiento y, sobre todo, desfinanciar los programas sociales que son el corazón del programa del Pacto Histórico y su principal gancho electoral. Esta decisión de las mayorías en la Junta Directiva del Banco de la República es una jugada maquiavélica que prioriza el interés de las élites económicas y políticas de centro y centro derecha sobre el bienestar del pueblo colombiano.

Ahora, en plena coyuntura electoral, esta alianza entre el poder económico, los medios hegemónicos e instituciones capturadas entra en su fase más agresiva. Los tanques de pensamiento financiados por los gremios y los especialistas pagados por la mal llamada Gran Prensa Colombiana lanzarán, día tras día, relatos catastróficos sobre el futuro del país, dentro de una campaña de terror financiero diseñada para asustar a la clase media, desmovilizar a los sectores populares y, en última instancia, inflar las pálidas cifras de intención de voto de una derecha sin proyecto ni legitimidad. 

Frente a este poderío, la ciudadanía, pero, sobre todo, los opinadores y comunicadores independientes, tenemos una tarea crucial: Cuestionar la fuente de cada pronóstico nefasto, recordándole, de manera insistente a la sociedad colombiana, que quienes hoy claman por el "riesgo país" son los mismos que se beneficiaron de décadas de un modelo que nos dejó desigualdad y violencia. De igual manera, debemos replicar y amplificar información sustentada en los datos duros y proveniente de los académicos independientes por encima de los editoriales interesados de la prensa nacional e internacional. 

La defensa de la transformación social en Colombia pasa no solo por las urnas, sino por ganar la batalla cultural contra el discurso único, ese que se viste de técnica económica pero que solo vela por la perpetuación de los privilegios de unos pocos. El futuro del país depende de nuestra capacidad de ver más allá del relato del poder.