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| En la imagen: John Jaiver Flórez G. / Economista |
Colombia opera bajo una especie de “bancocracia”, donde las decisiones económicas terminan favoreciendo de manera sistemática al capital financiero
Si usted siente que todo está más caro, que el crédito es casi imposible y que el dinero ya no alcanza como antes, no es una percepción aislada ni un problema individual. Es política económica. Y más aún: es una decisión consciente sobre quién gana y quién pierde en la Colombia de 2026.
Porque la economía —aunque nos la vendan como un asunto científico lleno de fórmulas incomprensibles y tecnicismos — es, en realidad, una forma de poder. Y hoy ese poder está en disputa.
En la Colombia actual, la subida de la tasa de interés al 11,25 % por parte del Banco de la República, en un contexto donde la inflación ronda el 5,3 %, no es simplemente un “ajuste técnico”. Es una decisión profundamente política. Y, para decirlo sin rodeos, para muchos sectores críticos, se trata de una medida que funciona como freno deliberado a la dinámica económica impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La pregunta surge por sí sola —y surge con sospecha—: si la inflación está controlada y lejos de niveles críticos, ¿qué justifica la aplicación de “correctivos” tan desproporcionados que terminan golpeando más a la economía que al problema que dicen combatir?
Desde una lectura keynesiana —más cercana al sentido común de la gente que al dogma financiero— la respuesta no encaja con la lógica oficial. John Keynes lo planteó con claridad hace casi un siglo: no toda inflación se combate enfriando la economía, y mucho menos cuando el problema no es un exceso de demanda sino limitaciones en la producción o choques externos.
En el caso colombiano, buena parte de la inflación no se explica porque la gente esté comprando en exceso, sino por factores externos como el aumento en los costos de los insumos agrícolas, la dependencia de importaciones y la volatilidad de los precios internacionales de la energía, especialmente el petróleo. Subir la tasa de interés no corrige ninguno de esos problemas. Lo que sí hace es encarecer el crédito, frenar la inversión y debilitar el consumo.
Y ahí aparece el punto clave.
Porque la tasa de interés no es neutra: funciona como un mecanismo de redistribución. Cuando sube, no afecta a todos por igual. Para las familias, significa mayores dificultades para acceder a vivienda, educación o incluso cubrir el consumo básico mediante crédito. Muchos trabajadores que recibieron con optimismo un aumento salarial del 23 % para 2026, y que esperaban usar ese ingreso adicional para mejorar su calidad de vida o acceder a un préstamo, terminan viendo cómo ese beneficio se diluye, absorbido por los altos costos financieros. Al mismo tiempo, las pequeñas y medianas empresas enfrentan mayores obstáculos para producir, crecer o incluso mantenerse a flote. En contraste, quienes dependen de la renta financiera —los grandes capitales— encuentran en las altas tasas una oportunidad para aumentar sus ganancias sin necesidad de invertir ni producir más.
Es aquí donde surge una crítica fuerte —y cada vez más extendida—: la idea de que Colombia está operando bajo una especie de “bancocracia”, donde las decisiones económicas terminan favoreciendo de manera sistemática al capital financiero por encima de la economía real.
No es una acusación menor. Es una lectura política del momento.
Cuando se revisan los datos, la inquietud no solo aparece, sino que se profundiza: en 2022, al inicio del actual gobierno, la inflación alcanzaba el 13,12 %, mientras la tasa de interés se ubicaba alrededor del 9 %. Hoy, con una inflación considerablemente menor, la tasa es significativamente más alta. La lógica parece invertida: se aplica un remedio más severo justo cuando la enfermedad es menos grave —o incluso cuando ya no representa una amenaza de la misma magnitud.
¿Tiene sentido?
Desde la ortodoxia neoliberal, la respuesta es afirmativa: se insiste en la necesidad de “anclar expectativas” y prevenir posibles repuntes inflacionarios. Sin embargo, desde una mirada crítica, esa explicación resulta insuficiente. Más aún cuando el efecto concreto de la medida es enfriar una economía que apenas comienza a recuperarse… y que, pese a las dificultades, ha mostrado señales de reactivación.
El resultado es visible: crédito más caro, consumo restringido, inversión frenada. En términos simples: menos movimiento económico. Y mientras tanto, el sistema financiero se fortalece.
Los rendimientos de instrumentos como los CDT superan ampliamente la inflación. Es decir, quien tiene capital para ahorrar gana. Quien necesita crédito, pierde. La economía deja de premiar al que produce y empieza a premiar al que espera.
No es casualidad. Es una lógica.
Una lógica que muchos interpretan como un sesgo estructural del Banco de la República, cuya junta directiva —según estas críticas— ha actuado más en sintonía con los intereses del sector financiero que con las necesidades del conjunto de la sociedad.
Aquí el debate deja de ser técnico y se vuelve abiertamente político.
Porque el Banco no es un actor cualquiera. Es una institución del Estado. Y, como tal, su mandato no es abstracto: debe velar por la estabilidad económica, sí, pero también en coordinación con la política general del país. No está por encima de la democracia, ni puede convertirse en un poder aislado de las decisiones colectivas.
Sin embargo, lo que hoy se evidencia es una ruptura clara entre el gobierno y el Banco. Una tensión que deja al descubierto algo más profundo: ocupar la presidencia no significa necesariamente detentar el poder real dentro del Estado.
El gobierno de Gustavo Petro llegó con un mandato de cambio, respaldado por una votación histórica. Pero ese mandato se enfrenta a estructuras institucionales que no cambiaron con las elecciones. Entre ellas, la política monetaria.
En ese choque, algunos sectores ven algo más que un desacuerdo: ven un bloqueo. Una resistencia estructural a las transformaciones económicas que afectan intereses consolidados.
Por eso, la subida de tasas no se interpreta solo como una decisión contra la inflación, sino como una forma de limitar el alcance de un proyecto político.
¿Es una interpretación radical? Tal vez. Pero también es una lectura que surge de observar quién gana y quién pierde con cada decisión.
Mientras tanto, la ciudadanía —muchas veces apática, muchas veces cansada— observa desde la distancia. Y ahí aparece otra pieza clave del problema.
La apatía política.
Porque cuando la gente se desconecta de estos debates, las decisiones quedan en manos de pocos. Y esos pocos no siempre representan a la mayoría. La economía sigue funcionando, las decisiones se siguen tomando, pero sin control social.
Y eso tiene consecuencias.
La paradoja es dura: la desconfianza en la política lleva a la gente a alejarse, pero ese alejamiento facilita que el poder se concentre aún más. Es un círculo que se alimenta solo.
Romperlo implica entender algo fundamental: la economía no es un lenguaje exclusivo de expertos. Es la forma en que se organiza la vida diaria. Es el precio de los alimentos, el acceso al crédito, la posibilidad de tener empleo.
Colombia no está discutiendo solo una tasa de interés. Está discutiendo qué tipo de economía quiere ser.
Una donde el crecimiento se construya desde la producción, el trabajo y el consumo. O una donde la estabilidad se mida desde la rentabilidad financiera, incluso si eso implica frenar al resto. El gobierno ha intentado empujar hacia el primer camino. El Banco está empujando hacia el segundo.
Y en medio de esa tensión, el país entero queda atrapado. Porque cuando la economía se convierte en un campo de batalla, las decisiones ya no son neutras. Son elecciones. Y aunque no aparezcan en el tarjetón, también definen el futuro.
*La Conversa de Fin de semana
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